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Consejo de Gobierno, 14/02/2012
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Medio Ambiente de Andalucía (PMA) Horizonte 2017. Este documento, que da continuidad al vigente desde 2004, establece la nueva estrategia de la Administración autonómica para impulsar la gestión sostenible de los recursos naturales y la lucha contra el cambio climático como motores de desarrollo socioeconómico y creación de empleo. Asimismo, recoge como prioridades la protección del paisaje, la mejora de la gobernanza y la participación de la ciudadanía en el diseño y desarrollo de las políticas ambientales.
Cofinanciado en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el PMA recoge un presupuesto inicial de 1.661 millones de euros para 2012 y 2013, que son las dos últimas anualidades del marco de apoyo comunitario en vigor, mientras que el resto hasta 2017 queda pendiente de la aprobación de las nuevas cuentas de la Unión.
Los proyectos previstos para los dos primeros años conllevarán la generación de 38.826 empleos. De ellos, 26.860 corresponderán a los ámbitos de la gestión sostenible del medio natural y de los recursos hídricos.
El PMA, cuyo desarrollo implicará a siete consejerías del Gobierno andaluz, se estructura en torno a seis grandes áreas: medio natural, recursos hídricos, sostenibilidad urbana, integración ambiental de la actividad económica, información ambiental y mejora de los servicios administrativos.
El documento se completa con el diagnóstico de la situación actual y la detección de nuevas necesidades, la evaluación de los resultados del anterior plan y las medidas de carácter horizontal.
El bloque con mayor dotación económica es el de gestión del medio natural, con 629,91 millones de euros y una previsión de 16.577 puestos de trabajo asociados durante los próximos dos años. En esta área se incluyen cuatro grandes programas: conservación de la biodiversidad y geodiversidad, espacios naturales, uso público y gestión forestal. Entre los principales proyectos previstos destacan los relativos a gestión forestal (78,61 millones de euros); extinción de incendios (89 millones) y forestación de tierras agrarias (43,58 millones).
La gestión de los recursos hídricos contará con unas inversiones de 555,83 millones de euros y un empleo asociado de 10.293 puestos. Las prioridades en este capítulo se dirigen a las obras de saneamiento y depuración (134 millones de euros); abastecimiento de agua potable (87 millones) y mejora de las infraestructuras hidráulicas (61,1).
El área de la sostenibilidad urbana, con 275,02 millones de euros y 6.396 empleos, se centra en los programas de calidad ambiental del medio urbano y en la promoción de modelos de movilidad sostenibles, con especial atención al refuerzo de los sistemas de transporte en las áreas metropolitanas y al fomento de las conexiones por ferrocarril.
Modelo productivo
Para el bloque de integración ambiental de la actividad económica, el PMA consigna una partida de 130,44 millones de euros con el doble objetivo de reducir los impactos negativos sobre el medio ambiente y propiciar un modelo productivo más sostenible y compatible con la conservación de los recursos naturales.
El plan prioriza el apoyo al sector de bienes y servicios medioambientales y a actividades de gran potencial de crecimiento y empleo relacionadas con la eficiencia energética, la construcción basada en criterios bioclimáticos, la movilidad sostenible o la gestión de residuos. Actualmente, Andalucía cuenta con 98.661 puestos de trabajo asociados a estos sectores, una cifra que supone el 18% del denominado 'empleo verde' en España y que se prevé duplicar en el año 2020 hasta superar los 210.000.
Entre los principales programas dentro de este capítulo destacan los referentes al fomento de las energías renovables; innovación en tecnologías limpias; buenas prácticas en la industria y en la agricultura; promoción de la certificación de en calidad medioambiental como elemento de competitividad; modernización de regadíos; reducción de emisiones contaminantes; apoyo a la producción agraria ecológica; gestión de residuos; formación para el empleo, e iniciativas de turismo sostenible en espacios naturales.
El plan aprobado por el Consejo de Gobierno se completa con los capítulos dedicados a la información ambiental (18,33 millones de euros) y a la mejora de la gobernanza, la participación ciudadana y los servicios administrativos (5,19 millones de euros).
Finalmente, todos los programas y medidas que recoge el PMA se adaptan a las nuevas directrices legales y de planificación surgidas en los últimos años, tanto en el ámbito autonómico como en el estatal y el europeo. Entre ellas destacan las contenidas en el Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2010; la Ley andaluza de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental; la Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia; la Ley de Economía Sostenible, y el Programa Europeo sobre el Cambio Climático.
Objetivos cumplidos
El anterior plan, desarrollado entre 2004 y 2010, se saldó con una inversión pública total de 8.196 millones de euros (un 55% más de los 5.289 millones inicialmente previstos). Los principales proyectos se centraron en la mejora del medio natural, el apoyo a las producciones sostenibles, los recursos hídricos, la eficiencia energética y las infraestructuras de transporte.
