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Consejo de Gobierno, 07/09/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de la Calidad Agroalimentaria y Pesquera, que unifica la normativa andaluza sobre esta materia y la adapta al vigente marco legislativo europeo y estatal. El texto establece medidas para potenciar la competitividad de las producciones de la agroindustria y de la pesca, sectores que actualmente suman más de 6.800 empresas y alrededor de 63.000 empleos en Andalucía, así como para ofrecer mayores garantías a los consumidores y reforzar los controles en todos los eslabones de la cadena alimentaria.
El proyecto normativo plantea el fomento de la calidad como estrategia prioritaria para que los productos agroalimentarios, que actualmente suponen el principal capítulo del comercio exterior andaluz, puedan seguir compitiendo en unos mercados cada vez más globalizados y exigentes. De este modo, se regulan especialmente los requisitos de control, las distintas figuras de calidad y sus organismos gestores, la información al consumidor y las líneas de apoyo a las producciones diferenciadas.
A grandes rasgos, la futura ley quedará formada por dos bloques principales de disposiciones: las referidas a la calidad comercial y sus sistemas de control y certificación, y aquellas otras que tienen como objetivo el fomento de la calidad diferenciada.
El primer bloque, de aseguramiento de la calidad comercial, se dirige a incrementar el valor de las producciones en el mercado con un mayor beneficio para la industria, una mayor renta para los productores y una garantía de transparencia en la información que demandan los consumidores. Para ello, la ley fija sistemas de control que se encomiendan tanto a los operadores (productores industriales, transformadores y comercializadores) como a la Administración.
En el caso de los operadores, el sistema debe tener en cuenta la trazabilidad de los productos (identificación desde su origen hasta que llegan al consumidor); garantizar la veracidad y exactitud de las informaciones incluidas en el etiquetado y la publicidad, y disponer de mecanismos de reclamaciones y retirada de productos.
Por su parte, los controles oficiales de la Administración se centran sobre todo en la prevención y lucha contra el fraude, la verificación de las características de los alimentos y el cumplimiento de la normativa tanto de la calidad comercial como de la diferenciada. El ámbito de las inspecciones abarca la producción, la transformación, la distribución y los puntos de venta.
Además de someterse a estos dos tipos de controles, los productos agroalimentarios deben contar con certificados de calidad comercial emitidos por organismos independientes. En este aspecto, la principal novedad que introduce el proyecto de ley es la exigencia de normas internacionales, principalmente la europea EN 45011, frente a las nacionales que se utilizan actualmente.
Calidad diferenciada
En el terreno de la calidad diferenciada, el proyecto de ley adecua las distintas figuras de protección a las recientes disposiciones comunitarias sobre esta materia. Se distinguen así la Denominación de Origen Protegida (DOP), la Indicación Geográfica Protegida (IGP), la Indicación Geográfica de Bebidas Espirituosas (IGBE, antigua Denominación Específica), la Especialidad Tradicional Garantizada (ETG), la Agricultura Ecológica y la Producción Integrada. A ellas se suman las marcas de titularidad pública, como la de ‘Calidad Certificada' que gestiona la Consejería de Agricultura y Pesca.
En cuanto a los organismos de gestión, las tres primeras figuras estarán regidas por consejos reguladores que, como novedad, pasan a configurarse como corporaciones de derecho público con personalidad jurídica propia. Con ello se otorga mayor relevancia a los productores y elaboradores en la autorregulación del sector, frente a la actual dependencia respecto de la Consejería de Agricultura y Pesca. Este departamento se reserva, no obstante, las funciones de tutela sobre los órganos gestores.
Estas novedades supondrán, entre otros cambios, la adaptación a la nueva norma de las actuales denominaciones vínicas recogidas en la Ley de Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía.
En la vertiente del fomento y la promoción de la calidad diferenciada, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gobierno establece que la financiación de las campañas se vinculará especialmente a aspectos como la inclusión de los productos en la dieta mediterránea o la adecuada información sobre sus propiedades y características relativas a la nutrición saludable.
Finalmente, el texto incluye una serie de disposiciones que suponen el primer paso para el reconocimiento y la posterior regulación específica de las producciones de calidad diferenciada de la artesanía alimentaria andaluza.
