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Consejo de Gobierno, 10/11/2009
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de la ley que regulará en Andalucía el uso de la lengua de signos española y los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas con discapacidad auditiva o con sordoceguera. La norma, que amplía la legislación estatal de 2007 sobre esta materia, se aplicará fundamentalmente en los ámbitos de los servicios públicos, las relaciones con las administraciones, el transporte, los medios de comunicación, la participación política y las telecomunicaciones.
El anteproyecto establece un conjunto de medidas destinadas a garantizar el uso de la lengua de signos española como condición básica de accesibilidad y no discriminación para la población andaluza afectada por este tipo de discapacidades, que supera las 176.000 personas. Junto con ello, incluye disposiciones para fomentar la generalización de los medios técnicos de apoyo dirigidos a aquellas personas con discapacidad auditiva que optan por la comunicación en la lengua oral castellana. Para desarrollar estos objetivos, el texto incluye una memoria económica con una previsión inicial de 441,5 millones de euros hasta el año 2012.
Como principales novedades respecto a la ley estatal, la norma andaluza regulará los servicios de teleinterpretación, que facilitan la comunicación y la traducción entre lengua de signos y lengua oral a través de la videotelefonía, y la figura del Agente de Desarrollo de la Comunidad Sorda, un profesional que se encargará de facilitar la participación de este colectivo en los diferentes ámbitos de la sociedad.
Respecto a los intérpretes de lengua de signos, el desarrollo de las distintas medidas previstas en el anteproyecto supondrá una notable ampliación de la dotación de estos profesionales en Andalucía, ya que podrán ser requeridos para realizar cualquier tipo de gestión administrativa y también desarrollarán su labor en centros escolares, universidades y cursos de formación laboral. La Junta de Andalucía financió el pasado año la contratación de 281 intérpretes y la previsión es que este número casi se duplique tras la entrada en vigor de la ley.
Asimismo, la norma promoverá la presencia de intérpretes en los puntos de información y atención al público de las principales estaciones de transporte de viajeros de la comunidad, además de establecer que los servicios de atención telefónica de las administraciones públicas sean accesibles para las personas con discapacidad auditiva. De igual modo, la Administración de Justicia deberá cumplir este objetivo en los procesos de todos sus órganos jurisdiccionales y también se adaptarán los servicios de atención a las personas en situación de dependencia.
En cuanto al ámbito educativo, el anteproyecto incluye disposiciones para reforzar los recursos humanos, materiales y tecnológicos de apoyo que ya se vienen utilizando en los centros escolares, así como para promover la elaboración de planes de estudio adaptados y programas de formación para el profesorado.
Finalmente, la futura ley obligará a facilitar la accesibilidad a las reuniones plenarias de carácter público de los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamento de Andalucía y, con carácter general, a la información institucional y a los programas emitidos por los poderes públicos, los partidos políticos y los agentes sociales de acuerdo con la legislación electoral y sindical.
Sanciones
El texto incluye el mismo régimen sancionador fijado en la ley estatal, que prevé multas de entre 300 euros para las infracciones leves y un millón para las catalogadas como muy graves.
La norma que ahora inicia los trámites para su elaboración se enmarca en la política desarrollada por la Junta durante la última década con el fin de evitar la discriminación de las personas con discapacidad auditiva. La Ley de medidas fiscales y administrativas del Presupuesto andaluz para 2003 ya incluyó disposiciones concretas para fomentar la integración en el ámbito educativo y para la extensión de la lengua de signos y los medios de apoyo a la lengua oral. Por su parte, el I Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía, desarrollado entre 2003 y 2006, alcanzó, entre otros logros, la implantación en todos los hospitales públicos del programa de detección y tratamiento precoz de la hipoacustia infantil.
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Consejo de Gobierno, 10/11/2009
El Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación, hasta junio de 2013 y por un importe de 308 millones de euros, de los servicios de Justicia Juvenil destinados a menores infractores que cumplen medidas impuestas por los tribunales en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estas prestaciones se refieren tanto a las medidas de internamiento como a las no privativas de libertad (denominadas de medio abierto), que el pasado año afectaron en su conjunto a un total de 10.398 jóvenes.
