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Consejo de Gobierno, 16/09/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que hará posible la recogida selectiva y el adecuado tratamiento de las 40.000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que cada año se producen en Andalucía.
La norma, que se adelanta a la prevista en España para cumplir la reciente directiva comunitaria sobre la materia, establece un procedimiento mediante el cual los propios fabricantes, distribuidores y comerciantes se harán cargo de la gestión de estos residuos a través de la constitución de agrupaciones autorizadas por la Administración autonómica.
Paralelamente, la Junta impulsará la creación, en los dos próximos años, de una red de recogida selectiva integrada por 90 ‘puntos limpios’ de recepción de aparatos, baterías y pilas en desuso, y por 26 centros donde se llevarán a cabo los trabajos de separación y clasificación previos al tratamiento final. Actualmente funcionan en Andalucía 23 instala-ciones del primer tipo y cinco que realizan funciones de acondicionamiento.
El decreto aprobado hoy establece dos clases de agrupaciones, según estén integra-das por agentes relacionados con productos de una misma marca o por titulares de distintos artículos generadores de residuos. En ambos casos, estos grupos asumirán el ciclo com-pleto de gestión, que abarca desde la recogida y el transporte hasta el almacenamiento, clasificación y tratamiento final (reutilización, reciclaje o eliminación controlada).
Una vez entre en vigor el decreto, la creación de las agrupaciones podrá solicitarse a la Consejería de Medio Ambiente, que tendrá un plazo de seis meses para responder a los interesados. La participación en este sistema de gestión será obligatoria para todos los productores, distribuidores y comerciantes, si bien se prevén fórmulas para que los grupos, una vez constituidos, puedan contratar el ciclo completo con empresas autorizadas o bien acordar con las entidades locales el traslado de los residuos desde los puntos limpios a las instalaciones de tratamiento.
Recogida selectiva
Por su parte, los ciudadanos contarán con tres vías para deshacerse de sus aparatos en desuso: recurrir a los servicios de recogida domiciliaria que ya ofrecen muchos ayunta-mientos, utilizar los puntos limpios de recogida selectiva de residuos o devolverlos a los establecimientos. En este último caso, el comerciante tiene la obligación de aceptar el aparato usado si vende otro nuevo de iguales características.
En cuanto al tipo de residuos sujetos a la nueva regulación, el decreto incluye gran-des y pequeños electrodomésticos en desuso, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos electrónicos de consumo y de alumbrado, herramientas eléctricas y electrónicas (con excepción de las industriales fijas de gran envergadura), juguetes y equipos deporti-vos y de tiempo libre, aparatos médicos (salvo implantados e infectados), instrumentos de vigilancia y máquinas expendedoras, así como pilas y baterías usadas.
La fórmula de integrar a fabricantes, distribuidores y vendedores en grupos de ges-tión de residuos ya se viene aplicando durante los últimos años a la recogida y reciclaje de los plásticos agrícolas en la comunidad autónoma.
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Consejo de Gobierno, 16/09/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula el derecho a la informa-ción de los consumidores en la adquisición de vehículos usados. Esta norma regirá para todos los establecimientos del ramo, independientemente de la propiedad de los vehículos en venta, si bien no será de aplicación en las transacciones realizadas por particulares.
Entre otras medidas, el texto obliga a que cada coche expuesto a la venta cuente con un cartel anunciador en el que se detallen todos los aspectos esenciales de interés para el comprador: antigüedad, kilometraje, fecha de la primera matriculación, tipo de uso que se le ha dado, precio con impuestos incluidos e información sobre si el vehículo tiene o no garantía y sobre si es propiedad del establecimiento o se encuentra en depósito.
De igual modo, la norma exige un documento individualizado a disposición del consumidor, en el que, además de la información del cartel anunciador, se indicará la fecha y el resultado de la última inspección técnica, se señalará si el vehículo está libre de cargas (con certificación del ayuntamiento correspondiente) y se especificará si ha sufrido daños o accidentes que hayan conducido a reparaciones de envergadura (incluyendo el resultado de las revisiones inmediatamente posteriores).
Este documento individualizado, que también recogerá información sobre las con-diciones de garantía, pasará a formar parte del contrato una vez que se decida la transac-ción comercial, lo que refuerza la posición del comprador ante posibles reclamaciones y compromete al vendedor en relación con las características detalladas.
Respecto a la garantía, la normativa estatal actualmente en vigor fija un mínimo de un año para bienes usados, con derecho a reparación en caso de fallos y plazo de dos meses para presentar la reclamación.
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno establece, finalmente, un régimen sancionador con distintos grados de infracciones según el daño causado al consumidor y de acuerdo con la vigente Ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía.
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Consejo de Gobierno, 16/09/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que modifica el Reglamento de Hipódromos y Apuestas Hípicas de Andalucía, vigente desde 1995, para adecuarlo a las novedades introducidas en Francia y el resto de Europa.