La agroindustria andaluza
El sector agroalimentario constituye la principal actividad industrial de Andalucía, con una facturación anual superior a 14.000 millones de euros, más de 5.000 empresas y alrededor de 52.000 personas empleadas. Sus ventas al extranjero suponen el principal capítulo del comercio exterior de la comunidad autónoma, con unos 3.000 millones de euros anuales de saldo positivo. Estrechamente ligada a la actividad agropecuaria y pesquera, la industria agroalimentaria acapara el 19,3% del empleo y el 25,1% de valor añadido del sector industrial en la comunidad autónoma. Aceites, frutas, hortalizas, bebidas alcohólicas, carnes y leches son sus principales productos.
Por su parte, el sector pesquero agrupa a más de 1.800 empresas y emplea a unas 10.600 personas. Sus capturas anuales se cifran actualmente en más de 70.000 toneladas y un valor de 252 millones de euros. Dentro de este sector, una actividad en alza es la acuicultura, con explotaciones de alto nivel tecnológico centradas en la cría de doradas y lubinas y cuya producción supera ya las 6.000 toneladas. Este aprovechamiento se está diversificando con proyectos como el cultivo de mejillones, lisas, almejas, corvinas, ostiones y otras especies.
Las producciones andaluzas de calidad de ambos sectores se reparten entre 28 Denominaciones de Origen (principalmente de aceite de oliva y vinos) y 23 Indicaciones Geográficas Protegidas. A ellas se suman los más de 2.100 productos pertenecientes a 465 empresas que cuentan con el distintivo Calidad Certificada, así como los de la agricultura ecológica (866.000 hectáreas de superficie en Andalucía, la primera comunidad española en este sector) y las producciones integradas (casi 400.000 hectáreas).
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Consejo de Gobierno, 07/09/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el documento de adecuación del Plan Forestal Andaluz hasta 2015, que prevé la regeneración, mejora y repoblación de 290.000 hectáreas de terrenos y la creación de 19,5 millones de jornales en 517 municipios de la comunidad autónoma.
Esta revisión, la tercera desde la entrada en vigor del plan en 1990, supondrá unas inversiones públicas de 2.444 millones de euros, cifra que supera en un 18% (375 millones) la de la anterior actualización correspondiente al periodo 2003-2008. El 53,3% de esta dotación financiera corresponde a la Administración autonómica, el 45% procederá de fondos europeos y el 1,7% del Gobierno central.
La nueva planificación incluye siete grandes bloques. El de mayor presupuesto, con 635,6 millones de euros, se compone de programas para el control de la erosión, la lucha contra la desertificación y la restauración de ecosistemas degradados. En este capítulo se incluyen, entre otras previsiones, la realización de obras hidráulicas para fijar el suelo fértil y evitar inundaciones con un volumen total equivalente a 15.000 metros cúbicos de material.
El segundo conjunto de medidas, presupuestado en 586,7 millones de euros, corresponde al control de incendios. Entre otros proyectos, destaca la previsión de realizar tratamientos preventivos en 54.000 kilómetros de áreas cortafuegos.
En el ámbito más directamente relacionado con la actividad económica, la revisión del plan para los próximos seis años consigna una dotación de 488 millones de euros para fomentar el aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y su transformación y comercialización, a través de las distintas líneas de apoyo que gestiona la Administración autonómica. Con ello se pretende mantener e incrementar el valor económico de los montes andaluces, que la última valoración integral realizada por la Consejería de Medio Ambiente en 2007 cuantificó en 30.357 millones de euros incluyendo beneficios económicos y ambientales.
La planificación se completa con el programa de biodiversidad, geodiversidad y de gestión cinegética y piscícola (293,3 millones de euros); el específico para las zonas forestales situadas en espacios naturales protegidos (244,4 millones); el dirigido a mejorar e incrementar las infraestructuras de uso público en los montes (171,1 millones), y el correspondiente al seguimiento, prevención y control de plagas y enfermedades (24,4 millones).
En estos bloques de actuación destacan medidas como el deslinde y recuperación de más de 3.750 kilómetros de vías pecuarias; la adquisición de 28.000 hectáreas de terrenos forestales para su incorporación al patrimonio público de la comunidad autónoma y la creación de 8.000 nuevos kilómetros de caminos.
