Consejo de Gobierno, 14/12/2010
Los pacientes de la sanidad andaluza y sus familiares contarán con una línea de consulta directa con los profesionales ante situaciones de conflicto ético que se produzcan en el ámbito de la asistencia, tanto pública como privada. Esta es una de las principales novedades del decreto regulador de los órganos de ética asistencial y de investigación biomédica en los centros sanitarios de Andalucía, norma que ha sido aprobada hoy por el Consejo de Gobierno y que habilita mecanismos de acceso directo de la ciudadanía a estos comités.
Con la nueva regulación, primera autonómica en adaptarse a la normativa estatal sobre la materia, Andalucía contará con comités de ética diferenciados para la actividad asistencial y para la investigación biomédica. El decreto establece un plazo máximo de seis meses para su constitución y acreditación por parte de la Consejería de Salud.
En el apartado de la práctica asistencial, los órganos de ética previstos permitirán ofrecer respuestas a la creciente sensibilización social en ámbitos como el de los derechos humanos en el contexto sanitario, la dignidad de las personas en el proceso final de la vida, el respeto a la autonomía del paciente o las inquietudes que puedan suscitar determinados avances en las prácticas biomédicas.
Respecto a la investigación biomédica, la norma sistematiza y refuerza la evaluación tanto de los ensayos clínicos en seres humanos como de aquellos otros proyectos que se realizan con muestras biológicas. El objetivo es garantizar el escrupuloso respeto a los derechos de los pacientes y el marco ético y de responsabilidad social en todas las actividades de este tipo.
La Consejería de Salud ha trabajado durante más de un año en la elaboración del decreto, un proceso que ha conllevado un análisis previo sobre la formación en ética de los posibles integrantes de los comités. Este trabajo ha permitido constatar el gran interés que suscita la bioética entre los profesionales de la sanidad andaluza, ya que se han identificado a más de 400 personas con conocimientos cualificados en la materia.
La norma aprobada hoy introduce novedades sustanciales en la configuración de los órganos que ya funcionan en la comunidad autónoma, además de incluir otros de nueva creación. En todos los casos, se exige el mantenimiento de la privacidad y confidencialidad de toda la información que manejan.
La nueva red de órganos de ética queda así integrada por el Comité de Bioética de Andalucía; el Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía; los Comités de Ética Asistencial de Centros Sanitarios; y los Comités de Ética de la Investigación de Centros que realicen Investigación Biomédica. El decreto excluye de su regulación otros órganos que se rigen por su normativa específica, como el Comité de Investigación con Preembriones Humanos; la Comisión Andaluza de Genética y Reproducción, y el Comité de Investigación en Reprogramación Celular.
Centros sanitarios
La principal novedad, referida al ámbito más directamente relacionado con la ciudadanía, es la creación de los Comités de Ética Asistencial de Centros Sanitarios, tanto públicos como privados. Entre otras funciones, estos órganos se encargarán de asesorar a pacientes, usuarios, profesionales sanitarios y equipos directivos en la prevención y resolución de los conflictos éticos en el ámbito de la asistencia. En ellos estarán representados tanto los profesionales sanitarios como expertos en bioética y ciudadanos.
Los Comités de Ética Asistencial no emitirán decisiones vinculantes pero sí podrán realizar recomendaciones ante determinadas situaciones, como el rechazo a la aplicación de un tratamiento o ante dudas sobre la aplicación de la voluntad vital anticipada, entre otros casos. Este recurso abre una vía directa de resolución de conflictos éticos para el ciudadano, a través del servicio de atención al usuario de su centro de atención primaria u hospital. Por su parte, los profesionales accederán a través de las secretarías de los distintos comités.
Actualmente, diez de estos comités se encuentran ya configurados y en fase de obtener la acreditación correspondiente para comenzar a funcionar tras la publicación del decreto en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Uno de ellos pertenece a la provincia de Córdoba, tres están ubicados en Granada, otro en Huelva, dos en Jaén y tres en Málaga. Este número se irá incrementando hasta cubrir al menos las ocho provincias de la comunidad autónoma.
En el apartado de la investigación, el decreto establece la creación del Comité de Bioética de Andalucía, órgano colegiado consultivo de participación y asistencia que sustituye a la Comisión de Ética e Investigación Sanitaria. Entre sus funciones figuran la emisión de dictámenes y la coordinación, asesoramiento y referencia general para todos los comités de ética, tanto asistencial como de investigación biomédica. Se reunirá al menos dos veces al año y contará con un máximo de 24 representantes entre la presidencia, las vicepresidencias primera y segunda, la secretaría y los vocales, que serán nombrados por cuatro años.
