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Consejo de Gobierno, 19/06/2007
El Debate sobre el Estado de la Comunidad significa siempre una oportunidad para que los distintos grupos parlamentarios y el propio Consejo de Gobierno de la Junta analicen con una perspectiva global la situación de Andalucía y valoren adecuadamente los avances realizados, los problemas más relevantes y los retos de que la sociedad andaluza tiene por delante.
Un debate de estas características, del que Andalucía fue pionera en el conjunto de las Comunidades Autónomas españolas es, además, el ámbito idóneo para que la dialéctica parlamentaria arroje los frutos más esperados por la ciudadanía: el acuerdo en los temas esenciales que afectan a los andaluces, mediante la aprobación de las correspondientes propuestas de resolución en la Cámara. Por enfrentados que resulten los puntos de vista de los distintos grupos, expresión a su vez de la pluralidad política de Andalucía, siempre hay un margen para acotar campos de entendimiento, alcanzar consensos y aunar esfuerzos en el objetivo común de defender los intereses generales de nuestra tierra, preservando los valores democráticos y de paz que compartimos con el resto de España.
En la fecha que decida el Parlamento de Andalucía, afrontaremos el último Debate del Estado de la Comunidad que tendrá lugar en la actual VII Legislatura autonómica. Este hecho, lejos de ahuyentar las posibilidades de entendimiento, debiera ser una ocasión para que el análisis de la situación de Andalucía resulte lo más completo posible y centrado en la realidad de nuestra tierra. El Gobierno de Andalucía rendirá cuentas ante la Cámara y lo hace con la convicción de que el esfuerzo realizado por el conjunto de la sociedad andaluza –sus instituciones, los agentes sociales, trabajadores y empresarios— está dando sus frutos en todos los ámbitos de la vida.
Así, en el terreno económico, Andalucía ha alcanzado objetivos largamente esperados, como la superación del 75% de la renta media comunitaria y ello gracias a un largo período de crecimiento –trece años ya– por encima de la media de la UE, incluso en períodos como el actual en el que Europa recupera una mayor potencialidad económica. El fuerte impacto de este desarrollo en la creación de empleo, que ha colocado el diferencial de paro con España y la UE en mínimos históricos, no puede, sin embargo, hacernos perder la perspectiva de que la lucha contra el desempleo continúa siendo una prioridad para la sociedad andaluza. Para ello es imprescindible fortalecer tres elementos esenciales que el modelo económico andaluz comparte con las comunidades más dinámicas del mundo: la formación de los recursos humanos, la presencia de nuestras empresas en los mercados internacionales y la incorporación de la I+D+i como factor clave para el incremento de nuestra productividad. Así se establece en la política de concertación social, sin duda la más avanzada y profunda de España, y auténtica clave del éxito económico de Andalucía.
Un crecimiento económico que carecería de sentido si no estuviera destinado a lograr una mejora palpable en la calidad de vida de los ciudadanos. Cualquier esfuerzo es poco para remover los obstáculos que aún anclan a muchos andaluces en la desigualdad y eso explica nuestra ambiciosa apuesta por ampliar y mejorar las políticas públicas en materia de educación, salud, cultura y, en general, del conjunto de prestaciones sociales que son y serán la principal razón de ser del Gobierno de Andalucía. La protección de las personas dependientes y en general las medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, son, además de un medio de hacer efectivos derechos fundamentales, una condición necesaria para mejorar la competitividad de nuestra economía.
Celebraremos este Debate sobre el Estado de la Comunidad tras haber vivido en Andalucía dos hitos especialmente relevantes. En primer lugar, la aprobación definitiva del nuevo Estatuto de Autonomía, que abre un universo nuevo para nuestra comunidad, reforzando su papel en el conjunto del Estado y brindando nuevos y adecuados instrumentos para el nuevo tiempo del que, por voluntad y méritos propios, Andalucía, en esta ocasión histórica, no ha quedado al margen. Es precisamente en el terreno del desarrollo estatutario donde el Gobierno de Andalucía estima que más claro e importante es el ámbito para alcanzar grandes consensos. Para la sociedad andaluza resultaría inexplicable que quienes han logrado alcanzar un acuerdo para aprobar el nuevo Estatuto, ahora, por cortedad de miras o intereses electoralistas, rechazaran un entendimiento para desarrollarlo por el bien de Andalucía.
En este sentido, existen retos que conciernen a nuestra sociedad y que pueden y deben quedar al margen de la confrontación estéril. La lucha contra el Cambio Climático, por ejemplo, es un asunto urgente y de la máxima relevancia: debemos afrontarlo con determinación y con la conciencia de que Andalucía hace bien en desarrollar su propia estrategia para la mitigación de los efectos de la emisión de gases de efecto invernadero y hacerlo, además, con el aval de la comunidad científica nacional e internacional.
