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Consejo de Gobierno, 16/03/2010
Los ayuntamientos andaluces podrán iniciar procedimientos de demolición de obras ilegales por vía de urgencia e imponer sanciones que impidan el beneficio económico de los infractores. Estas son dos de las principales novedades del Reglamento de Disciplina Urbanística aprobado hoy por el Gobierno andaluz, una norma pionera en España que refuerza las competencias municipales en esta materia y faculta a los consistorios para agilizar la respuesta a las ilegalidades.
El reglamento, elaborado por la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, permitirá a los ayuntamientos y a la propia Junta incrementar la agilidad y la seguridad jurídica tanto en el aspecto preventivo y de detección de las infracciones como en la tramitación de los procedimientos y en la adopción de medidas disciplinarias.
El novedoso 'derribo express', fijado para actuaciones de urbanización o edificación manifiestamente ilegalizables, posibilitará a los ayuntamientos iniciar y concluir un procedimiento de demolición en el plazo de un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente, lo que supondrá una reducción de hasta once meses respecto al actual periodo ordinario de tramitación.
La Junta de Andalucía también podrá utilizar este procedimiento de forma subsidiaria en aquellos casos en los que los ayuntamientos no respondan a su requerimiento de intervención. En ningún caso el derribo podrá demorarse más allá de dos meses desde que se dicte la resolución, ya que es éste el nuevo plazo fijado con carácter general para lograr el rápido restablecimiento de la realidad física alterada.
El texto aprobado también se configura como una recopilación de respuestas a casos prácticos para facilitar el ejercicio de las competencias municipales. En este sentido, se detallan de manera precisa tanto los procedimientos de licencias como las distintas tipologías de las mismas, además de introducir nuevas medidas de agilización como las autorizaciones por fases y parciales o los procedimientos abreviados para obras menores.
El refuerzo de las acciones destinadas a prevenir infracciones urbanísticas es otra de las claves del reglamento. Se incorporan así nuevas medidas de coordinación con el Registro de la Propiedad, que deberá comunicar a las administraciones competentes la solicitud de inscripción de parcelaciones cuando existan dudas fundadas sobre su licitud. Asimismo, se amplía el listado de hechos inscribibles con nuevos supuestos de trascendencia para la disciplina urbanística, como obras fuera de ordenación, situaciones a la espera de respuesta por el planeamiento urbano y sentencias firmes que acuerdan la nulidad de licencia.
Otra novedad en esta línea es la introducción de nuevos supuestos de presunción de parcelación ilegal en suelo no urbanizable, según criterios objetivos y antes de que se materialice sobre el terreno.
Igualmente novedosa es la introducción del principio de 'cumplimiento por equivalencia' para aquellas situaciones excepcionales en las que es imposible la ejecución material o legal de las resoluciones dictadas, previos informes técnico y jurídico que así lo acrediten. En estos casos (entre los que no se incluye el 'derribo express') se exigirá una indemnización sustitutoria en metálico o mediante la cesión de terreno, con independencia de la multa que se imponga.
Inspección
Por otra parte, se refuerzan prácticas de control de la legalidad ya habituales, como la negativa de los colegios profesionales a conceder el visado a proyectos que contengan alguna infracción urbanística grave o la exigencia, por parte de las empresas suministradoras, de la correspondiente licencia para la contratación de cualquier servicio.
La nueva norma extiende al ámbito municipal la regulación de los inspectores urbanísticos de la Junta de Andalucía, vigente desde 2006. Estos profesionales ejercerán en los ayuntamientos las mismas funciones e, igualmente, tendrán la consideración de agentes de la autoridad.
En el capítulo sancionador, la principal novedad es la eliminación de la posibilidad de beneficio económico del infractor. Para ello, el texto dispone incrementos en la cuantía de la multa si tanto ésta como el coste de la reposición se sitúan por debajo del lucro ilegalmente obtenido. El reglamento es especialmente duro en el ámbito de las parcelaciones ilegales, para las que estipula sanciones en ningún caso inferiores al 150% del beneficio obtenido.
Las infracciones muy graves conllevan multas de entre 6.000 y 120.000 euros e incluyen, entre otros supuestos, actuaciones en suelo no urbanizable sin instrumento de planeamiento, en no urbanizables de especial protección, en espacios libres o en bienes protegidos por el planeamiento urbanístico. Las infracciones graves, entre las que destaca la obstaculización de la labor inspectora, conllevarán el pago de una multa de entre 3.000 y 5.999 euros, mientras que por los incumplimientos leves la cantidad se fija entre los 600 y los 2.999 euros.
