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La inspección urbanística

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La inspección en materia de ordenación del territorio y urbanismo tiene como finalidad asegurar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, donde se integran las determinaciones contenidas en los planes territoriales y urbanísticos. Para garantizar la protección del orden territorial establecido en estos planes, la actividad inspectora se dirige a comprobar que los actos de parcelación, urbanización, construcción, edificación, instalación y uso del suelo o el subsuelo se ajustan a la legislación y al planeamiento vigente.

La protección de la legalidad urbanística y territorial es una competencia atribuida por la legislación vigente a la Administración Municipal. La Junta de Andalucía tiene atribuida competencia en esta materia solo para unos determinados supuestos de especial trascendencia supramunicipal y en caso de que el Ayuntamiento no haya ejercido dicha competencia. Por ello la actividad inspectora se realiza de forma coordinada mediante la cooperación entre ambas administraciones. La inspección en materia de ordenación del territorio y urbanismo cuenta además con la colaboración activa de otras autoridades públicas como notarios, registradores, miembros de fuerzas y cuerpos de seguridad, ministerio fiscal o titulares de juzgados y tribunales.

En este marco de colaboración, la Junta de Andalucía realiza funciones de:

  • velar por el cumplimiento de la ordenación establecida en la normativa y los planes.
  • investigar y controlar la actuación de todos los implicados en actividades de ordenación, edificación o uso del suelo.
  • informar y asesorar a las administraciones y autoridades competentes.
  • denunciar cuantas anomalías observe en la aplicación o desarrollo de los instrumentos de ordenación urbanística o territorial.
  • adoptar medidas para el restablecimiento del orden jurídico perturbado.
  • imponer medidas de reposición de la realidad física alterada.

Para el ejercicio de estas funciones, la Junta de Andalucía cuenta con un Cuerpo especial de Funcionarios (A.6000) para el desempeño de las funciones de inspección de ordenación del territorio y urbanismo, que tienen la condición de agentes de la autoridad. Tanto las administraciones públicas como los particulares están obligados a prestarles la colaboración que precisen para examinar toda clase de documentación y comprobar las condiciones de ejecución material de las actuaciones de parcelación, urbanización, construcción o uso.

El personal inspector, debidamente acreditado y previa orden de servicio, está facultado para acceder libremente a los lugares objeto de inspección y practicar las pruebas, exámenes o investigaciones que sean precisas a fin de emitir informes, actas, comunicaciones o diligencias. En caso de apreciar la existencia de responsabilidades sancionables, de perturbación del orden jurídico o de necesidad de reposición de la realidad física alterada, el personal inspector podrá proponer el inicio del correspondiente procedimiento administrativo.

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