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Consejo de Gobierno, 13/06/2006
La futura Ley de Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género otorgará el máximo rango legal a las iniciativas desarrolladas por la Junta de Andalucía para erradicar los malos tratos contra las mujeres, un problema que motivó la presentación de más de 13.000 denuncias en la comunidad autónoma el pasado año y de 4.326 durante los cuatro primeros meses de 2006.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy iniciar los trámites del anteproyecto de esta norma, que consolidará y reforzará los recursos asistenciales y preventivos desarrollados desde 1998 a través de los dos planes autonómicos contra la violencia de género, cuya inversión total ha alcanzado los 55 millones de euros. De este modo, en Andalucía se reconocerán legalmente los derechos de las mujeres víctimas y de sus hijos a recibir atención especializada, protección, seguridad, información y ayudas para la recuperación y la integración sociolaboral.
Especial atención presta el borrador a las medidas preventivas, entre las que se incluyen la aprobación, cada cinco años, de un plan integral en el que participarán organismos e instituciones de los ámbitos social, jurídico, educativo, sanitario, de la seguridad y de los medios de comunicación.
En el terreno educativo, el texto recoge medidas de revisión y adaptación de contenidos curriculares, así como intervenciones para detectar y atender las situaciones de violencia que se puedan producir en los centros. Respecto a la salud, se incluye la atención psicológica como parte del tratamiento a las víctimas, junto con los objetivos prioritarios de detección precoz y atención especializada. Por su parte, en la atención jurídica se garantiza la asistencia letrada por el turno de oficio especializado y se dispone la personación de la Junta en juicios sobre casos de muerte violenta.
En el capítulo de las iniciativas para la recuperación y la integración de las víctimas, la ley establecerá un cupo de reserva específico en todas las promociones de vivienda protegida para su cesión o adjudicación a mujeres que acrediten sufrir una situación de maltrato. Como principal novedad, esta medida incluirá viviendas en régimen de propiedad, frente al actual cupo limitado al alquiler.
Integración laboral
El anteproyecto también da rango legal a las medidas de apoyo en materia de empleo desarrolladas durante los últimos años. De este modo, la Administración autonómica deberá ofrecer ayudas a la contratación de mujeres víctimas y al fomento de sus iniciativas empresariales, previo acuerdo con las organizaciones sindicales y empresariales. De igual modo, se fomentará que en la negociación colectiva se incluyen disposiciones orientadas a que las mujeres mantengan su empleo cuando se vean obligadas a dejarlo temporalmente por su situación personal. En el caso específico de la Administración autonómica, se garantiza el derecho a la reducción o flexibilización de la jornada, así como a la movilidad geográfica y la excedencia.
Finalmente, con la futura norma se consolidará la estructura de atención urgente que funciona en la comunidad autónoma con sus tres niveles de centros de emergencia, casas de acogida y pisos tutelados. Esta red cuenta actualmente con 550 plazas y el pasado año atendió a un total de 2.512 personas, entre mujeres y menores.
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Consejo de Gobierno, 13/06/2006
El debate anual sobre el Estado de la Comunidad supone una expresión de la centralidad política e institucional del Parlamento de Andalucía y coincidirá, en esta ocasión, con el paso del ecuador de la VII Legislatura de la autonomía andaluza.
Se trata de un debate relevante del que Andalucía fue pionera en España y que supone una nueva ocasión para que el Gobierno rinda cuenta ante el Parlamento y la opinión pública y todos los grupos políticos valoren la situación de la Comunidad, ofrezcan sus propias alternativas y hallen eventuales puntos de encuentro y acuerdo a través de las correspondientes propuestas de resolución.
La realidad con la que Andalucía afronta la celebración de este debate presenta suficientes estímulos y acicates que invitan al mayor esfuerzo e ilusión por parte de todos. Por duodécimo año consecutivo, coincidiendo precisamente con la consolidación del proceso de concertación social, Andalucía avanza, y lo hace con paso firme, en la senda de la convergencia. Más empleo, más crecimiento y más población son activos de presente y de futuro para nuestra comunidad, que ya ha superado el objetivo de los tres millones de ocupados, previsto para toda la legislatura, creando más de 350.000 empleos desde el comienzo de la misma y absorbiendo el 25% de la bajada del paro en España en el mismo período.
Todo ello no hubiera sido posible sin la tenacidad y el esfuerzo de los agentes sociales, de las instituciones, del conjunto de andaluces y andaluzas, empeñados en sacar adelante nuestra tierra. Cualquiera que sea el contexto político en que se encuentre, el Gobierno de Andalucía nunca minusvalorará los frutos que el esfuerzo colectivo de los andaluces está reportando. Un tesón que anima a perseverar en otros objetivos: mejora de la productividad; mayor apertura al exterior; profundización en el uso de las nuevas tecnologías en la investigación, los servicios sociales y en la modernización del tejido productivo; fomento de la cultura emprendedora; avance en las infraestructuras, con especial apuesta por la movilidad, y en la cohesión territorial y social de Andalucía.
