A la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado le corresponden las atribuciones previstas en el artículo 30 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía y, en particular, con carácter transversal, la promoción de los derechos de la ciudadanía, el fomento e impulso de la participación ciudadana en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas, la promoción de la acción voluntaria y la relación con la sociedad civil organizada.

Igualmente, tiene asignadas la dirección, impulso y coordinación de programas que faciliten el desarrollo de los derechos de los ciudadanos en su relación con la Administración de la Junta de Andalucía.

En particular la Dirección General de Derechos de la Ciudadanía, Participación y Voluntariado desempeñará las siguientes funciones:

• La planificación y coordinación general de las políticas públicas dirigidas al fomento de la participación.
• Optimizar los mecanismos de comunicación entre la ciudadanía y las Administraciones públicas andaluzas.
• Sistematizar los derechos de la ciudadanía, para fomentar la colaboración individual y colectiva en la toma de decisiones de las instituciones en los asuntos de interés público.
• Potenciar la calidad y transparencia en las actuaciones públicas, así como la coordinación con la sociedad civil organizada.
• Fortalecer la participación y el compromiso de los ciudadanos y ciudadanas facilitando a los grupos sociales con mayor vulnerabilidad su accesibilidad a los servicios y recursos públicos.
• Evaluar e impulsar nuevos sistemas de relación entre la sociedad civil y los diferentes niveles de gobierno de las distintas Administraciones públicas andaluzas.
• Fomentar la vida asociativa en la Comunidad Autónoma, facilitando y promoviendo la participación de la ciudadanía andaluza y de las entidades en la gestión de las distintas Administraciones públicas.
• El fomento, estudio y difusión de los valores y prácticas de participación política y social.
• El fomento y promoción de prácticas que favorezcan la transparencia en la aplicación de las políticas públicas, el conocimiento de la gestión de la Administración y el libre acceso a la información que no sea reservada.
• Cualesquiera otras que se le atribuyan.