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Consejo de Gobierno, 03/11/2009
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del anteproyecto de Ley de Salud Pública, que incorpora una nueva perspectiva en la que primarán las políticas de protección y promoción. Con la futura norma, la salud pública adopta una dimensión global más allá de la respuesta a la enfermedad, para tener en cuenta los objetivos de anticipación, fomento y mejora del bienestar de las personas.
De carácter garantista y transversal, la ley implicará en la promoción de la salud colectiva a todas las políticas e iniciativas de la Administración autonómica, principalmente las relativas a empleo, vivienda, deportes, innovación, educación y urbanismo, además de incorporar la evaluación de impacto en salud en los distintos ámbitos.
De acuerdo con lo previsto en el Estatuto de Autonomía, la norma regula los derechos y las responsabilidades de la población, las garantías para su cumplimiento y los fines y principios que deben regir la nueva organización de la salud pública. De este modo, establece derechos de nueva generación y sitúa a la ciudadanía como eje central de las políticas en la materia, bajo el principio de la equidad generacional (obligación de mantener y mejorar en el futuro las condiciones que aseguran la salud colectiva).
El anteproyecto reconoce el derecho del ciudadano a que la Administración le facilite la capacitación necesaria para analizar la información recibida, asumirla y, desde la libertad y la corresponsabilidad, decidir sobre su salud y participar en las políticas colectivas. De igual modo, se recogen los derechos a disfrutar de un adecuado nivel de salud pública; a que los organismos públicos competentes desarrollen estrategias educativas sobre sexualidad, alimentación y nutrición; a tener acceso a menús equilibrados en comedores, empresas y restaurantes; a disponer de planes de promoción de actividades físicas y espacios públicos para las mismas, y a que todos los planeamientos urbanísticos incluyan la construcción de zonas verdes.
En la misma línea, las administraciones públicas deberán establecer estrategias de movilidad sostenible, como las relativas al uso de la bicicleta y a la promoción del transporte público para reducir las emisiones contaminantes. Asimismo, el anteproyecto establece que en la construcción de viviendas y edificios no se podrán utilizar materiales que supongan un riesgo para la salud, mientras que las actividades o zonas industriales tendrán que garantizar un perímetro de seguridad para la ciudadanía.
En materia alimentaria, destaca el derecho a obtener información sobre las características esenciales de los productos, así como de toda la cadena de elaboración, distribución y comercialización, desde que se obtiene la materia prima hasta que se pone a disposición del consumidor.
Otros derechos incluidos en la ley son los referentes a ser inmunizados contra las enfermedades infectocontagiosas; a recibir las prestaciones preventivas y a rechazarlas; a acceder a los datos y resultados de las inspecciones, investigaciones y estudios llevados a cabo por las autoridades sanitarias; a tener información sobre salud y orientación de sexualidad independientemente de la opción sexual, y a garantizar el acceso a la anticoncepción de urgencia (píldora postcoital).
Responsabilidad ciudadana
En cuanto a las obligaciones de la ciudadanía, el texto normativo recoge, entre otras, las de poner en práctica las medidas de protección, promoción y prevención; utilizar adecuadamente la información recibida; no causar voluntariamente un peligro para la salud; poner en conocimiento de la autoridad sanitaria cualquier situación que pueda constituir una emergencia pública, y cooperar en la protección de la salud, la prevención de las enfermedades y la promoción de la calidad de vida.
El anteproyecto establece sanciones (de 600 a 600.000 euros) para aquellos casos en que se ocasione perjuicio a terceras personas en temas como los relacionados con el hábito de fumar y la transmisión voluntaria de enfermedades, mientras que, por otro lado, prevé la creación de incentivos y exenciones fiscales para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.
Finalmente, en lo referido a los profesionales, la ley revalorizará su trabajo y su carácter de referentes sociales mediante instrumentos como los planes de formación continuada y los mapas de competencias. Los profesionales de la salud pública se beneficiarán de sistemas de carrera profesional y de retribuciones en función del cumplimiento de objetivos, tal y como se viene implantando en la sanidad en su conjunto.
