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Consejo de Gobierno, 05/05/2009
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa la firma de un convenio marco de colaboración con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para desarrollar en Andalucía la nueva Línea ICO-Liquidez Pyme, promovida por esta entidad para facilitar acceso a financiación a las pequeñas y medianas empresas de la comunidad.
De acuerdo con el convenio, la Administración andaluza será la primera de España en comprometerse a asumir un 25% adicional de las garantías de los préstamos solicitados, lo que se añadirá al 50% correspondiente al ICO y al 25% de las entidades financieras. El compromiso se desarrollará a través de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que constituirá para ello un fondo de garantía dotado inicialmente con 10 millones de euros.
La aplicación de esta iniciativa, que permitirá mover hasta 308 millones de euros en préstamos, se concretará en líneas de apoyo sectoriales dirigidas especialmente a actividades económicas de carácter estratégico. El límite de la garantía de los créditos por parte de la Junta se establece en un importe máximo de 125.000 euros. Las solicitudes de financiación podrán realizarse a través de las entidades de crédito que colaboran con el ICO en cada territorio.
La línea ICO liquidez Pyme 2009 pone a disposición de los empresarios españoles un total de 10.000 millones de euros, aportada a partes iguales por el Instituto y por las entidades financieras.
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Consejo de Gobierno, 05/05/2009
El Consejo de Gobierno ha autorizado incentivos por valor de 3,6 millones de euros a la empresa Solel Energía Solar Renovable, SL para respaldar sus proyectos de construcción de dos fábricas de componentes de plantas termosolares en Lebrija (Sevilla) y La Carolina (Jaén). Ambas iniciativas supondrán una inversión total de 20 millones de euros y la creación de 134 puestos de trabajo.
En Lebrija se construirán instalaciones destinadas para el taladrado, ensamblaje y soldadura de colectores, con una inversión total prevista de 11,5 millones de euros. El proyecto, que propiciará 94 empleos y estará finalizado este año, cuenta con una ayuda de 1,8 millones.
Por su parte, la nueva planta de La Carolina fabricará, entre otros elementos, tubos centrales, pilares pivotantes hidráulicos y soportes para espejos de instalaciones termosolares. La empresa invertirá 8,5 millones y creará 40 puestos de trabajo en este proyecto, para el que se ha aprobado un incentivo de 1,8 millones.
Ambas iniciativas constituyen la primera fase de un macroproyecto que Solel desarrollará en Andalucía hasta 2013 con una inversión total de 100 millones de euros y medio millar de empleos. A los dos proyectos respaldados por el Consejo de Gobierno, se sumarán tres fábricas más en La Carolina: una de espejos cilindro-parabólicos, otra de receptores de tercera generación y la última destinada a la producción de colectores para sistemas de calefacción y refrigeración industrial. Estas cinco plantas se convertirán en la primera fábrica integrada del mundo capaz de producir todos los componentes necesarios para la construcción de campos solares termoeléctricos con tecnología cilindro-parabólica.
Solel Energía Solar Renovable está participada íntegramente por Solel Solar Systems, LTD, compañía israelí líder en construcción de centrales solares térmicas, que actualmente fabrica los colectores de mayor rendimiento térmico del mercado. Asimismo, la firma aprovecha su experiencia en energías renovables y en tecnologías de recubrimiento para promover iniciativas empresariales en el sector de la calefacción y refrigeración industrial.
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Consejo de Gobierno, 05/05/2009
La Consejería de Agricultura y Pesca autorizará a los centros de expedición y depuración de moluscos bivalvos vivos para que puedan actuar como centros de primera venta, junto con sus actuales funciones de garantía de salubridad y tratamiento para el consumo. Así se establece como principal novedad en el decreto regulador del funcionamiento de estas instalaciones, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno.
La medida ahorrará a los mariscadores andaluces desplazamientos desde las zonas de captura a los puertos con lonja, donde la normativa vigente exigía hasta ahora realizar los controles previos a la comercialización del producto en aspectos como la talla y la presentación. Estas funciones y, por tanto, la primera venta, podrán realizarse a partir de ahora en aquellos centros de expedición y depuración que estén asociados a una lonja o se ubiquen en las zonas de marisqueo a pie, así como en los dedicados a la comercialización de moluscos bivalvos procedentes de la acuicultura y de especies como las anémonas y los erizos.
Además del régimen de autorizaciones, el decreto regula también la información que debe incluirse en el etiquetado de estos productos, unificando los criterios de las normativa sanitaria y pesquera en una única etiqueta. Con ello, los titulares de los centros identificarán correctamente sus productos, mientras que el consumidor dispondrá de información precisa sobre la especie, su origen y sus características principales.