En segundo lugar, acaban de constituirse los nuevos ayuntamientos para los que las elecciones suponen siempre una nueva inyección de legitimidad y dinamismo. El Gobierno de Andalucía es plenamente consciente de la importancia capital que los nuevos Ayuntamientos y Diputaciones tienen en la vida pública de nuestra comunidad. Fortalecerlas, multiplicando los mecanismos de cooperación y coordinación, es un objetivo esencial al que, por ningún motivo, ninguna institución ni grupos políticos debieran regatear esfuerzos. Su papel es esencial no sólo en la prestación de numerosos servicios públicos y en el modelo de convivencia en las ciudades y pueblos de Andalucía, sino en la propia ordenación de nuestro territorio. Andalucía se ha dotado de suficientes mecanismos para garantizar que el desarrollo económico de la comunidad se asiente en bases sólidas y sostenibles y para ello es necesario el mejor entendimiento con las nuevas corporaciones locales, desde el respeto a la Ley y al compromiso con el futuro de nuestra comunidad.
Con esta preceptiva Comunicación al Parlamento de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía estima, en fin, que se abre una nueva oportunidad para fortalecer a la Cámara como institución central de la autonomía, y contribuir nuevamente al progreso y bienestar de la Comunidad, incluso a partir de las legítimas discrepancias que son consustanciales a una sociedad democrática.
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Consejo de Gobierno, 19/06/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Farmacia de Andalucía, que regulará la planificación y ordenación de los servicios farmacéuticos garantizando un acceso de calidad a los medicamentos y una mayor transparencia en la adjudicación de las oficinas. La norma dará rango legal a las políticas de uso racional del medicamento que se vienen desarrollando durante los últimos años en la comunidad autónoma, como la prescripción por principio activo.
Respecto a los servicios, y frente al anterior sistema de adjudicación a instancias del farmacéutico, el texto establece que será la Consejería de Salud la que asuma la planificación mediante convocatorias públicas. De este modo, fijará los lugares en los que se pueden abrir las nuevas oficinas de farmacia, flexibilizando los criterios generales para tener en cuenta los incrementos de población censada, flotante o estacional. Con ello se pretende ajustar la oferta a la demanda real y a los crecimientos demográficos.
Se permitirá la instalación de nuevas oficinas en núcleos rurales o de expansión urbana con un mínimo de 1.000 habitantes, así como en aeropuertos y centros de tráfico de viajeros y mercancías, entre otros emplazamientos. Esto supondrá, en una primera fase, la apertura de unas 250 nuevas farmacias en las ocho provincias, que en un plazo medio podrían alcanzar las 500. El proyecto de ley también prevé la apertura de servicios farmacéuticos en todos los distritos de atención primaria y en los hospitales de más de cien camas. En el caso de los centros sociosanitarios públicos o privados, la instalación dependerá del número de plazas y del tipo de atención farmacológica que precisen las personas residentes.
La adjudicación de nuevas farmacias se realizará siempre mediante concurso público, atendiendo a los principios de publicidad, transparencia, concurrencia pública y mérito. El baremo tendrá en cuenta los méritos académicos, la formación posgraduada, la experiencia profesional y la discapacidad física.
El farmacéutico que quiera vender su oficina tendrá que hacer público el precio de venta, y el nuevo adjudicatario será aquel que obtenga la mayor puntuación en el baremo de méritos dentro del registro creado al efecto. La norma regula también las condiciones de los traslados, los requisitos técnicos para el correcto funcionamiento de las oficinas de farmacia e incluso la posibilidad de que puedan contar con un servicio de distribución de medicamentos a domicilio.
Derechos de los ciudadanos
Otro de los aspectos recogidos es el reconocimiento de los derechos de los ciudadanos, entre los que destaca el de recibir atención farmacéutica con garantías de confidencialidad y con la suficiente información sobre el tratamiento y sus beneficios. La futura ley reforzará el papel de los farmacéuticos como agentes de salud y regulará en esta línea sus funciones y obligaciones: información y asesoramiento a los ciudadanos, prevención de la enfermedad y cumplimiento farmacológico, colaboración con los facultativos en la comunicación de posibles reacciones adversas y actuaciones adecuadas para la custodia, conservación y eliminación de medicamentos, entre otras. Además, con el fin de introducir parámetros de calidad, el proyecto incluye un sistema de acreditación para las oficinas de farmacia y los servicios farmacéuticos, orientado a la mejora del servicio y a la garantía de la prestación.
En cuanto a los denominados medicamentos huérfanos, es decir, aquellos indicados para enfermedades raras (que afectan a cinco de cada 10.000 personas) y que no tienen el respaldo de la industria farmacéutica para su desarrollo, el texto legal incorpora como uno de sus objetivos la promoción de la investigación y de la producción en este campo a través de un plan específico.
