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Consejo de Gobierno, 08/06/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley del nuevo Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (Proteja), que destinará 225 millones de euros a proyectos generadores de puestos de trabajo en colaboración con las entidades locales de la comunidad autónoma.
Como principal novedad, el Proteja, que desde 2009 financia iniciativas para activar las economías locales, extiende ahora su ámbito de actuación para incluir no sólo contratos de obras sino también de servicios. La nueva edición amplía así el perfil de los beneficiarios, anteriormente centrado en el sector de la construcción, y da también prioridad a las necesidades de empleo de las mujeres y de los colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo.
Coordinado por la Consejería de Gobernación y Justicia, el programa implica a los departamentos de Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y Ciencia, y Empleo, así como a los 771 ayuntamientos andaluces y a las ocho diputaciones provinciales. Del presupuesto total previsto, 205 millones de euros se destinan a las entidades locales (181 para los ayuntamientos y 24 para las diputaciones provinciales) y los 20 restantes a la formación de las personas contratadas.
El nuevo Proteja primará los proyectos dirigidos a paliar los daños ocasionados por los temporales del pasado invierno en aquellas localidades donde aún existan infraestructuras afectadas. En cuanto al resto de obras, los consistorios podrán presentar, además de proyectos nuevos, otros ya programados pero no iniciados por insuficiencia financiera en ámbitos como la construcción, reconstrucción, mejora y rehabilitación de infraestructuras municipales, instalaciones públicas y parques y polígonos empresariales, o el desarrollo de infraestructuras tecnológicas y de innovación. Respecto a la contratación de servicios, abarcan también las áreas sanitaria, educativa, cultural y de servicios sociales.
Junto con la ampliación de los ámbitos de actuación, otra novedad destacada es la introducción de medidas para que las contrataciones beneficien al mayor número posible de personas y se realicen con el máximo tiempo de duración. Entre otras disposiciones, se prohíbe emplear por un periodo inferior al de la ejecución del proyecto y se exige que las personas demandantes no hayan tenido relación con la entidad empleadora durante los tres meses anteriores a la oferta de empleo.
En la misma línea, se refuerza el objetivo de que los proyectos financiados den lugar obligatoriamente a nuevos empleos. Se establece así que al menos un 70% del coste de personal de cada iniciativa presentada deberá corresponder a puestos de trabajo de nueva creación. En el caso de las obras, esta partida de personal representará como mínimo el 60% del coste total de ejecución, con la única salvedad -siempre que se justifique- de las actuaciones relacionadas con los daños del temporal.
En relación con las personas aspirantes a ser contratadas, se otorga preferencia a quienes no reciban subsidios ni prestaciones y posean cargas familiares, con especial atención a las mujeres y a colectivos especialmente vulnerables como los parados de larga duración, los mayores de 45 años, los menores de 30 y los discapacitados.
Medidas de control
Igualmente novedosos son los mecanismos que se introducen para garantizar el desarrollo efectivo de los proyectos respaldados. Entre ellos destaca la penalización que se impone a aquellos ayuntamientos que no hayan iniciado antes del próximo 1 de julio sus obras aprobadas correspondientes al anterior programa. En este caso, de los fondos asignados al consistorio en esta segunda edición se le detraerá la parte equivalente a las actuaciones pendientes, con independencia de las prórrogas solicitadas para acometerlas.
Con el objetivo de no perjudicar a las poblaciones de estos municipios, el dinero detraído pasará a ser gestionado por la Diputación Provincial correspondiente, que lo destinará a iniciativas a favor de los desempleados.
Los 181 millones de euros consignados por el Proteja para los ayuntamientos se repartirán en un 20% atendiendo a criterios de población, mientras que el 80% restante se vinculará de manera directamente proporcional a la media del paro registrado entre los meses de mayo de 2009 y abril de 2010. En cualquier caso, se garantiza un mínimo de 12.000 euros para cada consistorio.
De acuerdo con estos criterios generales, la distribución para los ayuntamientos por provincias queda como sigue: Almería, 14,6 millones de euros; Cádiz, 32,2 millones; Córdoba, 16,4; Granada, 19,3; Huelva, 10,8; Jaén, 11,8; Málaga, 34,8, y Sevilla, 40,8.
En cuanto al sistema de pagos, el Decreto-ley introduce diversos cambios. Frente al anterior abono de la cuantía total en el momento de la validación del proyecto, y con el fin de agilizar su desarrollo, la Junta de Andalucía realizará ahora el pago en tres partes. Así, el Ayuntamiento recibirá en concepto de anticipo general el 20% de los fondos asignados al municipio; el 60% en el momento de la adjudicación y el 20% restante una vez justificado el proyecto.