El régimen sancionador incluye también por primer vez el reconocimiento de la buena disposición del infractor a acatar las resoluciones y restaurar la legalidad, de tal modo que podrá beneficiarse de una reducción del 50% si asume la reparación antes de los dos meses estipulados. Esta medida también será aplicable si el interesado abona la multa en el plazo de un mes o presenta aval por el total del coste de la reposición física.
Competencias autonómicas
Respecto a las competencias autonómicas, el reglamento subraya su carácter subsidiario, que se concreta en la posibilidad de dictar medidas cautelares, previo requerimiento al ayuntamiento, y en la atribución de iniciar procedimientos para la reparación de la realidad física alterada. Esta intervención subsidiaria se reduce a supuestos puntuales y de relevancia, como los referidos a actuaciones sin instrumento de planeamiento o parcelaciones en suelo no urbanizable, de especial protección o de espacios libres.
El reglamento aprobado hoy desarrolla de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de conformidad con jurisprudencia consolidada y con la experiencia acumulada que ha generado desde su entrada en vigor en 2005 el ejercicio de la disciplina urbanística en la comunidad autónoma. Se completa así el armazón de instrumentos que la Administración autonómica ha venido desarrollando en la última década contra la ilegalidad urbanística y cuyas principales referencias, además de a la LOUA, son el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA), los planes subregionales o la creación del Cuerpo de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda de la Junta.
En su proceso de tramitación, el texto ha contado con el respaldo del Consejo Andaluz de la Concertación Local, donde están representados todos los ayuntamientos andaluces. Asimismo, se han incorporado la mayoría de las alegaciones presentadas por colectivos profesionales y numerosas entidades y asociaciones públicas y privadas.
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Consejo de Gobierno, 16/03/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado la convocatoria de 4.119 plazas de profesores de Educación Secundaria, Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial para 2010.
Del total de puestos, 3.141 corresponden a Educación Secundaria y el resto se reparte entre la Formación Profesional (363) y las Enseñanzas de Régimen Especial: Escuelas Oficiales de Idiomas (113), Música y Artes Escénicas (405) y Artes Plásticas y Diseño (66 para profesores y 31 para maestros de taller).
Por especialidades, en Secundaria el mayor número de plazas se destina a profesores de Matemáticas (500), Geografía e Historia (330), Biología y Geología (305), Física y Química (270) y Lengua Castellana y Literatura (260). En el caso de la Formación Profesional, destacan las 83 de Sistemas y Aplicaciones Informáticas y las 60 de Procedimientos Sanitarios y Asistenciales.
Como es habitual en todos los procedimientos de acceso a la función pública de la Junta de Andalucía, se reserva un 5% de las plazas para personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía es igual o superior al 33%.
La fase de oposición de esta convocatoria comenzará en los últimos días del próximo mes de junio y consistirá en una única prueba dividida en dos partes: una teórica (que también incluye la presentación de una programación didáctica) y otra consistente en el desarrollo de una unidad didáctica. El profesorado interino podrá sustituir esta última por un informe de la Administración educativa que acredite los conocimientos requeridos.
En la fase de concurso se valorarán los méritos aportados por los aspirantes, principalmente la experiencia docente y la formación académica.
La oferta de empleo aprobada hoy eleva a 19.217 el número de plazas convocadas por la Consejería de Educación desde que se inició la actual legislatura en 2008. De ellas, 13.208 han sido para profesores y 6.009 para maestros.
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Consejo de Gobierno, 16/03/2010
El Consejo de Gobierno ha otorgado concesiones para la explotación de seis canales de Televisión Digital Terrestre (TDT) de ámbito local a otras tantas agrupaciones de municipios de las provincias de Málaga, Granada, Sevilla y Córdoba, por un plazo de diez años. Esta decisión se inscribe en la convocatoria de 2006 para la gestión directa del servicio público de TDT por parte de las entidades locales.
En la provincia de Málaga, donde se han otorgado tres concesiones, la entidad Canal Torrevisión, SA, gestionará el programa que dará cobertura a los municipios de Alhaurín de la Torre, Cártama, Málaga, Rincón de la Victoria y Torremolinos. La sociedad Difusión y Comunicación 2.000, SL, se encargará del canal público reservado para la demarcación integrada por Marbella y Ojén, mientras que Axarquía-Almijara, SA, lo hará en el área de Frigiliana, Nerja y Torrox.
En Granada, la entidad Televisión Digital Terrestre Local de Motril, SL, será la concesionaria del programa con cobertura en Albuñol, Gualchos, Lanjarón, Lújar, Motril, Órgiva, Polopos, Rubite, Sorvilán y Vélez de Benaudalla.
