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Consejo de Gobierno, 13/12/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley de Medidas Urgentes en Farmacia, que establece, entre otras mejoras, la adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos que se dispensan. Esta medida permitirá avanzar en la eficiencia económica del Sistema Sanitario Público de Andalucía y obtener nuevos márgenes que se reinvertirán en el servicio.
La nueva norma tiene el doble objetivo de disminuir el gasto en medicamentos y productos sanitarios y contribuir a la mejora de la dispensación, al evitar cambios de presentación en los envases. La Consejería de Salud estima que esta iniciativa generará un ahorro anual de entre 40 y 200 millones de euros.
El precio de los medicamentos en la convocatoria pública es el menor estipulado por el Ministerio competente en materia de sanidad y consumo. El colectivo de las oficinas de farmacia mantendrá sus actuales márgenes de beneficio sobre la venta, que están determinados por normativa estatal.
El Decreto Ley, como medida de racionalización del gasto farmacéutico, establece la adjudicación por convocatoria pública de los medicamentos dispensados en las farmacias andaluzas a los usuarios que acudan con una receta por principio activo. De este modo se pretende lograr una mayor eficiencia económica, dado que la adquisición de 190 millones de envases de medicamentos al año para ocho millones de usuarios conllevará bonificaciones por parte de la industria farmacéutica que repercutirán en la sostenibilidad del sistema sanitario.
Este proceso de selección estará abierto a todas las empresas y laboratorios que comercialicen los medicamentos. La iniciativa comenzará por tres de los 400 subgrupos terapéuticos más consumidos: los protectores gástricos (se consumen anualmente medicamentos por valor de 97,5 millones de euros); las estatinas, usadas para reducir el colesterol (91 millones), y los inhibidores de la agregación plaquetaria, indicados para la prevención de coágulos y disminuir el riesgo de infarto e ictus (47 millones). Las convocatorias públicas podrán comenzar su tramitación el próximo mes.
Productos sanitarios
El Decreto Ley aprobado, que se someterá a aprobación parlamentaria en la próxima sesión, regulará también la prescripción por denominación genérica de los productos sanitarios. Esta medida comenzará con los absorbentes para la incontinencia urinaria. Además, se va a impulsar que los pacientes puedan recibir a domicilio los productos necesarios para el cuidado de su problema de salud, bien porque no pueden desplazarse para recibir las curas o porque requieren de soporte nutricional enteral o dietoterapéutico en casa y son visitados por los profesionales de Enfermería.
Andalucía es referente nacional en políticas de uso racional del medicamento, entre las que se incluye la prescripción por principio activo, un modo de indicación recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, el 88% de las recetas de los centros sanitarios de la comunidad se emiten por este sistema, que comenzó su implantación en 2001 y desde entonces ha permitido reducir la factura farmacéutica en 1.000 millones de euros en la última década. La experiencia andaluza ha servido de base a la implantación de este modelo de prescripción al conjunto del Sistema Nacional de Salud a través del Real Decreto Ley 9/2011.
Esta norma se suma a las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno autonómico para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública andaluza, como las plataformas provinciales de contratación, que están permitiendo un ahorro de 100 millones de euros anuales.
El Decreto Ley contempla también la creación de un Fondo de Ayudas para el mantenimiento de las boticas de pequeñas poblaciones aisladas, que ofrecen servicio público sin ser rentable en muchos casos, al que la Consejería de Salud destinará el 10% de los beneficios que se obtengan con la aplicación de la norma.
Con esta nueva normativa se va a extender la factura informativa a las oficinas de farmacia, una medida que actualmente funciona en 34 hospitales de la comunidad. Los tiques de compra de cada producto detallarán el coste asumido por el Sistema Sanitario Público de Andalucía.
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Consejo de Gobierno, 13/12/2011
El Consejo de Gobierno ha autorizado la formalización de dos préstamos por un importe total de 450 millones de euros con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), para financiar inversiones en las universidades de Andalucía. Esta cantidad permitirá cubrir tanto costes de personal científico y docente como obras de renovación, construcción y equipamiento de instalaciones.
