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Consejo de Gobierno, 10/01/2012
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo reglamento de los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida, donde se inscriben las personas interesadas en acceder a esta oferta residencial. Como principal novedad, la norma permite a los adjudicatarios rechazar la VPO si no obtienen el préstamo hipotecario, sufren desempleo sobrevenido o el inmueble no se ajusta a sus circunstancias familiares. Estas renuncias no se considerarán voluntarias y, por tanto, se les podrá ofertar con posterioridad una vivienda sin tener que participar en otro procedimiento de selección.
Junto a estas novedades de índole social, el reglamento facilita la inscripción a demandantes que necesiten una casa por motivos justificados, pese a ser propietarios de otra vivienda libre o protegida o inquilinos de una VPO en régimen de arrendamiento. Entre estos motivos figuran el aumento de la composición familiar, una discapacidad que implique movilidad reducida o una situación de dependencia sobrevenida. Estos adjudicatarios han de transmitir el inmueble en propiedad antes de la firma del contrato de la nueva casa, o ponerlo a disposición o ceder el derecho de uso al registro municipal para su posterior adjudicación.
La nueva norma unifica los criterios para la cuantificación y cualificación de la demanda y establece principios generales para la elección de las personas inscritas. Asimismo, amplía el concepto y los modelos de unidad familiar, de tal forma que se considera como tal a aquella que integre a personas en situación de dependencia, al margen de la relación de parentesco que mantengan. En caso de custodia compartida, se autoriza a ambos padres la inscripción del menor en sus solicitudes.
En consonancia con su adaptación a la Ley andaluza de Autonomía Local, el reglamento dota de mayor libertad a los municipios para elegir otros procedimientos de selección de solicitantes, además de los más comunes de baremación, sorteo y antigüedad, siempre que se respeten los principios de igualdad y publicidad. Si los ayuntamientos exigen al demandante más datos, como empadronamiento o residencia en una determinada barriada, esta información adicional podrá otorgar preferencia en la selección pero no será motivo de exclusión. Por otro lado, los demandantes podrán mostrar su interés en formar parte de una cooperativa de viviendas como vía para facilitar su elección.
Los registros municipales permiten caracterizar la demanda de vivienda protegida en función de las necesidades familiares: régimen de venta o alquiler, tipología de inmueble, superficie y distribución, entre otros. Los ciudadanos pueden solicitar una VPO hasta en tres municipios, especificando su localidad de preferencia. El 78,5% de la población andaluza –más de 6,6 millones de habitantes– reside en los 296 municipios donde ya están en funcionamiento estos registros. Hasta el momento, se han inscrito 93.517 solicitudes.
Los ayuntamientos deben someter a valoración de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda las ordenanzas que los regulan como paso previo para la creación de los registros. Hasta el momento, han presentado dicho documento 731 consistorios –casi el 95% del total–, de los que 683 han obtenido informe favorable, mientras que los restantes están en proceso de corrección. La Junta ha impulsado la puesta en marcha de estas bases de datos con subvenciones de 3,48 millones de euros a 508 municipios.
Reglamento de vivienda protegida
El decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno introduce también novedades en el reglamento de vivienda protegida, vigente desde 2006. De este modo, el ayuntamiento pasa a ser la administración competente en la concesión de calificaciones provisionales y definitivas, trámites que con anterioridad realizaba la Junta de Andalucía.
Para estar inscrito en el registro municipal y optar a una VPO se exige con carácter general no ser titular de otra vivienda protegida o libre. La modificación incorpora excepciones si el adjudicatario posee una vivienda que ha dejado de ser habitable y ha sido declarada como infravivienda o en ruina; si la casa no se ajusta a sus circunstancias familiares, o si es titular por herencia o legado de un porcentaje inferior al 25%, siempre que su valor no exceda el 30% del precio máximo de venta fijado en ese municipio para una VPO de régimen general. Con carácter transitorio, también se permite esa excepción a las víctimas de violencia de género o terrorismo.
El reglamento establece que el registro de demandantes es el sistema de selección de los beneficiarios, aunque reconoce a los ayuntamientos la posibilidad de utilizar otros procedimientos de elección para el realojo permanente o transitorio por actuaciones urbanísticas de rehabilitación o renovación urbana; para la adjudicación de viviendas y alojamientos a familias en riesgo de exclusión social, y para las VPO en alquiler destinadas a entidades sin ánimo de lucro.
Por otro lado, se posibilita la realización de permutas entre viviendas protegidas, aunque la Junta de Andalucía renuncia al derecho de tanteo en estos casos, y se exime de la obligación de formalizar contratos de arrendamiento para las VPO cedidas a entidades públicas u organizaciones sin ánimo de lucro para su ocupación rotativa.
