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Consejo de Gobierno, 01/07/2003
La futura Ley de Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía introducirá fórmulas para que las empresas sancionadas por infracciones en esta materia indemnicen y reparen los daños ocasionados a los afectados. Así se recoge en el proyecto normativo sobre esta materia aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que sustituirá a la anterior ley de 1985 y que también incluye como novedades el reforzamiento del régimen sancionador, la ampliación de las competencias inspectoras de los ayuntamientos y la adaptación a los cambios sociales derivados del uso de nuevas tecnologías como la telefonía móvil, internet o el comercio electrónico.
Para impulsar el reconocimiento del derecho a la indemnización de los consumidores y usuarios afectados por fraudes, la nueva ley considerará como atenuante de una sanción –con reducciones de hasta el 75% sobre su importe total– la reparación del daño causado por parte de las empresas que hayan cometido infracciones. Por el contrario, la no asunción de esta responsabilidad será considerada, en la misma medida, como circunstancia agravante para la imposición de la multa.
Frente a la actual remisión a la legislación española, el proyecto de ley contiene un régimen sancionador propio en el que se detallan con mayor precisión las posibles infracciones. Las multas para las faltas leves oscilarán entre los 200 y los 5.000 euros; las de las graves, entre los 5.001 y 30.000, y las de las muy graves, entre 30.001 y 400.000, aunque la novedad más destacada en este capítulo es la introducción de una sanción complementaria consistente en el decomiso del beneficio ilícito obtenido por la empresa infractora. El cálculo de este beneficio, que se realizará con criterios estimativos cuando no pueda determinarse con exactitud, tomará en consideración factores como el aumento de ingresos y el ahorro de gastos que se hayan derivado del fraude cometido.
También se introducen en el cuadro de sanciones nuevos agravantes en relación con circunstancias como el número de consumidores lesionados o el volumen económico del perjuicio. Así, las infracciones graves se considerarán como muy graves si producen una alteración social importante, afectan desfavorablemente a todo un sector económico, suponen un aprovechamiento ventajista de situaciones privilegiadas en el mercado o perjudican a personas especialmente indefensas (menores, mayores, discapacitados, etc.).
En la nueva ley se identificará como responsable de una infracción no sólo al autor último, como se hace actualmente, sino también a quienes puedan haber intervenido en el proceso de producción o prestación del servicio más allá del punto de venta (productores, importadores o distribuidores), que serán sancionados según su grado de responsabilidad y de relación con la actividad fraudulenta.
Difusión de las sanciones
El proyecto establece asimismo la creación de un registro unificado de infractores en el que se figurarán, por un plazo de tres años, las personas y empresas que hayan sido sancionadas en firme. Este registro podrá ser consultado por los consumidores y usuarios, que contarán así con un nuevo instrumento de información para la defensa de sus intereses.
En el capítulo preventivo, la principal aportación del texto es la posibilidad que confiere a los inspectores de la Junta para que adopten medidas cautelares cuando existan indicios de irregularidades en la prestación de un servicio, antes de que se consumen hechos que perjudiquen a los usuarios. En concreto, la inspección podrá imponer condiciones a la comercialización de un bien o servicio, suspender o prohibir su venta, inmovilizar cautelarmente los bienes ofertados y clausurar establecimientos.
El carácter municipalista del proyecto queda patente en la ampliación de las competencias inspectoras de los ayuntamientos a todo tipo de establecimientos comerciales. Actualmente estas atribuciones municipales sólo se refieren a los mercados de abastos y a la venta ambulante. Con ello, los municipios tendrán las mismas competencias que la Junta en materia de consumo, sin más limitación que la geográfica.
Finalmente, el texto establece la creación de la Comisión Interadministrativa de Consumo, órgano de interlocución entre la Junta y los ayuntamientos que se encargará, entre otras funciones, de analizar los problemas que puedan plantearse a los consumidores, proponer la programación y ejecución de las inspecciones y preparar las campañas de información sobre bienes y servicios.
El proyecto de ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno se enmarca en la serie de acciones impulsadas por la Junta durante esta legislatura para reforzar la defensa y protección de los derechos de los consumidores. Entre estas iniciativas destacan el Plan Estratégico del Consumidor, la creación en Málaga de una sección de arbitraje turístico dentro de la Junta Arbitral de Consumo, el aumento la dotación presupuestaria para planes de peritaciones gratuitas e inspectores de consumo y el desarrollo de campañas específicas para reforzar la inspección en ámbitos como el de la introducción del euro, la reparación de vehículos, la vivienda o la enseñanza privada no reglada.