Para el control, vigilancia, seguimiento y desarrollo de las estrategias planteadas, la futura norma prevé la creación de tres organismos: una agencia, un centro de investigación y un observatorio.
La futura Agencia de la Salud Pública, que tendrá que ser aprobada por el Consejo de Gobierno a los seis meses de la entrada en vigor de la ley, se centrará en ofrecer una respuesta efectiva y eficiente a las necesidades de la población en esta materia. El Centro de Investigación, por su parte, desarrollará las competencias científicas, así como el desarrollo tecnológico y de innovación en salud pública. En cuanto al Observatorio, que tendrá que estar operativo al año de vigencia de la ley, será un órgano colegiado de carácter consultivo que analizará la situación de la salud y sus factores determinantes.
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Consejo de Gobierno, 03/11/2009
El Consejo de Gobierno ha autorizado la constitución del Centro Andaluz para la Mediación y el Arbitraje de Andalucía, organismo que se encargará de facilitar a los ciudadanos fórmulas de resolución extrajudicial de conflictos menores y aliviar así la acumulación de asuntos en los juzgados civiles, mercantiles y laborales.
El centro tendrá la forma jurídica de fundación pública, bajo el protectorado de la Consejería de Justicia y Administración Pública y con un patronato integrado por representantes de la Junta de Andalucía; los colegios profesionales que intervienen en la mediación y el arbitraje (notarios, abogados, economistas y psicólogos); las Universidades; la Confederación de Empresarios de Andalucía, y el Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio.
Además de las funciones relacionadas con la resolución extrajudicial, el Centro se encargará también de divulgar entre los ciudadanos toda la información referente al servicio público de Justicia y, en el ámbito penal, de colaborar para el eficaz seguimiento de las medidas judiciales de trabajos en beneficio de la comunidad.
La fundación autorizada hoy contará para su constitución con una partida presupuestaria de 2,44 millones de euros, habilitada por la Consejería de Justicia y Administración Pública.
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Consejo de Gobierno, 03/11/2009
El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 1,2 millones de euros para la puesta en marcha de los denominados ‘Centros Derivados Nuevos', que permitirán extender la Televisión Digital Terrestre (TDT) a núcleos de población que presenten déficits de cobertura una vez finalice en abril de 2010 el proceso de transición a la nueva tecnología.
Estas instalaciones, complementarias de la red de repetidores analógicos que ha sido adaptada para la emisión en digital, estarán integradas básicamente por equipos informáticos de procesamiento y antenas de difusión. Su ubicación definitiva dependerá de los territorios que resulten afectados por pérdidas de señal respecto a la anterior analógica. Asimismo, cubrirán enclaves que anteriormente no recibían emisiones de televisión.
La comprobación de los niveles de cobertura se realizará conforme vayan avanzando los proyectos de transición en las 15 zonas en las que el Plan Nacional de TDT ha dividido el territorio de la comunidad autónoma.
La primera fase de este proceso, iniciada el pasado 22 de julio y concluida hoy, 3 de noviembre, se ha desarrollado en cinco de las demarcaciones con el ‘apagón digital' y el paso a digital de las estaciones de Almonaster la Real, Baza, Cuevas del Almanzora, Huelva y Santa Eufemia, que dan cobertura a 166 municipios y más de 750.000 habitantes de las provincias de Huelva, Granada, Almería y Córdoba. Previamente, el 30 de junio, cuatro municipios del norte de Huelva asignados al proyecto de transición de Fregenal de la Sierra (Badajoz) dejaron de recibir la señal analógica.
La segunda fase está prevista para final de este año y afectará a los proyectos de transición de las instalaciones de San Roque, Sierra Lújar y Pechina, que cubren a 130 municipios de las provincias de Almería, Cádiz, Granada y Málaga, con una población cercana al millón de habitantes.