Balance
El Plan Forestal Andaluz, iniciado en 1990 y con una vigencia de 60 años, tiene establecidas fases decenales de ejecución con revisiones cada cinco años, la primera de las cuales se aprobó en 1997. De acuerdo con los últimos datos de balance, correspondientes a 2007, sus primeros 18 primeros años de desarrollo han supuesto unas inversiones ejecutadas de 4.317 millones (un 0,8% más de las inicialmente previstas) y un empleo directo cuantificado en 50 millones de jornales.
Durante este periodo, el plan ha permitido repoblar más de 215.000 hectáreas y reforestar otras 150.000 de tierras agrícolas marginales. Asimismo, se han deslindado y recuperado 6.500 kilómetros de vías pecuarias, a lo que se suma la creación de alrededor de 1.500 equipamientos de uso público.
La última revisión del plan, correspondiente al periodo 2003-2008, se saldó con unas inversiones de 2.069 millones de euros (un 11,6% más de las inicialmente programadas); 18,5 millones de jornales; la regeneración de 217.400 hectáreas de terrenos anteriormente desarbolados o degradados (de ellos, 37.934 directamente repoblados); la producción en viveros de más de 243 millones de plantas autóctonas, y el deslinde de 5.746 kilómetros de vías pecuarias.
Los bosques, matorrales y pastizales ocupan actualmente en Andalucía 4,6 millones de hectáreas en Andalucía. Esta cifra supone el 53% del territorio regional, frente al 17% de España y el 31% de la Unión Europea.
De la superficie forestal total de la comunidad autónoma, el 39,4% está ocupada por especies frondosas, fundamentalmente encinas y alcornoques, y el 15,7% por coníferas, mientras que el matorral representa un 34% y las plantas herbáceas un 10,9%. Según el régimen de propiedad, el 24,8% de las tierras forestales son de titularidad pública y el 75,2% está en manos privadas.
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Consejo de Gobierno, 07/09/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el IV Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza, 2010-2013, con una dotación de 250,7 millones de euros para impulsar la presencia de las empresas andaluzas en el exterior. La nueva estrategia propone como principales metas crear más de 60.000 nuevos empleos vinculados a la actividad exterior; aumentar en 3.300 el número de firmas exportadoras, y situar a Andalucía entre las seis primeras comunidades autónomas españolas en cuanto a inversiones en el extranjero (actualmente es la décima).
Respecto a los tres planes anteriores, el aprobado hoy se dirige a respaldar la apertura exterior no sólo de las empresas sino también la de toda la economía andaluza. En coherencia con esta ampliación de objetivos, consensuada en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social, se duplica el presupuesto del Plan 2006-2009 (116 millones) y se implica en el desarrollo de los proyectos previstos a las ocho consejerías de la Junta de mayor perfil económico.
El plan se compone de 61 programas distribuidos entre cinco grandes ejes estratégicos. El de mayor dotación, 137,86 millones de euros, corresponde a las medidas de impulso a la innovación y competitividad de las empresas que ya han comenzado su andadura internacional (16.663 firmas exportadoras que operan en 197 países). Los programas previstos en este bloque plantean también aumentar de 4.000 a 5.000 la cifra de las empresas que exportan de forma regular, así como incrementar en un 40% el valor de las ventas al exterior para alcanzar los 20.000 millones de euros en 2013.
La segunda mayor inversión, 76 millones, se destina al objetivo de consolidar la posición internacional de los bienes y servicios andaluces, mediante iniciativas de promoción para incrementar el valor añadido y generar imagen de marca.
Para favorecer el acceso a los mercados internacionales y ampliar los destinos, el plan consigna 29,9 millones de euros que se emplearán fundamentalmente en consolidar la red de oficinas de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).
Los cinco grandes bloques que integran el plan se completan con el dirigido a aumentar el número de firmas exportadoras e inversoras (4,1 millones de euros para alcanzar las 20.000 empresas) y con las medidas de captación y consolidación de inversiones extranjeras en Andalucía (2,81 millones). Este último capítulo incluye el objetivo de crear 7.700 nuevos empleos.
