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Consejo de Gobierno, 08/05/2007
El Plan Director de Instalaciones Deportivas de Andalucía destinará una inversión de 1.824 millones de euros hasta 2016 para mejorar y ampliar la red andaluza de equipamientos deportivos de carácter público e impulsar la práctica del ejercicio físico, el deporte federado y el acceso a la alta competición. Así se recoge en la redacción definitiva de este documento, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno.
De acuerdo con esta iniciativa, las inversiones previstas para los próximos diez años supondrán la construcción de 31 campos deportivos de grandes dimensiones, 63 pistas de atletismo, 8 piscinas al aire libre, 51 piscinas cubiertas, 81 pabellones cubiertos, 57 salas deportivas, 362 salas escolares y 71 centros polideportivos urbanos. Además, se dotará de césped artificial a 250 campos de fútbol y se acometerán obras de mejora y modernización en las actuales instalaciones.
Con estas previsiones, la Junta se plantea como objetivos globales equiparar el sistema de prestaciones deportivas a los de los países más avanzados, redistribuir equipamientos en todo el territorio andaluz y generalizar la práctica del deporte entre la población. En este sentido, el plan pretende asegurar el derecho de los ciudadanos a realizar un ejercicio físico diversificado, con un tiempo de desplazamiento inferior a 30 minutos, garantizando al mismo tiempo la rentabilidad social de las instalaciones. Como criterio básico para calcular la dotación deportiva que necesita la comunidad se parte del supuesto máximo de práctica deportiva regular en un 50% de la población total.
El presupuesto total del plan estará cofinanciado al 50% por la Administración autonómica y las entidades locales y se materializará a través de convenios. Las corporaciones dispondrán del plazo de un año para elaborar sus respectivos planes de instalaciones.
La planificación para los próximos diez años se llevará a cabo en 51 zonas de actuación y en tres ámbitos diferenciados. El primero de ellos es la denominada Red Básica, de carácter comarcal, integrada por infraestructuras para la práctica deportiva generalizada, el deporte escolar y la competición local. Las inversiones previstas en este capítulo alcanzan los 1.008 millones de euros (55% del presupuesto total).
La Red Complementaria, de índole provincial y orientada al deporte de competición, recibirá 424 millones de euros. Por su parte, la Red Especial, de carácter autonómico, tendrá una dotación de 392 millones de euros para instalaciones de deporte de alto rendimiento y celebración de competiciones internacionales.
Andalucía cuenta actualmente con 15.734 infraestructuras deportivas, lo que equivale al 16% del total nacional, según el censo elaborado en 2005. Esta cifra que supone un incremento del 40% respecto a 1997 y supera en un 20% el registrado en el conjunto de España durante el mismo periodo. Además, en la comunidad hay censados 26.398 espacios deportivos, lo que arroja una ratio de uno por cada 360 habitantes.
Para la elaboración del Plan Director de Instalaciones Deportivas, la Junta ha contado con la participación de ayuntamientos, diputaciones provinciales, federaciones deportivas, universidades, asociaciones de consumidores y expertos en educación física.
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Consejo de Gobierno, 08/05/2007
Los descendientes de los pensionistas andaluces que trabajaron en Gibraltar recibirán una ayuda económica de carácter extraordinario por parte de la Junta de Andalucía. Esta medida, aprobada hoy por el Consejo de Gobierno, tiene como objetivo compensar el trato discriminatorio que sufrieron estos trabajadores respecto a los residentes gibraltareños, ya que, a diferencia de éstos, sus pensiones no se revalorizaron desde el año 1989.
Las ayudas beneficiarán a los herederos descendientes, por consanguinidad o adopción, hasta el segundo grado (hijos o nietos), de aquellos trabajadores fallecidos con anterioridad al 18 de septiembre de 2006. Este colectivo, integrado por unas 2.000 familias, quedó excluido del acuerdo suscrito ese día en Córdoba por los gobiernos español, británico y gibraltareño, que establece cantidades compensatorias y garantiza en adelante incrementos anuales según la inflación del Reino Unido, aunque sólo para los pensionistas que sobrevivieran en la fecha del acuerdo.
Según se recoge en el decreto aprobado hoy, las compensaciones del Gobierno andaluz a las personas descendientes se calcularán en función del tiempo transcurrido entre el 1 de enero de 1989 (fecha a partir de la cual dejaron de revalorizarse las prestaciones) y el día del fallecimiento del pensionista. Se abonarán en un pago único, con un importe máximo de 6.200 euros. El coste total previsto rondará los seis millones de euros.
