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Consejo de Gobierno, 10/06/2003
El Parlamento de Andalucía fue pionero en España en la celebración anual de los llamados ‘Debates del Estado de la Comunidad’. Ello fue en su día, y lo continúa siendo hoy, reflejo del dinamismo de la Cámara andaluza como eje básico de nuestra vida política en el que se recoge la enorme pluralidad de ideas, intereses y territorios de la Comunidad Autónoma.
El próximo Debate sobre el Estado de la Comunidad, para cuya celebración es preceptiva la presente Comunicación del Consejo de Gobierno al Parlamento de Andalucía, se celebrará, además, cuando aún resuenan los ecos de la reciente conmemoración del XXV aniversario de la constitución de la Junta de Andalucía, en mayo de 1978. Dicho aniversario constituye un momento propicio para efectuar una evaluación reflexiva sobre esta etapa de autogobierno, en la que la autocrítica y la ambición por nuevas metas no esté reñida con el reconocimiento honesto y sin sectarismos de los avances logrados por Andalucía.
Este debate sobre el estado de la Comunidad será el tercero de la actual legislatura y el último antes de las próximas elecciones autonómicas. Esta cita parlamentaria, pues, puede y debe servir de balance de la gestión de tres años de legislatura y de impulso para los meses que restan para su conclusión.
Los resultados del esfuerzo de los andaluces son alentadores. Con el diálogo como instrumento inexcusable, Andalucía ha consolidado su crecimiento económico pese a la actual fase de desaceleración. Este mantenimiento del diferencial positivo incluso en momentos recesivos supone un indicio de cambio estructural en la economía andaluza, que históricamente ha tendido a crecer más que la media en momentos alcistas de la economía pero de forma paralela retrocedía más acentuadamente en momentos de crisis.
Este crecimiento sostenido en el tiempo, ha permitido, de un lado, el fortalecimiento del empleo, con más de 300.000 puestos de trabajo creados en lo que va de legislatura, más del 20% del total nacional. De otro, Andalucía no sólo ha consolidado el Estado del Bienestar sino que lo ha ampliado con nuevas políticas sanitarias, educativas, culturales, de integración de mujeres y jóvenes, potenciando un modelo de desarrollo equilibrado desde un punto de vista social, territorial y de defensa y protección del medio ambiente.
Pero el reconocimiento de los innegables avances de Andalucía no puede servir ni para obviar las dificultades que, fruto de un pasado tremendamente difícil, aún persisten en nuestra Comunidad ni para distraernos ante los grandes retos que enfrenta Andalucía en el nuevo milenio, que comenzó al compás de la legislatura.
El futuro de Andalucía, en efecto, aparece lleno de expectativas e incertidumbres derivadas del proceso de globalización, que los andaluces reclamamos sea más justo y equitativo, con un control adecuado de los movimientos migratorios y oportunidades de desarrollo en todas las zonas del mundo; de la vertiginosa extensión de las nuevas tecnologías, a cuyas demandas debemos adecuar nuestro aparato productivo; de la ampliación de Europa, que conlleva nuevas oportunidades y también exigencias; y de un nuevo contexto internacional marcado por los desequilibrios económicos y sociales y sus secuelas, a veces terribles, en el ámbito de la seguridad y la paz en el mundo. Especialmente en el ámbito mediterráneo, Andalucía debe contribuir a la estabilidad y al diálogo entre culturas.
El peso y la influencia de Andalucía fuera y dentro de España dependerá en gran medida de nuestra determinación, de nuestro compromiso en todos los ámbitos: la educación, la investigación científica, la innovación tecnológica, la incorporación a la Sociedad del Conocimiento, la apuesta por la calidad en todos los ámbitos productivos, la mejora en la eficacia y transparencia de las Administraciones, etc.
Pero igualmente es obligado que el Estado no renuncie a su papel equilibrador y que, además de culminar el proceso de transferencias pendientes para Andalucía y de atender las deudas reconocidas y no saldadas con nuestra comunidad, ejerza su papel constitucional con políticas territoriales acordes con un modelo de desarrollo que no deje al albur de las comunidades autónomas la cohesión social y económica de España. El reequilibrio de las partes sólo puede hacerse desde el todo.
Desde Andalucía debemos dar una respuesta propia a todos estos retos. Y el Debate sobre el Estado de la Comunidad es una buena ocasión para que el Gobierno y todos los grupos parlamentarios aporten propuestas y soluciones de futuro para Andalucía.