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Consejo de Gobierno, 10/01/2012
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la situación de las edificaciones construidas en suelo no urbanizable. La norma establece vías para la legalización o el reconocimiento de estas construcciones, cuando sea posible, en el marco de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía y en función de sus circunstancias físicas y jurídicas particulares.
El decreto distingue, a grandes rasgos, tres supuestos: las edificaciones aisladas, los asentamientos urbanísticos (parcelaciones con entidad suficiente como para necesitar dotaciones y servicios colectivos) y los denominados ámbitos de Hábitat Rural Diseminado (edificaciones con usos y actividades vinculadas al medio rural que también requieren de servicios públicos).
Respecto a las viviendas aisladas, se diferencian las que son legales o legalizables de las que son ilegales. En el caso de estas últimas, la norma introduce también la distinción entre aquellas en las que ha prescrito la posibilidad de ejercer acciones disciplinarias y otras donde dicha prescripción no puede darse por estar ubicadas en suelos protegidos o inundables o por no haber transcurrido el plazo de cuatro años exigidos para que la Administración actúe.
El decreto no es una norma de regularización indiscriminada sino una respuesta concreta acorde a cada situación. De este modo, según los casos, las viviendas que puedan acogerse al procedimiento tendrán la posibilidad bien de obtener una licencia de ocupación o bien de un reconocimiento de acuerdo con la situación jurídica de 'asimiladas a fuera de ordenación', que les permita el mantenimiento de su estado actual y el acceso a servicios como los de suministro de luz y agua.
La licencia de ocupación la podrán obtener las edificaciones que se encuentren en conformidad con el planeamiento –tengan o no licencia urbanística– y reúnan unas condiciones mínimas de habitabilidad y seguridad; las que no son compatibles con el planeamiento pero lo fueron en el momento de su construcción, y todas aquellas que se edificaron antes de 1975 si mantienen el uso y las características tipológicas y no se encuentran en ruina. Esta licencia posibilita su inscripción en el Registro de la Propiedad y la prestación de servicios por parte de las compañías suministradoras.
Por su parte, la figura del reconocimiento asimilado a fuera de ordenación está reservada para construcciones no adecuadas a la Ley y al planeamiento, que no pueden obtener licencia de ocupación y en las que ha prescrito la infracción. Este procedimiento, de competencia municipal, incluye tanto la prescripción como la tolerancia del uso si cumplen las exigencias de seguridad y habitabilidad; el acceso a los servicios de suministro al menos en régimen de autoabastecimiento, y la inscripción en el Registro de la Propiedad con esas condiciones.
Finalmente, para los asentamientos urbanísticos y los ámbitos de Hábitat Rural Diseminado, la norma remite al planeamiento municipal el establecimiento de las condiciones y procedimientos de legalización, siempre que los propietarios asuman los costes de urbanización e infraestructuras básicas.
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Consejo de Gobierno, 10/01/2012
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Sur de la provincia de Córdoba, que establece las directrices para el crecimiento equilibrado de esta zona, integrada por 31 municipios de las mancomunidades de la Campiña Sur; Guadajoz y Campiña Este, y Subbética. Las estrategias propuestas prevén inicialmente unas inversiones públicas de 1.067,9 millones de euros para aprovechar las ventajas derivadas de la centralidad y el dinamismo productivo de este territorio, de 3.400 kilómetros cuadrados de superficie y 275.433 habitantes.
El documento recoge como principales objetivos incrementar la cohesión territorial de la comarca; preservar las zonas que deben quedar excluidas del proceso de urbanización por sus valores ambientales, paisajísticos y culturales; identificar las zonas de oportunidad para el desarrollo de usos y actividades productivas de interés supralocal, y establecer una red de espacios de uso público recreativo.
Esta red estará integrada por los parques comarcales del Cerro de La Atalaya y El Calvario (Cabra), San Cristóbal (Lucena) y Fluvial del Río Cabra (Montilla y Aguilar de la Frontera), así como por la Vía Verde de la Subbética y las rutas fluviales de los ríos Cabra, Genil y Guadajoz.
A estos enclaves se suman otros asociados a recursos culturales, como El Ruedo (Almedinilla), Torreparedones (Baena y Castro del Río), Fuente Álamo (Puente Genil) y la Cuenca Baja del Río Salado.
El plan determina ocho grandes ámbitos de crecimiento para el desarrollo de actividades industriales, logísticas, comerciales y de servicios en los municipios de Aguilar de la Frontera, Baena, Fernán Núñez, La Rambla, Lucena, Luque, Priego de Córdoba y Puente Genil. Estos espacios aprovechan sus buenas comunicaciones con las aglomeraciones urbanas de Córdoba, Granada, Jaén, Málaga y Sevilla a través de infraestructuras como la Autovía del Olivar, la A-45 o la estación del AVE de Puente Genil-Herrera.