El modelo de solicitud se podrá obtener en las delegaciones provinciales y en la página web de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social (http://www.cibs.junta-andalucia.es). Las solicitudes podrán presentarse en las delegaciones provinciales de este departamento y en la Subdelegación del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar. El plazo de presentación se extenderá hasta el 30 de septiembre.
La Junta ya aprobó en 1994 y 2002 sendos anticipos a cuenta, de veinte y tres millones de euros, respectivamente, para los pensionistas andaluces que cotizaron en Gibraltar y que se vieron perjudicados por la falta de revalorización de las prestaciones.
El origen de la discriminación se remonta a 1993, cuando las autoridades del Peñón disolvieron de forma unilateral el Fondo Social de Pensiones, lo que supuso el cese de la percepción de sus prestaciones para un total de 6.822 pensionistas españoles que trabajaron en la colonia británica, 5.628 de ellos residentes en Andalucía.
En 1996, gracias a las distintas iniciativas llevadas a cabo por la Administración andaluza ante las autoridades nacionales y europeas, el Gobierno del Reino Unido se vio obligado a habilitar los fondos necesarios para que Gibraltar repusiera el pago de las prestaciones adelantadas por la Junta. Sin embargo, los pensionistas andaluces siguieron discriminados debido a que no se revalorizaron las cantidades desde 1989 y tampoco se beneficiaron del complemento especial que sí perciben los residentes en la Roca. Tanto los acuerdos suscritos el pasado año en Córdoba como el decreto aprobado hoy suponen la solución definitiva al problema.
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Consejo de Gobierno, 08/05/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto destinado a facilitar la participación de los trabajadores por cuenta ajena y del personal de la Administración de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones locales. Esta norma hace referencia a aquellos trabajadores que, no disponiendo de día de descanso completo el próximo 27 de mayo, posean la cualidad de electores o acrediten la condición de miembros de mesas electorales, interventores o apoderados.
En el caso de que la jornada laboral coincida con el horario de apertura de los colegios electorales, el decreto establece el derecho a permiso retribuido de cuatro horas si la coincidencia es superior a seis horas; de tres si la coincidencia es de cuatro a seis horas y de dos si es de dos a cuatro horas. Este derecho no se fija para los casos en que las jornadas laboral y electoral coincidan en menos de dos horas.
De acuerdo con la norma aprobada por el Consejo de Gobierno, el trabajador que preste sus servicios lejos de su domicilio o residencia habitual y opte por el voto por correspondencia tendrá derecho a los citados permisos para poder formular personalmente la solicitud de certificación acreditativa de su inscripción en el censo electoral, así como para la remisión del voto por correo. En este caso, la coincidencia de jornada se refiere al horario de apertura de las oficinas del Servicio de Correos.
Por su parte, el trabajador que acredite su condición de presidente, vocal o interventor de mesa electoral tendrá derecho a un permiso retribuido de jornada completa si no dispone de día de descanso el 27 de mayo, así como a una reducción de cinco horas en la jornada del 28 siempre que justifique su actuación. En el supuesto de que tenga que trabajar en turno de noche en el día inmediatamente anterior al de la votación, la empresa o la Administración estará obligada a cambiar el turno.
Finalmente, el trabajador que acredite su condición de apoderado de candidatura electoral tendrá derecho a un permiso retribuido de jornada completa si no dispone de día de descanso el 27 de mayo.
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Consejo de Gobierno, 08/05/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado el programa de control financiero permanente de las empresas de la Junta de Andalucía, con el fin de mejorar la actividad de estas entidades y comprobar su adecuación a los principios de eficacia, eficiencia y rigor. La iniciativa, que se realiza desde 1999 con periodicidad anual, pasa a tener ahora carácter indefinido y se aplicará a todas las sociedades mercantiles y entidades de derecho público que se creen en el futuro en el ámbito de la Administración autonómica bajo esta modalidad de control.
Entre otras medidas, el programa incluye revisiones de la contabilidad anual; evaluaciones de actividad financiera, mercantil y de tesorería; seguimiento de la gestión presupuestaria, y controles de adaptación de los anteproyectos de presupuestos a la financiación pública disponible.
Como novedad respecto a ejercicios anteriores, el acuerdo aprobado hoy incorpora la realización de pruebas dirigidas a conocer las políticas de las empresas públicas autonómicas en materia de igualdad entre hombres y mujeres.
El control financiero permanente afecta actualmente a 22 empresas de la Junta de Andalucía. Nueve de ellas son sociedades mercantiles: Canal Sur Radio, SA; Canal Sur Televisión, SA; Empresa Pública del Deporte Andaluz, SA; Turismo Andaluz, SA; Gestión de Infraestructuras de Andalucía, SA; Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, SA; Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, SA; Empresa de Gestión Medioambiental, SA, y Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda).