Por su parte, el Comité Coordinador de Ética de la Investigación Biomédica de Andalucía sustituye al Autonómico de Ensayos Clínicos que venía funcionando desde 2002 y se encargará, entre otros cometidos, de emitir informes sobre la investigación realizada con personas o sobre su material biológico y establecer procedimientos homogéneos y criterios de evaluación, así como coordinar el trabajo desarrollado por los diferentes Comités de Ética de la Investigación en los centros. Doce personas conformarán este órganos, que se reunirá un mínimo de diez veces al año de forma ordinaria.
Finalmente, los Comités de Ética de la Investigación de Centros que realicen Investigación Biomédica desarrollarán funciones similares a las del Comité Coordinador, pero en un ámbito de actuación circunscrito a los centros. Estos órganos, integrados por un mínimo de diez miembros, sustituyen a los anteriores Comités de Ensayos Clínicos, aunque con más funciones.
En Andalucía funcionan actualmente 15 comités de este tipo: uno en Almería, tres en Cádiz, uno en Córdoba, dos en Granada, uno en Huelva, uno en Jaén, tres en Málaga y 3 en Sevilla.
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Consejo de Gobierno, 14/12/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la elaboración y el contenido del informe bienal que deberá realizar la Junta de Andalucía sobre las medidas que lleva a cabo para garantizar el principio de igualdad entre hombres y mujeres, con el fin de evaluar su efectividad y mejorar sus resultados.
El informe, elaborado por la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social a través del Instituto Andaluz de la Mujer, contendrá las iniciativas de todos los departamentos de la Administración autonómica relacionadas con la aplicación de la Ley 12/2007 para la Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía.
Asimismo, el documento recogerá el seguimiento de las medidas del Plan Estratégico para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en vigor desde enero de este año con una inversión de 2.978,5 millones de euros para el periodo 2010-2013. Tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, deberá ser presentado al Parlamento de Andalucía.
El Plan Estratégico, principal referencia de las políticas de igualdad entre hombres y mujeres en Andalucía, incluye una amplia relación de medidas para eliminar las discriminaciones por razón de sexo que aún se detectan en los ámbitos laboral, educativo, cultural y social.
Entre otros indicadores de desigualdad, el plan destaca que la tasa de actividad femenina aún está 22 puntos por debajo de la de los hombres, pese al incremento de 13 puntos (del 35% al 48%) experimentado en la última década; que las mujeres andaluzas ganan al año una media de 5.400 euros menos que los hombres (-33,5%) o que hay 616 mujeres con contrato a jornada parcial por cada 100 hombres. Además, en torno al 80% de las mujeres que trabajan se ocupan también de las labores del hogar, frente al 36% de los hombres empleados.
Para mejorar estos indicadores y avanzar en la igualdad real, el plan otorga especial atención, en el ámbito laboral, a las medidas de apoyo a la contratación indefinida de las mujeres que dejan de trabajar por maternidad o por el cuidado de familiares en situación de dependencia. Asimismo, recoge la creación de una marca de excelencia en igualdad para aquellas empresas con planes específicos en la materia, que tienen preferencia en la adjudicación de contratos por parte de la Administración autonómica.
En el capítulo de conciliación del horario laboral y familiar, el plan recoge la extensión de la red de escuelas infantiles para menores de tres años a polígonos industriales y parques tecnológicos y el reforzamiento de los servicios de aula matinal, comedor y taller de juegos en los centros con primer ciclo de Educación Infantil.
Asimismo, la política de igualdad de la Junta para los próximos cuatro años extiende la perspectiva de género a todas las actuaciones del Sistema de Atención a la Dependencia y refuerza la atención jurídica gratuita para quienes sufren precariedad económica a causa del impago de pensiones compensatorias o alimentarias.
Junto con el Plan Estratégico, el Gobierno andaluz desarrolla otras iniciativas de igualdad pioneras en el conjunto de España. Así, por sexto año y por tercero de forma preceptiva, Andalucía sigue siendo la única comunidad autónoma que incorpora un informe de impacto de género en sus cuentas públicas. Esta experiencia, reconocida a nivel internacional, aporta una metodología que implica a todos los gestores del presupuesto autonómico y vincula con el objetivo de igualdad a todas las políticas, no sólo a las específicas para ello.
En el proyecto del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2011, las partidas denominadas G+, las que más inciden en la perspectiva de género, suponen el 69,2% del total y son las únicas que registran un crecimiento respecto al ejercicio anterior (0,6%).
