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Consejo de Gobierno, 01/02/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que establece el nuevo régimen general de planificación de usos y actividades en los 24 parques naturales de Andalucía. Esta norma, que también introduce medidas para reducir trámites administrativos a ciudadanos y empresas, afecta a un área de influencia socioeconómica de 3,5 millones de hectáreas (el 40% de la superficie regional) integrada por 238 municipios y 2,7 millones de habitantes (el 36% de la población andaluza).
El decreto, orientado principalmente a mejorar y homogeneizar la gestión de los parques, ha sido elaborado con el respaldo mayoritario de las juntas rectoras, patronatos y consejos de participación de estos espacios protegidos. Más de un 60% de las alegaciones recibidas durante el proceso de información pública han sido incorporadas a su redacción definitiva.
La nueva regulación común salvaguardará las singularidades recogidas en los vigentes planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión de cada parque natural, que seguirán prevaleciendo sobre los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) en lo relativo a actividades en suelos no urbanizables. En este sentido, los planes de ordenación dividen el territorio de los distintos parques en tres tipos de zonas: de reserva o máxima protección; de regulación especial o protección intermedia, y de regulación común para territorios habitados o con alto grado de intervención humana.
De igual modo, el decreto mantiene la obligación de autorización previa para los proyectos urbanísticos, con la excepción de pequeñas obras de instalaciones de servicio y rehabilitación o reforma que no alteren el volumen edificado ni las características externas y no requieran de proyecto técnico. En este caso bastará con la comunicación previa.
En cuanto a las medidas de simplificación administrativa, la norma aprobada hoy introduce disposiciones para reducir la carga burocrática, eliminar duplicidades, simplificar trámites, acortar los tiempos de respuesta y establecer el silencio administrativo positivo como norma general en caso de no resolver dentro de los plazos establecidos.
Entre otras novedades, se incorporan procedimientos abreviados de 15 días para las autorizaciones de seis grandes bloques de actividades que anteriormente requerían trámites de dos meses. Se trata de los eventos deportivos de pesca marítima recreativa; los tratamientos fitosanitarios aéreos en terrenos forestales; las actividades de ocio y deporte de naturaleza en caminos, pistas forestales y espacios con limitación de acceso (cicloturismo y senderismo entre ellas); las acampadas nocturnas y vivaqueos vinculados a travesía de montaña; la filmación, fotografía y grabación con uso de equipos auxiliares, y las actividades de ocio y deporte fuera de los lugares designados previamente para ellas en cada parque natural.
Tramitación telemática
Junto con estos procedimientos abreviados, el decreto fija también otro conjunto de actividades para las que no se exigen autorizaciones sino únicamente comunicaciones previas. En todos los casos, la Consejería de Medio Ambiente pondrá a disposición de los ciudadanos una herramienta informática específica de tramitación electrónica, cuya creación también se recoge en la norma.
Las disposiciones de reducción de la carga burocrática en los parques naturales se enmarcan en el proceso de adecuación de la legislación autonómica a la Directiva europea de servicios en el mercado interior. Esta norma comunitaria, orientada a eliminar barreras administrativas para la actividad económica, conlleva la adecuación de 17 leyes de la comunidad autónoma, así como de 92 decretos y 27 órdenes.
El decreto aprobado hoy entrará en vigor en el plazo de un mes, periodo durante el que se informará a los habitantes de los parques naturales andaluces acerca de su contenido y de las novedades que conlleva.
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Consejo de Gobierno, 01/02/2011
El Consejo de Gobierno ha autorizado los cuatro primeros anticipos de tesorería que la Junta concederá a los ayuntamientos andaluces con cargo a su participación en los tributos de la comunidad autónoma. Este nuevo sistema de respaldo financiero a la autonomía local se recoge en Decreto-ley de medidas de fomento de inversiones empresariales y de agilización administrativa, aprobado el pasado mes de diciembre.
Los ayuntamientos destinatarios de estos tres primeros pagos son los de Jerez de la Frontera (Cádiz), que recibirá 1,9 millones de euros; Higuera de la Sierra (Huelva), al que se destinan 46.402 euros, y los malagueños de Coín (250.877 euros) y Manilva (194.000).
De acuerdo con su norma reguladora, este anticipo tiene carácter excepcional para cubrir necesidades de tesorería. Su importe no podrá sobrepasar, para cada corporación local, el 25% del total de las entregas a cuenta de la participación en los tributos autonómicos de un ejercicio, ni ser superior a 2,5 millones de euros. Tampoco se podrá rebasar el tope global de 100 millones en los pagos que se realicen durante un año.