La principal partida aprobada, con 190,91 millones de euros, se refiere al servicio integral de guarda, reeducación e inserción de menores en los nueve centros de internamiento propiedad de la Junta de Andalucía. Para el mismo servicio, pero en cuatro centros gestionados por entidades colaboradoras, se destinan 80,7 millones de euros. En ambos casos, el periodo de contratación de 42 meses podrá ser prorrogado por 30 más. En total, se financiarán 801 plazas.
En cuanto a las medidas de medio abierto, la Consejería de Justicia y Administración Pública contratará por 21,91 millones los servicios de los 14 centros-residencias de grupo educativo de convivencia, donde los menores no sometidos a privación de libertad reciben orientación para su resocialización. También en este caso se prevé la posibilidad de una prórroga por 30 meses.
El último de los cuatro contratos autorizados, con 14,56 millones, corresponde a la financiación de los nueve equipos de medio abierto encargados en Andalucía de las medidas de libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, tareas socioeducativas, permanencias de fin de semana en el domicilio y otros seguimientos.
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Consejo de Gobierno, 10/11/2009
El Consejo de Gobierno ha autorizado la creación de la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial, SA (Sogefinpa), que se encargará de promover la colaboración de la iniciativa privada en la financiación y ejecución de inversiones públicas, así como de la gestión y explotación de los bienes y derechos del patrimonio de la Comunidad Autónoma que se le encomienden.
La nueva sociedad mercantil del sector público andaluz estará adscrita a la Consejería de Economía y Hacienda y dependerá directamente de la Secretaría General de Hacienda, que es el órgano responsable de coordinar los proyectos de inversión del Gobierno andaluz mediante la colaboración público-privada.
Esta nueva fórmula, avalada por la Comisión Europea y ya utilizada en otras comunidades autónomas, permite financiar proyectos de carácter estratégico que serían inviables de otra forma. A través de ella, y entre 2010 y 2020, en Andalucía se movilizarán recursos por una cuantía superior a los 6.000 millones de euros. Como encargada de canalizar esta colaboración, Sogefinpa contará con la autonomía, especialización, flexibilidad y capacidad de financiación necesarias para actuar.
Respecto a la segunda de sus funciones, a través de Sogefinpa la Junta complementará su actual estructura administrativa con un instrumento más ágil y especializado, similar al que ya tienen tanto la Administración central como algunas comunidades autónomas para la gestión y explotación del patrimonio. En el caso de Andalucía, este patrimonio se ha incrementado progresivamente por la asunción de las competencias que desde 1986 ha venido transfiriendo el Estado.
La nueva sociedad podrá llevar a cabo adquisiciones, enajenaciones y arrendamientos de bienes inmuebles y edificios administrativos. Asimismo, se encargará de los trabajos de inventario, identificación, dictamen y tasación de toda clase de bienes y derechos patrimoniales. Además, podrá servir en su caso como instrumento para la gestión de conjuntos inmobiliarios que en el futuro puedan incorporarse al patrimonio de la comunidad.
En cuanto a sus recursos económicos, la nueva sociedad nace con un capital social de dos millones de euros, suscrito en su totalidad por la Junta de Andalucía, y estará sometida a control financiero permanente. Dispondrá también de una dotación consignada en el presupuesto andaluz, así como de los bienes y derechos que constituyan su patrimonio, los ingresos generados por su actividad, las posibles operaciones de crédito que concierte o las donaciones, herencias o subvenciones que pueda recibir.
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Consejo de Gobierno, 10/11/2009
El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de Monumento, la Iglesia de San Pedro y San Pablo, situada en San Fernando (Cádiz). Este templo destaca especialmente por su valor histórico, ya que en él prestaron juramento los diputados de las primeras Cortes constituyentes españolas el 24 de septiembre de 1810, en pleno asedio francés.
En cuanto a sus valores artísticos, la iglesia, que comenzó a construirse en el siglo XVIII y se completó en el XIX, reúne las dos corrientes estilísticas más influyentes en la arquitectura de San Fernando: el tardobarroquismo, visible en la portada principal y en las laterales, y el neoclasicismo, patente sobre todo en el tramo superior de las torres que flanquean la fachada principal.
El edificio ocupa toda una manzana y conforma un rectángulo casi perfecto. Presenta tres naves de cinco tramos, crucero y presbiterio, tras el cual se ubican la sacristía y demás dependencias parroquiales. Sus acabados interiores son sencillos y se basan en la solería de mármol y el zócalo de piedra.