En relación con el desarrollo turístico, el documento prevé la dotación de 26 nuevas instalaciones vinculadas al medio rural y a la revalorización de sus recursos naturales y culturales, entre ellas las de la Cueva del Ángel (Lucena), el río Caicena (Almedinilla), las cisternas romanas de Monturque y el patrimonio etnológico de Montilla.
En el capítulo de comunicaciones y transportes, la nueva planificación incluye proyectos para mejorar la accesibilidad exterior y la articulación interior, el sistema interurbano de transporte público y el de mercancías por ferrocarril, así como para favorecer la intermodalidad.
Red viaria
En la red viaria, se prevé la finalización de las autovías del Olivar y A-81 (Badajoz-Córdoba-Granada); el tramo de la A-379 desde La Guijarrosa a la A-4, y la A-386 por el sur de Montalbán de Córdoba hasta el nuevo enlace sobre la A-45 en Montilla y su conexión con la A-307.
Para favorecer la accesibilidad interior, se propone la construcción de las variantes de Valenzuela (A-305), El Cañuelo y Las Angosturas en Priego de Córdoba (A-333), Oeste de Rute (A-331) y Nueva Carteya (CO-5206), entre otras. Asimismo, el plan prevé el acondicionamiento de viarios como la CO-3303 (La Rambla–San Sebastián de los Ballesteros), la A-344 (Encinas Reales–Rute) y la A-379 en sus tramos Puente Genil–Lora de Estepa y Santaella–La Guijarrosa.
En el ámbito del transporte público, el documento incluye los proyectos de un intercambiador en Puente Genil y nuevas estaciones de autobuses en Aguilar de la Frontera, Castro del Río, Fernán Núñez, Lucena y Rute, así como en todas aquellas localidades que durante la vigencia de la plan superen los 8.000 habitantes.
Finalmente, en el capítulo de infraestructuras hidráulicas, los principales proyectos son la construcción de depuradoras en 13 municipios y la ampliación de la existente en Lucena. Asimismo, el plan establece los criterios de compatibilidad de las instalaciones de energías renovables en las zonas de protección territorial.
Los municipios que componen el ámbito del POT son Aguilar de la Frontera, Almedinilla, Baena, Benamejí, Cabra, Carcabuey, Castro del Río, Doña Mencía, Encinas Reales, Espejo, Fernán Núñez, Fuente-Tójar, Iznájar, Lucena, Luque, Montalbán de Córdoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva Carteya, Palenciana, Priego de Córdoba, Puente Genil, La Rambla, Rute, San Sebastián de los Ballesteros, Santaella, Valenzuela, La Victoria y Zuheros.
El documento aprobado hoy forma parte del conjunto de planes de ámbito subregional previstos por la Junta para consolidar un modelo territorial equilibrado en el litoral, en las áreas metropolitanas y en las del interior con especiales características socioeconómicas. Diecisiete ya han sido aprobados y cubren el 66% de la población andaluza, uno está en tramitación y cuatro se encuentran formulados y en redacción.
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Consejo de Gobierno, 10/01/2012
El Consejo de Gobierno ha aprobado el manual de instrucciones sobre las funciones de los miembros de las mesas electorales en los comicios al Parlamento de Andalucía de 2012.
Este documento, cuya elaboración por parte de la Administración autonómica es obligatoria de acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, está supervisado por la Junta Electoral Central y contiene instrucciones relativas a la constitución de las mesas, procedimiento de votación, escrutinio y preparación de documentación electoral, normas de orden público, así como comprobación de urnas, cabinas, sobres, papeletas y condiciones de los locales, entre otras.
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Consejo de Gobierno, 10/01/2012
El Servicio de Emergencias 112 ha atendido durante la presente legislatura 26 millones de llamadas, además de obtener una valoración media de 8,4 puntos por parte de la ciudadanía. Así se recoge en el informe presentado hoy ante el Consejo de Gobierno por el titular de Gobernación y Justicia, Francisco Menacho, que ha destacado la consolidación de este sistema integral de protección y seguridad gestionado por la Junta.
Durante los últimos cuatro años, la Administración autonómica ha invertido 21,5 millones de euros en nuevas infraestructuras para la gestión de emergencias, con proyectos destacados como la nueva sede de los Grupos de Rescate y Emergencia de Andalucía (GREA) en Noalejo (Jaén), la Base de Operaciones del GREA de Los Palacios (Sevilla), el Centro de Coordinación de Jaén y el Centro Regional de Sevilla. La Consejería de Gobernación y Justicia ha destinado además 6,8 millones de euros al desarrollo de una nueva plataforma informática para facilitar una respuesta más eficaz ante incidencias.
