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Consejo de Gobierno, 15/04/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que define la estructura del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), el organismo autónomo de la Junta de Andalucía que se encargará de la gestión integral de las políticas sobre esta materia, a través de una asistencia personalizada a parados y empresas.
Asimismo, el Consejo ha aprobado otra norma por la que se modifica la estructura de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico como consecuencia de la creación del SAE y de la incorporación a su organigrama de las actuales direcciones generales de Empleo e Inserción y de Formación Profesional Ocupacional.
De acuerdo con el primero de estos decretos, el SAE estará adscrito a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico y tendrá tres direcciones generales: Intermediación, Formación Profesional Ocupacional y Fomento del Empleo.
También contará con una Secretaría General, que se encargará de asumir las funciones de gestión de personal y presupuestos, y con ocho direcciones provinciales y una red de oficinas que dará servicio a todo el territorio andaluz.
La Dirección General de Intermediación coordinará la atención directa a los usuarios y pondrá en relación la oferta y demanda de empleo entre parados y empresarios. Sus funciones incluirán el desarrollo de tutorías para los demandantes de trabajo y asesorías para las empresas, así como la definición de las iniciativas de orientación profesional y la coordinación de todas las oficinas del SAE.
Por su parte, la Dirección General de Formación Profesional Ocupacional desarrollará los programas en esta materia, tanto los propios como los derivados del Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, mientras que la Dirección General de Fomento del Empleo se centrará en iniciativas de apoyo a la actividad emprendedora, impulso del desarrollo local y seguimiento de las iniciativas europeas relativas al empleo.
Al frente del SAE estará, como director gerente, el titular de la Secretaría General de Empleo de la Junta, al que corresponderá ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. Este órgano directivo estará presidido por el titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico e integrado por 18 vocales. De ellos, nueve serán designados por este departamento, cuatro por las organizaciones sindicales más representativas de la comunidad (UGT y CCOO), otros cuatro por las principales organizaciones empresariales integradas en la CEA y uno por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
El nuevo organismo también dispondrá de un Consejo Asesor presidido por el titular de Empleo y Desarrollo Tecnológico e integrado por un vicepresidente y 22 vocales. De ellos, seis serán nombrados por la Junta de Andalucía, cuatro por los sindicatos, cuatro por las organizaciones empresariales y cuatro por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Los restantes miembros serán personas de reconocido prestigio en materia de empleo propuestas por el Consejo de Administración.
Recursos
El Servicio Andaluz de Empleo contará con un presupuesto inicial de 424 millones de euros anuales, a los que se añadirán los recursos derivados del traspaso de las políticas activas de empleo a la comunidad autónoma. En tanto se produzca esta transferencia, dispondrá inicialmente de más de 120 centros de orientación, siete centros propios, 1.200 colaboradores en materia de FPO y 13 escuelas especializadas en formación de excelencia, además de las 113 Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico.
De acuerdo con las previsiones de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el SAE promoverá cada año la formación de unos 95.000 trabajadores desempleados a través de cursos de FPO; fomentará la constitución de 7.000 trabajadores autónomos; contribuirá a crear 400 nuevos empleos para personas discapacitadas en los Centros Especiales de Empleo, y ofrecerá orientación laboral a 12.000 desempleados. Todas estas cifras aumentarán cuando se haga efectivo el traspaso de las políticas activas de empleo.
Cambios en la Consejería
En cuanto a la nueva estructura de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, se mantendrá la Secretaría General de Empleo como el órgano de coordinación, gestión y desarrollo de las atribuciones asignadas en esta materia. No obstante, dos de sus actuales direcciones generales (Formación Profesional Ocupacional y Empleo e Inserción) pasarán a integrarse en el SAE. La tercera dirección general adscrita a la Secretaría de Empleo, la de Trabajo y Seguridad Social, dependerá directamente de la Viceconsejería.
También se mantienen la Secretaría General Técnica y la Secretaría General de Industria y Desarrollo Tecnológico con sus tres direcciones generales: Industria, Energía y Minas, Desarrollo Tecnológico e Incentivos y Economía Social. De esta forma, la nueva estructura de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico estará compuesta por la Viceconsejería, la Secretaría General Técnica, dos secretarías generales y cuatro direcciones generales.
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Consejo de Gobierno, 15/04/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado el baremo de los méritos que se exigirán a los vigilantes municipales en los concursos-oposición de creación de cuerpos de Policía Local en las poblaciones andaluzas que aún no cuentan con este servicio. La preferencia para la conversión de estos funcionarios en policías está prevista, con carácter excepcional, en la vigente Ley de Coordinación de Policías Locales de Andalucía.
De acuerdo con este baremo, que se será válido por una sola vez en los procedimientos de selección que se abran en cada municipio, a los vigilantes se les reconocerá la posibilidad de aportar méritos como la antigüedad, la titulación académica, la formación en cursos policiales o la posesión de la Medalla al Mérito de la Policía Local. La valoración de estos méritos no podrá superar el 45% de la puntuación total del concurso-oposición.
La medida aprobada hoy se podrá aplicar en los 125 municipios andaluces que todavía no disponen de Policía Local. De estas localidades, 40 son de la provincia de Granada y 22 de Jaén. Les siguen Almería (18), Málaga (16), Huelva (13), Córdoba (9), Sevilla (5) y Cádiz (2).