El cese definitivo de las emisiones en analógico se producirá el 3 de abril de 2010, fecha en la que culminará la tercera fase, correspondiente a las demarcaciones de Córdoba, Guadalcanal, Jerez de la Frontera, Mijas, Parapanda, Sierra Almadén y Valencina de la Concepción (más de seis millones de personas residentes en todas las provincias andaluzas).
Además del despliegue de la red de estaciones digitales y centros derivados nuevos, el proceso de transición a la TDT incluye medidas para garantizar la conexión mediante el fomento de la tenencia de los sintonizadores en los hogares y la adaptación de las instalaciones colectivas de recepción de televisión, principalmente en comunidades de vecinos.
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Consejo de Gobierno, 03/11/2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 10,7 millones de euros para dos proyectos de mejora de la gestión y la seguridad en sus servicios de redes informáticas y de telecomunicaciones, que se llevarán a cabo durante 2010 por la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Sociedad de la Información (Sadesi).
De esta cantidad, 8,9 millones de euros se destinarán al sistema integrado de operaciones y al de control de incidencias de los servicios de telefonía fija, móvil y conexión a internet que integran la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía. Las medidas previstas permitirán mejorar con las máximas garantías de calidad la detección de deficiencias y la coordinación de las actividades necesarias para asegurar el normal funcionamiento.
El segundo de los proyectos (1,8 millones de euros) consiste en la creación de un centro, igualmente gestionado por Sadesi, que se encargará de alertar en tiempo real a las distintas entidades de la Administración andaluza acerca de las amenazas que pueden afectar a sus activos de información, además de vigilar el estado de la seguridad en los nodos de interconexión de toda la red y gestionar las posibles incidencias.
La inversión autorizada por el Consejo incluye también la creación una web pública y otra privada para difundir información relevante sobre seguridad. La primera aconsejará a empresas y ciudadanos sobre cómo proteger sus sistemas informáticos, mientras que la segunda será un instrumento de formación y concienciación para las entidades que dependen de la Junta.
La red de telecomunicaciones de la Administración andaluza es la mayor de España, con un total de 122.900 extensiones de telefonía fija, 9.570 circuitos de datos, 37.300 extensiones móviles y 1,12 Gbps (velocidad de transmisión de información) de caudal de acceso a Internet. Creada en 1998 con el fin de reducir los costes globales en comunicaciones, actualmente presta servicio a un total de 9.600 centros de trabajo.
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Consejo de Gobierno, 03/11/2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que establece el límite interno de las aguas marítimas interiores en el curso del Guadalquivir, sobre las que la Consejería de Agricultura y Pesca tiene competencias exclusivas en materia de actividades pesqueras, marisqueras y acuícolas.
La delimitación se fija mediante una línea que une ambas orillas del río a la altura del meridiano del Caño de la Esparraguera, en el término municipal de Trebujena (Cádiz). El tramo fluvial entre este punto y la desembocadura se considerará zona de pesca marítima (atribución de la Consejería de Agricultura), mientras que aguas arriba la regulación corresponde a la Consejería de Medio Ambiente, competente en materia de pesca continental.
El límite se ha fijado teniendo en cuenta diversos estudios biológicos que ponen de manifiesto el papel que el estuario del Guadalquivir, desde el Caño de la Esparraguera hasta la desembocadura, representa como zona de cría y alevinaje de las especies que constituyen el objetivo de las principales capturas en el Golfo de Cádiz.
El decreto aprobado hoy abre así la posibilidad de una futura ampliación de la Reserva de Pesca de la Desembocadura del Guadalquivir, declarada en 2004 por la Consejería de Agricultura y Pesca con el fin de garantizar la protección de los recursos y su explotación sostenible en la zona. El límite externo de esta reserva recorre las aguas marítimas interiores entre Matalascañas (Huelva) y Chipiona (Cádiz), mientras que el interno se sitúa actualmente a la altura del Caño de Martín Ruiz, en el término municipal de Sanlúcar de Barrameda.