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Consejo de Gobierno, 10/06/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003- 2007, que prevé 250.000 proyectos en promoción de vivienda protegida, obras de rehabilitación y dotación de suelo residencial. Estas intervenciones beneficiarán a más de medio millón de andaluces y movilizarán unos recursos económicos de 5.000 millones de euros, de los cuales 1.400 corresponderán a la inversión presupuestaria de la Junta de Andalucía y el resto será generado a través de convenios con entidades financieras.
En comparación con planes anteriores, la formulación de la política de vivienda para los próximos años incluye como principal novedad la firma de acuerdos de cesión de suelo gratuito o a bajo precio para construcción de viviendas protegidas con los ayuntamientos de las 164 poblaciones andaluzas de mayor relevancia territorial (las de más de 20.000 habitantes y las situadas en el litoral y en las áreas metropolitanas). Con esta medida, la Junta pretende mantener la oferta de viviendas protegidas e incidir en el mercado para suavizar las subidas de precios que registra el sector inmobiliario.
Igualmente novedosa es la creación de la denominada Reserva de Eficacia, figura con la que se destinarán cupos adicionales de proyectos de vivienda protegida para aquellas entidades locales que hayan cumplido los objetivos inicialmente planteados en sus acuerdos con la Junta de Andalucía. Esta reserva estará dotada con una financiación adicional equivalente al 20% del total de las inversiones que prevé generar el plan.
El documento aprobado hoy también introduce medidas para apoyar a las familias de rentas medias que hasta ahora no podían acceder a la vivienda protegida y que, sin embargo, quedaban fuera del mercado libre debido a los elevados precios del sector inmobiliario. Además, mantiene las prioridades establecidas en el plan anterior en relación con los jóvenes, las personas mayores, la integración social de los colectivos más desfavorecidos, la recuperación de barriadas y la puesta de las viviendas desocupadas en el mercado de alquiler.
De las 250.000 intervenciones programadas para el próximo quinquenio, 60.000 corresponden a viviendas en venta, 20.000 a alquiler y 100.000 a rehabilitación. En materia de suelo, el plan prevé el desarrollo de 20.000 actuaciones, mientras que las 50.000 restantes se destinan a la citada Reserva de Eficacia.
Vivienda protegida
En el apartado de vivienda protegida para venta se crea una nueva figura de apoyo destinada a familias con ingresos medios, de hasta 4 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Con ella se dará cobertura a un importante segmento de población que actualmente queda fuera del mercado libre debido a los altos precios y tampoco puede acceder a las viviendas protegidas por sobrepasar los topes de ingresos fijados hasta ahora.
Esta oferta, que se aplicará principalmente en suelos procedentes de las reservas municipales de suelo residencial, prevé la construcción de viviendas de entre 70 y 90 m2 de superficie, ampliable hasta los 120 m2 en el caso de que se destinen a familias numerosas. Los precios de las primeras oscilarán entre los 55.300 y los 105.078 euros, en función del municipio y de la dotación de garajes y trasteros.
Por su parte, las viviendas para unidades familiares con ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI tendrán como norma general una superficie máxima de 70 m2, ampliable a 90 m2 en el caso de familias numerosas, y unos precios de entre 50.104 y 70.705 euros. Los adjudicatarios se beneficiarán de la concesión de un préstamo cualificado y de una ayuda para la cuota de entrada. En el caso de que sus rentas se sitúen por debajo de las 1,5 veces el SMI, podrán contar además con una ayuda autonómica extraordinaria equivalente al 6% del precio de la vivienda, que se destinará a rebajar la cuota mensual hipotecaria.
Los jóvenes menores de 35 años recibirán una ayuda suplementaria de 600 euros para gastos de escritura, mientras que los adjudicatarios de viviendas públicas en alquiler que compren una vivienda en propiedad podrán percibir una subvención de 7.500 euros.
Alquiler
En el capítulo de alquiler, el plan establece cinco líneas de intervención. La primera de ellas facilitará la construcción de viviendas para familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI, mediante la subsidiación durante diez años al promotor de un 30% del préstamo bancario cualificado que se le conceda. Estas viviendas tendrán una superficie de 70 m2 (90 m2 para familias numerosas) y unas rentas mensuales de entre 139 y 196 euros.
En segundo lugar, y como novedad destacada, se prevé la creación de ‘Bolsas de Alquiler’ en las principales poblaciones andaluzas para fomentar el arrendamiento de viviendas desocupadas. Estas bolsas serán gestionadas por entidades públicas o sin ánimo de lucro que garantizarán al arrendador tanto el cobro de la renta (un máximo de 5,5 euros por m2) como el mantenimiento de la vivienda.