La gestión del Gobierno de Andalucía no puede desligarse del objetivo esencial de centrar en la ciudadanía y en las familias andaluzas el mayor esfuerzo para mejorar su calidad de vida; para garantizar la igualdad de oportunidades; para extender nuevos y más ambiciosos derechos. Una igualdad real que pasa, inexcusablemente, por avances en la educación, la salud, las prestaciones sociales y el combate contra cualquier forma de exclusión, también de los que vienen de afuera a buscar el sustento para sus familias. Igualdad y solidaridad que no pueden escindirse del respaldo y fortalecimiento del Estado de Derecho frente a cualquier desafío contra la ordenación del territorio, el medio ambiente, la seguridad en el ámbito laboral o la transparencia y honestidad en la vida pública.
Transcurrida la primera mitad de la legislatura, se ha constatado una evidente mejora en la calidad de nuestro sistema democrático así como un importante refuerzo de nuestra capacidad de autogobierno. La resolución de la mayor parte de los contenciosos que Andalucía mantenía con el anterior Gobierno de la nación, y que representaban objetivamente una merma en los legítimos derechos e intereses de los andaluces, se ha saldado, además, con un importante robustecimiento de la capacidad de autogobierno para nuestra comunidad autónoma. La veintena de transferencias acordadas con el actual Gobierno de España, incluidas algunas tan relevantes como la recientemente suscrita sobre los Parques Nacionales o las de las cuencas hidrográficas intracomunitarias, han ampliado y profundizado de la autonomía de Andalucía.
Precisamente el curso político que culmina con el Debate sobre el Estado de la Comunidad ha coronado la reforma del Estatuto de Autonomía, que ya se encuentra en tramitación en las Cortes Generales, sede de la soberanía de la nación española. En el proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía ha tomado cuerpo el mandato de los andaluces en las urnas, que respaldaron de forma inequívoca a los partidos en cuyos programas electorales figuraba la actualización y modernización de nuestra principal herramienta de autogobierno. La aprobación, el pasado mes de mayo, del proyecto de reforma estatutaria supuso el cumplimiento de un compromiso del Gobierno de Andalucía y de investidura de su presidente, respaldado por el Parlamento.
El Gobierno de Andalucía es consciente de la importancia simbólica y política de alcanzar el mayor consenso en torno a la reforma del Estatuto de Autonomía y no regateará esfuerzos para lograr este objetivo. Pero con la misma determinación, el Gobierno de Andalucía se mantiene firme en su compromiso de alcanzar un Estatuto de máximos, respetuoso tanto con la Constitución como con las legítimas aspiraciones de los andaluces: continuar a la vanguardia del Estado autonómico y, en ningún caso, ser menos que nadie en el Estado de las Autonomías.
El Gobierno andaluz respeta escrupulosamente la mayor amplitud del debate democrático en todos los órdenes y es plenamente consciente de que la discrepancia es consustancial al mismo, pero no permanecerá impasible ante los intentos de trivializar, deslegitimar o incluso ridiculizar a los andaluces, falseando o manipulando sus razonables aspiraciones recogidas en el proyecto de reforma del Estatuto de Autonomía.
El Debate sobre el Estado de la Comunidad, para cuya celebración es preceptiva la presente comunicación del Gobierno, es, en fin, una ocasión idónea para que, desde el respeto a las legítimas discrepancias, el Gobierno y todos los grupos representados en la Cámara intercambien sus pareceres y, en la medida de lo posible, concilien sus puntos de vista para contribuir al objetivo irrenunciable de preservar el interés general de Andalucía.
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Consejo de Gobierno, 13/06/2006
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites para la elaboración del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (Pasener) 2007-2013, documento que recogerá las políticas de la Junta para los próximos siete años en infraestructuras energéticas, fuentes renovables y medidas de ahorro, eficiencia, innovación y diversificación.
El nuevo plan sustituirá al vigente desde 2003 y deberá estar aprobado en un plazo de ocho meses. En su redacción participarán técnicos de las consejerías de Innovación, Ciencia y Empresa; Gobernación; Economía y Hacienda; Agricultura y Pesca; Obras Públicas y Transportes, y Medio Ambiente. Asimismo, el texto será sometido a la consideración de los distintos agentes económicos y sociales, la Administración central, las diputaciones provinciales y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
De acuerdo con el decreto de formulación aprobado hoy, el documento establecerá los criterios y principales intervenciones previstas en mejora de infraestructuras eléctricas y calidad del suministro, infraestructuras gasistas y petrolíferas, energías renovables y proyectos de ahorro e innovación.