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Consejo de Gobierno, 14/12/2010
El Consejo de Gobierno ha acordado modificar el decreto regulador de las ayudas de la Junta a proyectos de mejora medioambiental y desarrollo energético sostenible, en vigor desde enero de 2009, con el fin de incorporar un método simplificado de cálculo de los costes incentivables en el caso de las empresas.
El nuevo sistema, cuya elección es voluntaria por parte de las empresas solicitantes, no tendrá en cuenta los costes y beneficios de explotación generados por la inversión adicional específicamente dirigida a protección ambiental. A cambio de la mayor agilidad que se introduce, la no consideración de estos criterios supondrá una reducción proporcional de los porcentajes máximos de ayuda, en los términos señalados por la normativa de la Unión Europea.
Junto con el nuevo método de cálculo de los costes incentivables, el Consejo ha incluido también una medida para reforzar el apoyo al sector agroalimentario. De este modo, los proyectos de mejora energética promovidos por empresas de transformación y comercialización agraria podrán recibir ayudas aunque estén recogidos en el Plan de Desarrollo Rural, una posibilidad anteriormente no prevista.
Las dos modificaciones aprobadas hoy afectan tanto a los incentivos directos de la Administración autonómica como a los que gestiona procedentes de fondos europeos con destino a incrementar el nivel de protección ambiental del transporte y fomentar el ahorro energético, las fuentes renovables y la cogeneración.
Junto con estas ayudas, el decreto de 2009 regula también las orientadas a proyectos de reducción de la contaminación, climatización urbana eficiente, gestión de residuos, recuperación de suelos contaminados y realización de estudios. En líneas generales, se dirigen tanto a empresas como a otro tipo de entidades y a particulares, con el fin de corregir el fallo de mercado que origina un nivel de protección ambiental inferior debido a la pérdida de competitividad imputable a los costes de disminuir la contaminación y aumentar la sostenibilidad energética. Los porcentajes máximos de las ayudas son tanto mayores cuanto menor es el tamaño de la empresa y pueden llegar al 100% en el caso de proyectos de recuperación de suelos contaminados.
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Consejo de Gobierno, 14/12/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 3,63 millones de euros a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía para contribuir a la financiación del proyecto de ampliación de la lonja del Puerto de Bonanza, en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), así como la rehabilitación de su edificio de Junta de Obras.
Estos trabajos, que suponen una inversión total de 6,2 millones de euros, permitirán prolongar la zona de venta de pescado en la lonja, incrementar el nivel de seguridad laboral y mejorar las condiciones de desembarque, transformación, almacenamiento y subasta de productos. El nuevo espacio de ampliación, de casi mil metros cuadrados, incluirá una sala de recepción de capturas, un área de subasta informatizada, seis salas de manipulación individual y otra común, un cuarto de residuos, dos cámaras frigoríficas y un centro de expedición de moluscos bivalvos.
Por su parte, la rehabilitación de la antigua sede de la Junta de Obras del Puerto adecuará este edificio de 648 metros cuadrados para la instalación de oficinas, gestión informatizada de la lonja, despacho de compradores y gestión de buques.
Con estos proyectos, las nuevas instalaciones estarán preparadas para abordar la informatización y mecanización de los procesos comerciales en primera venta, que llevará a cabo próximamente la Consejería de Agricultura y Pesca.
El incentivo a la Agencia Pública de Puertos, cofinanciado en un 60% por la Unión Europea, forma parte de la línea de ayudas para la mejora estructural y modernización del sector pesquero que la Junta gestiona con el apoyo del Fondo Europeo de la Pesca. En este marco, la Administración autonómica ha respaldado con 24 millones de euros 48 proyectos de mejora de puertos pesqueros desde 2007.
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Consejo de Gobierno, 14/12/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado una subvención de 11,48 millones de euros a la Comunidad de Regantes Embalse Torre del Águila para apoyar su proyecto de modernización y consolidación de 2.240 hectáreas de regadíos en la zona Salado de Morón, en el municipio sevillano de Utrera. Estas obras, presupuestadas en 13,14 millones de euros, permitirán un ahorro medio anual de 5,1 hectómetros cúbicos de agua a los 201 agricultores asociados a la comunidad, que cultivan principalmente alfalfa, trigo, cebada, algodón, girasol y remolacha.