De acuerdo con los datos de balance correspondientes a 2010, en el bloque de mejora del medio natural destacan indicadores como la repoblación forestal de 42.496 hectáreas, el aumento de la superficie total protegida desde el 19,1% al 20,2% del territorio andaluz o la mejora de las principales especies de la fauna y la flora andaluzas en peligro de extinción. Este es el caso del lince ibérico, que aumentó su población desde los 120 ejemplares de principios de la pasada década hasta los 253 actuales, además de incrementar su superficie de distribución un 73% en Sierra Morena y un 156% en Doñana-Aljarafe.
En relación con el apoyo al tejido económico de las áreas de influencia de los espacios naturales protegidos, se registraron incrementos tanto en los productos con marca Parque Natural (de 243 a 1.421) como en el número de empresas acreditadas con este distintivo (de 75 a 171). En 2008, la Junta extendió a todos los parques naturales andaluces las ayudas socioeconómicas antes limitadas a Doñana y Sierra Nevada.
En materia de recursos hídricos, sobresalen los proyectos de modernización de regadíos realizados sobre más de 350.000 hectáreas, con el apoyo financiero de la Administración autonómica a las comunidades de regantes. Este respaldo ha permitido, entre otras mejoras, sustituir casi la mitad de todo el riego en superficie de la comunidad autónoma por sistemas de aspersión y localizados, más eficientes en el uso del agua. Como consecuencia, los agricultores andaluces utilizan actualmente un 25% menos de agua que hace diez años y, con los mismos recursos hídricos de entonces, pueden atender un 36% más de superficie.
La mejora del medio ambiente urbano se reflejó en indicadores como el aumento de la población atendida por sistemas de gestión del ciclo integral del agua (del 84% al 88% del total de la comunidad); la construcción de 133 nuevas depuradoras; la creación de 3.596 kilómetros de corredores verdes y carriles-bici; la regeneración ambiental de 2,18 millones de metros cuadrados en áreas urbanas; el sellado de 88 vertederos, y la adhesión de 231 municipios (con el 85% de la población andaluza) al programa Ciudad 21. Esta última iniciativa ha supuesto la realización de más de 700 proyectos, con un respaldo financiero de 60 millones por parte de la Consejería de Medio Ambiente.
Entre los avances en el campo energético, a cargo de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, destacó la línea de subvenciones para desarrollo energético sostenible, con más de 85.000 proyectos incentivados y un volumen total de ayudas de 257 millones de euros para empresas, ciudadanos y administraciones. Actualmente, Andalucía figura en los lugares de cabeza en todas las tecnologías renovables y es líder nacional en termosolar y biomasa térmica, además de ser la segunda comunidad en fotovoltaica.
Economía sostenible
El avance hacia un nuevo modelo productivo más sostenible tuvo su reflejo, durante el periodo 2004-2010, en indicadores como el auge de la agricultura ecológica (de 326.704 a 879.859 hectáreas); el incremento del número de establecimientos empresariales con Sistemas de Gestión Medioambiental (de 683 a 2.639), o las subvenciones autonómicas a las empresas para proyectos de adaptación y mejora medioambiental (13,7 millones de euros). Además, la proporción de ayuda pública sobre inversión privada en territorios con Planes de Desarrollo Sostenible se duplicó hasta superar el 22,86%.
En relación con la protección de litoral, a lo largo de los últimos siete años se han aprobado los planes subregionales de ordenación del territorio de la Costa del Sol Occidental, el Litoral Occidental de Huelva, Litoral Oriental-Axarquía de Málaga, Poniente de Almería, Levante de Almería, Costa Tropical de Granada, La Janda, Campo de Gibraltar y Costa Noroeste de Cádiz. Estos documentos establecen la ordenación general de los distintos usos y actividades productivas, además de exigir garantías adicionales para la salvaguarda de la franja costera. La planificación territorial en el litoral ha ido incorporando progresivamente corredores costeros de uso público exclusivo que duplican la zona de servidumbre prevista en la Ley de Costas para las áreas no urbanizadas y las urbanizables no sectorizadas, así como limitaciones residenciales o industriales que pueden llegar hasta los 500 metros.
A los grandes proyectos de infraestructuras de movilidad sostenible, como los metros de Granada, Málaga y Sevilla o los tranvías de Jaén y la Bahía de Cádiz, el anterior plan sumó la constitución de cinco nuevos consorcios metropolitanos de transporte, con los que ya se da servicio a todas las aglomeraciones urbanas andaluzas (capitales de provincia y Campo de Gibraltar).
Finalmente, durante el periodo de aplicación del PMA 2004-2010 el Gobierno andaluz aprobó normas de incidencia ambiental tan relevantes como las leyes del Agua y la Dehesa, el reglamento contra la contaminación lumínica, los decretos de autorizaciones ambientales o la nueva normativa de simplificación de trámites en los territorios de influencia de los parques naturales, además de promover iniciativas como el Acuerdo Andaluz por el Agua o el Plan de Acción por el Clima.
