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Consejo de Gobierno, 18/03/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Decreto de Medidas de Impulso de la Sociedad del Conocimiento en Andalucía, que prevé destinar en su primer año de aplicación 60 millones de euros para garantizar el acceso de todos los ciudadanos andaluces a las nuevas tecnologías de la información, prestando especial atención al terreno educativo y a la modernización de las empresas.
Respecto al proyecto inicial, presentado al Consejo de Gobierno el pasado 18 de febrero, el texto definitivo incorpora aportaciones realizadas por 126 organizaciones y entidades sociales durante el trámite de audiencia pública. De este modo, se amplían de 40 a 50 las medidas de incentivos y servicios públicos previstos en un principio.
El decreto abarca los ámbitos de los servicios públicos básicos, especialmente educativos y sanitarios, la alfabetización digital, la innovación y el desarrollo tecnológico, la investigación, el apoyo a las empresas y el medio ambiente. En su aplicación intervendrán de forma coordinada diez consejerías de la Junta.
Entre las nuevas medidas incorporadas al texto definitivo destacan las cuatro relativas al área de los servicios sanitarios: tramitación a través de Internet de la libre elección y cambio de médico y centro de salud; consulta en red de datos básicos personales y tipo de prestación famacéutica; implantación de la receta electrónica mediante la presentación de la tarjeta sanitaria en las farmacias, e introducción de las nuevas tecnologías de la información en el trabajo diario de los profesionales del Servicio Andaluz de Salud, incluyendo consulta, diagnóstico y tratamiento de los pacientes.
Igualmente novedosas son las ayudas que se establecen para la realización de tesis doctorales en centros de investigación y universidades andaluzas, de 12.000 euros anuales por un plazo máximo de cuatro años, y para el perfeccionamiento de doctores en centros de investigación fuera de la comunidad autónoma (hasta 30.000 euros anuales por un máximo de dos años).
Otras medidas destacadas, ya recogidas en el borrador inicial, son las referidas a la puesta en marcha de un programa de alfabetización digital para adultos; la creación de al menos 300 centros de acceso público a Internet en los municipios de menos de 10.000 habitantes; el establecimiento de ayudas de hasta 1.380 euros para la adquisición de equipos informáticos por parte de autónomos y pymes; la constitución de un fondo tecnológico para empresas de base tecnológica; la creación de ayudas a para favorecer el retorno de investigadores andaluces; la creación de la Biblioteca Virtual de Andalucía a partir de la digitalización del patrimonio bibliográfico de la comunidad autónoma, y la constitución del portal andaluciajunta.es como puerta de acceso único a todos los servicios que presta la Administración autonómica.
Educación
En materia educativa, el decreto se propone como principal objetivo equipar los más de 3.000 centros públicos docentes no universitarios de la comunidad con al menos 50.000 nuevos ordenadores, conexión a Internet mediante banda ancha e instalación de redes locales entre los cursos 2003/04 y 2005/06.
Esta dotación de equipamiento informático se reforzará con un ordenador por cada dos alumnos en aquellos centros docentes que realicen proyectos educativos sobre incorporación de nuevas tecnologías a la práctica docente. De igual modo, se facilitarán equipos específicos para alumnos hospitalizados o con necesidades educativas especiales.
La Junta creará una red de ‘Centros Docentes Digitales’ en la que se integrarán aquellos que ofrezcan a través de Internet un servicio integral (matriculación, tutorías, solicitud de becas, etc.).
Por otra parte, durante el próximo curso académico comenzará a impartirse en la comunidad autónoma Formación Profesional Específica a través de Internet. La Junta establecerá premios para los alumnos que realicen proyectos de empresas virtuales utilizando nuevas tecnologías y también les ofrecerá ayudas para la realización de prácticas en centros de trabajo de la Unión Europea.
Otra previsión recogida en el decreto es la obligatoriedad de que todo el material educativo que elabore la Junta se ofrezca también en soporte informático, mientras que para el profesorado se fijan diversas acciones formativas en tecnologías de la información que serán consideradas como méritos en la carrera docente.
