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Modificación de la Ley de responsabilidad ambiental

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El día 4 de julio de 2014 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Ley 11/2014, de 3 de julio, por la que se modifica la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.

Principales modificaciones
 

  • Refuerza los aspectos preventivos de la Ley 26/2007. Se introduce un nuevo artículo 17 bis, mediante el que se señala que las autoridades competentes adoptarán medidas para impulsar la realización voluntaria de análisis de riesgos ambientales, entre los operadores de actividades susceptibles de ocasionar daños ambientales, como medida de minimización y gestión del riesgo ambiental.
  • Amplía la protección del medio ambiente asegurando que se cubran los posibles daños que se puedan producir en el estado ecológico de las aguas marinas. Para ello, modifica el artículo 2 de la ley para incorporar la modificación de la Directiva 2004/35/CE (artículo 38 de la Directiva 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, sobre la seguridad de las operaciones relativas al petróleo y al gas mar adentro).
  • Simplifica y agiliza el procedimiento de constitución de garantía financiera obligatoria. Serán los operadores obligados a constituir una garantía financiera, quienes determinen la cuantía de la misma, a partir de la realización del análisis de riesgos ambientales de su actividad. También incluye los criterios en los que se basarán las exenciones a la constitución de la garantía financiera obligatoria de determinados operadores de actividades. Estos criterios son: el escaso potencial de generar daños ambientales y el bajo nivel de accidentalidad de las actividades. (Artículos 24.2 y 28).
  • Mejora las normas aplicables a los procedimientos de exigencia de responsabilidad ambiental. Se precisan, en el artículo 41, los trámites de iniciación del procedimiento de exigencia de responsabilidad ambiental, y se modifica el plazo, previsto en el artículo 45, para resolver los procedimientos de exigencia de responsabilidad ambiental, ampliándolo a 6 meses, debido a la complejidad técnica que entraña su tramitación.
  • Mejora la transposición de la Directiva 2004/35/CE suprimiendo la disposición adicional décima. Además, se aclara en la nueva redacción de los artículos 3 y 7 de la ley, la distribución de competencias y el ámbito de aplicación de la ley en el caso de las obras públicas de interés general, que sean competencia de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas.
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