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Consejo de Gobierno, 13/07/2004
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Emergencias ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, documento que establece los procedimientos de actuación y coordinación con otras administraciones para hacer frente a este tipo de situaciones.
El nuevo plan, con capacidad para movilizar hasta cerca de 22.000 efectivos, refuerza la colaboración de la Junta con los entes locales e incluye como principal novedad la creación del Grupo de Intervención Rápida ante Emergencias Medioambientales (Grema). Este grupo, que también intervendrá en otros tipos de situaciones, estará integrado por 40 especialistas encargados de desplazarse a las zonas afectadas mediante transporte aéreo o terrestre para reconocer el terreno y tomar las primeras medidas, desde evacuaciones de población a trabajos de contención. También organizarán los medios disponibles a la espera de la llegada de nuevos efectivos específicos o de apoyo.
El Grema se activará cuando la situación lo haga necesario y, en cualquier caso, siempre que la Junta de Andalucía se haga cargo de la coordinación de los efectivos en una inundación. Su diseño, pionero en España, se basa en el modelo de los grupos específicos de intervención inmediata ante emergencias que ya funcionan en países europeos como Francia y Holanda.
En cuanto al operativo de intervención, el plan establece un procedimiento en tres fases: pre-emergencia, emergencia y normalización. En la primera de ellas el dispositivo no está activado, si bien se toman medidas de precaución y alerta en función de las informaciones del Instituto Nacional de Meteorología y de los datos de las confederaciones hidrográficas sobre el estado de los ríos y los niveles de agua en presas y embalses.
Para la fase de emergencia, el plan fija tres niveles dependiendo de la gravedad y magnitud de la inundación. El nivel 1 corresponde a episodios localizados cuya atención puedan dirigir las autoridades locales con sus propios medios y con el apoyo de los recursos autonómicos en contacto con el Centro de Coordinación de Emergencias-112.
El nivel 2 se activa cuando la Junta de Andalucía pasa a asumir la dirección del operativo, bien por la magnitud de la emergencia o bien porque se supere la capacidad de respuesta municipal, mientras que el 3 corresponde a inundaciones en las que se considera que está en juego el interés nacional.
Finalmente, durante la fase de normalización se coordinan las actuaciones para reponer los servicios esenciales para la población. Una vez conseguido este objetivo, se desactiva el plan de emergencias.
Colaboración con los municipios
Hasta ahora, la mayor parte de las inundaciones que se han producido en Andalucía se han enmarcado en el primer nivel, sin que fuera necesario que la Junta asumiera la dirección. No obstante, el nuevo plan concreta los protocolos de actuación y abre la posibilidad de que la Administración autonómica asuma la dirección en más ocasiones. Esta decisión de activar el nivel 2 podrá tomarse siempre que se produzcan daños de una magnitud destacable en varios municipios o cuando en una sola población la capacidad de los medios locales resulte insuficiente. En cualquier caso, la iniciativa se llevará a cabo tras evaluarse la situación sobre el terreno y en coordinación con los ayuntamientos afectados.
Por último, el documento aprobado hoy prevé que los ayuntamientos elaboren sus propios planes específicos de ámbito local, que deberán ser ratificados por los órganos competentes (plenos o juntas de gobierno local) y homologados por la Comisión de Protección Civil de Andalucía para su integración en el operativo regional.
Junto con los incendios forestales, las inundaciones constituyen uno de los princi-pales riesgos naturales que existen en la comunidad autónoma. Se producen por precipitaciones persistentes o muy intensas y de corta duración, unidas a una geografía abrupta y con problemas de erosión y a concentraciones de población en zonas próximas a los cauces fluviales. También son factores determinantes de riesgo la ocupación de los cauces por casas y carreteras, la carencia de encauzamientos adecuados para asumir las crecidas, las deficiencias en las redes de alcantarillado y las concentraciones de materiales sólidos en los ríos.
Zonas de riesgo
En Andalucía se han definido 115 puntos de máximo nivel de riesgo, localizados sobre todo en Almería, Granada y Málaga. Estas provincias presentan un relieve muy abrupto, elevados índices de erosión y un régimen de lluvias irregulares y de gran intensidad, además de una población concentrada en la franja costera y en las cuencas del Almanzora, Andarax, Guadiaro y Genil.
Por su parte, Córdoba, Jaén y Sevilla, localizan sus principales áreas de riesgo en el cauce del Guadalquivir, mientras que Cádiz y Huelva son las menos problemáticas, con algunas áreas vulnerables en el litoral y en torno al río Guadalete.
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Consejo de Gobierno, 13/07/2004
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy financiar con 35,4 millones de euros el pago de los materiales de las obras que realizarán los municipios andaluces en 2004 con cargo al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa).
En estos proyectos, el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) abona el coste total de la mano de obra, mientras que la Junta y las ocho diputaciones provinciales andaluzas se encargan de subvencionar los gastos de materiales, maquinaria y utensilios en un 75% y un 25%, respectivamente.
Para acceder a las subvenciones, los municipios deben acreditar, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, la cuantía que aporta este organismo, el apoyo financiero de la Diputación correspondiente y los certificados de inicio de las obras, que deberán estar concluidas antes del 30 de junio del año 2005. Estos municipios quedan asimismo sujetos al control de la Consejería de Gobernación.
La Junta de Andalucía ha invertido entre 1986 y 2003 un total de 561,9 millones de euros en cooperación con los municipios para la ejecución de las obras del antiguo PER y del actual Aepsa.