Entre otros proyectos, destacan los relativos al nuevo edificio de docencia en la Universidad de Almería; las infraestructuras para el campus de la Escuela Superior de Ingeniería en la Universidad de Cádiz; la rehabilitación parcial de la Facultad de Filosofía y Letras y el suministro de equipos para la Escuela de Enfermería en Córdoba; las obras de urbanización y suministros en torno al Campus de la Salud de Granada; la construcción de instalaciones docentes en Jaén; la primera fase de renovación del Rectorado en Málaga; la rehabilitación y construcción de infraestructuras en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, y la rehabilitación, mejora y suministro de equipos en la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.
Los préstamos autorizados para estas inversiones tendrán un plazo de amortización de hasta nueve años, incluyendo dos de carencia, y se realizarán con cargo a las autorizaciones contenidas en las leyes del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2010 y 2011.
El BEI ha contribuido desde 1983 a financiar inversiones públicas en Andalucía por un valor total de 13.400 millones de euros. En materia educativa, esta vía de financiación se emplea fundamentalmente en obras de ampliación y mejora de colegios, institutos y facultades universitarias.
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Consejo de Gobierno, 13/12/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado una segunda partida 94,4 millones de euros para el plan de mejora de caminos rurales de titularidad municipal, 'Encamina2', cuya finalización está prevista en marzo de 2012.
Esta financiación se suma a la ya consignada de 23,6 millones de euros desde la puesta en marcha del plan el pasado septiembre con un presupuesto global de 118 millones de euros. El Gobierno andaluz ha recibido 595 solicitudes de ayuntamientos acogidos a la iniciativa y ya ha aprobado más del 53% de las mismas, lo que supone proyectos en 315 municipios (de ellos 66 en fase de obras).
La partida aprobada hoy servirá para completar el arreglo de los 5.000 kilómetros de caminos previstos en el plan, que en su conjunto supondrá la creación de 250.000 jornales (equivalentes a 1.000 empleos directos anuales) en obras para mejorar la accesibilidad a las explotaciones agrarias y forestales y promover la competitividad de sus producciones. Estos proyectos cuentan con la participación de más de 600 pequeñas y medianas empresas de ámbito local.
A diferencia del anterior sistema de cofinanciación a través de ayudas solicitadas por los ayuntamientos, el Plan Encamina2 se aplica directamente en todos los municipios que necesitan mejorar sus comunicaciones rurales. El Gobierno andaluz financia íntegramente los proyectos sin coste alguno para las corporaciones locales, contribuyendo así a paliar los efectos de la situación de crisis financiera que actualmente atraviesan.
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Consejo de Gobierno, 13/12/2011
Andalucía ha triplicado en esta legislatura el número de prestaciones a personas en situación de dependencia, desde las 89.000 de 2008 a las 259.000 actuales. Así se destaca en el informe sobre políticas sociales presentado hoy ante el Consejo de Gobierno por la consejera para la Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro.
Más de 191.000 personas reciben alguna prestación por dependencia (67.900 de ellas dos o más a la vez), principalmente acceso a residencias y centros de día, servicios domiciliarios, teleasistencia y ayudas económicas. Con estos datos, Andalucía aglutina en torno al 30% de las personas atendidas en toda España y supera en 70.000 el número de las beneficiarias de las comunidades de Madrid y Valenciana juntas (120.000), pese a que éstas superan en tres millones de habitantes la población andaluza.
El Sistema de Atención a la Dependencia, consolidado a lo largo de esta legislatura, ha permitido en Andalucía la creación de más de 50.000 empleos. De ellos, 17.000 corresponden al servicio de ayuda a domicilio y 22.000 a centros financiados por la Junta, donde también se han creado 22.500 plazas.
La Administración autonómica ha destinado unos 4.000 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia, con una inversión media que actualmente se sitúa en unos tres millones de euros al día. Para el próximo año se consigna una partida inicial de algo más de 912 millones de euros, lo que supone un aumento del 7,4%.
