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Consejo de Gobierno, 10/04/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Protección del Origen y de la Calidad de los Vinos de Andalucía, la primera normativa de la comunidad en esta materia y que permitirá la regulación del sector en el ámbito del nuevo Estatuto de Autonomía, que le atribuye competencia exclusiva sobre denominaciones de origen y otras menciones de calidad.
El marco jurídico que establece la nueva norma servirá para fortalecer la defensa de las denominaciones tradicionales de Andalucía frente al uso fraudulento por parte de operadores extracomunitarios.
El proyecto de Ley se estructura en cinco grandes bloques, que definen las figuras de calidad y sus niveles de protección, la configuración de los órganos de gestión, control y certificación, así como el régimen sancionador.
Como novedades, destaca la consideración de los nombres geográficos protegidos, y en especial de las denominaciones, como bienes de dominio público de titularidad exclusiva de la Comunidad Autónoma.
El proyecto de Ley establece distintos niveles de protección, diferenciando entre vinos de mesa, con derecho a la mención Vinos de la Tierra, y vinos de calidad producidos en determinadas zonas. Éstos a su vez pueden ser de Calidad con Indicación Geográfica o Vinos con Denominación de Origen (DDOO), que podrá ser calificada. En este último caso se exigen los mismos requisitos que en las de Origen pero además que hayan transcurrido, al menos, diez años desde su reconocimiento y que comercialice todo el vino embotellado desde bodegas ubicadas en esa zona. La última categoría corresponde a los Vinos de Pago, inscritos dentro de las denominaciones de origen pero originarios de una zona con características de suelo y microclima propias que los diferencian de otros de su entorno.
Tanto los Vinos de la Tierra como los de Calidad producidos en regiones determinadas deberán contar con un pliego de condiciones que incluirá, como mínimo, la definición de los productos protegidos, delimitación de la zona de producción y elaboración, variedades de vid, técnicas de cultivo y rendimiento máximo autorizado, características físico-químicas e indicaciones organolépticas de los productos y unas exigencias mínimas de control para la concesión y el mantenimiento de la certificación.
Órganos de gestión
Respecto a la configuración de los órganos de gestión, el proyecto de Ley establece la obligación de los operadores de un vino con indicación geográfica, Denominación de Origen, Denominación de Origen Calificada y, en su caso, Vino de Pago, a inscribirse en un órgano de gestión y someterse a un sistema de control. Los vinos de mesa con derecho a la mención Vino de la Tierra no están obligados a tener un órgano de gestión, pero sí someterse a estos controles.
En el caso de los vinos de calidad con indicación geográfica, los órganos de gestión son de naturaleza privada, mientras en los vinos con Denominación de Origen y Denominación de Origen Calificada se rigen como una Corporación de derecho público, quedando reservado el término 'Consejo Regulador' a estos últimos.
Respecto a los sistemas de control y certificación, el texto del proyecto establece que el control de los vinos de mesa con derecho a mención Vinos de la Tierra se realizará por organismos independientes, mientras que la Denominaciones de Origen o las DDOO Calificadas podrán optar por organismos independientes o por un órgano de la Denominación de Origen. En este caso, el control debe estar separado de la gestión y sin dependencia jerárquica ni administrativa del Consejo Regulador.
En todos los casos, los organismos de control y los laboratorios deberán estar acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) y autorizados por la Consejería de Agricultura y Pesca.
Para que un vino de mesa pueda utilizar la mención Vino de la Tierra, acompañada de una indicación geográfica, debe cumplir una serie de condiciones y además los operadores deberán someterse a un sistema de control llevado a cabo por organismos independientes.
Para Denominaciones de Origen, entre otros requisitos, se necesita un reconocimiento previo como vinos de calidad con indicación geográfica de al menos 5 años y de al menos 10 años como DDOO para convertirse en DDOO Calificadas.
El último bloque de la futura Ley de Protección del Origen y de la Calidad de los Vinos de Andalucía establece medidas cautelares en las inspecciones y ante el incumplimiento por parte de los órganos de gestión y de control.