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Se adjunta anexo
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Consejo de Gobierno, 14/02/2012
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la conservación y el uso sostenible de la flora y la fauna silvestres y sus hábitats. La norma, que se suma a los reglamentos ya en vigor sobre protección de aves en tendidos eléctricos y caza y pesca continental, completa el desarrollo de la ley autonómica sobre esta materia.
Entre otras novedades, el decreto regula por primera vez las fórmulas de colaboración público-privada en la conservación de la biodiversidad; garantiza el acceso con fines de estudio e investigación a las colecciones científicas públicas de flora y fauna; crea un inventario especial para los corredores ecológicos, y amplía el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. Junto con ello, se simplifica y agiliza el régimen de procedimientos y autorizaciones a través de la generalización de la tramitación electrónica.
Respecto a la colaboración público-privada, el decreto establece el marco normativo de este modelo impulsado en los últimos años por la Consejería de Medio Ambiente, que actualmente se concreta en 547 convenios con particulares y propietarios de fincas y en la realización de proyectos de protección de hábitats y especies en más de 223.000 hectáreas de la comunidad autónoma. Además de su finalidad básica de carácter ecológico, estas fórmulas también se dirigen a promover la generación de empleo en las zonas rurales y a mejorar la explotación sostenible de sus recursos naturales.
Otra novedad destacada es la garantía de uso ciudadano que la norma exige a las colecciones científicas de titularidad pública, que podrán ser consultadas sin limitación de acceso siempre que se acredite una finalidad de estudio e investigación. Para ello se crea un registro especial en el que deberán inscribirse los centros o instituciones que gestionan colecciones de ejemplares o de restos naturalizados de la flora y fauna silvestres.
El texto aprobado regula el régimen de protección aplicable a todas las especies y sus hábitats, además de otro especial para las amenazadas, bajo el principio común de corresponsabilidad de ciudadanos, empresas, técnicos y gestores.
Respecto a la conservación de los hábitats, la principal novedad es la creación del Inventario de Corredores Ecológicos Prioritarios, que conllevará un régimen de protección específico para aquellas áreas que conectan distintos espacios naturales y evitan el aislamiento de las especies.
De igual modo, se sistematiza y regula la protección de los árboles y arboledas singulares de especial interés para el mantenimiento de la biodiversidad. El trabajo de recopilación llevado a cabo en los últimos diez años, con 3.100 informaciones de ejemplares y enclaves, ha dado como resultado un inventario de 765 árboles y 212 arboledas.
En cuanto al régimen especial de protección, el decreto amplía el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas para adaptarlo a la nueva normativa básica estatal, sobre todo en lo referente a hongos e invertebrados. De este modo, el inventario pasa de 501 a 717 especies (423 de fauna, 278 de flora y 16 de hongos). De ellas, 272 presentan algún tipo de amenaza y se catalogan como extintas, en peligro de extinción o vulnerables, mientras que las otras 445 cuentan con medidas especiales de protección por su interés o por su sensibilidad a las alteración de sus hábitats.
Finalmente, el decreto regula los planes de recuperación y conservación de estas especies, orientados tanto a incrementar las poblaciones como a proteger sus hábitats y las posibles áreas de expansión. El Gobierno andaluz aprobó en enero de 2011 los primeros documentos de este tipo para las tres principales especies de la fauna y la flora andaluzas en peligro de extinción: el lince ibérico, el águila imperial y el pinsapo. Junto con ellos, también se desarrollan los planes de las aves esteparias y de las necrófagas.
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Consejo de Gobierno, 14/02/2012
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto que regula la utilización de desfibriladores externos automatizados en lugares públicos fuera del ámbito sanitario. Estos equipos móviles se emplean en situaciones de parada cardiorrespiratoria para intentar reestablecer el ritmo del corazón mientras llegan las emergencias sanitarias.
La norma, que sustituye a la vigente desde 2001, establece como principal novedad la disposición obligatoria de estos aparatos en grandes superficies comerciales minoristas, instalaciones de transporte de viajeros, espacios deportivos y establecimientos públicos con aforo igual o superior a 5.000 personas. Junto con ello, el decreto también regula el manejo de los equipos por personal no facultativo y crea el Registro Andaluz de Desfibriladores Externos Automatizados.
Respecto a los espacios públicos obligados a disponer de desfibriladores, las grandes superficies minoristas que se incluyen son aquellas con una superficie útil igual o superior a 2.500 metros cuadrados para exposición y venta al público.
Las instalaciones de transporte señaladas en el decreto son los puertos comerciales, aeropuertos, estaciones y apeaderos de autobuses o ferrocarril de poblaciones de más de 50.000 habitantes, así como las estaciones de metro con afluencia media diaria igual o superior a 5.000 personas.
