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Consejo de Gobierno, 01/09/2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto legislativo del texto que refunde y armoniza todas las disposiciones dictadas por la Comunidad Autónoma en materia de tributos cedidos. Con ello, el Gobierno andaluz asume por primera vez la potestad, reconocida en el nuevo Estatuto de Autonomía, de dictar normas con rango de ley por delegación del Parlamento andaluz.
El nuevo texto, cuyo objetivo es evitar que la actual dispersión legislativa afecte al principio de seguridad jurídica, unifica las seis leyes que se enmarcan en el régimen general de cesión de tributos del Estado acordado en 2001 y donde se regulan el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (tramo autonómico); el de Patrimonio; el de Sucesiones y Donaciones, y el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, además de los tributos sobre el juego.
Las leyes refundidas son las de medidas tributarias, administrativas, financieras y de fiscalidad complementaria de los presupuestos de la comunidad autónoma para 2002, 2003, 2004 y 2006, así como la 23/2007, de creación de la Agencia Tributaria de Andalucía, y la 1/2008, de medidas de impulso a la actividad económica de Andalucía y de agilización de procedimientos administrativos.
Buena parte de estas normas en materia de tributos cedidos se dirige especialmente a los objetivos de favorecer el acceso a la vivienda, mejorar el tratamiento fiscal de las familias y apoyar a las personas con discapacidad.
Así, en el primero de estos capítulos, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas incorpora mejoras de la deducción autonómica para compra de vivienda protegida y para adquisición, alquiler o rehabilitación de vivienda habitual por jóvenes menores de 35 años. El de Actos Jurídicos Documentados aplica deducciones del 100% en cuota de documentos notariales a estas operaciones y a la constitución de préstamos hipotecarios para inmuebles protegidos, entre otras, mientras que el de Sucesiones y Donaciones mejora la transmisión ‘mortis causa' de la vivienda habitual.
Para favorecer la fiscalidad de los contribuyentes con discapacidad, la normativa andaluza incluye deducciones en la cuota autonómica del IRPF, reducciones de la base imponible del Impuesto de Sucesiones y Donaciones y tipos de gravámenes reducidos en los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
En cuanto al tratamiento fiscal de la familia, destaca la deducción en el IRPF por cada hijo menor de 3 años, parto múltiple, adopción internacional y ayuda doméstica, así como para familias monoparentales, además de la reducción en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para cónyuges y parientes directos por herencias y en la transmisión ‘mortis causa' de empresas familiares y negocios profesionales.
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Consejo de Gobierno, 01/09/2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo régimen de uso y gestión de los edificios destinados a sedes de la Administración de la Junta de Andalucía y de sus agencias. El decreto establece las disposiciones comunes que se deben aplicar en estos inmuebles con el fin de garantizar su correcto mantenimiento y conservación, especialmente en el caso de los denominados edificios múltiples, que albergan diferentes órganos administrativos.
Entre otras medidas, la norma prevé que cada edificio de la Junta deberá disponer de un órgano responsable de su gestión, administración y mantenimiento, adscrito a la entidad a la que sirve de sede. En el caso de los edificios múltiples, esta función corresponderá a la Dirección General de Patrimonio de la Consejería de Economía y Hacienda.
Asimismo, el decreto establece la creación de la Comisión Coordinadora de Edificios Administrativos, órgano colegiado adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda que se encargará de informar sobre los planes de optimización y de establecer los índices de ocupación y los criterios básicos de utilización.
Junto con estas normas, el decreto determina que el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) deberá ser asumido por las consejerías y entidades a las que se hayan adscrito o cedido los edificios.
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Consejo de Gobierno, 01/09/2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación de la Comisión Permanente de Seguimiento del Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad en Andalucía. El nuevo órgano se encargará de evaluar el desarrollo de esta iniciativa, que comenzó a desarrollarse a finales de 2007 con un presupuesto de 414,4 millones hasta 2013.
El equipo evaluador estará formado por representantes de todos los departamentos con competencias en la materia: Empleo; Igualdad y Bienestar Social; Justicia y Administración Pública; Educación, e Innovación, Ciencia y Empresa. Asimismo, contará con la participación de la Confederación de Empresarios de Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.