Denominaciones
Las primeras denominaciones de origen de vinos nacieron en Andalucía, donde el sector se orienta fundamentalmente hacia la producción de vino de calidad, lo que determina unas labores de cultivo muy especializadas. Los vinos más característicos han sido tradicionalmente los generosos y los dulces, elaborados mediante un singular proceso de criaderas y soleras. No obstante, y como respuesta a las demandas del mercado, el sector ha diversificado su producción en los últimos años.
El 72% del viñedo andaluz destinado a vinificación (37.000 hectáreas) está amparado por una de las seis denominaciones de origen reconocidas en la comunidad autónoma, controladas por sus correspondientes consejos reguladores: Montilla-Moriles, Jerez-Xerès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Condado de Huelva, Málaga y Sierras de Málaga.
Además, existen otras zonas productoras protegidas por alguna de las 13 Menciones de Vinos de la Tierra que hay en Andalucía: Bailén, Cádiz, Contraviesa-Alpujarra, Laújar-Alpujarra, Norte de Granada, Granada Sur-Oeste, Cádiz, Desierto de Almería, Ribera del Andarax, Sierra Sur de Jaén, Córdoba, Sierra Norte de Sevilla y Los Palacios.
Aunque hay viñedos en todas las provincias, las de mayor presencia son Cádiz (10.769 hectáreas), Córdoba (8.982), Huelva (6.540), Granada (5.000) y Málaga (2.658). La actividad vitivinícola aporta alrededor del 3,4% de la producción final agraria en la comunidad autónoma.
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Consejo de Gobierno, 10/04/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo decreto de ampliación del Plan de Medidas de Apoyo a las Familias Andaluzas, vigente desde 2002 y que desde el pasado año tiene carácter indefinido. Con las mejoras acordadas, la inversión prevista para 2007 alcanzará los 432,5 millones de euros (un 10% más que en el ejercicio anterior), elevará a 1.600 millones el gasto total del periodo 2002-2007 y situará en 850.000 la cifra de familias potencialmente beneficiarias.
Entre otros objetivos, las medidas de apoyo se dirigen a favorecer la compatibilidad entre vida laboral y vida familiar a través de un sistema integral de ayudas y servicios en los ámbitos de la educación, la salud, la vivienda, las nuevas tecnologías, el empleo y la atención social.
Las novedades que recoge el decreto se centran en las ayudas para nuevas tecnologías de la información y adecuación de viviendas de personas mayores o con minusvalía, así como en el acceso a los centros de atención socioeducativa (guarderías infantiles).
En el primero de estos aspectos, la norma aprobada hoy establece la extensión a todos los municipios andaluces de las ayudas para financiar la conexión a internet en los hogares, con una bonificación de entre el 50% y el 100% de la tarifa y del software de formación. Hasta ahora, la aplicación de estos incentivos se limitaba a las poblaciones de menos de 50.000 habitantes.
En cuanto a las ayudas para adecuación funcional de viviendas que constituyen residencia habitual de personas mayores o con minusvalía y movilidad reducida, el decreto aumenta de 1.800 a 2.000 euros el límite del presupuesto subvencionable de las obras.
La tercera de las novedades consiste en posibilitar el acceso a las plazas de guarderías infantiles en cualquier momento del año, en función de las vacantes que se vayan produciendo. En el curso 2007/2008, la Junta ofertará 5.000 nuevas plazas.
Del resto de las previsiones del Plan de Apoyo a las Familias para este año, destaca la incorporación de 435 nuevos centros docentes y 100.000 alumnos a los programas de ampliación de horarios, aula matinal, comedores y actividades extraescolares. Con ello, durante el curso 2007/2008 estas medidas se aplicarán en un total de 1.795 centros docentes y podrán beneficiar a medio millón de escolares.
De igual modo, continuará la implantación progresiva de la gratuidad de los libros de texto, que actualmente ya es efectiva en todos los ciclos de Primaria. Para el próximo curso se prevé su extensión a 1º y 3º de Educación Secundaria Obligatoria, lo que supondrá beneficiar a más de 220.000 nuevos alumnos.
Asimismo, dentro del Programa Idioma y Juventud, la Junta facilitará el curso que viene 5.500 estancias en países de la Unión Europea para jóvenes andaluces con edades comprendidas entre los 16 y los 20 años. Más de 24.000 estudiantes se habrán beneficiado de este programa en el periodo 2002-2007.