Por su parte, y al igual que en el anterior programa, los ayuntamientos tendrán que pagar a los contratistas en el plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción de las certificaciones de obras o de la realización parcial o total del contrato.
Agilización de trámites
El nuevo Proteja establece también medidas para agilizar plazos y garantizar el inicio inmediato de las actuaciones. Como norma general, todas las obras deberán estar comenzadas en el plazo de cinco meses desde la entrada en vigor del Decreto-ley. Para ello, se unifican en un solo procedimiento los trámites de solicitud y presentación del primer proyecto, que deberán remitirse conjuntamente antes del próximo día 1 de julio y por vía telemática en www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia/PROTEJA. Para las posteriores propuestas de actuaciones, los ayuntamientos tendrán hasta el 15 de agosto. La Junta irá validando los proyectos a medida que los vaya recibiendo y para ello contará con un plazo máximo de 15 días.
Una vez recibido el visto bueno a cada proyecto presentado, los ayuntamientos contarán con un mes para licitar las obras o servicios (anteriormente no se especificaba periodo sino tan sólo una fecha de justificación de los fondos). En los casos de que se incumpla este plazo o de que no se lleguen a presentar propuestas, los fondos pasarán automáticamente a ser gestionados por las correspondientes diputaciones provinciales.
Para el desarrollo de los proyectos, el Decreto-ley establece un plazo máximo de ejecución de 12 meses, prorrogables por otros tres en aquellos en los que se acredite una mayor complejidad.
La última novedad relevante respecto al primer programa iniciado en 2009 es el refuerzo de la implicación de las organizaciones sindicales y empresariales a través de la creación de las Comisiones Provinciales de Participación, que se añaden a la ya existente de ámbito regional.
El programa mantiene, finalmente, el plan formativo que ya se recogía en la primera edición. De acuerdo con esta iniciativa, dotada con 20 millones de euros, los desempleados que finalicen su participación en las obras municipales participarán con carácter obligatorio en cursos de recualificación hacia profesiones emergentes, de tal forma que su paso por el programa signifique una oportunidad real de encontrar un posterior empleo. Aquellos beneficiarios que no cobran ninguna prestación tendrán derecho, además, a recibir una beca durante tres meses, equivalente al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).
Balance
El programa aprobado hoy se enmarca en las medidas anti-crisis que desde febrero de 2008 desarrolla la Junta de Andalucía para inyectar liquidez al sistema productivo, contener la destrucción de empleo y mantener los servicios públicos, que en su conjunto han supuesto unas inversiones de 13.625 millones de euros. Esta segunda edición ha sido consensuada con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía y los sindicatos UGT y CCOO. Asimismo, cuenta con el informe favorable del Consejo Andaluz de Concertación Local.
En su primera edición, que concluye el próximo 30 de junio, el Proteja ha apoyado 2.036 proyectos, de los cuales se encuentran ejecutados o en ejecución un 98,3%. Estas actuaciones han generado 18.800 empleos directos, frente a los 14.943 previstos inicialmente, lo que supone un incremento del 25,8%.
Las obras acometidas en toda Andalucía se han centrado principalmente en la remodelación y construcción de instalaciones (603 proyectos); la mejora de calles, seguridad vial y redes básicas de abastecimiento y saneamiento (990); la conservación del patrimonio municipal (186); la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios y vías urbanas (98), y la mejora de parques y polígonos industriales (63).
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Consejo de Gobierno, 08/06/2010
El Consejo de Gobierno ha acordado suprimir, con carácter general, el requisito de garantía provisional que se exige a las empresas para concurrir a la adjudicación de contratos de la Administración de la Junta de Andalucía y sus entes instrumentales. La medida, que se aplicará durante los años 2010 y 2011 ante las dificultades financieras derivadas de la actual coyuntura económica, tiene como objetivo facilitar la participación privada en los proyectos del sector público autonómico. Su implantación liberará a los licitadores de aportar una cantidad anual de alrededor de 60 millones de euros.
El depósito de la garantía provisional, que puede alcanzar hasta el 3% del presupuesto de licitación, es una de las condiciones que fija la Ley de Contratos del Sector Público para que las empresas puedan presentar sus ofertas. No obstante, el acuerdo del Consejo de Gobierno se adopta conforme a lo previsto en el artículo 91 de esta misma norma, que otorga a los órganos de contratación la facultad de decidir en función de las circunstancias de cada contrato.
Siguiendo el mismo criterio de discrecionalidad, los órganos de contratación podrán ahora exigir la garantía provisional pero sólo con carácter excepcional y siempre que quede suficientemente justificada su necesidad. La cuantía se devolverá de forma inmediata a los licitadores después de la adjudicación.