La mayor parte de las modificaciones se refiere a la adaptación de los sistemas y modalidades de apuestas y premios. Destaca en este sentido la creación del denominado quinteto, una nueva modalidad basada en la elección de cinco caballos de una misma carrera. Este tipo de apuesta, que vendrá a sumarse a las cinco que ya existen (sencilla, gemela, doble, trío y cuarteto), tendrá a su vez dos categorías, de orden y reversible, según se atribuya o no una posición de llegada a los caballos.
Asimismo, se abre la posibilidad de que la sociedad gestora pueda concertar con otras empresas para que desde distintos hipódromos o locales autorizados se pueda apostar en masa común a una misma carrera, con independencia del lugar en que se desarrolle.
Otras modificaciones novedosas son el establecimiento de fórmulas de destino del dinero apostado en caso de que no haya pronósticos acertados y la autorización de las apuestas externas en locales específicos para ello y en hoteles de más de cuatro estrellas. Estas apuestas, también denominadas urbanas, sólo estaban permitidas hasta ahora en salas de bingo y salones de juego.
Finalmente, la modificación reglamentaria aprobada hoy incluye también una dis-posición dirigida a garantizar la viabilidad del Hipódromo de Pineda, en Sevilla, un tradicional recinto de carreras de caballos al que le es imposible adaptarse a las exigencias del reglamento original de 1995 en cuanto a tamaño e instalaciones, dada su ubicación en un espacio totalmente limitado por una autovía y por diversos terrenos públicos.
La solución regulada, fruto de un acuerdo previo entre la Junta, el Ayuntamiento y los sectores interesados, pasa por permitir que se sigan celebrando carreras en las actuales instalaciones como complemento al vecino hipódromo de Dos Hermanas y con la condi-ción de que no coincidan los calendarios de ambos recintos.
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Consejo de Gobierno, 16/09/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy financiar con 35,05 millones de euros el pago de los materiales de las obras que realizarán los municipios andaluces en 2003 con cargo al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa).
En estos proyectos, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) abona el coste total de la mano de obra, mientras que la Junta y las ocho diputaciones provinciales andaluzas se encargan de subvencionar los gastos de materiales, maquinaria y utensilios en un 75% y un 25% respectivamente.
Para acceder a las subvenciones, los municipios deben acreditar, entre otros requi-sitos, la aprobación de los proyectos por parte del Inem, la cuantía que aporta este orga-nismo, el apoyo financiero de la Diputación correspondiente y los certificados de inicio de las obras, que deberán estar concluidas antes del 30 de junio del año 2004. Estos munici-pios quedan asimismo sujetos al control de la Consejería de Gobernación.
La Junta de Andalucía ha invertido entre 1986 y 2002 un total de 526,5 millones de euros en cooperación con los municipios para la ejecución de las obras del antiguo PER y del actual Aepsa.
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Consejo de Gobierno, 16/09/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera (Córdoba) para modificar su escudo municipal y adoptar su bandera. Estos símbolos tendrán las siguientes características:
Escudo. Un águila de sable, emblema parlante de Aguilar, cargada en el pecho de un escudo de oro con tres fajas de gules timbrado con corona ducal sobre el jefe y con el toisón de oro con un collar cuyos eslabones dobles están entrelazados por piedras del rayo, de azur, en llamas de gules. El águila está surmontada de corona real cerrada.
Bandera. De seda o tafetán, rectangular, vez y media más larga que ancha (del asta al batiente), blanca, con el escudo oficial de Aguilar de la Frontera, cuyo eje central coincide con el centro del vexilo.
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Consejo de Gobierno, 16/09/2003
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Educación y Ciencia subvencionar a la Diputación Provincial de Sevilla con 3,43 millones de euros para la realización de obras de mejora en cuatro centros educativos de la capital hispalense.
El principal proyecto se llevará a cabo en el recinto del antiguo Matadero de Sevilla, donde su ubican los edificios del colegio público Ortiz de Zúñiga y del conservatorio Francisco Guerrero. Las obras de mejora incluirán la consolidación de estructuras y cubiertas y la completa remodelación de todos los espacios interiores.
En el colegio público Macarena se adecuará una antigua vivienda de maestros para su uso administrativo y docente. En la planta baja se instalarán las oficinas de gestión y dirección del centro, mientras que en la superior irán ubicadas dos aulas para el tercer ciclo de Primaria. La mejora beneficiará a un total de 375 alumnos.
Por su parte, en el instituto María Moliner, donde estudian 360 alumnos, se llevarán a cabo obras de adaptación para dotar al centro con laboratorios y aulas de Informática, Plástica, Música y Tecnología, entre otras instalaciones.
Finalmente, también se realizarán obras de consolidación de estructuras en el colegio Toribio de Velasco, donde están escolarizados 200 alumnos de Educación Infantil.
Estos cuatro proyectos se incluyen en el Plan Aula 2000, promovido por la Consejería de Educación y Ciencia con el fin de ampliar y mejorar la oferta de puestos escolares. Desde su inicio en 1997, el plan ha propiciado unas inversiones de 161,5 millones de euros en la provincia de Sevilla, con más de 50.000 alumnos beneficiados.
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