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Consejo de Gobierno, 13/07/2004
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que fija los precios y tasas académicas de las Universidades andaluzas para el curso 2004/05, tras la propuesta formulada por los Consejos Sociales y de Administración de estos centros. La norma establece un incremento del 2,7% respecto al pasado curso, con lo que las nuevas cantidades se sitúan en 459,97 euros para las carreras de letras, 637,86 euros para las experimentales y 9,62 euros en el caso de los créditos.
El aumento aprobado se corresponde con el mínimo que establece el Consejo de Coordinación Universitaria del Estado en su horquilla de entre el 2,7% y el 6,7%. De este modo, la Junta de Andalucía opta por mantener los precios de matrícula en la banda más baja del conjunto de España.
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Consejo de Gobierno, 13/07/2004
El Consejo de Gobierno ha acordado rechazar el requerimiento previo a la vía contencioso-administrativa formulado por el Ministerio de Medio Ambiente para que la Junta de Andalucía modifique o derogue varios preceptos del Decreto 79/2004, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz.
A juicio del Gobierno andaluz, y en contra de lo que sostiene la Administración Central, la Junta está facultada para emitir autorizaciones en el parque natural sobre proyectos no sujetos al procedimiento de prevención ambiental en materia de infraestructuras marítimas y otras obras que afectan al dominio público marítimo terrestre, portuario o hidráulico. Esta atribución, recogida en varios apartados del capítulo 5 del Plan de Ordenación los Recursos Naturales, se incluye dentro de las competencias autonómicas exclusivas sobre espacios naturales protegidos.
De igual modo, se rechaza la impugnación de otras disposiciones del citado capítulo 5, respecto de las cuales el Ministerio interpretaba que, a través de ellas, la Junta impone prohibiciones generales sobre actuaciones que afectan a la conservación de los ecosistemas marismeños y en las que también entran en juego competencias estatales sobre recursos y aprovechamientos hidráulicos.
En relación con ello, el Gobierno andaluz subraya que no existe una prohibición general, sino que esas intervenciones son prohibidas o autorizadas en función de las necesidades de conservación. Lejos de interferir o impedir el ejercicio de las atribuciones estatales, la Junta se limita en este caso a ejercer sus competencias exclusivas sobre espacios naturales para establecer medidas de protección proporcionadas y adecuadas a los valores ecológicos que se quieren preservar.
Los planes de ordenación de los recursos naturales y de uso y gestión del Parque Natural de la Bahía de Cádiz fueron aprobados por el Gobierno andaluz el pasado 24 febrero, en sustitución de los vigentes desde 1994. A través de ellos, la Consejería de Medio Ambiente pretende desarrollar en los próximos ocho años un amplio conjunto de medidas para reducir los impactos ambientales que ocasiona en los ecosistemas del parque natural la alta densidad demográfica e industrial de la bahía gaditana.
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Consejo de Gobierno, 13/07/2004
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha informado hoy al Consejo de Gobierno sobre las obras de emergencia que la Junta de Andalucía realiza para reparar las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua dañadas por las lluvias torrenciales del pasado mes de marzo en distintas poblaciones de la provincia de Málaga. Estos proyectos, que cuentan con un presupuesto de 2,27 millones de euros, se encuentran en avanzado estado de ejecución y algunos de ellos ya han finalizado.
Las obras consisten fundamentalmente en la reposición de los colectores de aguas residuales y conducciones de abastecimiento que sufrieron roturas y daños, así como en trabajos para reforzar la protección exterior de estas canalizaciones en los municipios de Álora, Cártama, Coín, Pizarra, Rincón de la Victoria y Totalán.
Estos proyectos de emergencia serán ampliados por la Consejería de Medio Ambiente, al detectarse en algunos puntos daños más graves de los inicialmente previstos. Las nuevas obras, que comenzarán en breve, supondrán una inversión adicional de 900.000 euros.
Durante la noche del 27 de marzo y la madrugada del día siguiente se produjeron en la provincia de Málaga lluvias torrenciales que, en algunas poblaciones cercanas a la capital como Rincón de la Victoria, llegaron a alcanzar registros de 200 litros por metro cuadrado en 24 horas.
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Consejo de Gobierno, 13/07/2004
La consejera de Obras Públicas y Transportes, Concepción Gutiérrez, ha informado al Consejo de Gobierno de las obras de emergencia que lleva a cabo su departamento en 18 carreteras de las provincias de Málaga, Granada y Jaén para reparar los desperfectos originados por las lluvias de la pasada primavera.
Estos proyectos, que se encuentran en diferentes estados de ejecución, cuentan con un presupuesto de 7,6 millones de euros y se concretan en trabajos como reconstrucción de taludes, contención de deslizamientos, estabilización de terrenos y reacondicionamiento de sistemas de drenaje.
La mayor parte de las obras se realizan en la provincia de Málaga, donde la Junta ha destinado 5,1 millones de euros a la mejora de 15 carreteras. Cinco de ellas se ubican en el Valle del Guadalhorce, cuatro en la Axarquía, otras cuatro en la comarca de Antequera y dos en los términos municipales de Málaga y Torrox.
Por su parte, Los proyectos que se llevan a cabo en la provincia de Granada tienen como objetivos la contención de un deslizamiento de la autovía A-92 en el municipio de Diezma y la estabilización de terraplenes en la carretera C-333 a su paso por Albuñol.
Finalmente, la titular de Obras Públicas también ha informado de las obras ya concluidas en la carretera A-311, en el término municipal de Jaén, donde se ha sustituido el firme y se ha asegurado la estabilidad de los terraplenes.
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