En otro de los grandes ejes de las políticas sociales en Andalucía, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, la principal iniciativa es el inicio en 2010 del I Plan Estratégico. En su primer año vigencia, el plan se desarrolló con una inversión de más de 700 millones de euros y propició, entre otras mejoras, la ampliación de horarios para la conciliación familiar en 89 nuevos colegios e institutos; la creación de 5.000 plazas residenciales y de estancia diurna para personas en situación de dependencia; la orientación profesional a 27.630 personas a través de las unidades de empleo para mujeres; el apoyo a la creación de 385 empresas y 3.972 empleos en el medio rural, y la adaptación de las consultas ginecológicas a las necesidades de las mujeres con discapacidad. Asimismo, 1.037 profesionales y 105 empresas recibieron formación sobre la elaboración de planes de igualdad en los centros de trabajo y se implantaron unidades de igualdad en todas las consejerías de la Junta y universidades públicas andaluzas.
El capítulo de la lucha contra la violencia hacia las mujeres, Andalucía ha desarrollado la red de atención y prevención más extensa de España y actualmente la comunidad dispone de 1.800 recursos, entre centros de emergencia y acogida; servicios de asistencia jurídica y psicológica, y programas de apoyo para la emancipación. Entre este conjunto de dispositivos figura el Punto de Coordinación telemática de las Órdenes de Protección, creado en 2009 y primer sistema de este tipo en España que permite notificar de manera inmediata esas órdenes entre los órganos judiciales y los organismos de asistencia y protección de las víctimas de malos tratos.
Mayores
Además de la atención a la dependencia, dentro de los programas 2008-2011 que desarrolla la Junta para el colectivo de mayores sobresalen las 52.800 plazas de Turismo Social para personas con escasos recursos económicos. Además, durante sus diez años de vigencia, la tarjeta Andalucía Junta Sesentaycinco ha ahorrado a las personas mayores de la comunidad autónoma alrededor de 162 millones de euros en transportes; compras de productos ópticos y auditivos, y asistencia a actividades culturales y de ocio.
Lo más destacado de las políticas autonómicas dirigidas al colectivo de mayores se completa con la elaboración del primer Libro Blanco sobre Envejecimiento Activo editado en España, con 130 puntos fundamentales para la mejorar de su calidad de vida.
En la atención a las personas con discapacidad, Andalucía cuenta desde el pasado mes de noviembre con la primera ley que desarrolla en el ámbito autonómico el uso de la lengua de signos española. La nueva norma, que incluye disposiciones para fomentar la generalización de los medios técnicos y humanos de apoyo dirigidos a las personas con discapacidad auditiva, prevé una inversión inicial de 406,4 millones de euros hasta el año 2014. Estas medidas beneficiarán a un colectivo que se cifra en 176.000 personas.
Respecto a las personas con más dificultades económicas, Igualdad y Bienestar Social dio cobertura el año pasado a 30.000 familias con el Programa de Solidaridad (el denominado salario social), 4.000 más que en 2009. Para el próximo año, el presupuesto de esta iniciativa alcanzará los 65,2 millones de euros, lo que representa un incremento del 70% en la comparación con el inicio de la legislatura.
En pensiones no contributivas y asistenciales, el informe presentado por la consejera Micaela Navarro destaca los 113 millones de euros concedidos por la Junta durante esta legislatura a ayudas complementarias de carácter extraordinario, con una media de 120.000 personas beneficiadas cada año. En el mismo periodo, la cuantía de estas ayudas ha aumentado un 31% en el caso de las pensiones no contributivas y un 24% en el de las asistenciales.
En el ámbito de infancia y familia, destaca la aprobación en 2009 de la Ley de Mediación Familiar, que regula el procedimiento para la resolución voluntaria de conflictos antes de que lleguen a los juzgados y a través de la intervención de profesionales especializados e imparciales. Asimismo, Igualdad y Bienestar Social ha continuado ampliando su política de promoción de del acogimiento familiar de menores, que actualmente es la medida más extendida en Andalucía, con un 55,5% de los 6.056 menores integrados en el sistema de protección de la Junta.
Finalmente, la Junta puso en marcha este año su segundo Plan Intregral de Juventud, denominado Plan Gyga, que prevé una inversión de 2.598 millones de euros hasta 2014 (un 38% más que el primero) en medidas para mejorar las posibilidades de formación y emancipación de la población andaluza comprendida entre los 15 y los 34 años de edad.
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