Finalmente, respecto a las medidas de apoyo a las familias en el ámbito sanitario, este año se extenderá a toda la población de personas mayores de 65 años –en torno a 1.100.000– el derecho al denominado Examen Anual de Salud, que comenzó en 2006 con 300.000 andaluces.
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Consejo de Gobierno, 10/04/2007
La Consejería de Gobernación asumirá las competencias que hasta ahora tenía atribuidas la Consejería de Justicia y Administración Pública sobre los funcionarios municipales denominados de habilitación estatal, que desempeñan las labores de Secretaría, Intervención y Tesorería en las corporaciones locales.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy este traspaso, con el que se busca una mayor racionalización administrativa, dado que la Consejería de Gobernación aglutina todas las atribuciones de la Junta en relación con los ayuntamientos (coordinación con las corporaciones, gestión de las competencias autonómicas en materia de administración local y representación en la Conferencia Sectorial para Asuntos Locales).
Las potestades de la Junta sobre los secretarios municipales, interventores y tesoreros se limitan al nombramiento provisional de estos funcionarios en caso de que se produzcan vacantes en algún municipio y hasta que la Administración central realice la convocatoria de la oposición. Además, la Junta autoriza permutas de plazas y se encarga de la formación de los profesionales en colaboración con el Estado.
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Consejo de Gobierno, 10/04/2007
El Consejo de Gobierno ha declarado la prevalencia de utilidad pública vial el tramo primero de la carretera La Norieta-Malpica y del ramal de enlace con El Portil, en la costa occidental de Huelva, de acuerdo con los requisitos establecidos en la declaración de impacto ambiental de estos proyectos.
La primera de estas carreteras conectará el enlace de Malpica en la autovía A-497 (Huelva-Punta Umbría) con el acceso norte a El Portil. La segunda enlazará la conexión Norieta-Malpica con El Portil mediante un nuevo ramal por el norte que permitirá circular con mejores condiciones de seguridad durante los meses de verano en la A-497 y en la carretera de la costa.
Como medida preventiva y para evitar atropellos de animales, estos tramos se someterán a un vallado cinegético metálico. También se habilitará un paso de fauna. Otras medidas correctoras previstas hacen referencia a la restauración del bosque afectado por los movimientos de tierra, para lo cual se plantarán sabinas, alcornoques y arbustos.
En cuanto a las medidas compensatorias, los proyectos incluyen la restauración paisajística de las zonas alteradas por la obras y la adecuación de un carril bici con un itinerario botánico integrado por plantaciones de especies del litoral de Huelva.
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Consejo de Gobierno, 10/04/2007
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy la imposición de cuatro sanciones, de 15.000 euros cada una, a la empresa Inversiones Aguacor, SL, por reincidencia en la venta de alcohol fuera del horario permitido en tres establecimientos de su titularidad situados en Córdoba.
Para la imposición de las multas, el Consejo se ha basado en los informes de la Policía Local que prueban la comisión de estas infracciones los días 6 y 8 de octubre de 2005 y 21 y 30 de abril de 2006.
La normativa autonómica en materia de prevención del consumo de drogas prohíbe la venta, suministro y distribución de bebidas alcohólicas entre las 22.00 y las 8.00 en establecimientos que no se dediquen a la restauración y la hostelería.
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Consejo de Gobierno, 10/04/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de hoy los siguientes nombramientos y ceses:
– Blanca Alcántara Reviso sustituye a Gemma Araujo Morales como delegada de Justicia y Administración Pública en Cádiz.
– Mercedes Mayo González sustituye a Esteban Morales Sánchez al frente de la Delegación de Justicia y Administración Pública en Córdoba.
– Manuel León López sustituye a David Avilés Pascual como delegado de Empleo en Jaén.
– Carmen Lloret Miserachs sustituye a José Martín Gómez al frente de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social en Huelva.
– Carmen Álvarez Arazola sustituye a Simona Villar García como delegada de Igualdad y Bienestar Social en Jaén.