Igualmente novedosa es la creación de la figura de los Alojamientos de Protegidos en Alquiler, unidades habitacionales a medio camino entre la vivienda individual y la residencia colectiva que se destinan a personas de recursos económicos limitados –hasta 2,5 veces el SMI– con necesidades temporales de vivienda. Este es el caso, entre otros, de los trabajadores temporeros agrarios y de los familiares de enfermos hospitalizados en una localidad distinta a la de residencia habitual. La superficie de estos alojamientos oscilará entre los 12 y los 40 m2 útiles, con unas rentas que van desde los 79,5 y a los 87,5 euros.
Los dos restantes programas en materia de alquiler previstos en el plan se centran en el objetivo de facilitar la integración de jóvenes, personas mayores y familias con especiales dificultades sociales cuyos ingresos no alcanzan el SMI.
En el primer caso, se fomentará la construcción de promociones específicas destinadas a integrar jóvenes y personas mayores en un mismo edificio o grupo de alojamientos. El 80% de estas viviendas se destinará a jóvenes con ingresos de hasta 2,5 veces el SMI y el resto a personas mayores con ingresos inferiores al SMI, con unas cuotas mensuales que oscilarán entre los 79,5 y los 146 euros.
En cuanto a las unidades familiares con especiales dificultades sociales y rentas por debajo del SMI, el plan introduce un nuevo programa para facilitar su integración en comunidades de vecinos con mayores recursos y sin problemática social, mediante una subsidiación del 50% de la renta de arrendamiento. Además de esta nueva iniciativa, la Junta continuará con el desarrollo de sus programas de alquiler destinados a la misma capa social, en los que se establecen rentas mensuales de entre 46 y 51 euros mensuales.
Rehabilitación
En el apartado de rehabilitación, el plan proseguirá la línea iniciada en años anteriores con el fin de facilitar la transformación de infraviviendas, con ayudas máximas de entre 22.500 y 23.000 euros para propietarios de ingresos inferiores a 1,5 veces el SMI si la vivienda está ocupada y de hasta 2,5 veces el SMI si está desocupada.
También se seguirá aplicando la figura de la rehabilitación autonómica, destinada a unidades familiares con rentas inferiores a 2,5 veces el SMI y que establece ayudas de hasta el 50% del coste de la obra, con un tope de 14.000 euros para el presupuesto total.
De nueva creación son las subvenciones para rehabilitación de edificios que se concederán a comunidades de propietarios en las que al menos el 50% de los mismos no superen el nivel de ingresos equivalente a 2,5 veces el SMI.
Además, la Junta continuará desarrollando sus programas de rehabilitación en centros históricos y barriadas. En el primer caso se presta especial atención a mejorar las condiciones de alojamiento, recuperar viviendas desocupadas y eliminar las barreras arquitectónicas. Actualmente estas iniciativas, denominadas de rehabilitación concertada, se llevan a cabo en 23 zonas urbanas de la comunidad autónoma, entre ellas el barrio del Albaicín en Granada, el recinto intramuros de Úbeda (Jaén) y los centros históricos de Alcalá de los Gazules (Cádiz) y Santa Fe (Granada).
En cuanto a las barriadas, la Junta seguirá interviniendo para hacer frente a procesos de degradación sobre la base de experiencias ya desarrolladas en zonas como La Chanca en Almería, Polígono Almanjáyar en Granada, Cerro de Moro en Cádiz o Polígono Sur en Sevilla.
Dotación de suelo
Finalmente, en materia de suelo, el plan prevé un total de 20.000 intervenciones orientadas a proporcionar los terrenos necesarios para el desarrollo de los programas de vivienda protegida. En este sentido, se prevé la creación de patrimonios municipales y autonómicos de suelo a partir de los nuevos terrenos de uso residencial que se generan con el desarrollo de las normativas urbanísticas.
Para los patrimonios municipales, el plan establece que al menos el 70% de su superficie total edificable se destine a la construcción de viviendas protegidas, con un precio del suelo que no podrá superar el 15% del importe máximo de venta de la vivienda.
En cuanto al patrimonio autonómico, la adquisición de terrenos por parte de la Comunidad Autónoma se destinará a las reservas estratégicas de suelo y a la ejecución de los programas promovidos por la Junta –como el llevado a cabo en el barrio sevillano de San Bernardo– para dar respuesta a los desajustes del mercado en los territorios con mayores dificultades de acceso a la vivienda.