La norma aprobada crea, asimismo, el Registro Oficial de Centros de Expedición y de Depuración de Moluscos Bivalvos de Andalucía, en el que deberán inscribirse estos establecimientos para su facilitar su adecuado control y seguimiento. De igual modo, se exigen nuevos requisitos para incluir en el denominado ‘documento de registro’ (exigido por la Unión Europea para el traslado de moluscos bivalvos vivos) una información más detallada y precisa sobre la procedencia del mariscador, el centro de expedición o depuración y la zona de captura.
Actualmente trabajan en Andalucía unos 600 mariscadores a pie, que ejercen su actividad en las provincias de Cádiz y Huelva. Por su parte, la flota marisquera de extracción de moluscos bivalvos vivos está integrada por medio millar de embarcaciones (300 en el Golfo de Cádiz y 200 en el Mediterráneo) que se dedican a la extracción de moluscos bivalvos vivos. Las capturas de ambas actividades alcanzaron el pasado año las 4.393 toneladas, con un valor en primera venta de 9,4 millones de euros. A ello se sumó una producción de 505 toneladas correspondiente a instalaciones de acuicultura.
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Consejo de Gobierno, 05/05/2009
El Consejo de Gobierno ha autorizado el pago de 1,09 millones de euros al Colegio de Abogados de Granada por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita durante el cuarto trimestre de 2008. Esta subvención cubre, entre otros gastos, los relativos a asistencia letrada al detenido y defensa por abogado en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en esta provincia, así como los costes de funcionamiento e infraestructura.
Desde 1998, año del traspaso de las competencias de Justicia, la Administración autonómica ha destinado más de 258 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo es garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que no disponen de recursos económicos suficientes, con especial atención a los colectivos de inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.
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Consejo de Gobierno, 05/05/2009
El Plan Extraordinario de Medidas para la Mejora de la Empleabilidad del Mercado de Trabajo de Andalucía (Memta) beneficiará a más de 70.000 personas hasta final de año, con una inversión prevista de 55 millones de euros.
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, ha informado al Consejo de Gobierno de la segunda convocatoria de estas medidas, que fueron aprobadas el pasado año con una dotación total de 102,2 millones de euros y una previsión de 131.000 posibles beneficiarios entre 2008 y 2009. El titular de Empleo ha informado asimismo del balance de la primera convocatoria, que generó 4.830 contratos y benefició a 51.277 personas, con una inversión de 47,2 millones de euros.
El plan se dirige especialmente a facilitar la transición de trabajadores afectados por la crisis económica hacia los sectores emergentes de mayor potencial de creación de empleo. Las personas que se acogen a estas medidas formalizan su participación en el plan a través de la denominada Carta de Compromiso, que les garantiza el derecho a acceder a las distintas iniciativas del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y, al mismo tiempo, les compromete a mantener una actitud activa en la búsqueda del empleo, tanto preparándose para entrar en sectores emergentes como reciclándose para continuar en actividades con alta demanda dentro del sector de procedencia.
A partir de la firma de la carta, 15.051 personas participaron durante el primer año en acciones específicas de búsqueda de empleo, fundamentalmente a través de itinerarios personalizados de inserción, grupos de búsqueda intensiva y ayudas de hasta 350 euros para aquellas personas que sin subsidio de desempleo o cuyos ingresos son inferiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).
El plan incluye otro conjunto de medidas de adquisición de experiencia laboral a través de contrataciones para proyectos y servicios de interés general y social por parte de corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro. Estas iniciativas beneficiaron a 15.501 demandantes de empleo y generaron 4.830 contratos directos en 652 proyectos (más de la mitad de los previstos para todo el bienio). La retribución de las personas contratadas oscila entre los 900 y los 1.800 euros mensuales, en función de la categoría profesional.
En materia de formación, 1.811 desempleados recibieron cursos-pasarela para adaptar su cualificación a las necesidades de los sectores emergentes. Con una duración media de 300 horas de formación, las especialidades predominantes son informática, seguridad, ayuda a domicilio y formador ocupacional, entre otras.
Finalmente, el SAE desarrolló acciones de intermediación para incrementar la oferta de empleo disponible, que beneficiaron a 15.501 personas. Un equipo de 413 profesionales trabajan específicamente en reubicar a los demandantes de empleo en puestos asociados a sus perfiles en sectores con necesidad de mano de obra.
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Consejo de Gobierno, 05/05/2009
Las grandes industrias andaluzas redujeron en un 19% sus emisiones de dióxido de carbono (C02) a la atmósfera durante 2008. Así se desprende del informe de seguimiento del Protocolo de Kyoto presentado al Consejo de Gobierno por la titular de Medio Ambiente, Cinta Castillo. De acuerdo con el inventario realizado sobre las 182 empresas andaluzas afectadas por el régimen del comercio de derechos de emisión, estas industrias emitieron el pasado año 27,23 millones de toneladas de C02, frente a los 33,44 millones de 2007.