El proyecto, que permitirá la sustitución del riego por gravedad por otros sistemas más eficientes de aspersión y goteo, incluye la adaptación de la estación de bombeo, la renovación de la conexión con la toma de embalse, la modernización de la red de distribución mediante tuberías de PVC, la dotación de sistemas de filtrado y la instalación de equipos de control automatizados y de telecontrol, entre otras mejoras. El incentivo aprobado por el Consejo de Gobierno está cofinanciado en un 70% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Durante el periodo 1995-2009, la Consejería de Agricultura y Pesca ha concedido ayudas por valor de 318,4 millones de euros para la modernización de 282.789 hectáreas de regadíos en la comunidad autónoma, con unas inversiones totales de 646,4 millones. En la provincia de Sevilla se han modernizado 119.901 hectáreas, con unas ayudas autonómicas de 127,5 millones y unas inversiones de 223,65 millones.
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Consejo de Gobierno, 14/12/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la concesión de un anticipo de tesorería por valor de 500.000 euros al Ayuntamiento de Lepe (Huelva).
Este tipo de apoyo financiero está previsto en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, que de forma excepcional autoriza pagos anticipados a cuenta de los recursos que las corporaciones locales perciben por su participación en tributos del Estado, con un límite global anual de 50 millones de euros y un máximo de 2,5 millones para cada ayuntamiento. La decisión del Consejo de Gobierno se adopta previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
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Consejo de Gobierno, 14/12/2010
Manuel Sánchez Galey, nuevo director general de Finanzas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Manuel Sánchez Galey director general de Finanzas de la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Manuel Sánchez Galey, nacido en Sevilla en 1971, es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Sevilla y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía desde 2001.
El nuevo director general ocupaba desde 2005 el puesto de coordinador de Seguimiento Presupuestario en la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y, entre 2003 y 2005, el de consejero técnico en la Oficina Presupuestaria del mismo departamento. También ha desempeñado responsabilidades dentro del sector privado. En 1993 obtuvo el Premio Ciudad de Sevilla a los mejores expedientes académicos y tesis doctorales.
Rafael Fuentes García, nombrado delegado de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Málaga
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Rafael Fuentes García como delegado provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Málaga. Rafael Fuentes, malagueño de 46 años, es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga, de la que es profesor colaborador honorario del Departamento de Economía Aplicada.
El nuevo delegado provincial ha realizado cursos de especialización en el área de Economía Regional y escrito varios libros sobre la provincia de Málaga. Además, ha dirigido el Gabinete de Desarrollo del Poniente Almeriense y la Unidad de Promoción del Valle del Guadalhorce. Asimismo, ha sido consejero delegado de la Sociedad de Capital Riesgo Inversiones e Iniciativas Málaga.
Carmen Prieto Sánchez, nueva delegada provincial de Economía, Innovación y Ciencia en Córdoba
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Carmen Prieto Sánchez como delegada de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en la provincia de Córdoba. Nacida en 1971 en la localidad cordobesa de Moriles, Carmen Prieto es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales y desde 2009 ocupaba el cargo de administradora del Instituto Cervantes en Fez (Marruecos).
La nueva delegada ha sido directora del Consorcio de Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico Campiña Sur Cordobesa, puesto que desempeñó entre 2002 y 2009. Anteriormente trabajó como profesora asociada en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Córdoba.
El Gobierno andaluz aprueba el nombramiento de Josefa López Pérez como directora general de Transportes
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Josefa López Pérez directora general de Transportes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda. Nacida en Jaén en 1954, Josefa López es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Turismo y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Desde abril de este año desempeñaba el cargo de delegada provincial de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Málaga. Anteriormente, entre 2007 y 2010, estuvo al frente de las delegaciones de Obras Públicas y Transporte y de Vivienda y Ordenación del Territorio en la misma provincia.
La nueva directora general también ha sido miembro de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella (abril de 2006-junio de 2007), secretaria general de la Delegación de Economía y Hacienda en Málaga (1996-2006) y jefa del Servicio de Turismo e Inversiones de este organismo (1990-1995).
El Consejo nombra a José Manuel Garrido Alfonso presidente del Patronato del Paraje Natural de las Marismas del Odiel
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de José Manuel Garrido Alfonso como presidente del Patronato del Paraje Natural de las Marismas del Odiel (Huelva). Nacido en Fulda (Alemania) en 1967, Garrido Alfonso es Licenciado en Psicología por la Universidad de Sevilla y experto en administración de empresas y dirección de entidades deportivas. Actualmente desarrolla su trabajo como técnico superior de recursos humanos en el Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva). El nuevo presidente del Patronato ha ocupado, entre otros cargos, el de director-gerente del Club Náutico Río Piedras de El Rompido.
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