Finalmente, respecto al proyecto inicial, la norma también incorpora la medida novedosa de crear aulas virtuales para alumnos hospitalizados, conectadas con el centro educativo de procedencia.
Alfabetización digital
Además de las iniciativas centradas en el sistema educativo, la Junta extenderá su estrategia de acceso público a las nuevas tecnologías con otras medidas dirigidas a los ciudadanos en general, especialmente a la población adulta, y orientadas a superar los obstáculos sociales que impiden la incorporación a la sociedad del conocimiento.
A partir del próximo curso académico se desarrollará un programa de alfabetización digital para la población adulta en los centros docentes públicos, con la colaboración de las corporaciones locales y otras entidades públicas. El plan, que arrancará en 700 centros educativos, se completará con otras medidas para familiarizar a los ciudadanos con las nuevas tecnologías. Así, todo andaluz mayor de 14 años podrá tener acceso gratuito a una dirección de correo electrónico en el portal andaluciajunta.es y también se fomentará la utilización del software libre para usos domésticos y educativos.
Las medidas para favorecer el acceso a la nuevas tecnologías de la información tendrán una especial incidencia en el ámbito local, con el fin de acortar las distancias que en este terreno aún presenta el medio rural respecto de los grandes núcleos urbanos. Para ello se prevé, entre otras acciones, la creación de un mínimo de 300 centros de acceso público a Internet durante los próximos tres años en los municipios de menos de 10.000 habitantes y en barriadas de actuación preferente. El objetivo es conseguir que a finales de 2005 todos los municipios andaluces cuenten con puntos de acceso público a Internet.
En cuanto al colectivo de personas mayores, el texto definitivo del decreto introduce la previsión de instalar módulos de informática en los Centros de Día dependientes de la Junta, para promover la formación en el uso de las nuevas tecnologías de la información. Igualmente novedosa es la medida destinada a promover la accesibilidad a las nuevas tecnologías en las viviendas protegidas de nueva construcción.
Retorno de investigadores
Dentro del bloque relativo a la investigación y la modernización tecnológica de las empresas, las medidas recogidas en el decreto se traducen fundamentalmente en el establecimiento de ayudas.
Además de las que se han incorporado a la redacción definitiva de la norma, citadas anteriormente, destacan las que incentivarán el retorno de investigadores andaluces y su incorporación a las universidades de la comunidad autónoma: 38.130 euros anuales por un plazo máximo de cinco años en cada caso y 30.000 euros para el desarrollo del proyecto de investigación. De igual modo, la Junta apoyará el retorno de investigadores a empresas radicadas en Andalucía con una ayuda de 18.000 euros por cada contratación indefinida que se realice. En ambos casos, a estas cantidades se sumarán otros 6.000 euros en concepto de ayuda al retorno.
El decreto también recoge la creación del Programa ‘Intecnet’ para fomentar la contratación laboral de doctores y tecnólogos por parte de las empresas, con ayudas máximas de 16.000 euros al año y de 26.000 euros en el caso de pymes y de sociedades calificadas como agentes tecnológicos.
Otro nuevo programa dirigido al tejido productivo ofrecerá ayudas a la investigación y a la innovación que cubrirán hasta la mitad del coste de los proyectos y hasta un 65% si la empresa participa con grupos encuadrados en el Plan Andaluz de Investigación.
Finalmente, la Junta también apoyará la prestación de servicios a pymes por parte de entidades y empresas calificadas como agentes tecnológicos, con incentivos de hasta el 60% de los costes y del 75% en el caso de concurrencia en grupos de investigación.
Autónomos y pymes
Para los autónomos y la pymes de menos de 20 trabajadores, el decreto establece diversas ayudas específicas que pueden llegar hasta los 1.380 euros, con el objetivo de facilitar la adquisición de equipos informáticos, hardware y software, así como la conexión a Internet y la realización de estudios de aprovechamiento de las nuevas tecnologías.