Por su parte, en la provincia de Sevilla, la sociedad TDTL Campiña Digital TV, SL, gestionará el canal público correspondiente a El Coronil, Los Molares, Los Palacios y Villafranca y Utrera.
Finalmente, el Gobierno andaluz ha otorgado a la agrupación de ayuntamientos cordobeses integrados en la Mancomunidad de Municipios del Alto Guadalquivir la concesión de explotación del canal TDT local con ámbito de emisión en las localidades de Adamuz, Bujalance, Cañete de las Torres, El Carpio, Montoro, Pedro Abad, Villa del Río y Villafranca de Córdoba.
Las corporaciones municipales tienen reservados programas en las 60 demarcaciones que componen el mapa andaluz de la televisión digital de ámbito local. Trece de ellas, las de más de 150.000 habitantes, cuentan con dos programas de gestión pública: uno para el municipio de referencia y otro para el resto de las localidades. En esa situación están las ocho capitales de provincia, y Algeciras, Dos Hermanas, El Ejido, Fuengirola y Jerez de la Frontera, cuyos ayuntamientos obtuvieron sus concesiones de explotación de canales propios en diciembre de 2007.
En el resto de las demarcaciones, al existir sólo un programa público, los consistorios deben acordar mayoritariamente la constitución de entidades para su gestión compartida. Las concesiones de hoy se unen a las ya aprobadas para la Mancomunidad del Levante (Almería) y para las agrupaciones de ayuntamientos integradas en las sociedades Medina Sidonia, Arcos de la Frontera, Chiclana de la Frontera y Costa Noroeste, todas ellas en la provincia de Cádiz.
En total, ya han sido otorgadas 24 concesiones para la explotación de programas públicos de TDT local y se encuentran en tramitación otras 21, mientras que 27 han sido declaradas desiertas.
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Consejo de Gobierno, 16/03/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan General de Inspección de la Junta de Andalucía para 2010, que en esta ocasión prestará especial atención a evaluar los procesos de atención telemática a la ciudadanía y las medidas de seguridad para garantizar la protección de datos de carácter personal.
La actividad inspectora también tendrá este año como prioridad la salvaguarda de los derechos de la ciudadanía y de los operadores jurídicos en su relación con la Administración de Justicia. En este mismo ámbito se examinarán los planes de formación, las condiciones de desarrollo profesional y el nivel del absentismo laboral en los cuerpos de apoyo administrativo a los órganos judiciales sobre los que tiene competencia la Junta.
El Plan de Inspección de la Junta, elaborado por la Consejería de Justicia y Administración Pública, es el principal instrumento que permite garantizar los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en la actividad de la Administración autonómica. Además de las nuevas líneas de trabajo incorporadas este año, las inspecciones seguirán profundizando en los objetivos de mejorar la atención al ciudadano, fomentar la modernización de la gestión pública, garantizar la legalidad de los procedimientos administrativos, promover la responsabilidad social, impulsar la participación y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en la prestación de servicios. En este último capítulo se vigila especialmente la correcta tramitación telemática de las contrataciones de la Administración.
La programación para 2010 se completará con las medidas habituales de cada año en materias como la inspección de procedimientos administrativos, la concesión de ayudas y subvenciones, la fiscalización de contrataciones o la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades de empleados públicos.
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Consejo de Gobierno, 16/03/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) para que participe con 1,3 millones de euros en la ampliación de capital social del Parque Científico Tecnológico Geolit, ubicado en el municipio jienense de Mengíbar. Con esta decisión, dirigida a facilitar el desarrollo de los distintos proyectos de la tecnópolis, la aportación de la agencia pública pasa a ser de 4,1 millones de euros (el 24,5% del total).
La ampliación en su conjunto asciende a 5,5 millones de euros y fue aprobada el pasado mes de noviembre por la Junta General de Accionistas del Parque. Con ella, el capital social alcanza ya los 16,9 millones, aportados en casi un 90% por la Administración autonómica y la Diputación Provincial de Jaén. El resto se reparte entre cuatro cajas de ahorros, el Ayuntamiento de Mengíbar, la sociedad de capital riesgo Inverjaén y la universidad y la patronal jiennenses.
Geolit cuenta actualmente con una superficie en uso o comprometida de 200.000 metros cuadrados, lo que supone ya alrededor de la mitad del total de su área urbanizada. En su primer centro de empresas, denominado Big Bang, desarrollan su actividad entidades como Agener, Novasoft, Mengisoft, Comway, Everis, Marwen Ingeniería, Ceseal, Citoliva, Acisa, E-gim, AJE Jaén y la Asociación de Empresarios de Mengíbar.
