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Consejo de Gobierno, 18/09/2007
El Parlamento de Andalucía podrá designar como senador o senadora en representación de la Comunidad Autónoma a cualquier persona que ostente la condición política andaluza, frente a la actual limitación que vincula este nombramiento a los parlamentarios autonómicos. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de ley que hará posible esta modificación, prevista en el artículo 106 del nuevo Estatuto de Autonomía con el fin de llevar a su máxima expresión el derecho de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.
La norma regulará, entre otros aspectos, las condiciones de elegibilidad, incompatibilidades y reparto proporcional del cupo de senadores que, de acuerdo con la Constitución Española, la Comunidad Autónoma puede designar en función de su peso demográfico (uno por cada millón de habitantes).
La designación de estos senadores corresponderá a la Cámara andaluza, a propuesta de los grupos parlamentarios y de forma proporcional al número de diputados de cada uno de ellos. El mandato finalizará a la conclusión de la legislatura del Parlamento de Andalucía, si bien el texto prevé los criterios que deben seguirse para nuevas designaciones por vacantes o ceses. En el caso de que no ostenten la condición de miembros de la Cámara, las personas propuestas deberán someterse a una audiencia parlamentaria pública.
El proyecto establece un sistema de incompatibilidades para el nombramiento si se trata de altos cargos de la Administración de la Junta, miembros de la Mesa del Parlamento de Andalucía, presidentes de Diputaciones Provinciales y alcaldes, además de incorporar las causas fijadas con carácter general en las leyes electorales.
En cuanto al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, las propuestas de los grupos parlamentarios deberán garantizar en su conjunto que cada uno de los sexos esté representado en la forma más cercana al equilibrio numérico y, como mínimo, en un 40%.
Finalmente, la futura ley reservará al reglamento de la Cámara la regulación del procedimiento de elección de los senadores en representación de la Comunidad Autónoma, así como sus comparecencias.
El Consejo de Gobierno enviará el proyecto de ley al Parlamento andaluz y solicitará su tramitación por la vía de urgencia, con el objetivo de que, tras su aprobación, la nueva norma pueda ser aplicada en la próxima constitución de la Cámara tras la celebración de las elecciones autonómicas.
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Consejo de Gobierno, 18/09/2007
La Junta de Andalucía destinará durante los próximos doce años un total de 145 millones de euros a la construcción de 42 nuevos parques de bomberos y a la mejora de las 104 instalaciones que componen la red actual. Así se recoge en el Plan Director de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento 2007-2018, aprobado hoy por el Consejo de Gobierno con el objetivo principal de garantizar que todas las localidades de más de 1.000 habitantes –más del 92% de la población andaluza– tengan asegurada la asistencia de estos servicios en menos de 20 minutos.
El plan se desarrollará a través del apoyo económico de la Junta a las entidades locales y, de forma especial, a las entidades supramunicipales (consorcios, diputaciones y mancomunidades) encargadas de cubrir las necesidades de los municipios más pequeños. Para ello, la Consejería de Gobernación se comprometerá a financiar la construcción y el equipamiento de los parques, mientras que las entidades locales asumirán los gastos derivados de la puesta a disposición del suelo y del mantenimiento de las instalaciones.
El documento, que desarrolla la Ley 2/2002 de Gestión de Emergencias de Andalucía, define tres tipos de parque de bomberos: el denominado tipo C, que da cobertura a zonas que agrupan hasta 50.000 habitantes; el B, para núcleos de entre 50.000 y 100.000 habitantes; y el A, para más de 100.000. En la primera fase del plan, durante el cuatrienio 2007-2010, se dará prioridad a los dos primeros tipos, con una inversión prevista de 34,5 millones de euros.
