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Consejo de Gobierno, 17/11/2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la organización y el funcionamiento del Sistema Estadístico de Andalucía. Esta norma desarrolla la nueva ley autonómica sobre esta materia con el objetivo principal de consolidar la descentralización de la producción estadística regional, de tal modo que las distintas consejerías de la Junta pasan a ser responsables de buena parte de la misma bajo la coordinación del Instituto de Estadística de Andalucía (IEA).
Para la implantación de este modelo descentralizado, más próximo a la realidad que se pretende reflejar, el decreto establece diversos mecanismos de coordinación y regula los órganos que integran el Sistema: la Comisión Interdepartamental de Estadística, la Comisión Técnica Estadística y el Consejo Andaluz de Estadística, además del IEA.
La Comisión Interdepartamental de Estadística, creada a raíz de la nueva ley como el órgano de dirección del Sistema, contará con representación de todas las consejerías de la Junta a través de las personas encargadas de presidir las respectivas comisiones estadísticas.
Por su parte, la Comisión Técnica Estadística se configura como un órgano de asesoramiento y de coordinación entre el IEA y los distintos departamentos de la Administración autonómica. En ella también estarán representadas las corporaciones locales a través de dos representantes designados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
El Consejo Andaluz de Estadística, órgano consultivo y de participación social, mantiene su objetivo de facilitar la relación del Sistema con los usuarios de la información, así como la representación de las universidades, el Parlamento de Andalucía, las organizaciones empresariales y sindicales, las entidades locales, las Cámaras de Comercio y las asociaciones ecologistas y de consumidores y usuarios.
En cuanto al IEA, el decreto regula el estatuto de esta agencia administrativa y refuerza su papel en lo relativo a la coordinación de las consejerías y la armonización de la producción.
La producción estadística de la comunidad autónoma se enmarca actualmente en el plan aprobado para el periodo 2007-10, con 307 actividades programadas y un presupuesto de 53,34 millones de euros. De estos trabajos, 243 corresponden a actividades ya recogidas en anteriores planes y 64 a nuevas demandas de información, especialmente en los ámbitos de la coyuntura económica, la calidad de la educación, la asistencia sanitaria pública y la innovación y la empresa.
En la medida en que su propia naturaleza lo permite, cada una de las actividades estadísticas incorpora criterios e indicadores trasversales de sostenibilidad (medición de efectos sobre el medio ambiente y la sociedad); género (desglose de la información por sexos), y territorio (desagregación geográfica de los datos).
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Consejo de Gobierno, 17/11/2009
El Consejo de Gobierno ha acordado establecer nuevos mecanismos de coordinación para acelerar la transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, relativa a la eliminación de barreras legales y administrativas en el sector de los servicios del mercado interior. Esta norma europea, que supone una oportunidad para favorecer la creación de empresas y la internacionalización del tejido productivo andaluz, implica la modificación de numerosas leyes, reglamentos y procedimientos, tanto de carácter estatal como autonómico y local.
En el ámbito autonómico, buena parte del trabajo de adaptación se refiere a dos anteproyectos legislativos que actualmente se tramitan para modificar diversas leyes. Junto con ellas, se están transformando también 89 decretos y 24 órdenes de la Administración andaluza, con el objetivo común de simplificar procedimientos.
Entre las medidas de coordinación aprobadas, se establece un seguimiento mensual de la Consejería de la Presidencia sobre los avances en la transposición de la Directiva en la normativa de la comunidad autónoma. Asimismo, se impulsa la coordinación de la puesta en marcha de las medidas derivadas, como el Sistema de Información del Mercado Interior (IMI), que refuerza la cooperación administrativa entre los Estados miembros para garantizar la supervisión de los prestadores de servicios.
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Consejo de Gobierno, 17/11/2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de 24,9 millones de euros para la construcción de la planta de tratamiento, clasificación y compostaje de residuos sólidos urbanos de Antequera, que dará servicio a 427.000 habitantes de 88 municipios de la zona norte de la provincia de Málaga y de la comarca de La Axarquía. Las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de 30 meses, estarán cofinanciadas en un 80% por los Fondos de Cohesión de la Unión Europea.
La futura instalación, con una capacidad anual para tratar 340.000 toneladas, se construirá en una parcela de 46 hectáreas propiedad de la Diputación Provincial de Málaga en el paraje de Valsequillo.