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Consejo de Gobierno, 01/07/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se asignan a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico las funciones, medios y servicios del Instituto Nacional de Empleo (Inem) transferidos recientemente por la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Con este traspaso, cuyo coste efectivo alcanza los 50,47 millones de euros, la Junta se hace cargo, entre otros medios materiales, de 190 oficinas del Inem en Andalucía y de los Centros Nacionales de Formación Profesional de Almería y Sevilla. También asumirá 1.627 puestos de trabajo.
Adicionalmente y solo en 2003, la comunidad autónoma recibirá un total de 29,56 millones de euros para la mejora del equipamiento y la dotación de los medios materiales transferidos. Por otro lado, dispondrá de 253,25 millones de euros anuales en concepto de subvenciones relacionadas con el traspaso, para los programas de formación y empleo de las escuelas taller, casas de oficio y talleres de empleo.
La gestión de los nuevos recursos corresponde al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), organismo autónomo de la Junta creado este año para coordinar todas las políticas autonómicas de fomento y orientación laboral y en cuyo Consejo de Administración están representadas las principales organizaciones sindicales y empresariales.
El SAE gestionará este año más de 700 millones de euros, procedentes tanto del coste efectivo del traspaso como del presupuesto propio de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Los medios materiales recibidos del Inem se sumarán a los 120 centros de orientación, siete centros de Formación Profesional Ocupacional y 13 escuelas especializadas en formación de excelencia que ya están a su cargo.
Además de las políticas activas de empleo, el SAE tiene como principales funciones la coordinación de los planes y ayudas para el fomento del empleo estable, el registro de las demandas de puestos de trabajo y la prospección e intermediación en el mercado laboral, todo ello atendiendo a principios de igualdad de oportunidades, gratuidad y calidad de servicio para trabajadores y empresas.
Para desarrollar su labor, el SAE cuenta ya con el soporte normativo del Decreto de los Programas para la Inserción Laboral de la Junta de Andalucía, aprobado el pasado mes de abril con el acuerdo de las organizaciones sindicales y empresariales en el marco del V Acuerdo de Concertación Social. Estos programas se destinan a todas las personas demandantes de empleo en la comunidad autónoma, aunque con atención preferente a los colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral: menores de 30 años, mujeres, parados de larga duración o de más de 45 años, inmigrantes y desempleados que presentan riesgo de exclusión social.
Actualmente la Junta está ultimando la elaboración del Decreto sobre Medidas de Apoyo a la Creación de Empleo Estable, que será el otro instrumento normativo para el ejercicio de las funciones encomendadas al SAE.
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Consejo de Gobierno, 01/07/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que adapta el ejercicio de las competencias de la Administración autonómica a la nueva Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y a la reciente creación de la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo y de la Dirección General de Urbanismo.
El decreto mantiene básicamente el mismo reparto de funciones entre las distintas instancias de la Junta con competencias en estas materias, si bien especificando las correspondientes a los dos órganos creados (Secretaría General y Dirección General) y añadiendo las relativas a las nuevas figuras recogidas en la Ley de Ordenación Urbanística.
De este modo, la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo asume las mismas funciones que tenía la antigua dirección general del mismo nombre. Por su parte, la Dirección General de Urbanismo centra su cometido en la elaboración y aprobación de los estudios previos de los planes urbanísticos que son de iniciativa autonómica, así como en el fomento de estudios y proyectos.
En cuanto a las nuevas competencias introducidas por la Ley de Ordenación Urbanística, el decreto asigna a la Consejería de Obras Públicas y Transportes las relativas a la formulación y aprobación de las denominadas Normativas Directoras para la Ordenación Urbanística (disposiciones básicas para aquellos municipios que no cuentan con normas de planeamiento urbano).
La Consejería también añade a sus funciones la aprobación de los planes de ordenación intermunicipal, el establecimiento de reservas de terrenos para el Patrimonio Autonómico de Suelo y la delimitación de las áreas para el ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, competencias todas ellas referidas a los municipios que se definen como de mayor relevancia en la legislación urbanística autonómica (mayores de 50.000 habitantes, incluidos en áreas metropolitanas, etc.). Estas mismas funciones las asume en el resto de los municipios la Secretaría General de Ordenación del Territorio y Urbanismo.
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Consejo de Gobierno, 01/07/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado ampliar en 684,87 hectáreas la Zona Arqueológica de Madinat Al-Zahra, en el término municipal de Córdoba. Esta decisión responde a la necesidad de incluir en el perímetro protegido diversas áreas cuyo papel en la ciudad califal ha sido documentado a raíz de las intervenciones realizadas en los últimos años.
