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Consejo de Gobierno, 11/02/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Comité de Asesoramiento de la marca ‘Parque Natural de Andalucía’, órgano colegiado que asistirá a la Administración autonómica en el desarrollo, implantación y concesión de la licencia de este sello de calidad. Actualmente, 19 empresas andaluzas de los sectores turístico, agrícola y artesanal hacen uso del distintivo y más de una veintena se hallan en proceso de certificación.
El Comité de Asesoramiento estará adscrito a la Consejería de Medio Ambiente y presidido por el director general de la Red de Espacios Naturales Protegidos y Servicios Ambientales de la Junta. Entre sus miembros figurarán tres representantes de la Consejería de Medio Ambiente, dos de Turismo y Deporte, otros dos de Agricultura y Pesca, uno de Economía y Hacienda, uno del Instituto de Fomento de Andalucía y otro de la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa).
Asimismo, el nuevo órgano contará con la participación de diversos agentes sociales y económicos de gran implantación en la comunidad. De este modo, integrará a dos representantes de los sindicatos mayoritarios, otros dos de las principales organizaciones empresariales, uno de la Asociación para el Desarrollo Rural de Andalucía, uno del organismo de control de la agricultura ecológica, uno de las asociaciones de artesanos y otro de las asociaciones ecologistas más representativas.
La marca ‘Parque Natural de Andalucía’, regulada en agosto de 2001 y pionera en el ámbito español, es una etiqueta exclusiva de calidad contrastada para productos y servicios originarios de los 23 parques naturales de la comunidad autónoma. Con ella se prima a las empresas que desarrollan en estos territorios procesos productivos no perjudiciales para el medio ambiente en los sectores de servicios turísticos, productos artesanales y productos naturales.
Las 19 empresas andaluzas que actualmente utilizan la marca están supervisadas por una entidad de certificación independiente validada por la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC). De ellas, ocho se dedican a la comercialización de productos artesanales: ‘Cerámica María Abad’, de San José-Níjar (Almería); ‘Taller de Corcho Klaus Tiedemann’, de Jimena de la Frontera (Cádiz); ‘Quesería de la Subbética’, de Zuheros (Córdoba); ‘Quesos Cueva de la Magaha’, de Jayena (Granada); ‘Taller Textil Mercedes Carrascosa’, de Pampaneira (Granada); ‘Pleite’, de Andújar (Jaén); ‘Olea Cosméticos’, de Pegalajar (Jaén), y ‘La Pilonga de Parauta’, de Parauta (Málaga).
Ocho son también las sociedades de turismo de naturaleza: ‘Grupo J126 y Hotel Cortijo El Sotillo’, de San José-Níjar (Almería); ‘Alojamientos Velezanos Cortijo Almazara Alta y Hotel Casa Los Arcos’, de Vélez-Blanco (Almería); ‘Alojamientos Aldea del Cerezo’, de Cardeña (Córdoba); ‘Restaurante José Vicente’, de Aracena (Huelva); ‘Hotel Humaina’, de Málaga, y ‘Casa Rural Las Navezuelas Agroturismo’, de Cazalla de la Sierra (Sevilla).
Finalmente, tres empresas del sector de productos naturales cuentan con el sello de calidad: ‘Moramiel Oro’, de Hornachuelos (Córdoba); ‘Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas’, de Bélmez de la Moraleda (Jaén), y ‘Olivar de Segura’, de Génave (Jaén).
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Consejo de Gobierno, 11/02/2003
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy interponer un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos del artículo 8 de la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, que a su vez modifica la ley estatal 31/1985, de regulación de órganos rectores las Cajas de Ahorros. A juicio del Gobierno andaluz, esta disposición invade las competencias autonómicas al abrir la posibilidad de que el Ministerio de Economía ejerza atribuciones ejecutivas en las Cajas de Ahorro que tienen a la Iglesia Católica como fundadora directa.
La eventual tutela de la Administración central sobre las Cajas fundadas por la Iglesia queda recogida en el apartado decimoquinto del citado artículo 8, donde se atribuye al Ministerio de Economía la competencia de regular la aprobación de sus estatutos y los reglamentos de designación de los miembros de sus órganos de gobierno, así como el presupuesto anual de la obra social si así lo solicita la entidad interesada.
En opinión del Gobierno andaluz, este precepto vulnera el artículo 18.1.3ª del Estatuto de Autonomía, ya que otorga al Estado una competencia ejecutiva que corresponde ejercer a la comunidad autónoma. Aunque el Tribunal Constitucional admite esta posibilidad de forma excepcional y en atención a determinadas finalidades, la Junta subraya que en este caso no existe un fin objetivo que la justifique. Así se desprende del hecho de que la atribución no sea automática, sino que dependa de la decisión de la propia Caja.
De igual modo, el precepto que se recurre pretende fundar el trato diferenciado a las Cajas fundadas por la Iglesia en el Concordato de 1979 entre España y el Vaticano. A juicio del Gobierno andaluz, la aplicación de un acuerdo internacional no puede justificar la alteración del sistema de distribución competencial establecido por la Constitución y por el Estatuto de Autonomía. Además, el Concordato es de aplicación a instituciones de carácter benéfico o asistencial, que no es el caso de las Cajas de Ahorros, definidas por el Tribunal Constitucional por la naturaleza financiera que fundamenta las competencias autonómicas sobre ellas.