La nave central, de mayor altura y anchura que las laterales, se separa de éstas por cuatro pilastras toscanas adosadas a un núcleo del que salen los arcos de medio punto que sostienen la techumbre. Por su parte, las naves laterales están cubiertas con bóvedas de aristas y acogen diversos altares y retablos, entre los que figuran el de Jesús Nazareno y el de Nuestra Señora de la Soledad.
La declaración de la iglesia como monumento incluye 48 bienes muebles, principalmente piezas de orfebrería y textiles, así como obras de arte de entre los siglos XVIII y XX. Entre ellas destacan un conjunto de seis pinturas sobre tabla y las esculturas de la Inmaculada Concepción, San Pablo y Santa Rita.
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Consejo de Gobierno, 10/11/2009
El Consejo de Gobierno ha otorgado a la agrupación de ayuntamientos integrados en la Mancomunidad de Municipios del Levante Almeriense la concesión de explotación del canal de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local correspondiente a la demarcación de Huércal-Overa, por un plazo de diez años. Esta decisión se inscribe en la convocatoria de 2006 para la gestión directa del servicio público de TDT por parte de las entidades locales.
El ámbito de cobertura del nuevo canal abarcará los municipios de Antas, Arboleas, Cuevas del Almanzora, Garrucha, Los Gallardos, Huércal-Overa, Mojácar, Pulpí, Turre, Vera y Zurgena.
Las corporaciones municipales tienen reservados programas en las 60 demarcaciones que componen el mapa andaluz de la televisión digital de ámbito local. Trece de ellas, las de más de 150.000 habitantes, cuentan con dos: uno para el municipio de referencia y otro para el resto de las localidades. Se trata de las ocho capitales de provincia y de Algeciras, Dos Hermanas, El Ejido, Fuengirola y Jerez de la Frontera, que obtuvieron sus concesiones de explotación de canales propios en diciembre de 2007.
En el resto de las demarcaciones, al existir sólo un programa público, los consistorios deben acordar mayoritariamente la constitución de entidades para su gestión compartida. La concesión aprobada hoy para la Mancomunidad del Levante es la primera de este tipo en la provincia de Almería. Anteriormente, el Gobierno andaluz otorgó cuatro licencias, todas ellas en la provincia de Cádiz, a las agrupaciones de ayuntamientos integradas en las sociedades gestoras Medina Sidonia; Arcos de la Frontera; Chiclana de la Frontera y Costa Noroeste.
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Consejo de Gobierno, 10/11/2009
El Consejo de Gobierno ha autorizado la modificación del nombre del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Sevilla, que a partir de ahora se denominará "de Andalucía". El cambio obedece a la incorporación efectiva, también aprobada por el Consejo, de las delegaciones territoriales de Almería, Granada y Jaén, que anteriormente estaban integradas en el Colegio de Valencia.
Con estas dos decisiones, previamente adoptadas por unanimidad el 27 de noviembre de 2008 por la entidad colegial, este organismo pasará a actuar en representación del colectivo profesional en las ocho provincias andaluzas. A partir de la entrada en vigor del decreto, dispondrá de un plazo de seis meses para convocar la asamblea constituyente como colegio único de ámbito autonómico.
El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Bellas Artes y Profesores de Dibujo de Andalucía se relacionará con la Consejería de Justicia y Administración Pública en los aspectos institucionales y con la de Educación en lo referente al contenido profesional de sus actividades.
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Consejo de Gobierno, 10/11/2009
La Consejería para la Igualdad y Bienestar Social invertirá 3,04 millones de euros en la construcción de un centro de día de personas mayores que dará servicio a los barrios de Amate, Rochelambert y El Cerro del Águila, en Sevilla. El Consejo de Gobierno ha aceptado los terrenos cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento hispalense para llevar a cabo este proyecto.
La parcela, situada en la calle Tarragona y colindante con el antiguo Colegio Público Santa Teresa, tiene una superficie total de 2.486 metros cuadrados. El nuevo centro dispondrá en su planta baja de gimnasio, sala de estar polivalente, zonas administrativas y servicios de peluquería y podología. En la planta alta irán ubicados los talleres, la biblioteca y el aula de informática, entre otras dependencias.
La Junta de Andalucía es actualmente titular de 168 centros de día para personas mayores, que prestan cobertura a unos 600.000 socios. Entre las prestaciones que ofrecen, destacan las aulas de informática y los servicios de comedor y orientación jurídica gratuita.
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