En cuanto a sectores concretos, las medidas previstas para los próximos tres años prestarán especial atención a las empresas audiovisuales y de tecnologías de la información y la comunicación. En el primer caso, las ayudas se centrarán en proyectos de renovación tecnológica, con aportaciones de hasta el 50% de la inversión y un límite de 450.000 euros.
De forma paralela, se incentivará la creación de las denominadas ‘empresas de base tecnológica’, que son aquellas dedicadas a explotar nuevos productos y generar tecnologías o que basan su actividad en el dominio del conocimiento científico y técnico. Para estas empresas, y como principal instrumento de apoyo, la Junta promoverá la constitución de un Fondo Tecnológico que contará con la aportación económica de entidades financieras y de capital riesgo, inversiones independientes y de la propia Junta de Andalucía. Este Fondo tendrá una dotación inicial de 1,2 millones de euros.
Cultura y medio ambiente
En el campo de los servicios culturales, la principal medida prevista es la creación de la Biblioteca Virtual de Andalucía a partir de la digitalización del patrimonio bibliográfico de la comunidad y su puesta en Internet.
También se facilitará, en el plazo de un año, el acceso a la red de todos los museos y conjuntos arqueológicos y monumentales gestionados por la Consejería de Cultura, así como la catalogación informatizada de sus fondos y colecciones.
Para las comunidades andaluzas en el exterior, el decreto establece medidas destinadas a completar su equipamiento informático y su conexión a Internet. En el portal andaluciajunta.es se reservará un espacio específico para estas entidades.
Por último, en el área de medio ambiente, se promoverá la reutilización con fines sociales de aquellos equipos de la Administración que han quedado en desuso, mediante convenios con organizaciones sociales y ONGs. En colaboración con las entidades locales, la Junta también creará una red de 76 instalaciones para la recogida selectiva y tratamiento de residuos electrónicos y eléctricos, pilas y baterías.
Administración electrónica
El decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno se complementará con otro, que será aprobado en el plazo de dos meses, dirigido a hacer posible la realización de trámites administrativos y el acceso a servicios de la Junta a través de Internet. Esta norma regulará la implantación de la firma electrónica para que los ciudadanos andaluces puedan presentar documentos a través de la red.
Entre otros trámites, se incluirán los relativos a impuestos y tributos autonómicos, tarjetas de la Junta para jóvenes y mayores, pensiones no contributivas, teleasistencia, solicitudes de cursos de formación profesional ocupacional, gestión de residuos, ayudas para la prevención de incendios forestales, licencias de caza y pesca y presentación de hojas de sugerencias y reclamaciones.
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Consejo de Gobierno, 18/03/2003
El Consejo de Gobierno ha declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento, el Muelle o Cargadero de Mineral de la Compañía Riotinto, situado en el puerto de Huelva y levantado entre 1874 y 1876 por los ingenieros ingleses Georges B. Bruce, Thomas Gibson y Martin Ridley.
Esta construcción, representativa de la arquitectura industrial de la segunda mitad del siglo XIX e importante elemento de la historia económica y social de la ciudad, constituía el término del ferrocarril que transportaba el cobre de las minas de Riotinto hasta Huelva. Con una longitud total de más de un kilómetro, la mitad de su trazado discurre sobre tierra y la otra mitad sobre la ría del Odiel.
El muelle se inicia con un tramo de 238 metros de vía única cimentada en un terraplén de tierra sobre hormigón y ladrillo y continúa, en los siguiente 225 metros, con un viaducto de madera sobre pórticos pareados. Después se alza sobre grupos de dobles hileras de cuatro pilares de hierro. Al adentrarse en la ría se aleja unos 200 metros de la orilla para trazar seguidamente una amplia curva de 200 metros de radio y culminar con un nuevo tramo recto de 170 metros, sobre el que se situó hasta 1990 el embarcadero.
La instalación industrial declarada hoy monumento, que fue construida por encargo de la compañía británica Río Tinto Company Limited, simbolizó la transformación de Huelva desde su condición de población pesquera a capital mundial de la exportación del mineral de cobre.