Las 13 empresas restantes son entidades de derecho público: Agencia Andaluza de la Energía; Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía; Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces; Ente Público Andaluz de Infraestructuras y Servicios Educativos; Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía; Empresa Pública de Suelo de Andalucía; Empresa Pública de Puertos de Andalucía; Empresa Pública Hospital de la Costa del Sol; Empresa Pública de Emergencias Sanitarias; Empresa Pública Hospital Poniente de Almería; Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales; Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir, y Empresa Pública Sanitaria Bajo Guadalquivir.
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Consejo de Gobierno, 08/05/2007
El Consejo de Gobierno ha acordado agilizar el pago de los incentivos que la Consejería de Gobernación concederá en el ejercicio de 2007 a las entidades locales para financiar proyectos de mejora de infraestructuras, así como gastos corrientes, asistencia técnica y políticas de consumo y emigración. Estas aportaciones, que alcanzan los 57,5 millones de euros, serán abonadas mediante un pago único. Se sigue así la fórmula de exención prevista en la legislación autonómica respecto a la previsión general de que las ayudas se abonen como mínimo en dos pagos y que los anticipos no superen el 75% de los fondos.
La mejora de las infraestructuras municipales y la adquisición de equipamiento acaparan la mayor parte de las partidas consignadas, con un total de 47,6 millones de euros. Por su parte, 6,9 millones se destinan a financiar asistencia técnica y gastos corrientes derivados de la prestación de servicios obligatorios.
El resto de fondos lo componen aportaciones para respaldar el funcionamiento de las juntas arbitrales locales de consumo y de las oficinas municipales de información al consumidor, así como para financiar la dotación infraestructuras en materia taurina y actividades de difusión de la cultura andaluza en el exterior.
Las ayudas de la Junta a los municipios andaluces tienen en cuenta criterios como el equilibrio financiero de las corporaciones, el grado de insuficiencia de recursos propios para la prestación de servicios municipales o el nivel de desarrollo de las poblaciones.
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Consejo de Gobierno, 08/05/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración como Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, de la Iglesia de Santa María de Gracia en el Cerro del Andévalo (Huelva). Esta edificación conjuga los estilos artísticos correspondientes a las dos etapas básicas de su historia constructiva: el manierista de la segunda mitad del siglo XVI y el barroco de la segunda mitad del XVIII. Asimismo, destaca por su visibilidad en uno de los puntos más elevados del núcleo urbano, junto a otros edificios significativos como el Ayuntamiento y la Capilla de la Santísima Trinidad.
El templo tiene planta de cruz latina, con una única nave de tres tramos, crucero y capilla mayor elevada sobre gradas. Presenta tres portadas, la principal situada a los pies y las otras dos en los muros laterales. La primera de ellas, que sigue el esquema clásico del arco triunfal, se compone de un gran vano de medio punto flanqueado por dos parejas de semicolumnas dóricas y rematado por entablamento dórico y frontón recto. Las portadas laterales se atribuyen al arquitecto mayor del Arzobispado de Sevilla, Hernán Ruiz II, quien posiblemente las diseñara y construyera entre 1562 y 1569.
A las intervenciones del siglo XVIII, realizadas igualmente por los arquitectos del Arzobispado hispalense Andrés de Silva y Antonio Matías de Figueroa, corresponden la capilla sacramental, el coro, la torre, la sacristía y el salón parroquial. En ellas se aprecia la gran riqueza ornamental propia del estilo barroco.
La torre, que se adosa al crucero de la iglesia, conecta estilísticamente con las realizadas en Andalucía siguiendo el modelo de la Giralda sevillana, aunque según el estilo barroco y de acuerdo con el prototipo que se reproduce en iglesias onubenses como las parroquias de La Palma del Condado y Bollullos Par del Condado.
La capilla sacramental y las bóvedas de las dependencias parroquiales contienen decoración de pinturas que imitan materiales pétreos. Las fábricas de los muros, de mampostería con hiladas dobles de ladrillo macizo, aparecen vistas al exterior, mientras que el interior está enfoscado, pintado en blanco y en distintos tonos de ocre.
El decreto de declaración de Bien de Interés Cultural incluye las piezas de orfebrería que se conservan en la iglesia, concretamente cinco cálices de plata fechados entre los siglos XVI y XVIII. Asimismo, establece una zona de protección en torno al monumento que abarca espacios públicos y privados de la plaza de España y de las calles Sor Ángela de la Cruz, Hospital, Monturrio, Pozo, Padre Domínguez y Santa Escolástica.
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