Finalmente, la citada disposición decimoquinta reconoce para estas entidades los estatutos que se apliquen con fecha de 1 de noviembre de 2002, lo que, en el caso concreto de Cajasur, supone dar la categoría de vigentes a unos estatutos ilegales de acuerdo con la actual normativa autonómica.
Además de este precepto, el Gobierno andaluz también ha acordado hoy recurrir otros apartados del mismo artículo 8 de la denominada ‘Ley Financiera’ que hacen referencia a diversos aspectos de la regulación de las Cajas de Ahorros.
En concreto, en el apartado segundo se vulnera la exigencia constitucional de fijar mínimos de participación de los sectores representados en los órganos de gobierno. Por su parte, los apartados quinto y décimo regulan de forma exhaustiva aspectos relativos a la reelección de los consejeros generales y de los vocales del Consejo de Administración, respectivamente, sin apenas dejar espacio a la normativa autonómica y, por tanto, sin respetar el marco constitucional de competencias.
También incurren en inconstitucionalidad los apartados tercero y decimoséptimo, en la medida que atribuyen al Estado la posibilidad de dictar normas de carácter supletorio al ordenamiento autonómico.
Finalmente, la Junta interpondrá recurso de inconstitucionalidad contra la disposición final primera de la ‘Ley Financiera’ por vulneración de los artículos 149.1.11ª y 13ª de la Constitución y el 18.1.3ª del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
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Consejo de Gobierno, 11/02/2003
La Junta de Andalucía ha iniciado obras de emergencia para mejorar el abastecimiento de agua potable en el núcleo de El Palmar, perteneciente al municipio gaditano de Vejer de la Frontera. La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, ha informado al Consejo de Gobierno acerca de este proyecto, que supondrá una inversión de 2,98 millones de euros.
Las obras consisten en la construcción de una conducción de agua potable de 4,87 kilómetros de longitud y de un depósito con capacidad para 2.500 m3. Las futuras instalaciones permitirán prestar un servicio adecuado al núcleo costero de El Palmar, cuya población se triplica en época estival, así como atender las futuras demandas que originará el desarrollo urbanístico previsto en la zona. Actualmente, el abastecimiento de agua en la zona se realiza a través de pozos y presenta deficiencias sanitarias.
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Consejo de Gobierno, 11/02/2003
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Juan José López Garzón delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Huelva. López Garzón, nacido en Baeza (Jaén) en 1948, es ingeniero técnico industrial, doctor en Matemáticas y catedrático de Matemática Aplicada de la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica de Sevilla.
El nuevo delegado del Gobierno de la Junta en Huelva cuenta con una amplia trayectoria en el ejercicio de cargos públicos. Entre otros puestos, ha ocupado los de viceconsejero de Asuntos Sociales, delegado del Gobierno en Andalucía y gobernador civil de Huelva. En el ámbito universitario, Juan José López Garzón ha sido vicerrector de Planificación e Infraestructura de la Universidad de Sevilla y vicerrector general de este centro universitario.
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Consejo de Gobierno, 11/02/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de Antonio Prats Rivero como delegado provincial de la Consejería de Turismo y Deporte en Cádiz. El nuevo delegado nació en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) en 1955 y ejerció como funcionario del Estado de 1978 a 1995, año en el que, tras las elecciones municipales, fue nombrado segundo teniente de alcalde y delegado municipal de Obras y Servicios, Vivienda y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda. Desde 1999 ocupa el cargo de primer teniente de alcalde en esta corporación.
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Consejo de Gobierno, 11/02/2003
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Manuel Brenes Rivas nuevo delegado provincial en Cádiz de la Consejería de Educación y Ciencia. Nacido en Cádiz en 1950, Manuel Brenes es maestro y entre 1983 y 1999 fue concejal del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera. Desde 1997 al año 2000 ocupa el puesto de director del Centro de Profesorado Sierra de Cádiz y hasta hoy ejercía de jefe del Servicio de Ordenación Educativa en esa misma Delegación de Educación.
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Consejo de Gobierno, 11/02/2003
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Bibiana Aido Almagro delegada provincial en Cádiz de la Consejería de Cultura. Bibiana Aido nació en Alcalá de los Gazules (Cádiz) en 1977 y es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Cádiz y en ‘International Business Administration’ por la Universidad de Northumbria en Newcastle (Reino Unido). En su trayectoria profesional destaca la labor realizada en el Observatorio de Emprendedores de la Universidad de Cádiz, donde ha analizado el fenómeno emprendedor dentro del ámbito universitario.
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Consejo de Gobierno, 11/02/2003
El Consejo de Gobierno ha designado hoy a Antonio Ojeda Escobar presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Nacido en 1941 en la localidad onubense de Escacena del Campo, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, Antonio Ojeda ha ocupado, entre otros cargos, los de presidente del Parlamento de Andalucía, consejero de Interior de la Junta y decano del Colegio Notarial de Sevilla. Asimismo, es miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Notariado.
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