Tras casi un siglo de actividad, el muelle dejó de funcionar en 1974. En ese año se destruyeron unos 50 metros de su estructura metálica en tierra y se inició un proceso de abandono en el que no faltaron amenazas de derribo.
La declaración de Bien de Interés Cultural aprobada hoy establece un entorno de protección alrededor del monumento con el fin de asegurar su adecuada percepción. Este espacio, ubicado en su mayor parte en suelo no urbano y en la zona fluvial, se extiende por el norte hasta la Avenida del sur y por el este hasta la Estación Ferroviaria de Sevilla, mientras que hacia el sur se abre en dirección suroeste para garantizar la vista de la amplia curvatura que traza el muelle en el Odiel.
También se ha delimitado una zona de protección fluvial para evitar que las plataformas sumergidas que soportan el cargadero puedan verse dañadas por la alteración de las condiciones del fondo de la ría.
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Consejo de Gobierno, 18/03/2003
El Consejo de Gobierno ha autorizado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra ocho artículos de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, por invasión de competencias autonómicas y por relegar aspectos fundamentales a un desarrollo reglamentario posterior.
En cuanto a la vulneración de las competencias autonómicas, la Junta recurrirá el artículo 10, apartado 2, que sustrae a las comunidades autónomas la posibilidad de regular las cuestiones educativas y formativas de la Educación Preescolar, dejándoles tan sólo el desarrollo de los aspectos instrumentales y organizativos.
Por igual motivo se recurrirá el artículo 29, apartado 3, que atribuye en exclusiva al Gobierno central cualquier decisión relativa a la promoción de los alumnos de la Educación Secundaria Obligatoria, excluyendo con ello la intervención autonómica.
Además de subrayar estas invasiones competenciales, el Gobierno andaluz considera que la Ley Orgánica de Calidad de la Educación incurre también en inconstitucionalidad por remitir a reglamentos posteriores materias fundamentales que deberían ser reguladas en la propia norma básica, dejando así en manos de la Administración central toda la decisión sobre la organización o alteración de las mismas.
En este supuesto se incluyen el anteriormente citado artículo 10, apartado 2, sobre Educación Preescolar; el artículo 26, apartado 5, sobre los itinerarios de la Educación Secundaria Obligatoria, el artículo 35, apartado 4, que regula el establecimiento y la modificación de las modalidades de Bachillerato; el artículo 27, apartado 1, sobre la determinación de las directrices básicas de los programas de iniciación profesional; el artículo 29, apartado 3, relativo a las condiciones de promoción de los alumnos que no reúnan los requisitos para pasar al curso siguiente; el artículo 31, apartado 2, que establece una previsión similar para la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por parte de ese alumnado, y el artículo 43, apartado 3, que define las normas de flexibilización de niveles y etapas para los alumnos sobredotados intelectualmente.
En el caso concreto de la Educación Preescolar (artículo 10.2), la propia norma estatal niega explícitamente, en la Disposición Final Décima, el carácter de materia básica susceptible de regulación mediante ley orgánica, pese a tratarse de una etapa fundamental para el desarrollo educativo y, por tanto, englobada en el derecho a la educación que consagra el artículo 27 de la Constitución Española.
A juicio del Consejo de Gobierno, en la misma contradicción incurre el artículo 26.5, sobre los itinerarios de la Secundaria Obligatoria, al permitir que el Gobierno central se reserve en exclusiva, y fuera de la ley orgánica, la regulación de aspectos básicos de una etapa educativa.
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Consejo de Gobierno, 18/03/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado requerir de incompetencia al Gobierno central por la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de 20 de enero de 2003, que regula el ejercicio de la actividad pesquera con almadraba y la concesión de las licencias. A juicio del Gobierno andaluz, esta norma vulnera las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en cuanto al establecimiento de las condiciones para conceder licencias de explotación.
El Consejo ha acordado también autorizar al Gabinete Jurídico de la Junta a plantear el correspondiente conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional, en el caso de que el requerimiento no sea atendido.