La amortización, mediante deducción efectuada al abonar las correspondientes participaciones, se calcula de forma que la cantidad quede reintegrada dentro del plazo de un año a partir de la recepción de la misma. El Decreto-ley también especifica que los anticipos no podrán concederse a aquellas corporaciones locales que hubiesen obtenido uno anteriormente por este concepto durante un año, a contar desde la fecha de su concesión y siempre que haya sido reintegrado en su totalidad.
Finalmente, la Consejería de Hacienda y Administración Pública debe dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local, mientras que la decisión del Consejo de Gobierno se adopta previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Junto con la nueva línea de apoyo financiero que ahora se abre, los presupuestos de la comunidad autónoma vienen recogiendo ya otra similar a cuenta de los recursos que las corporaciones locales perciben por su participación en los ingresos del Estado. En este caso, el límite global anual es de 50 millones de euros y un máximo de 2,5 millones para cada ayuntamiento.
En la misma línea de garantizar la autonomía local, y tras la entrada en vigor de las nuevas leyes sobre la materia, las cuentas autonómicas para este año incluyen por primera vez el Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad. A diferencia de los anticipos de tesorería, este instrumento no está sujeto a necesidades coyunturales o excepcionales sino que se plantea como una fórmula de colaboración regular, sujeta a criterios estables de distribución y evolución basados en indicadores contrastables. Asimismo, tiene un carácter incondicionado y no finalista, ya que respeta la autonomía de los municipios para decidir el destino de los recursos que reciben.
Los presupuestos autonómicos para 2011 recogen una financiación incondicionada de 420 millones de euros (un 110% más que el año anterior) y unos recursos de 1.362,4 millones de euros para el Plan de Cooperación Municipal (incremento del 11,45%), además de iniciar el compromiso de la Junta de reforzar la participación de las corporaciones locales en los tributos autonómicos hasta alcanzar la cuantía de 600 millones en 2014.
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Consejo de Gobierno, 01/02/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado incentivos directos, por un importe total de 4,84 millones de euros, para respaldar la implantación en la provincia de Cádiz de dos instalaciones industriales de base tecnológica en los sectores fármaco-biotecnológico y de la iluminación de bajo consumo. Estos proyectos, promovidos por las firmas andaluzas Curaxys, SL, y Light Enviroment Control, SL (LEC) respectivamente, supondrán una inversión total de 31,14 millones de euros y la creación de 84 empleos fijos en los municipios de El Puerto de Santa María y Barbate.
El incentivo a empresa Curaxys asciende a 3,19 millones de euros y se dirige a apoyar la instalación de una fábrica de producción, comercialización, investigación y desarrollo de productos base para medicamentos obtenidos a partir de avanzadas tecnologías de "biofactorías" de larvas de insectos. El proyecto movilizará una inversión total de 17,2 millones de euros y conllevará la creación de 34 puestos de trabajo.
La empresa se instalará en el Parque Tecnológico TecnoBahía en El Puerto de Santa María (Cádiz), donde se construirá una planta de 2.100 metros cuadrados dotada con instalaciones de producción, laboratorios, almacenes y oficinas.
La futura fábrica dispondrá de dos líneas: una para productos base biosimilares, obtenidos a través de síntesis biológica con proteínas procedentes de los cultivos de larvas, y otra para genéricos mediante síntesis química. Tendrá capacidad para generar 48 Kg. anuales de proteínas base y 28,8 Kg. de proteínas terapéuticas como producto final.
El segundo de los incentivos aprobados por el Consejo, de 1,64 millones de euros, se destina a la firma LEC, que construirá en Barbate la primera fábrica andaluza de aparatos de iluminación LED (con diodos emisores de luz), de bajo consumo y de mayor calidad y vida útil que los convencionales.
El proyecto, que supondrá una inversión de 13,9 millones de euros y la creación de medio centenar de empleos fijos el primer año, pondrá en el mercado tecnología propia desarrollada por el departamento de I+D de la propia empresa y ensayada en el alumbrado público del Paseo Marítimo de Barbate. Este proyecto piloto ha sido el primero realizado en Europa para la utilización de redes LED con sistemas de control y mantenimiento a través de telegestión, que permite añadir mayores niveles de calidad, ahorro energético y duración.