La reducción se debió en buena parte al sector de generación de energía eléctrica en régimen ordinario, que emitió 20,41 millones toneladas (un 28% menos); descenso imputable tanto al esfuerzo medioambiental de las empresas como al abaratamiento del precio del gas natural frente al carbón. Además, dos de las centrales andaluzas que emplean este último como combustible no estaban operativas en 2008 debido a reformas de carácter medioambiental.
El resto de la actividad industrial también mantuvo una tendencia decreciente respecto al año anterior. Así, el sector cementero disminuyó sus emisiones en un 5% y el cerámico en un 39%. Por el contrario, las industrias del refino de petróleo incrementaron ligeramente sus niveles en un 2%.
De acuerdo con el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE) que afecta a las 182 empresas evaluadas, la emisión de CO2 por encima de los valores asignados a cada una de ellas supone tener que comprar derechos en el mercado, mientras que si lo hacen por debajo pueden vender los derechos sobrantes. Los objetivos de reducción quedan garantizados por la cuota de emisión global europea, repartida entre Estados miembros, y que no puede rebasarse. El pasado año, la asignación de derechos por parte del Estado a las industrias andaluzas fue de un 24% menos que en 2007.
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Consejo de Gobierno, 05/05/2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy nombramientos en las consejerías de Justicia y Administración Pública, Agricultura y Pesca y Cultura, así como en el Servicio Andaluz de Salud (SAS). El Consejo ha conocido también el nombramiento de Eva Suárez Alés como directora técnica de la Oficina del Portavoz del Gobierno.
Justicia y Administración Pública
- Viceconsejero de Justicia y Administración Pública: José Antonio Ortiz Mallol
- Secretario General para la Administración Pública: Rafael Cantueso Burguillos
- Secretaria General Técnica: María Pérez Porras
- Director General de Entidades y Cooperación con la Justicia: Jorge Pérez de la Blanca Capilla
- Directora General de Inspección y Evaluación de Servicios: Beatriz Sáinz-Pardo
- Delegado provincial en Granada: Baldomero Oliver León
Agricultura y Pesca
- Secretaria General de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: María Isabel Salinas García
Cultura
- Viceconsejera de Cultura: Isabel Muñoz Durán
Servicio Andaluz de Salud
- Director General de Personal y Desarrollo Profesional: Antonio José Valverde Asencio
José Antonio Ortiz Mallol, viceconsejero de Justicia y Administración Pública
José Antonio Ortiz Mallol (Granada, 1966) es doctor en Derecho y pertenece al Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía. Actualmente desempeñaba el cargo de director general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, para el que fue nombrado en 2005.
El nuevo viceconsejero de Justicia y Administración Pública ejerció anteriormente como secretario de los consejos de administración de la Agencia Pública de Puertos de Andalucía y de las empresas públicas de Suelo de Andalucía y de Gestión de Infraestructuras de Andalucía. Profesor colaborador honorario de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, José Antonio Ortiz ha sido también jefe de la Asesoría Jurídica de la Consejería de Educación y Ciencia.
Rafael Cantueso Burguillos, secretario general para la Administración Pública
Rafael Cantueso Burguillos (Córdoba, 1959) es licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla y funcionario de carrera del Cuerpo Superior Facultativo de la Administración Autonómica. Hasta ahora, desempeñaba el cargo de consejero técnico en el Instituto Andaluz de Administración Pública.
Anteriormente, Rafael Cantueso ocupó la viceconsejería de Gobernación en el año 2008. Asimismo, entre 1998 y 2000 fue secretario general técnico de la entonces denominada Consejería de Gobernación y Justicia.
María Pérez Porras, secretaria general técnica de Justicia y Administración Pública
María Pérez Porras (Sevilla, 1970) es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y posee el Título de Experto en Ordenación del Territorio y Derecho Urbanístico de Andalucía. Actualmente desempeñaba el puesto de Jefa del Área Jurídica de la Dirección General de Inspección de Ordenación del Territorio Urbanismo y Vivienda de la Junta.
La nueva secretaria general es miembro del Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Administración autonómica, así como técnica de Administración General del Ayuntamiento de Écija (Sevilla). En esta localidad también ha ejercido funciones de secretaria del Consejo de Administración de la Empresa Municipal de Urbanismo.
Jorge Pérez de la Blanca Capilla, director general de Entidades y Cooperación con la Justicia
Jorge Pérez de la Blanca Capilla (Granada, 1966) es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada y pertenece a la Junta Directiva del Grupo de Derecho Mercantil y al Grupo de Urbanismo y Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Granada.
El nuevo director general de Entidades y Cooperación con la Justicia, abogado en ejercicio desde 1991, cuenta con amplia experiencia docente en materias de derecho mercantil, urbanismo, procesal civil y concursal.