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Consejo de Gobierno, 15/04/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Torrecardela (Granada) para adoptar su escudo y su bandera. Estos símbolos tendrán las siguientes características:
Escudo. Partido; en el primero en campo de oro una torre de gules; el segundo en campo de oro, tres jirones de gules; bordura de tres órdenes ajadrezada de oro y gules. Al timbre, corona real española cerrada.
Bandera. Paño rectangular, de proporción 2:3, divido verticalmente en dos partes; la más cercana al asta, de color rojo, la mitad de ancha que la del batiente, amarilla; esta última lleva sobrepuesto en el centro el escudo municipal.
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Consejo de Gobierno, 15/04/2003
La Junta de Andalucía invertirá 3,1 millones de euros en la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Loja (Granada). El Consejo de Gobierno ha acordado hoy aceptar los terrenos donados por la Empresa Provincial de Vivienda, Suelo y Equipamiento de Granada para llevar a cabo el proyecto.
La futura sede judicial, de 2.733 metros cuadrados de superficie construida, albergará los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción que actualmente funcionan en Loja, además de contar con espacio suficiente para acoger uno más. También dispondrá de dependencias para registro civil, juzgado de guardia, fiscalía y clínica médico-forense.
Las obras del nuevo Palacio de Justicia, que estarán concluidas a finales del próximo año, forman parte del Plan de Infraestructuras Judiciales para Andalucía, que prevé una inversión superior a los 360 millones de euros entre 2001 y 2008 y la realización de 86 proyectos en 74 municipios de la comunidad.
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Consejo de Gobierno, 15/04/2003
El Consejo de Gobierno ha iniciado los trámites para la aprobación del proyecto de Ley de Mediación, que regulará la resolución extrajudicial de conflictos en todos los ámbitos salvo el laboral, que ya cuenta con instrumentos para ello en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
La futura ley fomentará el uso generalizado de la mediación al margen de los tribunales, tanto en el Derecho Privado como en el Derecho Público, como forma de disminuir el gran volumen de asuntos que llegan a la Administración de Justicia. De este modo se evitará el recurso a la vía judicial en contextos sociales como el familiar, el escolar, el mercantil y el administrativo, a través de la aproximación de posturas y la consecución de acuerdos entre las partes litigantes.
El procedimiento extrajudicial previsto, al que podrán acudir voluntariamente personas físicas y jurídicas, tendrá una duración máxima de tres meses y otorgará validez y obligatoriedad a los acuerdos que se adopten a su finalización. Asimismo, se reconocerá el derecho a la mediación gratuita para todos los ciudadanos que cumplan los requisitos que actualmente rigen en el caso de la asistencia jurídica gratuita.
De acuerdo con el borrador de la norma, la mediación será ofrecida por instituciones, colegios profesionales, asociaciones, entidades, fundaciones y profesionales liberales que acrediten experiencia y formación en esta materia.
Para la coordinación de todas las iniciativas en esta materia, el texto prevé la creación del Centro de Mediación de Andalucía, órgano que estará adscrito a la Consejería de Justicia y Administración Pública y que también se encargará de la formación de los mediadores y de gestionar el Registro General de Personas y Entidades Mediadoras.
El anteproyecto prevé además la constitución de la Comisión Coordinadora de Mediación, que estará integrada por representantes de la Junta de Andalucía, de los colegios profesionales y de las entidades inscritas en el Registro. Entre sus funciones figurarán las de planificar y evaluar el desarrollo del servicio.
En cuanto al régimen disciplinario, la norma prevé sanciones que van desde una multa de 3.000 euros hasta la baja definitiva en la prestación de la mediación por las infracciones que se puedan cometer en este procedimiento.
Con la ley andaluza de Mediación se dará respuesta a una de las principales propuestas incluidas en el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, que apuesta por el impulso de las fórmulas de arbitraje y conciliación.
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Consejo de Gobierno, 15/04/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación parcial del Plan General Municipal de Ordenación de Jerez de la Frontera (Cádiz) con el objetivo de destinar a usos comerciales, hoteleros y de ocio un total de 147.290 m2 de terrenos en la zona de la carretera del Calvario-Hijuela de Rompecerones, denominada Área 7 y calificada como sistema general de espacios libres y equipamientos.
Para hacer compatible esta medida, propuesta por el Ayuntamiento jerezano, con el mantenimiento de la actual dotación de espacios libres, el Consejo ha acordado también ampliar la superficie del Área 7 desde 847.156 m2 a 1.012.654 m2, mediante la incorporación de terrenos adyacentes. De la nueva extensión total, 865.346 m2 estarán calificados como espacios libres y los citados 147.290 m2 restantes como de uso global terciario.
La modificación acordada hoy está condicionada a que el Ayuntamiento de Jerez de la Frontera defina y apruebe los nuevos espacios libres al oeste del Área 7, en continuidad con los ya calificados así en la planificación urbana. Asimismo, el cambio se hará efectivo una vez que la Corporación jerezana encuadre los suelos de reserva que han quedado fuera de la vía pecuaria que atraviesa la zona, tras el deslinde realizado por la Consejería de Medio Ambiente, y califique como sistema general de comunicaciones los terrenos afectados por el futuro enlace a la circunvalación de la carretera N-IV.
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Consejo de Gobierno
