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Derecho de Acceso a la Información Ambiental (Convenio Aarhus)

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El Convenio de Aarhus sobre acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia de medio ambiente, así como la normativa comunitaria derivada del mismo, suponen el concepto de la Administración pública abierta y transparente. El público goza así del derecho a acceder a la información ambiental que las autoridades públicas poseen.

Los compromisos internacionales y comunitarios obligan a la difusión de amplia información ambiental, como es por ejemplo información sobre la legislación, sobre el estado del medio ambiente, sobre proyectos, planes y programas o sobre decisiones que se adopten que pueden afectar al medio ambiente.

Ello contribuye a cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho de todos a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona así como cumplir con la obligación de todos de conservarlo.

Por información ambiental se entiende aquella sobre el estado del medio ambiente, los factores que lo puedan afectar, y las medidas, actividades, informes y análisis elaborados que alteren el medio natural o exista riesgo sobre el estado de la salud y seguridad de las personas.

El derecho de acceso a la información ambiental está regulado en la legislación española por la ley 27/2006, de 18 de julio, que incorpora las directrices de la Unión Europea 2003/4/CE y 2003/35/CE. En el ámbito andaluz está recogido por la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.

Entre los derechos de acceso a la información ambiental de los ciudadanos está:

  • Acceder a la información ambiental en poder de las administraciones públicas, sin necesidad justificar un interés determinado.
  • Recibir la información sobre los derechos que atribuye la ley 27/2006, de 18 de julio, y ser asesorado para su correcto ejercicio. Esta información debe ser contestada en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud en el registro de la administración o autoridad pública competente. Pudiéndose incrementar hasta dos meses, notificándolo debidamente al solicitante en el plazo de un mes, así como las razones que lo justifican.
  • Recibir la información ambiental solicitada en la forma o formato elegido, salvo que la autoridad pública justifique razonadamente la entrega en otra forma o formato o ya haya sido difundida en otra forma o formato al que el solicitante pueda acceder con facilidad.
  • Ser asistidos en la búsqueda de la información.
  • Conocer los motivos de la posible denegación, así como el listado de las tasas y precios que, en su caso, sean exigibles para la recepción de la información solicitada, y las circunstancias en las que se puede exigir o dispensar el pago.


Para más información se puede consultar la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.


Además, podrá tramitar telemáticamente sus solicitudes de información ambiental a través del siguientes enlace: Solicitud de información ambiental.

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