El Pasener 2007-2013 incluirá, entre otros, los siguientes contenidos: diagnóstico de la situación energética de la comunidad; adecuación a la planificación económica y medioambiental vigente; previsiones de la demanda para los próximos años; determinación del potencial en energías renovables, y análisis de los impactos del propio plan en relación con el empleo, el medio ambiente, la ordenación del territorio, la generación de valor añadido y las políticas de investigación y desarrollo.
Como principales referencias nacionales e internacionales, el Pasener seguirá las orientaciones del Protocolo de Kioto, las directivas de la Unión Europea, el Plan de Energías Renovables en España 2005-2010 y la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012, además de la Estrategia Andaluza para el Cambio Climático.
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Consejo de Gobierno, 13/06/2006
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Obras Públicas y Transportes una inversión de 13,8 millones de euros para la construcción del último tramo de la autovía A-376 Sevilla-Utrera, entre esta última población y el cruce con la carretera A-8029. Las obras, que comenzarán antes de final de año, tienen un plazo de ejecución de 23 meses.
El proyecto consiste en la construcción de una calzada de siete kilómetros de longitud con cuatro carriles de 3,5 metros de ancho y enlaces de acceso a Estación de Don Rodrigo, urbanización El Comodoro y sector norte de Utrera, además de diversas vías de servicio para las fincas colindantes.
Las obras se completarán con intervenciones de integración paisajística y protección ambiental, entre las que destacan la revegetación de los taludes con especies autóctonas y el tratamiento de cunetas para evitar daños a la fauna.
El proyecto completo de la conexión entre Sevilla y Utrera abarca una longitud total de 24 kilómetros. De ellos ya están en servicio los 17 correspondientes a los tres primeros tramos. La inversión total prevista supera los 60 millones de euros.
La autovía, de gran importancia para la movilidad del área metropolitana de Sevilla, cuenta con una mediana de diez metros, con el fin de que en el futuro se pueda habilitar un tercer carril y una plataforma de transporte público, dependiendo del comportamiento del tráfico. Actualmente, el volumen diario de vehículos que circulan entre Sevilla y Utrera sobrepasa la cifra de 20.000, con la perspectiva de duplicarse en los próximos años.
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Consejo de Gobierno, 13/06/2006
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que determina los órganos competentes para la imposición de sanciones por infracciones a la normativa de relaciones laborales, prevención de riesgos laborales y empleo. La nueva distribución de competencias sustituye a la vigente desde 1988 (revisada parcialmente en 1996) con el fin de adecuarla a los recientes cambios en la estructura administrativa y a la existencia del Servicio Andaluz de Empleo.
De acuerdo con el decreto, las atribuciones sancionadoras en materia de relaciones laborales se repartirán entre las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo (hasta 6.10,12 euros), Dirección General de Trabajo y Seguridad Social (hasta 30.050,61), Consejería de Empleo (60.101,21) y Consejo de Gobierno de la Junta (hasta 90.151,82).
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales, las competencias corresponderán a las delegaciones provinciales de la Consejería de Empleo (hasta 30.050,61 euros), Dirección General de Seguridad y Salud Laboral (hasta 90.151,82), Consejería de Empleo (hasta 300.506,05) y Consejo de Gobierno de la Junta (hasta 601.012,10). Este último órgano también tendrá la potestad de acordar la suspensión o el cierre de centros de trabajo cuando concurran circunstancias de excepcional gravedad en las infracciones referidas a seguridad y salud laboral.
Finalmente, la competencia sancionadora para infracciones en materia de empleo se concentrará en la persona titular del Servicio Andaluz de Empleo.
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Consejo de Gobierno, 13/06/2006
La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez del Castillo, ha informado al Consejo de Gobierno de las obras de emergencia que en breve iniciará su departamento para la reparación del firme de la carretera A-316 a su paso por el municipio jiennense de Begíjar. Las obras supondrán una inversión de 88.000 euros y se llevarán a cabo en el plazo de 15 días.
El proyecto incluye la reposición del firme en un tramo de 700 metros afectado por el deslizamiento de un terraplén, así como la extensión de una nueva capa de rodadura de cuatro centímetros de espesor.
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Consejo de Gobierno, 13/06/2006
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Juan Carlos Expósito Pérez como nuevo director general de Infraestructuras y Servicios Tecnológicos de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Nacido en Motril (Granada) en 1974, Juan Carlos Expósito es licenciado en Ingeniería de Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla. Actualmente ocupaba el cargo de delegado del Área de Juventud, Innovación y Formación para el Empleo de la Diputación Provincial de Sevilla.
El nuevo director general cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la I+D+I en la empresa privada. Entre 1997 y 2003 estuvo al frente del Departamento de Ingeniería e Innovación de la empresa Telecomunicaciones Sosein.
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