La fábrica, que actualmente se construye en el Polígono Industrial El Olivar, contará con dos líneas de producción: una para sistemas LED de interior en oficinas y empresas, y otra para aparatos exteriores adaptados a las nuevas normativas de iluminación en entornos urbanos y capaces de alcanzar ahorros superiores al 60% y más de 15 años de vida útil. Ambos tipos de productos incorporarán el sistema exclusivo de telegestión ensayado en Barbate.
La empresa LEC se constituyó en 2009 en el seno de la firma andaluza García Florido, SL, que cuenta con 18 años de experiencia en la distribución de material informático y de telecomunicaciones en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla. Los promotores de la fábrica de Barbate desarrollan actualmente contactos con instituciones y empresas de Rusia, Chile, Abu Dabi, Qatar y diversos países nórdicos. Asimismo, entre otras iniciativas, realizan proyectos pilotos de iluminación LED en México D.F., en una plataforma petrolífera de Repsol y en oficinas bancarias de Unicaja, BBVA y Banca March.
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Consejo de Gobierno, 01/02/2011
El Consejo de Gobierno ha acordado adelantar el pago de las ayudas que la Junta concederá este año a las personas adquirentes de viviendas de protección oficial (VPO) con menores recursos económicos. Estas aportaciones serán abonadas íntegramente siguiendo la fórmula de exención prevista en la legislación autonómica respecto a la norma general de que las cantidades de más de 6.050 euros se fraccionen en varios pagos y que los anticipos no superen el 75% del incentivo total.
De la medida se beneficiarán fundamentalmente jóvenes y familias numerosas con bajo nivel de renta, que podrán disponer así de la totalidad de la ayuda en el momento del pago de la entrada, justificándola con posterioridad, así como del correspondiente descuento de las cuotas de préstamo en el caso de las subsidiaciones de tipos de interés. El pago se realizará a través de las entidades financieras relacionadas con las promociones de VPO, a las que la Junta abonará íntegramente el importe de los incentivos.
En líneas generales, las ayudas previstas en el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012 se dirigen a garantizar que la compra de una residencia no suponga más de un tercio de los ingresos familiares, así como a facilitar financiación a todas las familias con ingresos inferiores a 38.000 euros brutos anuales. De este modo, y en función de la renta y de la situación familiar, los adjudicatarios de VPO pueden obtener ayudas autonómicas de hasta 9.000 euros para hacer frente a la entrada y subsidiaciones de las cuotas de hasta 250 euros anuales por cada 10.000 de préstamo.
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Consejo de Gobierno, 01/02/2011
El Consejo de Gobierno ha declarado la prevalencia del interés público hidráulico sobre el forestal para el proyecto de la nueva conexión entre la potabilizadora de Lepe y el Canal del Piedras, en la provincia de Huelva. Se trata del último trámite para poder iniciar estas obras, que supondrán la ampliación y garantía del abastecimiento de agua potable a los municipios de la costa occidental onubense.
El proyecto, a cargo de la Agencia Andaluza del Agua, cuenta con un presupuesto de 749.625 euros y un plazo de ejecución de 8 meses. La nueva conexión aportará recursos hídricos del río Piedras, complementarios de los que actualmente capta de la Ribera del Chanza la potabilizadora de Lepe. Con ello se incrementará la capacidad de esta instalación, que actualmente abastece a una población de 100.000 personas (300.000 en verano) residentes en los núcleos urbanos de Lepe, Cartaya, La Antilla, Islantilla, Urbasur, Isla Cristina, La Redondela, Pozo del Camino, Ayamonte e Isla Canela.
La primera fase del proyecto, consistente en la construcción de la balsa reguladora de la conexión, afecta a 2,42 hectáreas de pinar del monte público Campo Común de Arriba, propiedad del Ayuntamiento de Cartaya, hecho que exige el trámite aprobado hoy por el Consejo de Gobierno.
Esta declaración de prevalencia del interés público sobre el forestal está condicionada a la resolución emitida por la Consejería de Medio Ambiente en 2009 que obliga a la adopción de medidas compensatorias de reforestación con especies autóctonas en una superficie del entorno igual a la utilizada, así como a la revegetación de los taludes de la balsa. La decisión Gobierno andaluz se adopta teniendo en cuenta tanto estos requisitos medioambientales como la importancia socioeconómica del proyecto.
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