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Suelos contaminados

A nivel estatal los suelos contaminados se regulan en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y suelos contaminados, así como en el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados 

En Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental, incluye distintas disposiciones sobre suelos contaminados en el capítulo IV del Título IV.
Dicha ley ha sido desarrollada por el Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que regula el régimen aplicable a los suelos contaminados, norma de referencia para la gestión de los suelos contaminados, así como a las actividades potencialmente contaminantes de los suelos, en Andalucía.

  • Procedimientos

Este reglamento regula las competencias específicas de los ayuntamientos, ya reconocidas en la Ley 5/2010, de Autonomía Local de Andalucía, entre ellas las relativas a la declaración, aprobación de proyectos de descontaminación y desclasificación de los suelos contaminados comprendidos íntegramente en sus términos municipales, definiendo los procedimientos administrativos correspondientes.
Del mismo modo, en relación con las recuperaciones voluntarias de suelos contaminados previstas en el artículo 38 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, así como las actuaciones en casos especiales, de competencia autonómica, el reglamento regula los procedimientos aplicables.

  • Inventarios y registros

Entre las herramientas de gestión, el reglamento establece la realización de dos inventarios de ámbito regional, tanto de suelos contaminados ya declarados mediante resolución firme, como de suelos potencialmente contaminados, así como la creación de los inventarios municipales de suelos contaminados. En todos ellos se recoge información detallada sobre los emplazamientos y el tipo de actividades que albergan. También crea un registro autonómico de actuaciones voluntarias, con el que se asegura la publicidad de estas iniciativas.

  • Planificación

El decreto prevé la elaboración de un programa andaluz, de periodicidad quinquenal, con dos grandes líneas de medidas, la prevención de la contaminación
potencial y recuperación de los terrenos históricamente afectados.

  • Obligaciones

Por otra parte, este decreto contempla las diferentes obligaciones de los propietarios de los terrenos que hayan soportado en el pasado alguna actividad contaminante, así como de los titulares de las actividades potencialmente contaminantes del suelo, entre las que se encuentra la comunicación y actualización de datos en el Inventario de suelos potencialmente contaminados por vía telemática.

  • Criterios técnicos

Finalmente, el reglamento recoge los criterios técnicos necesarios para la realización de estudios de caracterización y análisis de riesgos, los niveles genéricos de referencia para los distintos elementos presentes en los contaminantes y los procedimientos para evaluar los emplazamientos afectados.

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