La comisión se reunirá al menos una vez por semestre y deberá publicar en 2010 un informe de evaluación intermedia del Plan, que incluirá tanto un análisis del cumplimiento de las medidas como propuestas de mejora. En 2013 realizará un informe de evaluación final, que tendrá en cuenta factores como el ajuste a los plazos, la ejecución del presupuesto, el número de beneficiarios y los avances logrados.
El Plan de Empleabilidad para Personas con Discapacidad, aprobado por el Gobierno andaluz en noviembre de 2007, incluye 127 medidas especiales de inserción laboral de este colectivo. Los programas recogidos beneficiarán a un total de 133.500 andaluces, cifra que supone el 67% de las personas que sufren algún tipo de discapacidad y que pueden acceder al mercado de trabajo. Dentro de este grupo, se da prioridad a las alrededor de 76.700 (inactivas y no inscritas como demandantes de empleo) que desconocen sus posibilidades reales de llevar una vida laboral en igualdad de condiciones.
De la inversión total prevista, 357,43 millones de euros se destinan al área denominada de Acceso y Permanencia en el Empleo, uno de los seis grandes bloques de medidas que integran el plan. En este capítulo se recogen, entre otras iniciativas, programas para potenciar los Centros Especiales de Empleo (empresas que cuentan en sus plantillas con un mínimo del 70% de trabajadores con discapacidad); incentivos a la contratación de hasta 12.000 euros; creación de agentes de intermediación laboral entre empresas y trabajadores; planes formativos específicos con compromiso final de contratación, e instrumentos para garantizar la adecuada difusión de ofertas de trabajo entre el colectivo.
El Área de Apoyo a la Iniciativa Empresarial, presupuestada en 21,01 millones de euros, recoge un abanico de medidas que van desde las ayudas y microcréditos para constitución como autónomos a la prestación de asistencia técnica, la agilización de trámites y las acciones para facilitar el acceso a las empresas de economía social.
El capítulo dedicado a Educación, dotado con 8,10 millones de euros, incluye programas especiales de entrenamiento en nuevas tecnologías, la creación de la figura del "acompañante de apoyo" para los universitarios con discapacidad y el establecimiento de planes tutoriales para facilitar el tránsito desde la enseñanza secundaria obligatoria hacia estudios superiores.
Por su parte, en el Área de Adecuación del Entorno Laboral se consigna un gasto público de 2,38 millones de euros con destino a iniciativas como ayudas a empresas para adecuación de instalaciones y eliminación de barreras arquitectónicas o el impulso a la introducción de cláusulas específicas en los convenios colectivos.
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Consejo de Gobierno, 01/09/2009
El Consejo de Gobierno ha acordado la resolución por mutuo acuerdo del contrato de concesión para la explotación del servicio público de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito autonómico adjudicado a la empresa Comunicación Radiofónica, SA (Corasa) el 13 de marzo de 2007.
La medida se adopta tras presentar Corasa, el pasado 16 de abril, una solicitud en este sentido ante lo gravoso que le supone asumir el canal autonómico andaluz, una vez analizado el futuro escenario audiovisual que se ha ido configurando en España con posterioridad a la concesión.
La resolución por mutuo acuerdo cumple con los dos requisitos fijados por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas: que la empresa concesionaria esté al corriente de sus obligaciones y que existan razones de interés público.
En relación con el segundo punto, el Consejo ha tenido en cuenta el escrito presentado el pasado mes de marzo por la agencia pública empresarial RTVA, que solicitaba disponer de mayor capacidad de espacio radioeléctrico para nuevos programas y servicios públicos electrónicos y para poder implantar la televisión en alta definición.
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Consejo de Gobierno, 01/09/2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Daniel Fernández Navarro como director general de Urbanismo de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. Daniel Fernández (Sevilla, 1972) es licenciado en Derecho por la Universidad Hispalense y máster en Política Territorial y Urbanística por la Carlos III de Madrid. Actualmente ejercía como abogado del área de Derecho Público en el bufete Cuatrecasas.
El nuevo responsable de Urbanismo ha sido durante nueve años asesor jurídico de la Dirección General en asuntos de elaboración normativa. En el marco de estas funciones, fue miembro del equipo redactor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía.
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