Entre los 61 programas previstos, algunos de ellos iniciados ya recientemente, destacan por su novedad los dirigidos a apoyar proyectos de innovación comercial, mejora del posicionamiento tecnológico de empresas turísticas, participación en programas marco de la Unión Europea, acceso a licitaciones internacionales, certificaciones de calidad en el exterior y colaboración para la internacionalización de ‘clusters' y la formación de grupos empresariales exportadores.
Asimismo, se pondrá en marcha el Programa de Líderes Globales, cuyo objetivo es identificar a las empresas con mayor potencial exterior en cada sector y prestarles un apoyo específico para conseguir un efecto de arrastre sobre el resto de las firmas. Otro programa destacado es el dirigido a proporcionar liquidez a las sociedades que inician proyectos de internacionalización, a través de nuevas fórmulas acordadas con las entidades financieras y el Instituto de Crédito Oficial.
Sectores
Las medidas recogidas en el plan continuarán respaldando a los sectores de la economía andaluza con presencia tradicional en el exterior (agroindustria, materiales de construcción, servicios y maquinaria, entre otros), aunque se dará prioridad a las actividades emergentes de mayor potencial, valor añadido y capacidad de generar empleo, como las relativas a tecnologías de la información y la comunicación, energías renovables, aeronáutica, biomedicina, turismo y cultura.
El plan se desarrollará fundamentalmente a través de los servicios de la agencia pública Extenda, centrados en apoyar de forma individual a las compañías y facilitar su entrada en los 27 mercados de los cinco continentes considerados de mayor interés. En ellos actúa a través de 21 Oficinas de Promoción de Negocios localizadas en 19 países (cinco de ellas con servicio de Centro de Negocios) y ocho ‘antenas activas' en otros tantos destinos.
El IV Plan de Internacionalización de la Economía Andaluza se aprueba un año antes de lo previsto debido a que el anterior, inicialmente diseñado para el periodo 2007-2010, ya superó en 2009 los objetivos planteados. Durante sus tres años de vigencia, Andalucía ganó una posición en el ranking español de comunidades exportadoras y ya se sitúa como la quinta por valor comercializado (14.334 millones de euros) y la tercera por empresas exportadoras (16.663 a finales de 2009). El número de firmas plenamente internacionalizadas -con inversiones regulares en el extranjero- pasó de 50 a 117.
Estos avances han permitido a la economía andaluza incrementar del 21,3% al 22,1% su grado de apertura (resultado de dividir la suma de exportaciones e importaciones por el PIB) y del 71,6% al 79,6% la tasa de cobertura (porcentaje de las importaciones que pueden pagarse con las exportaciones realizadas).
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Consejo de Gobierno, 07/09/2010
La Consejería de Economía, Innovación y Ciencia destinará en los próximos cuatro años 103,7 millones de euros para el impulso del desarrollo sostenible del sector de la minería y mejorar sus niveles de competitividad, productividad y empleo. Así se recoge en el Plan de Ordenación de los Recursos Minerales de Andalucía 2010-2013 (Pormian), aprobado hoy por el Consejo de Gobierno para convertirse en la hoja de ruta de un sector que emplea en Andalucía a más de 36.500 personas. La principal partida se destina a reforzar la sostenibilidad de la actividad minera, objetivo que contará con 91,97 millones de euros (el 90% de la inversión total).
Este documento, consensuado en el marco del VII Acuerdo de Concertación Social, recoge 64 acciones repartidas en cuatro grandes ejes: el fomento de la innovación y el desarrollo empresarial; la integración ambiental; la modernización de los servicios públicos relacionados con el sector, y la formación, cualificación y seguridad de sus trabajadores.
El primer eje se encamina a apoyar la creación y modernización de empresas, así como a impulsar la I+D+i y la cooperación e internacionalización del sector. Asimismo, se pretende optimizar recursos minerales con alta potencialidad en Andalucía (metales y rocas ornamentales), fomentar la investigación sobre sustancias minerales singulares de Andalucía (estroncio y arcillas especiales), mejorar la comercialización de los productos mineros andaluces y atraer inversiones extranjeras.
Las iniciativas para desarrollar estos objetivos se seguirán canalizando a través de las líneas de apoyo del Plan Andaluz de Desarrollo Industrial 2008-2013 para la mejora de la competitividad de la industria andaluza. Durante 2008 y 2009, la Junta ha incentivado ya con 45 millones de euros 229 proyectos de actividad extractiva y de primera transformación, que han generado una inversión de 191 millones de euros.