De acuerdo con el actual reparto de competencias en relación con las almadrabas, al Estado le corresponde conceder la ocupación de dominio público y de autorizar la instalación en aguas exteriores, entre otras cuestiones.
Por su parte, la Junta de Andalucía es la responsable de autorizar en aguas interiores y de determinar, tanto en estas aguas como en las exteriores, las condiciones económicas y sociales que se requieren para el acceso a la licencia de explotación.
La almadraba es un tipo de arte de pesca fijo compuesto por redes que se calan en las cercanías de la costa, en fondos de unos 30 metros, para la captura del atún rojo aprovechando las grandes migraciones reproductoras que realiza esta especie entre el Atlántico y el Mediterráneo durante el final de la primavera y los meses del verano.
Andalucía es la única comunidad española donde se practica la pesca con almadraba, con unas capturas anuales que superan las 1.000 toneladas. La actividad se localiza en la provincia de Cádiz, en las proximidades del Estrecho de Gibraltar, donde funcionan cinco explotaciones autorizadas en Tarifa, Bolonia, Zahara de los Atunes, Conil de la Frontera y Barbate.
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Consejo de Gobierno, 18/03/2003
La Consejería de Asuntos Sociales invertirá 1,29 millones de euros en la construcción y equipamiento de un centro de atención socioeducativa infantil en Bujalance (Córdoba). El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por el Ayuntamiento de esta localidad para llevar a cabo el proyecto. El futuro centro, de 1.307 metros cuadrados de superficie construida, contará con 90 plazas y dispondrá de seis aulas.
Para el próximo curso 2003/2004, y en el marco de las medidas de apoyo a las familias andaluzas, la Junta ha aprobado una oferta de 10.000 nuevas plazas públicas y concertadas de centros socioeducativos para menores de tres años (guarderías). Con esta dotación, la comunidad autónoma pasará del 11% al 17% de cobertura de población infantil, frente al 5% del conjunto de España.
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Consejo de Gobierno, 18/03/2003
El Consejo de Gobierno ha acordado retornar a la Tesorería General de la Seguridad Social parte del antiguo Hospital Manuel Lois de Huelva, cuyo uso fue cedido a la Junta de Andalucía con el traspaso del Insalud en 1984, por haber dejado de tener utilidad para la prestación del servicio sanitario.
Esta retrocesión afecta a una superficie construida de 10.741 metros cuadrados con fachadas a la avenida Federico Mayo, calle Cantero y zona de aparcamientos. El resto del complejo hospitalario se encuentra actualmente en uso y alberga dependencias de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, el Centro Provincial de Drogodependencias y la Agrupación del Distrito Sanitario Huelva-Costa, entre otras.
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Consejo de Gobierno, 18/03/2003
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de los presidentes de las Juntas Rectoras de tres parques naturales andaluces y la prórroga del mandato de otros diez, tras las propuestas realizadas por estos órganos colegiados de participación.
Los tres nuevos presidentes son Manuel Torralbo Rodríguez (Parque Natural de Sierra de Cardeña y Montoro), Diego Gea Pérez (Parque Natural de Sierra María-Los Vélez) y Manuel Gracia Navarro (Parque Natural de Sierras Subbéticas).
Por su parte, los presidentes que prorrogan su actual mandato son los siguientes: Agustín Cadenas Beltrán (Parque Natural de Los Alcornocales), Alfredo Ybarra Lara (Parque Natural de Sierra de Andújar), Joaquín Molero Mesa (Parque Natural de Sierra de Baza), María Elena Martín-Vivaldi Caballero, (Parque Natural de Sierra de Castril), Luis Parras Guijosa (Parque Natural de Sierras de Cazorla, Segura y las Villas), Manuel Noguera Orellana (Parque Natural de Despeñaperros), Manuel Torres Aguilar (Parque Natural de Sierra de Hornachuelos), José María Valdivia García (Parque Natural de Sierra Mágina), Pascual Rivas Carreras (Parque Natural de Sierra Nevada) y José Caballos Mojeda (Parque Natural de la Sierra Norte de Sevilla).
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