La ubicación exacta de las nuevas instalaciones se decidirá en función de estudios técnicos de accesibilidad, con el criterio básico de que los efectivos de bomberos puedan llegar en menos de 20 minutos a cualquier zona del ámbito de cobertura de su parque. No obstante, el Plan Director sí que señala las áreas donde se construirán, que son las siguientes: Almanzora, La Alpujarra, Norte del Levante, Sur del Levante, comarca de Los Vélez, Área Metropolitana de Almería-Campo de Níjar, Los Filabres-Tabernas, Poniente-Este y Poniente-Oeste, en la provincia de Almería; Bahía de Cádiz, Costa Noroeste, La Janda, Campiña de Jerez, Sierra de Cádiz y Campo de Gibraltar (Cádiz); Sierra Subbética y Vega Media del Guadalquivir (Córdoba); Alpujarra Este, Alpujarra Oeste, Alhama, Los Montes, La Vega de Granada y Huéscar (Granada); Andévalo Occidental, El Condado, Costa Occidental y Sierra Oriental (Huelva); Área Metropolitana de Jaén-Campiña, El Condado, Las Villas, Sierra de Cazorla, Sierra Mágina Oriental y Sierra Mágina Occidental (Jaén), y Valle del Guadalhorce, Costa del Sol Occidental-Este, Costa del Sol Occidental-Oeste, Antequera, Serranía de Ronda y La Axarquía (Málaga), y Aljarafe, Sierra Norte y Sierra Sur (Sevilla).
Por último, entre el resto de las medidas recogidas en el documento aprobado hoy, destaca la previsión de conectar telemáticamente los parques de bomberos con teléfono único de emergencias 112 Andalucía.
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Consejo de Gobierno, 18/09/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado financiar con 49,1 millones de euros el pago de los materiales de las obras que realizarán los municipios andaluces en 2007 con cargo al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (Aepsa).
En estos proyectos, el Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo Inem) abona el coste total de la mano de obra, mientras que la Junta y las ocho diputaciones provinciales andaluzas se encargan de subvencionar los gastos de materiales, maquinaria y utensilios en un 75% y un 25%, respectivamente.
Para acceder a las subvenciones, los municipios tienen que acreditar, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal, la cuantía que aporta este organismo, el apoyo financiero de la Diputación correspondiente y los certificados de inicio de las obras, que deberán estar concluidas antes del 30 de junio del año 2008. Estos municipios quedan asimismo sujetos al control de la Consejería de Gobernación.
La Junta de Andalucía ha invertido entre 1986 y 2006 un total de 665,8 millones de euros en cooperación con los municipios para la ejecución de las obras del antiguo PER y del actual Aepsa.
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Consejo de Gobierno, 18/09/2007
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy retirar el conflicto positivo de competencias planteado por la Junta de Andalucía en 2003, y admitido a trámite por el Tribunal Constitucional, contra la orden reguladora de la pesca con almadraba que aprobó ese año el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A requerimiento del Gobierno andaluz, esta norma estatal fue modificada posteriormente para eliminar diversos preceptos que vulneraban las atribuciones de la comunidad autónoma sobre almadrabas en aguas interiores, con lo que cesan los motivos para el mantenimiento del conflicto. Independientemente de ello, la entrada en vigor del nuevo Estatuto de Autonomía supondrá extender a las aguas exteriores las competencias autonómicas exclusivas sobre esta actividad pesquera.
Andalucía es la única comunidad española donde se practica la pesca con almadraba, cuyas capturas anuales rondan las 1.000 toneladas anuales. Todas las explotaciones autorizadas se localizan en el litoral gaditano del Estrecho de Gibraltar, concretamente en Barbate, Bolonia, Conil de la Frontera, Tarifa y Zahara de los Atunes.
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Consejo de Gobierno, 18/09/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado una modificación del Decreto 14/2006, regulador del Registro de Explotaciones Ganaderas, con el fin de reforzar los requisitos higiénico-sanitarios y medioambientales de las balsas de almacenamiento de residuos.
Estas instalaciones deberán ampliar de 2,5 a 5 metros la profundidad máxima desde el nivel del suelo, además de mantener –como ya se venía exigiendo– la distancia de seguridad mínima de 50 centímetros entre el nivel de la lámina del líquido residual y el borde del depósito.
Con el fin de facilitar la adopción de la medida, la modificación aprobada hoy prorroga en un año más, hasta el 1 de enero de 2009, el plazo que establecía el decreto original para que los titulares adecuasen sus explotaciones. Asimismo, abre la posibilidad de eximir de la existencia de balsas o estercoleros a las explotaciones dotadas de sistemas de producción capaz de garantizar la recogida y el almacenamiento de los residuos, tanto sólidos como líquidos.
Estos requisitos de gestión de residuos, estiércoles y purines se aplican a las instalaciones de almacenamiento en vaquerías, cebaderos de vacuno, granjas porcinas intensivas y explotaciones de cabras y de ordeño.
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Consejo de Gobierno