El eje de integración ambiental de la actividad minera, dotado con 91,97 millones de euros, incluye acciones para racionalizar y minimizar el consumo de recursos naturales, regenerar espacios mineros degradados y conservar y poner en valor el patrimonio minero. Se trata de proyectos dirigidos, entre otros fines, a reaprovechar escombreras de estériles y huecos mineros, restaurar explotaciones abandonadas y conservar y propiciar el uso público del patrimonio histórico minero andaluz.
Por lo que respecta al tercer eje, dedicado a la modernización de la administración minera, se establecen acciones como la digitalización de los expedientes, la elaboración de una plataforma común de tramitación electrónica de los mismos y la creación del portal andaluz de la minería. Este instrumento dispondrá de aplicaciones de enlace con una cartografía digital actualizada que permitirá al empresario hacer un estudio previo de las áreas de mayor interés de su actividad.
Finalmente, el cuarto bloque de medidas se centrará en vincular la oferta formativa a las necesidades del sector, así como incrementar la seguridad minera y la prevención de riesgos laborales.
Además de estos ejes de actuación, el plan establece un diagnóstico en el que se identifica las zonas territoriales con mayor presencia de recursos y de actividad minera, además de una evaluación de la compatibilidad medioambiental del sector.
Las explotaciones mineras activas en Andalucía ascienden actualmente a 852 y emplean a más de 36.500 personas. Por sustancias, un 68,89% corresponde a rocas industriales, en su mayoría áridos, y un 22,24% a rocas ornamentales, esencialmente explotaciones de mármol y caliza ornamental. El 8,87% restante está integrado por minerales industriales (metálicos y energéticos) que se localizan en la Faja Pirítica de Huelva-Sevilla, el Valle del Guadiato en Córdoba y las explotaciones de Cobre las Cruces (Sevilla) y Aguas Teñidas (Huelva).
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Consejo de Gobierno, 07/09/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado financiar con 52,85 millones de euros a las ocho diputaciones provinciales andaluzas para el pago de los materiales de las obras que realizarán los municipios de la comunidad autónoma en 2010 con cargo al Programa de Fomento del Empleo Agrario (antiguo PER).
En estos proyectos, el Servicio Público de Empleo Estatal abona el coste total de la mano de obra, mientras que la Junta y las diputaciones se encargan de subvencionar los gastos de materiales, maquinaria y utensilios.
Para acceder a las subvenciones, los municipios tienen que acreditar, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, la cuantía que aporta este organismo, el apoyo financiero de la Diputación correspondiente y los certificados de inicio de las obras, que deberán estar concluidas antes del 30 de junio del año 2011.
Durante el pasado año 2009 el Programa de Fomento del Empleo Agrario hizo posible en Andalucía la realización de 2.078 proyectos, que supusieron la contratación de 100.277 trabajadores y la generación de 1,6 millones de jornales. Desde su creación en 1986, este programa, conocido inicialmente como Plan de Empleo Rural (PER), ha sumado unas inversiones totales de 6.314 millones de euros (801 aportados por la Junta de Andalucía y 263 por las diputaciones provinciales).
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Consejo de Gobierno, 07/09/2010
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, ha informado al Consejo de Gobierno de las intervenciones de emergencia desarrolladas por su departamento en cuatro carreteras de la provincia de Jaén que se vieron afectadas por las lluvias del pasado invierno. Los proyectos han supuesto una inversión de 1,61 millones de euros y un empleo asociado de 56 puestos de trabajo (33 directos y 23 inducidos).
La obras de mayor envergadura, con un presupuesto de 660.000 euros, se han llevado a cabo en la antigua carretera C-3221 a su paso por el término municipal de Jabalcuz, que resultó dañada por el deslizamiento de un talud.
Por similares motivos, también se han realizado trabajos de emergencia en varios puntos de las carreteras A-6204 y A-315, en los términos municipales de Villacarrillo, Torreperogil y Cazorla. La inversión total ha superado en este caso los 550.000 euros.
El último de los proyectos ha permitido reparar deslizamientos y socavones en dos puntos de la carretera A-6207 a su paso por Peal de Becerro. Las obras han supuesto un coste total cercano a los 408.000 euros.
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