Por su parte, los espacios deportivos afectados son aquellos centros, complejos o instalaciones que tienen un promedio diario de más de 500 usuarios. Finalmente, como establecimientos públicos se consideran todos aquellos en los que se celebran o practican espectáculos o actividades recreativas, con un aforo igual o superior a 5.000 personas.
De acuerdo con el decreto, las personas físicas y jurídicas responsables de la gestión de los desfibriladores en estos lugares deben comunicar a la Consejería de Salud tanto los detalles de su instalación como las características técnicas. Esta comunicación contendrá también una declaración responsable que, entre otros aspectos, incluirá la garantía de disponibilidad de personal con conocimientos básicos acreditados en el entorno durante todo el horario de apertura al público.
El decreto, que establece un plazo de doce meses para hacer efectiva la instalación, eleva a rango normativo la colaboración que la Consejería de Salud viene manteniendo con las entidades titulares de todos estos espacios en la comunidad autónoma, especialmente a partir de la aprobación de la primera regulación en 2001.
Respecto al manejo de los desfibriladores, la norma establece que cualquier persona podrá hacer uso de los mismos siempre que tenga conocimientos básicos y mínimos que se puedan constatar tanto en esta materia como en técnicas de reanimación cardiopulmonar y soporte vital básico, de acuerdo con las previsiones del plan nacional en estos ámbitos. Asimismo, podrán utilizar los equipos personas en posesión de los títulos de Licenciado en Medicina y Cirugía o Grado de Medicina; Diplomado de Enfermería o Grado de Enfermería, y Formación Profesional de Técnico de Emergencias Sanitarias.
Coordinación de emergencias
La utilización del desfibrilador fuera del ámbito sanitario irá precedida del aviso y la consiguiente activación inmediata del Servicio de Emergencias Sanitarias de Andalucía, que asegurará la coordinación urgente de todos los agentes que integran la cadena de supervivencia. El uso del equipo tras una incidencia debe ser igualmente comunicado a la Consejería de Salud.
Tanto los datos de utilización como los relativos a la instalación y explotación quedarán recogidos en el Registro Andaluz de Desfribriladores Externos Automatizados, instrumento de nueva creación que dotará al Servicio de Emergencias Sanitarias de un mapa completo del despliegue de estos aparatos en la comunidad autónoma.
Los equipos de Emergencias Sanitarias 061 asisten cada año en Andalucía alrededor de 1.000 paradas cardiacas fuera de los hospitales. Estos episodios, que pueden sobrevenir en cualquier lugar con pequeños síntomas como el ahogo y la pérdida de conocimiento, están motivados generalmente por problemas de fribrilación ventricular y de taquicardia ventricular sin pulso, que impiden el bombeo de la sangre y la llegada de oxígeno a todo el cuerpo.
Los cinco minutos posteriores a una parada cardiorrespiratoria son claves para el afectado y por ello es fundamental que la persona que tiene el contacto inicial actúe de forma inmediata alertando a los equipos de emergencias sanitarias y aplicando entre tanto técnicas de reanimación básicas, como la ventilación boca a boca y el masaje cardiaco externo. La disponibilidad de un equipo de desfibrilación eléctrica precoz, que puede ser utilizado por personal ajeno a la profesión sanitaria, añade el recurso más eficaz para restablecer el ritmo cardiaco viable y reducir al máximo el riesgo de muerte.
Las enfermedades cardiovasculares suponen el 30% de los fallecimientos en los países occidentales. Los hospitales públicos andaluces atendieron en 2010 un total de 9.514 infartos agudos de miocardio, que en un 90% afectaron a pacientes que lograron sobrevivir.
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Consejo de Gobierno, 14/02/2012
El Consejo de Gobierno ha autorizado dos anticipos de tesorería, por un importe total de 979.776 millones de euros, a los ayuntamientos cordobeses de Baena y Villa del Río. El primero de estos pagos, de 882.517 euros, se concede a cuenta de la participación en los ingresos del Estado, mientras que el de Villa del Río (97.259 euros) se incluye en la línea de apoyo de la Junta referida a la participación de las corporaciones locales en los tributos autonómicos.
De acuerdo con su normativa reguladora, los anticipos de esta segunda modalidad no pueden sobrepasar los 100 millones de euros en su conjunto durante un año. Para cada corporación se establecen los límites de 2,5 millones y del 25% del total de las entregas a cuenta de un ejercicio por participación en los tributos de la comunidad.
Por su parte, el apoyo financiero por adelanto de los recursos que los ayuntamientos perciben de los ingresos del Estado no puede superar los 2,5 millones de euros por municipio y los 50 de límite global durante un año.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública debe dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local, mientras que la decisión del Consejo de Gobierno se adopta previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
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