Actualmente se está ultimando la construcción del segundo centro de Empresas, el Eureka, que ha supuesto una inversión de 2,6 millones. Sus instalaciones ofrecerán posibilidades de alojamiento para oficinas y naves en régimen de alquiler con opción a compra. Asimismo se encuentran en construcción el Complejo Tecnológico de Servicios Avanzados, que acogerá empresas e instituciones dedicadas a la investigación, y el Museo Activo del Aceite de Oliva y la Sostenibilidad. Finalmente, en breve comenzará a funcionar el Laboratorio de Producción y Sanidad Vegetal, que actuará como un centro de investigación y experimentación avanzada para la mejora de los cultivos.
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Consejo de Gobierno, 16/03/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado inscribir en el Catálogo General del Patrimo-nio Histórico Andaluz, con la tipología de Zona Arqueológica, el yacimiento de Majadai-glesia en El Guijo (Córdoba). Este asentamiento ofrece una amplia secuencia cronológica entre el Paleolítico y los inicios de la Edad Media, con destacada presencia de restos romanos y paleocristianos.
La nueva zona arqueológica, de 18,7 hectáreas de superficie protegida, está inte-grada por dos sectores diferenciados. El primero de ellos, en torno al cortijo del cerro de Majadaiglesia, cuenta con numerosas estructuras hidráulicas y una línea de muralla. El segundo, en el área de la Ermita de Nuestra Señora de las Cruces, acoge una necrópolis romana y un baptisterio paleocristiano. El conjunto se ha identificado tradicionalmente con la antigua ciudad romana de Solia.
Entre las estructuras hidráulicas, destacan una ‘natatio' o piscina, un acueducto, varias cisternas y un pozo. La ‘natatio' conserva en muy buen estado el ‘opus signinum' que la recubre (especie de hormigón hecho de cal, arena y roca silícea) y dos peculiares escaleras en forma de abanico, construidas a base de ladrillo y argamasa.
El recinto amurallado del cerro de Majadaiglesia se compone de una triple línea de-fensiva con una cronología que va desde la época prehistórica hasta el Medioevo. Actualmente se observan algunos muros y un pequeño contrafuerte en la ladera sur.
A la fase más tardía del asentamiento corresponde la pila bautismal de inmersión, cruciforme, que se localiza en la Ermita de Nuestra Señora de las Cruces como testigo de los orígenes paleocristianos de esta edificación, muy reformada a lo largo de los siglos. También en ella se encuentran dos inscripciones funerarias y varios capiteles y fustes de columna de época romana.
Los restos encontrados en el yacimiento, cuyas primeras excavaciones se remontan a los años 30 del siglo XX, se completan con diverso material de procedencia paleolítica, neolítica, ibérica y de la Edad del Bronce. Asimismo, el régimen de protección acordado por el Consejo de Gobierno se extiende a cinco piezas arqueológicas halladas en la zona pero que actualmente se conservan en el Museo Arqueológico y Etnológico de Córdoba y en el Museo de Historia Local de Villanueva de Córdoba. Las más destacadas son un trozo de arquitrabe epigrafiado romano de carácter funerario (siglo II d.C.) y el fragmento del tablero de un altar, con relieve de la diosa Deméter y otras figuras (siglo III d.C.)
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Consejo de Gobierno, 16/03/2010
El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de Zona Arqueológica, la necrópolis de La Noria, en Fuente de Piedra (Málaga).
Descubierto a raíz de la construcción de una urbanización, este yacimiento destaca sobre todo por sus tumbas de incineración datadas en los inicios de la Edad del Hierro, aunque también acoge vestigios de época romana, tanto funerarios como de explotación agrícola. Este conjunto de restos, que se conserva en buena parte inalterado, se considera de gran interés para el estudio de la transición hacia la cultura ibérica en el sur peninsular.
La necrópolis protohistórica, fechada en el siglo VI A.C., consta de estructuras excavadas en roca, la mayoría rectangulares y algunas otras asociadas a grandes fosos de tendencia circular. En estas tumbas se han encontrado ajuares particularmente ricos, con elementos rituales de vajilla metálica y objetos de cerámica.
Del periodo romano se han documentado varias tumbas de inhumación en fosa y una sepultura con estructura de ladrillo y cubierta tejas, así como un área productiva con más de un centenar de fosas para el cultivo de la vid.
La zona arqueológica delimitada abarca una extensión de 59.932 metros cuadrados. El decreto de declaración establece además una zona de protección de 110.313 metros cuadrados en torno al yacimiento, con el fin de evitar impactos visuales en aquellas áreas aún no alteradas o urbanizadas.
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