La nueva delimitación, que eleva la superficie protegida a 1.518,22 hectáreas, amplía el núcleo central del yacimiento uniéndolo a dos zonas que anteriormente quedaban aisladas: la Almunia de al-Rummaniyya y el Puente de Los Nogales. De igual modo, se incrementa el terreno sujeto a protección en el enclave de las canteras de Santa Ana de la Albaida, de donde se extrajo la piedra para la construcción de la ciudad, mientras que las otras dos zonas que componen el conjunto –el Puente del Camino de las Almunias y la Alberca del Cañito de María Ruiz– mantienen su anterior extensión.
Las nuevas áreas incluidas albergan numerosos vestigios de las infraestructuras que sirvieron para articular el vasto territorio que se organizaba en torno a la capital del Estado andalusí. Entre ellas figuran caminos, puentes, acueductos y construcciones de carácter agropecuario, administrativo y principesco, además de elementos de origen romano reaprovechados en época califal.
En algunas de estas zonas que quedaban fuera de protección se han producido en los últimos años diversos episodios de parcelaciones ilegales, lo que añade un motivo más a la necesidad de garantizar la integridad del yacimiento.
Madinat Al-Zahra fue fundada en el siglo X por Abd al-Rahman III en la ladera de Yabal al–Arus (Montaña de la Desposada), en las últimas estribaciones de Sierra Morena, y destruida de forma violenta entre 1010 y 1013 durante la denominada ‘Segunda Fitna’.
El régimen de protección legal del yacimiento se remonta al año 1923, con la declaración de su núcleo central –donde su ubica la zona palaciega– como monumento de carácter nacional. Posteriormente, en 1931 se declararon los monumentos del Acueducto de Valdepuentes y de la Almunia de al-Rummaniyya. Finalmente, en 1996 la Junta de Andalucía aprobó la delimitación de la zona arqueológica añadiendo los enclaves de las Canteras de Santa Ana de la Albaida, el Puente de los Nogales, el Puente del Camino de las Almunias y la Alberca del Cañito de María Ruiz.
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Consejo de Gobierno, 01/07/2003
El Consejo de Gobierno ha declarado hoy Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, los Baños Árabes de La Zubia (Granada), ejemplo representativo de este tipo de edificaciones en el Al-Andalus rural. Construidos entre los siglos XII y XIII, constituyen junto con la cercana Casa de las Infantas los únicos restos conservados de la histórica alquería nazarí de La Zubia.
El edificio se ubica en el límite norte del casco urbano, dentro de una urbanización de viviendas unifamiliares y cerca de un área de huertas por donde discurría la acequia que le suministraba el agua. De estructura simple y carácter funcional, destaca la solidez de su construcción realizada en ladrillo, así como la distribución en salas sucesivas. De éstas se conservan completas las dos estancias dedicadas a baño, de 8,3 metros de longitud, y los restos de una tercera, correspondiente al vestíbulo, adosada de forma transversal.
Las naves son de planta rectangular, cubiertas por bóvedas de medio cañón y decoradas con las clásicas lumbreras estrelladas que cumplen la función de iluminar y ventilar el espacio interior. También se conservan restos de las infraestructuras propias del baño, como la caldera, la leñera y el trazado de la acequia que suministraba agua al edificio.
La declaración de los Baños Árabes de La Zubia como Bien de Interés Cultural establece un entorno de protección que afecta a tres parcelas de la urbanización colindantes al monumento.
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Consejo de Gobierno, 01/07/2003
El Consejo de Gobierno ha acordado otorgar la concesión definitiva de emisoras de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia a los ayuntamientos de Iznájar y Villaviciosa de Córdoba (Córdoba); Algarinejo, Montillana y Otura (Granada); Cala (Huelva); Jabalquinto, Pegalajar y Segura de la Sierra (Jaén); Gaucín (Málaga), y El Ronquillo, Isla Mayor y Las Navas de la Concepción (Sevilla).
Estas emisoras utilizarán las siguientes frecuencias: Iznájar, 107,6; Villaviciosa de Córdoba, 104,6; Algarinejo, 107,4; Montillana, 107,0; Otura, 99,1; Cala, 107,0; Jabalquinto, 107,7; Pegalajar, 107,0; Segura de la Sierra, 107,1; Gaucín, 107,0; El Ronquillo, 107,3; Isla Mayor, 107,8, y Las Navas de la Concepción, 107,8.
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Consejo de Gobierno, 01/07/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de Antonio Argüelles Peña como delegado de la Consejería de Economía y Hacienda en Granada.
Nacido en 1957 en la localidad granadina de Íllora y arquitecto técnico de profesión, Antonio Argüelles ocupaba actualmente los cargos de gerente provincial del Instituto de Fomento de Andalucía y director gerente de la Fundación Patrimonio del Albaicín, a los que accedió en 2000. Anteriormente, entre 1992 y 1999, fue director gerente, consejero delegado y consejero de la sociedad Iniciativas Leader Alpujarra, S.A.
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