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Consejo de Gobierno, 03/11/2009
La Consejería de Educación invertirá este curso 6,48 millones de euros en la financiación del aula matinal de los colegios públicos de las provincias de Málaga y Sevilla. El Consejo de Gobierno ha ratificado las disposiciones de gasto aprobadas por el Ente Público de Infraestructuras y Servicios Educativos para la adjudicación de este servicio a empresas del sector, por un importe de 3,1 millones de euros en el caso de Málaga y de 3,38 millones en el de Sevilla.
Con las inversiones ratificadas se han contratado los servicios que en este ámbito prestan el presente curso 297 colegios malagueños y 310 sevillanos. De ellos se beneficiarán en su conjunto más de 30.000 alumnos de entre 3 y 12 años.
El aula matinal es uno de los servicios complementarios impulsados por la Consejería de Educación en la red de colegios públicos para facilitar la conciliación entre la vida laboral y familiar. Funciona de lunes a viernes entre 7.30 y 9.00, antes del comienzo de la jornada lectiva. En este periodo de tiempo, los alumnos son atendidos por monitores cuyas funciones son, básicamente, la recepción y control de los niños desde su llegada al centro y el desarrollo de actividades lúdicas y juegos.
La dotación de monitores se fija en función del número de alumnos. Hasta 60 niños, las aulas matinales están atendidas por dos profesionales: un técnico superior en Educación Infantil, Animación sociocultural, Integración Social o titulación equivalente, y un técnico en Atención Sociosanitaria o equivalente.
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Consejo de Gobierno, 03/11/2009
El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz el lienzo de la Virgen del Rosario ubicado en la capilla del mismo nombre de la Catedral de Málaga. Este cuadro al óleo es obra del pintor, escultor y arquitecto granadino Alonso Cano y fue realizado entre los años 1664 y 1666.
Con unas dimensiones de 3,56 x 2,18 metros, el lienzo ofrece una composición triangular con dos niveles diferenciados. El superior y principal, que representa el mundo celestial, está presidido por la Virgen María con el Niño en un trono de nubes sobre dos fustes estriados, rodeada por cinco angelotes que portan los atributos de los santos que aparecen en el nivel inferior, donde se simboliza el mundo terrenal. Esta escena celestial recrea una atmósfera de tonos vibrantes y dorados, patente sobre todo en la túnica y el manto de la Virgen, que contrasta con el predominio de tonos grises y pardo de la parte inferior del cuadro.
La representación terrenal está presidida por Santo Domingo, que con su brazo izquierdo se apoya en San Francisco, y se completa con las figuras de San Ildefonso y Santa Teresa, en el lado derecho, y de Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena, en el izquierdo. Todos ellos contemplan asombrados la visión celestial.
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Consejo de Gobierno, 03/11/2009
La consejera de Cultura, Rosa Torres, ha informado al Consejo de Gobierno de las obras de emergencia que iniciará en las próximas semanas su departamento para garantizar la estabilidad del conjunto de terrenos y edificios colindantes al Teatro Romano de Cádiz.
Los trabajos, con un plazo de ejecución de un año y un presupuesto de 1,38 millones de euros, se dirigen fundamentalmente a evitar riesgos de desprendimientos por los fallos detectados en cimentaciones, muros y forjados. Estas obras se realizarán de forma compatible con el mantenimiento del uso de los edificios, algunos de ellos habitados.
El teatro Romano de Cádiz, descubierto en 1980, es uno de los mayores recintos de este tipo en España y el más antiguo de la Península Ibérica. Se construyó a finales del siglo I a.C. y fue abandonado en las postrimerías del siglo III. Sobre sus restos se asentó durante las siguientes centurias el núcleo de la ciudad medieval, conocido hoy como barrio del Pópulo. Las diversas excavaciones realizadas en las últimas décadas ha permitido recuperar parte del graderío y su galería de distribución. Las ruinas de la escena y el pórtico permanecen sepultadas bajo diversos edificios.
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