El funcionamiento de la planta se basará en el máximo aprovechamiento de los materiales susceptibles de reutilización en el conjunto de las basuras domiciliarias recogidas. De este modo se separarán las fracciones reciclables (vidrio, plásticos y papel, fundamentalmente) y se preparará la materia orgánica mediante fermentación en túneles para la fabricación de ‘compost' (que puede ser usado como abono). En cuanto al material no reciclable y los efluentes líquidos, estos rechazos se depositarán en un vaso de vertido que será sellado y revegetado tras su colmatación.
Entre otras instalaciones para hacer posible estos trabajos, la planta dispondrá de naves de descarga, recepción, clasificación, selección, maduración y afino de los residuos. Asimismo, el complejo contará con almacén de ‘compost', balsas de pluviales y lixiviados, red de recogida de las aguas superficiales y edificios de administración y servicios.
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Consejo de Gobierno, 17/11/2009
El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la categoría de Monumento, el Convento de la Santísima Trinidad y Purísima Concepción, popularmente conocido como ‘Las Marroquíes', en Écija (Sevilla). Este edificio, construido a finales del siglo XVI y reconstruido en el XVIII, conjuga los estilos mudéjar y barroco andaluz. Actualmente, tras la demolición de buena parte del conjunto en 1974, sólo conserva la iglesia, la portería y su espadaña dieciochesca de ladrillo y azulejería.
La iglesia, de una única nave cubierta con artesonado de lacería mudéjar, es un claro exponente de la tipología tradicional de los templos conventuales sevillanos, mientras que la espadaña de la portería muestra las características más genuinas del barroco ecijano.
El nombre popular del recinto se debe a sus fundadoras, las hermanas Luisa, Catalina, Ana y Francisca Marroquí, descendientes de una de las más antiguas familias de Écija. Bendecido en 1596, se encomendó a la Orden Concepcionista Franciscana. Tras el terremoto de 1755, se reconstruyeron las bóvedas del coro bajo de la iglesia y el torreón-mirador de la portería. En la parte del convento, las nuevas dependencias construidas a finales del siglo XX mantienen en sus formas los esquemas arquitectónicos tradicionales, con la reutilización de algunos materiales originales.
En la iglesia se conservan 202 bienes muebles, que también se incorporan al régimen de protección aprobado por el Consejo de Gobierno. Destacan las esculturas de la Inmaculada Concepción (siglo XVII) y San José con el niño Jesús (XVIII) y las pinturas de la Santísima Trinidad y el Llanto sobre Cristo muerto (ambas del siglo XVIII), además de varios retablos, numerosas piezas de orfebrería y cerámica, documentos, manuscritos y libros. La mayor parte de estos bienes datan del siglo XVIII, aunque los más antiguos son del XVI y XVII.
Finalmente, se establece una zona de protección en torno al monumento que incluye las parcelas, inmuebles y espacios públicos y privados de las calles Pardal, Saltaderos, Zayas y Secretario Armesto.
Con el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, el Convento de las Marroquíes se suma a los catorce edificios de Écija que ya están inscritos como bienes de interés cultural en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz. Se trata de los palacios de los Marqueses de Benamejí y de los Marqueses de Peñaflor; los castillos de Alhocén y Alhonoz; las murallas urbana y de la Isla del Castillo; las torres de Gallape y El Torreón; los rollos de justicia de El Rolluelo y Écija; los conventos de Los Descalzos y San José de las Teresas, y las iglesias de Santiago y Antiguo Hospital de la Concepción. A estos monumentos se suma el propio centro urbano de Écija, declarado Conjunto Histórico.
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Consejo de Gobierno, 17/11/2009
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Eva López León como secretaria general técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Nacida en Sevilla en 1964, Eva López es licenciada en Psicología por la Universidad de Sevilla y máster en Dirección de Recursos Humanos.
La nueva secretaria general ocupaba actualmente el cargo de directora de Recursos Humanos de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía (Giasa), para el que fue nombrado en mayo de 2001. Asimismo, es miembro del Consejo Territorial de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Su actividad en la Administración se inició en 1998 como psicóloga en la Escuela Pública de Animación Sociocultural y continuó, hasta abril de 2001, como jefa del área de personal de la Empresa de Gestión de Instalaciones y Turismo Joven (Inturjoven).
Eva López sustituye en el cargo a Enrique Salvo Tierra, que ha sido propuesto para desempeñar el puesto de director de proyecto del Metro de Málaga. La consejera de Obras Públicas y Transportes, Rosa Aguilar, ha informado al Consejo de Gobierno de esta propuesta, realizada por su departamento, además de la relativa al nombramiento de Francisco Ruiz Dávila como director de proyecto del Metro de Granada.