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Consejo de Gobierno, 10/06/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se determinan los municipios de Relevancia Territorial de Andalucía, condición que obliga a estas localidades a reservar una parte de sus nuevos suelos de uso residencial a viviendas de protección pública. En concreto, son 164 municipios de la comunidad autónoma los que se encuentran dentro de esta categoría, distribuidos provincialmente de la siguiente forma: Almería (19), Cádiz (20), Córdoba (6), Granada (44), Huelva (14), Jaén (10), Málaga (23) y Sevilla (28).
Según la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, se consideran Municipios de Relevancia Territorial aquellos que cumplen una de estas condiciones: tener una población superior a los 20.000 habitantes, estar situados en el litoral y formar parte de las principales aglomeraciones urbanas andaluzas. Este último criterio se fundamenta en que en estas zonas hay una unidad en el mercado de la vivienda y unos flujos de comunicación que requieren de un tratamiento territorial conjunto. Actualmente se consideran aglomeraciones urbanas en Andalucía las de Sevilla, Málaga, Granada, Bahía de Cádiz y Campo de Gibraltar.
El decreto aprobado hoy establece que los planes generales de ordenación urbanística de los Municipios de Relevancia Territorial deben reservar el 30% de los nuevos suelos de uso residencial a la construcción de viviendas de protección pública, además de tener un desarrollo urbanístico en el que se garantice la calidad y la funcionalidad de los espacios de uso colectivo.
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Consejo de Gobierno, 10/06/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula la composición y el funcionamiento del Consejo de Asesor sobre el Cáncer en Andalucía, órgano consultivo y de asesoramiento técnico cuya creación está prevista en el Plan Integral de Oncología que desarrolla la Consejería de Salud.
Entre otras funciones, el Consejo Asesor se encargará de proponer medidas para el cumplimiento de los objetivos del plan oncológico y asesorar sobre iniciativas de prevención y educación sanitaria, así como desarrollar sistemas de información y planes específicos de formación de profesionales.
El nuevo organismo estará integrado por tres vocales en representación de la Administración sanitaria, dos a propuesta de las sociedades científicas y otros dos de las asociaciones de voluntarios y afectados. A sus sesiones también podrán asistir, con voz y sin voto, expertos en el ámbito de la prevención y el tratamiento del cáncer. La presidencia corresponderá al titular de la Viceconsejería de Salud, mientras que el vicepresidente será el titular de la Secretaría General de Calidad y Eficiencia de la Consejería de Salud.
La creación del Consejo Asesor sobre el Cáncer se enmarca en el Plan Integral de Oncología 2002-2006, que la Junta desarrolla para abordar la prevención y el tratamiento de esta enfermedad a través de la reorganización y la ampliación de los recursos del Sistema Sanitario Público, así como su adaptación a las necesidades de los pacientes. Entre sus objetivos destacan también los de reducir la incidencia y la mortalidad del cáncer y mejorar las posibilidades de supervivencia y la calidad de vida de los afectados.
El cáncer representa actualmente la segunda causa de muerte en Andalucía, tanto en hombres como en mujeres, y se relaciona con casi el 40% del total de años potenciales de vida perdidos. Según las actuales tasas de mortalidad, uno de cada cinco hombres y una de cada 13 mujeres menores de 75 años fallece en la comunidad autónoma como consecuencia de esta enfermedad.
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Consejo de Gobierno, 10/06/2003
Los profesionales sanitarios de la Administración pública andaluza dispondrán de un Código Numérico Personal (CNP) que les identificará en los documentos oficiales de obligada cumplimentación sobre procesos asistenciales y prestaciones sanitarias. Así se establece en el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno en desarrollo de la normativa andaluza que exime del requisito de la colegiación al personal funcionario, estatutario o laboral, al servicio exclusivo de la Administración sanitaria autonómica.
Con la asignación de este código se homogeneizan los mecanismos de identificación en aquellos documentos oficiales en los que se utiliza el número de colegiado, propiciando así una alternativa a los profesionales que han optado por la libertad de colegiación.
El CNP será concedido directamente por la Consejería de Salud, el Servicio Andaluz de Salud y las empresas públicas sanitarias de la Junta a su personal sanitario en un plazo máximo de tres meses desde la publicación del decreto aprobado hoy en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Constará de una serie numérica de once dígitos, de los cuales los dos primeros identifican al organismo del que depende el profesional, los siete siguientes son los personales y los dos últimos de control.
Como garantía adicional, la Administración sanitaria andaluza comprobará, antes de asignar el códigos, que el profesional goza de facultades plenas para el ejercicio de actividades propias de su profesión, conforme a su titulación, categoría y relación jurídica.