Respecto a la garantía definitiva que deben constituir las empresas adjudicatarias de los contratos, el acuerdo aprobado por el Consejo establece, de igual modo para 2010 y 2011, que su devolución se adopte y notifique al adjudicatario en el plazo de un mes desde la finalización del plazo, frente a los dos meses que concede la ley.
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Consejo de Gobierno, 08/06/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de Monumento, el antiguo Conservatorio de Música en Málaga. Este edificio, que destaca especialmente por la decoración pictórica de sus salones, se construyó en 1871 como sede del Liceo de la ciudad sobre los restos de un antiguo monasterio franciscano del siglo XV.
A principios del XX el inmueble pasó a albergar el Conservatorio de Música, función que se prolongó hasta que en 1971, con motivo de la construcción de su nueva sede, fue ocupado durante unos años por la comunidad religiosa de las Hermanas Nazarenas. En 1975 fue adquirido por la Caja de Ahorros de Ronda, institución que lo rehabilitó como sede cultural. Actualmente, el edificio se denomina Sala María Cristina y es propiedad de la Fundación Obra Social Unicaja.
Ubicado en la plaza de San Francisco, uno de los espacios fronterizos de la ciudad intramuros, el inmueble conserva del antiguo monasterio la primera crujía, la capilla y la torre gótico-mudéjar (restaurada en 1975). Su fachada principal está precedida por un patio alargado y al que se accede por una reja de forja, de estética neogótica y neorrenacentista, procedente del palacio del Marqués de Valdecañas. La portada, que también perteneció a este edificio, está realizada en mármol blanco y es de estilo barroco.
En el interior destaca la decoración pictórica de estilo ecléctico y academicista, procedente de la época del Liceo y realizada por artistas como José Denis Belgrano, Joaquín Martínez de la Vega y José Nogales Sevilla.
El espacio más representativo es el denominado Salón de Conciertos, situado en la antigua capilla del cenobio. Sus muros presentan una decoración clásica, mediante la alternancia de pilastras corintias con paneles sin decorar, y el techo consta de tres partes con pinturas: en la central se dispone la escena de ‘La coronación de Dante', de Joaquín Martínez de la Vega, y en las laterales ‘La Aurora', del mismo autor, y ‘El tocado de Venus' de José Denis Belgrano.
Otras dependencias de valor artístico son el Salón Mudéjar, amplio espacio cuadrangular con techo artesonado de tableros policromados, y el Salón de los Espejos, que ocupa el antiguo coro de la iglesia conventual y cuyo techo está decorado por una gran pintura al óleo sobre lienzo, que representa la alegoría de la música, de Javier Cappa. De las paredes de esta sala cuelgan espejos de mediano y gran formato de estilo pseudorococó, cuya decoración fue realizada por el pintor José Nogales Sevilla. En el resto de las habitaciones, la decoración sigue la misma tónica con una unidad estética que refuerza el interés artístico del conjunto.
Junto con el edificio, el decreto de inscripción en el Catálogo del Patrimonio Histórico protege 22 bienes muebles, datados su mayoría en la segunda mitad del siglo XIX y entre los que se incluyen pinturas al óleo sobre cristal y lienzo, consolas, lámparas, espejos y otros muebles. Asimismo, se establece una zona de protección en torno al monumento que afecta a espacios públicos y privados de la plaza de San Francisco y de las calles Marqués de Valdecañas, Don Rodrigo y Costa Rica.
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Consejo de Gobierno, 08/06/2010
El Consejo de Gobierno ha otorgado a la entidad Mediaquivir Comunicación, SL, por un plazo de diez años, el canal de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local correspondiente a la demarcación de Lebrija (Sevilla), que dará cobertura a este municipio y a los de Las Cabezas de San Juan y El Cuervo de Sevilla.
Esta decisión se inscribe en la convocatoria de 2006 para la gestión directa del servicio público de TDT por parte de las entidades locales, que tienen reservados programas en las 60 demarcaciones que componen el mapa andaluz de la televisión digital de ámbito local. Trece de ellas, las de más de 150.000 habitantes, cuentan con dos programas de gestión pública: uno para el municipio de referencia y otro para el resto de las localidades. En esa situación están las ocho capitales de provincia y Algeciras, Dos Hermanas, El Ejido, Fuengirola y Jerez de la Frontera, cuyos ayuntamientos obtuvieron sus concesiones de explotación de canales propios en diciembre de 2007.
En el resto de las demarcaciones, al existir sólo un programa público, los consistorios deben acordar mayoritariamente la constitución de entidades para su gestión compartida. La concesión de hoy se suma a las 28 ya otorgadas para la explotación de programas públicos de TDT local. En tramitación se encuentran otras nueve, mientras que 34 han sido declaradas desiertas.
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