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro, directora general de Inspección de Servicios y Evaluación
Beatriz Sáinz-Pardo Prieto-Castro (Sevilla, 1970) es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y máster en Derecho Europeo por la Universidad de Lieja (Bélgica). Entre otros cargos en la Junta de Andalucía, ha ocupado los de subdirectora general del Instituto Andaluz de la Juventud, delegada de Justicia y Administración Pública en la provincia de Sevilla y directora general de Entidades y Cooperación con la Justicia (desde julio de 2007).
La nueva directora general de Inspección de Servicios y Evaluación también ha ejercido su labor profesional en la Dirección General de Asuntos Europeos y Cooperación Exterior y en el Gabinete de Análisis y Relaciones Institucionales de la Consejería de la Presidencia.
Baldomero Oliver León, delegado de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Granada
Baldomero Oliver León (Granada, 1963) es doctor en Derecho y profesor titular de la Universidad de Granada. Hasta la fecha era vicedecano de Ordenación Académica de esta institución académica.
El nuevo delegado provincial de Justicia y Administración Pública participa en varios proyectos de investigación y es autor de diversos trabajos sobre Derecho Constitucional en publicaciones especializadas.
María Isabel Salinas García, secretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural
María Isabel Salinas García, nacida en 1966 en Níjar (Almería), han sido durante últimos cinco años diputada en el Parlamento Europeo, donde ha ejercido como miembro de la Comisión de Agricultura y ponente de los informes sobre la Reforma de la OCM de Frutas y Hortalizas y de los Planes de Reestructuración del Sector Algodonero. Asimismo, ocupó el cargo de miembro suplente de la Comisión de Pesca en la Eurocámara.
La nueva secretaria general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural también ha desempeñado distintas responsabilidades públicas, como diputada del Congreso de los Diputados (1996-2000); delegada provincial de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería (2000-2004) y concejala en el Ayuntamiento de Níjar desde 1991 hasta 2000.
Isabel Muñoz Durán, viceconsejera de Cultura
Isabel Muñoz Durán, nacida en Campillos (Málaga) en 1968, es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Ha ejercido como asesora jurídica en varias entidades locales desde 1991 hasta 2001, año en que fue nombrada delegada provincial en Málaga de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico. Ocupó este cargo hasta 2004 para concurrir a las elecciones autonómicas.
Como parlamentaria, actualmente era portavoz de Igualdad Igualdad y Bienestar Social; secretaria de la Comisión de Empleo, y vocal en las comisiones de Vivienda y Ordenación del Territorio, Agricultura y Pesca, Asuntos Europeos y de Cultura. Durante la pasada legislatura fue igualmente miembro de la delegación del Parlamento Andaluz ante la Comisión Constitucional para la Reforma del Estatuto, así como ponente de la Ley andaluza de prevención y medidas contra la violencia de género.
Antonio José Valverde Asencio, director general de Personal y Desarrollo Profesional del Servicio Andaluz de Salud
Antonio José Valverde Asencio (Sevilla, 1967) es licenciado en Derecho y máster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Universidad de Sevilla. El nuevo director general de Personal y Desarrollo Profesional del SAS ha desarrollado toda su actividad profesional en este centro universitario, donde ha sido profesor titular en el Área de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Entre otros cargos académicos, Valverde ha ocupado también los de vicesecretario general, vicerrector de Estudiantes y vicerrector de Profesorado de la Universidad Hispalense (desde abril de 2008). En su actividad académica destaca un amplio número de publicaciones referidas al régimen de contratación laboral, la función pública y la negociación colectiva en la Administración. En 2006 publicó un informe sobre la incidencia de la Ley de Medidas Sanitarias frente al Tabaquismo en el trabajo.
Eva Suárez Alés, directora técnica de la Oficina del Portavoz del Gobierno
Eva Suárez Alés (Sevilla, 1972) es licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Hispalense. Vinculada profesionalmente a la Administración autonómica desde 1998, actualmente ocupaba el cargo de jefa del Gabinete de la Vicepresidencia Primera de la Junta de Andalucía, para el que fue nombrada en mayo de 2008.
La nueva directora técnica ya estuvo al frente de los servicios informativos de la Oficina del Portavoz entre 2007 y 2008. Anteriormente fue jefa de prensa del Instituto de Fomento de Andalucía (1998-1999), responsable del Gabinete de Prensa de la Consejería de Asuntos Sociales (1999-2002) y coordinadora de Seguimiento Informativo de la Oficina del Portavoz (2004-2007).
Eva Suárez ha desarrollado también su trayectoria profesional en diversos medios de comunicación, entre ellos Diario 16 Andalucía y Onda Cero, así como en el Gabinete de Prensa del Parlamento de Andalucía.
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