De acuerdo con el decreto, el CNP será obligatorio en las recetas oficiales de farmacia y en los documentos de prescripción de prestaciones complementarias, como las relativas a material ortoprotésico, transporte sanitario, oxigenoterapia y determinadas pruebas diagnósticas. Para que estos documentos sean considerados como válidos, el facultativo deberá identificarse consignando el CNP, además de su nombre y apellidos.
La Consejería de Salud está ultimando las instrucciones para canjear los actuales sellos de caucho de las recetas por otros nuevos donde sólo figurará el nombre del facultativo y su CNP. También se está terminando de adaptar la aplicación informática del Servicio Andaluz de Salud empleada en las consultas de atención primaria para que en la recetas que se impriman aparezca el código numérico.
En el caso de otros modelos de documentos sanitarios aprobados por la normativa autonómica andaluza, el espacio destinado para el número de inscripción en el colegio profesional será sustituido por otro para el CNP. Durante el periodo de subsistencia de ambos modelos los profesionales sanitarios estarán exentos de cumplimentar la casilla correspondiente al número de colegiación y, en su lugar, deberán apuntar el nuevo código.
Por su parte, en documentos estatales como certificados de defunción o nacimiento, partes médicos de incapacidad temporal o recetas de estupefacientes, los profesionales andaluces que hayan optado por la libre colegiación podrán hacer constar esta circunstancia con la expresión “no colegiado” (n/c), indicando el CNP a continuación de su firma.
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Consejo de Gobierno, 10/06/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación del Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía, por segregación del Colegio Oficial de Geólogos de España. El nuevo órgano, que desarrollará su actividad exclusivamente en el ámbito territorial de la comunidad autónoma, dispondrá de un plazo de seis meses para elaborar y aprobar sus estatutos.
El Colegio Oficial de Geólogos de Andalucía se relacionará con la Consejería de Justicia y Administración Pública en los aspectos institucionales y corporativos. También estará vinculado a los departamentos de la Junta que desarrollan competencias relacionadas con los contenidos propios de la profesión.
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Consejo de Gobierno, 10/06/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Gobernación, Alfonso Perales, un decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Cogollos de Guadix (Granada) para adoptar su escudo municipal.
Este símbolo tendrá las siguientes características: contorno español. Partido. Primer cuartel de plata dos calderas endentadas de oro y gules y tres serpientes de oro salientes de cada lado de las asas. Segundo cuartel, de plata, en jefe una encina de sinople, en punta ondas de azur. Al timbre corona real española cerrada.
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Consejo de Gobierno, 10/06/2003
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites para la aprobación del proyecto de la Ley de Participación Juvenil, norma con la que se pretende fomentar la implicación de los jóvenes en todos los ámbitos de la sociedad andaluza, incluso en el caso de que no formen parte de asociaciones. Entre sus principales novedades destacan la creación del Observatorio de la Juventud, el reforzamiento del Consejo de la Juventud de Andalucía, la elaboración de un censo de asociaciones juveniles y la elaboración cuatrienal de un plan integral de juventud.
Con el objetivo de favorecer la participación de los jóvenes no asociados, la ley que se está elaborando facilitará el apoyo a proyectos realizados de forma individual o en grupo. Asimismo, se promoverán asambleas y foros de encuentro en las localidades en las que no existan asociaciones y se reconocerá la figura de los corresponsales juveniles, voluntarios encargados de informar y orientar a los jóvenes. La apertura de cauces de participación se traducirá también en un mayor uso de los instrumentos telemáticos.
Respecto al Observatorio de la Juventud, este nuevo organismo especializado asesorará a la Junta, analizará la situación de los jóvenes y hará un seguimiento de las políticas públicas orientadas hacia ellos. Por su parte, el Consejo Andaluz de la Juventud será reforzado al incluir dentro de su organización territorial no sólo a los Consejos Provinciales sino también a los Locales o de Zona. Asimismo, se definirán las funciones de sus órganos internos para garantizar una mayor profesionalización en la gestión.
La normativa que prepara la Consejería de la Presidencia establece que el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ) creará un censo en el que podrán inscribirse las federaciones y asociaciones y las secciones juveniles de otras entidades que desarrollen su actividad en Andalucía. Las organizaciones inscritas podrán colaborar en los proyectos y programas que desarrollen las administraciones públicas andaluzas. Además, el IAJ también elaborará con carácter cuatrienal un plan integral de juventud.
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