Enrique Salvo Tierra, nacido en Algeciras (Cádiz) en 1957, es doctor en Ciencias por la Universidad de Málaga. Con una dilatada experiencia en la gestión universitaria y la Administración pública, en abril de 2009 fue nombrado secretario general técnico de Obras Públicas. Anteriormente, ocupó los cargos de director general del Gabinete de la Ministra de Fomento (2008-2009); concejal del Ayuntamiento de Málaga (2003-2008); delegado de Obras Públicas y Transportes (2000-2003), y director general de Participación y Servicios Ambientales de la Consejería de Medio Ambiente (1997-2000). En el ámbito docente, Enrique Salvo ha sido vicerrector adjunto de Ordenación Académica y secretario general de la Universidad de Málaga.
Francisco Ruiz Dávila, nacido en Granada, es ingeniero agrónomo. Dentro de sus diferentes actividades en el ámbito público, entre 1992 y 1997 desempeñó el puesto de Gerente de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) en Granada. Entre 1999 y 2003 fue teniente Alcalde del Ayuntamiento de esta ciudad y concejal del mismo consistorio hasta 2007. Actualmente, y desde 2008, ocupaba el cargo de jefe del Departamento de Gestión Patrimonial de la Gerencia Provincial de EPSA en Granada.
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Consejo de Gobierno, 17/11/2009
La Junta de Andalucía invertirá 170,5 millones de euros en el nuevo Programa de Escuelas Taller, Talleres de Empleo y Casas de Oficios, que se desarrollará a lo largo de 2010 y beneficiará a 7.494 desempleados. De acuerdo con el informe presentado ante el Consejo de Gobierno por el titular de Empleo, Antonio Fernández, esta cantidad se destinará a 367 proyectos presentados en 2009 por ayuntamientos y entidades públicas y privadas. De ellos, 58 corresponden a escuelas taller, 20 a casas de oficios, 282 a talleres de empleo y 7 a unidades de promoción y desarrollo.
Al igual que en el pasado ejercicio, la programación para este año se orienta de forma prioritaria hacia sectores emergentes de la economía sostenible y especialidades con gran demanda en el mercado laboral, como la ayuda a domicilio (809 alumnos), las energías renovables (558), la atención geriátrica (402) o la agricultura ecológica y la restauración de áreas degradadas (288).
Las escuelas taller, talleres de empleo y casas de oficio desarrollan proyectos de carácter temporal, basados en la alternancia entre formación y trabajo, que permiten la profesionalización de los participantes (mayores de 25 años en el caso de los talleres de empleo y menores en el resto de los programas), con preferencia para los colectivos que presentan especiales dificultades de inserción laboral (principalmente jóvenes, parados de larga duración, mujeres y personas con discapacidad). Por su parte, las unidades de promoción y desarrollo colaboran en la preparación, seguimiento y evaluación de las actividades.
Los programas constan de dos etapas; la primera de formación ocupacional y la segunda de complemento y alternancia con el trabajo y la práctica profesional. En esta última, las entidades promotoras realizan contrataciones para obras y servicios de utilidad pública o interés social y deben acreditar un compromiso de inserción laboral del 30% de los alumnos trabajadores.
La Junta de Andalucía asumió estos programas en el año 2004, tras el traspaso de las competencias sobre políticas activas de empleo. Desde entonces, casi 20.000 desempleados andaluces han podido encontrar un trabajo o montar su propia empresa tras finalizar su participación en los 1.864 proyectos desarrollados, que ofrecieron empleo remunerado y formación a un total de 43.327 personas. Estas cifras suponen un nivel medio de inserción laboral inmediata del 44%.
Inversiones
Durante estos seis años, las inversiones realizadas por la Consejería de Empleo han superado los 909 millones de euros, fundamentalmente centrada en incentivos a los proyectos para financiar a los proyectos mediante la financiación de los gastos de personal directivo y docente, medios didácticos, becas y costes salariales derivados de las contrataciones.
Los criterios de selección tienen en cuenta, entre otros factores, el porcentaje de paro de cada territorio según la Encuesta de Población Activa y las prioridades para la programación de actividades relacionadas con sectores de la economía sostenible o procedentes de municipios donde la Junta desarrolla Planes de Actuaciones Integrales Preferentes para el Empleo. Asimismo, se reserva un 5% de las plazas para personas con discapacidad y se establece la obligatoriedad de que el 50% del alumnado esté integrado por mujeres mujeres.
Todos los módulos incluyen formación básica en informática, prevención de riesgos laborales, sensibilización medioambiental, igualdad y fomento de la actividad emprendedora. Finalmente, se facilita la posibilidad de obtener el Graduado Escolar a los alumnos que no lo tengan.
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