– Gemma Araujo Morales sustituye a Isabel Gómez García como delegada de Medio Ambiente en Cádiz.
– Marina Martín Jiménez sustituye a Gerardo Sánchez Escudero al frente de la Delegación de Medio Ambiente en Granada.
Asimismo, el Consejo ha aprobado los ceses de María Luisa Faneca López como directora general de Pesca y Acuicultura, Pedro Fernández Peñalver como delegado de Obras Públicas y Transportes en Granada y Domingo Sánchez Rizo como delegado de Turismo, Comercio y Deporte en Cádiz.
BLANCA ALCÁNTARA REVISO, DELEGADA DE
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN CÁDIZ
Blanca Alcántara Reviso (Jerez de la Frontera, 1954) es diplomada en Magisterio. Parlamentaria en la Cámara andaluza de 1990 a 2004, ha sido portavoz de Administración Local en el Parlamento. Entre 1994 y 1996 fue secretaria general del Grupo Parlamentario Socialista.
MERCEDES MAYO GONZÁLEZ, DELEGADA DE
JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN CÓRDOBA
Mercedes Mayo González (Córdoba, 1957) es licenciada en Derecho y doctora en la especialidad de Derecho Público por la Universidad de Córdoba. Funcionaria de carrera del Cuerpo de Letrados del Ayuntamiento de Córdoba, desde julio de 2002 ocupaba el cargo de secretaria general de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Miembro del Consejo Asesor de la Oficina del Ciudadano de la Diputación Provincial de Córdoba, ha ejercido durante diez años como profesora en la Escuela de Práctica Jurídica.
MANUEL LEÓN LÓPEZ, NUEVO DELEGADO DE LA
CONSEJERÍA DE EMPLEO EN LA PROVINCIA DE JAÉN
Manuel León López, natural de Jaén, es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada, y actualmente ostentaba la Alcaldía del municipio jiennense de Alcalá la Real, en cuyo Ayuntamiento ha ocupado diversas áreas de responsabilidad desde 1991. En la actualidad es vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Rural de la Sierra Sur y representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias en la Comisión Provincial del Servicio Andaluza de Empleo en Jaén.
CARMEN LLORET MISERACHS, DELEGADA
DE IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN HUELVA
Carmen Lloret Miserachs, nacida en 1964 en Igualada (Barcelona), es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla. Ingresó en la Administración de la Junta de Andalucía en 1986 y actualmente ocupaba el cargo de secretaria general técnica de la Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en Huelva. Es autora de numerosas publicaciones sobre la situación de la mujer en Iberoamérica.
CARMEN ÁLVAREZ ARAZOLA, DELEGADA DE
IGUALDAD Y BIENESTAR SOCIAL EN JAÉN
Carmen Álvarez Arazola nació en la localidad jiennense de Arjona en 1956 y es diplomada en Magisterio en la especialidad de Ciencias Sociales. Actualmente ocupaba el cargo de alcaldesa de Arjona. Ha sido miembro del Consejo de Administración de la Caja de Jaén y representante de los ayuntamientos en el Consejo de los Poderes Locales y Regionales de Europa.
GEMMA ARAUJO MORALES, DELEGADA
DE MEDIO AMBIENTE EN CÁDIZ
Gemma Araujo Morales nació en La Línea de la Concepción (Cádiz) en 1979 y es licenciada en Derecho por la Escuela Universitaria Francisco Tomás y Valiente. En su trayectoria profesional destaca su participación en diversos cursos especializados en la Unión Europea y el Magreb. Desde 2004 y hasta la fecha ha sido delegada de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Cádiz. Anteriormente fue concejal del Ayuntamiento de la Línea de la Concepción (2003-2004).
MARINA MARTÍN JIMÉNEZ, DELEGADA
DE MEDIO AMBIENTE EN GRANADA
Marina Martín Jiménez (Granada, 1968) es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada. Actualmente ocupaba el puesto de directora de la Unidad Territorial de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico de Santa Fe. Como coordinadora del Área de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Chauchina, ha desarrollado programas de formación y recursos humanos, gestión de proyectos, orientación y asesoramiento laboral y educativo, así como de investigación, análisis y dinamización.
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