En el ámbito de la prevención de riesgos, destaca también la revisión en 2011 del Plan Territorial de Emergencias de Andalucía (PTE-And), vigente desde 1999, para adaptarlo a las actuales demandas. El nuevo instrumento mejora la operatividad de los procedimientos de gestión, actualiza el catálogo de tipos de riesgo y establece nuevas medidas y pautas de prevención y de actuación en aquellas situaciones que suponen un peligro para la integridad de las personas, los bienes o el medio ambiente.
Junto con el PTE-And, durante esta legislatura también se han aprobado, entre otros, los tres planes de emergencias ante riesgos por incendios forestales, sísmicos y por contaminación (este último pionero en España y de referencia para otras comunidades autónomas). Además, la Junta ha facilitado la elaboración de 99 planes municipales de emergencias, que cubren ya al 80% de la población andaluza (6,6 millones de habitantes).
En cuanto a las políticas municipalistas desarrolladas durante la VIII Legislatura, el informe presentado por el consejero subraya la entrada en vigor de las nuevas leyes de autonomía local y el impulso a la soberanía municipal a través de los Consejos Andaluces de Gobiernos Locales y Concertación Local.
La nueva legislación ha supuesto duplicar los recursos que la Junta destina a los ayuntamientos en forma de financiación incondicionada, es decir, respetando sus decisiones y prioridades de gasto. La implantación en 2011 del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma de Andalucía (Patrica) elevó de 200 a 420 millones de euros anuales este tipo de apoyo económico, que sobresale como el de mayor volumen entre el conjunto de las comunidades autónomas españolas. A diferencia del anterior Fondo de Nivelación, cuyos criterios variaban cada año en función de las prioridades presupuestarias, la Patrica garantiza la inclusión de unas partidas regulares en las cuentas andaluzas. La Junta incrementa la cantidad inicial en 60 millones de euros cada ejercicio hasta alcanzar los 600 millones en 2014.
Plan Proteja
Otra iniciativa destacada de la legislatura ha sido el desarrollo del Programa de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA), un instrumento de ayuda complementaria al Plan E, que ha generado la creación de 32.751 empleos y financiado 4.100 obras, con una inversión total de 505 millones de euros.
Por su parte, el Programa para el Fomento del Empleo Agrario (PFEA) ha beneficiado a 363.417 trabajadores, con siete millones de jornales y la financiación de 8.424 obras. Las subvenciones autonómicas a las diputaciones provinciales para el pago de los materiales de los proyectos han alcanzado los 195 millones de euros.
En el ámbito de la Justicia, desde que Andalucía asumió las competencias en 1997, el presupuesto se ha incrementado en 380 millones de euros, (42 millones solo en esta legislatura); la plantilla de funcionarios en 2.487 (650 en los últimos cuatro años) y la dotación de órganos judiciales en 217 (de ellos 67 durante este mismo periodo). De este modo, entre otros datos, la ratio de jueces por cada 100.000 habitantes ha pasado de 7 a 9,9, por encima de comunidades como Valencia o Madrid.
Por otra parte, la Administración autonómica ha desarrollado un plan de modernización de sedes judiciales que ha supuesto la creación de 12 nuevas, la reforma de 11 y una inversión de 76,5 millones de euros.
La incorporación de las nuevas tecnologías en la Administración de Justicia se ha traducido en la creación de 13.549 puntos de conexión a la red infomática judicial, 117 nuevos sistemas de viedeoconferencia y 174 sistemas de grabación de vistas. La informatización de la sedes judiciales ha conllevado una inversión de 35 millones de euros durante la legislatura. Asimismo, se han implantado nuevos sistemas de alarma en expedientes de violencia de género, notificaciones telemáticas y consultas de bases de datos judiciales y sentencias.
El Servicio de Asistencia Jurídica Gratuita ha atendido a unos 600.000 ciudadanos durante los cuatro últimos años, con 11.300 profesionales implicados y una inversión total de 164 millones de euros. El objetivo de acercar la Justicia a la ciudadanía se completa con iniciativas como la creación del Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo o el Decreto de la Nueva Oficina Judicial que será elevado al Consejo de Gobierno en el primer trimestre de este año.
Finalmente, los 1,7 millones de ciudadanos andaluces que viven fuera de la comunidad se han beneficiado de la aprobación del Estatuto de Andaluces en el Mundo y del Plan Integral 2009-2012, dotado con 64,5 millones de euros.
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