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Consejo de Gobierno, 19/06/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula en Andalucía los procedimientos y requisitos para prescribir y dispensar medicamentos y productos sanitarios a través de la receta electrónica. Esta norma da cobertura jurídica a un modelo, denominado Receta XXI, que actualmente sirve de referencia en el Sistema Nacional de Salud, beneficia a 4,3 millones de andaluces y funciona en 336 centros de salud y 2.355 oficinas de farmacia de toda la comunidad autónoma.
Al basarse en un soporte informático, este modelo evita que los pacientes crónicos se vean obligados a acudir al médico sólo para obtener las recetas de continuación de sus tratamientos. Ello permite también que el facultativo pueda aumentar la dedicación a sus pacientes, mejorar su seguimiento y reforzar la comunicación con el farmacéutico.
De acuerdo con la regulación aprobada hoy, la receta electrónica debe incluir los datos de identificación del prescriptor y del paciente (nombre y apellidos, además del código numérico personal en el primer caso y del número de identificación sanitaria en el segundo), así como la fecha en la que se realizó la prescripción. También han de constar los datos mínimos que permiten identificar el medicamento, así como las dosis y la duración del tratamiento.
Los datos mínimos deben figurar en el catálogo informatizado de medicamentos y productos sanitarios cubiertos por el sistema sanitario público y susceptibles de prescribirse mediante la receta electrónica. De lo contrario, la prescripción de estos medicamentos se realizará en recetas convencionales.
La tarjeta sanitaria del paciente es la llave de acceso a la receta electrónica y al sistema informático que la hace posible, tanto para la prescripción en la consulta médica como para la dispensación en la oficina de farmacia.
En la consulta, los pacientes deberán recibir una hoja de instrucciones en la que, además de la firma del profesional, aparecerá información sobre el fármaco prescrito, posología, duración y finalización del tratamiento, así como consejos de interés para obtener buenos resultados.
El decreto fija en un año la duración máxima del tratamiento prescrito mediante receta electrónica, que, no obstante, podrá ampliarse o renovarse durante los 45 días anteriores a la fecha de finalización. Gracias al sistema informático, el médico puede controlar el seguimiento que el paciente hace del tratamiento, comprobar las dispensaciones de cada una de sus prescripciones y, en su caso, anular cualquier receta informando de ello al usuario.
Garantías
Los titulares de las oficinas de farmacia deberán disponer de tarjetas de identificación para acceder al sistema informático. Ante posibles incidencias, se prevé una conexión excepcional a través de una central para garantizar la continuidad en la prestación.
Con carácter general, en una misma dispensación no se podrá entregar una cantidad de envases superior a la correspondiente para tres meses ni a lo establecido en la normativa vigente para aquellas especialidades farmacéuticas que requieran de la receta oficial de estupefacientes.
En el caso de que el farmacéutico tenga dudas sobre errores en la prescripción o cualquier otra cuestión que pueda suponer un riesgo para la salud del paciente, podrá suspender cautelarmente la posibilidad de dispensación, comunicándolo tanto al facultativo (por vía telemática) como al paciente.
Finalmente, el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno recoge también la compatibilidad del modelo Receta XXI con los demás programas que se desarrollen en el marco del Sistema Nacional de Salud.
Andalucía fue la primera comunidad autónoma española en adoptar el sistema de la receta electrónica. Desde el inicio de su implantación progresiva en 2003, ya se han emitido 19 millones de prescripciones. A finales de este año, Receta XXI beneficiará al 92% de la población andaluza.
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Consejo de Gobierno, 19/06/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado los planes de emergencia química para once empresas que manejan productos peligrosos, de las veinte que están obligadas en toda la comunidad a contar con estos dispositivos especiales de actuación. Las nueve plantas que restan tienen actualmente sus planes en elaboración.
Hoy se ha dado el visto bueno a seis documentos en total, ya que algunos de ellos engloban a varias factorías situadas en la misma zona. Las empresas afectadas, ubicadas en cinco provincias, son las siguientes: Repsol Butano, Interquisa, Cepsa-Refinería, Petresa y Cepsa-Elf Gas, todas ellas ubicadas en el Polígono Industrial Guadarranque de San Roque (Cádiz); Repsol Butano y Cepsa-Elf Gas, en el polígono La Isla de Dos Hermanas (Sevilla); DSM Deretil en Cuevas de Almanzora (Almería); Acerinox en Los Barrios (Cádiz); Repsol Butano en Peligros (Granada), y Cepsa-Elf Gas en Linares (Jaén).
Los planes de Almería y Jaén se han elaborado por primera vez al aplicarse la nue-va directiva europea sobre productos peligrosos, mientras que los de Cádiz, Sevilla y Granada son una actualización de los ya existentes. Los seis documentos cuentan con una dotación económica de 25 millones de euros para los próximos tres años.
Estos dispositivos, que darán protección a más de 340.000 habitantes de las poblaciones cercanas a las factorías, se han diseñado para conseguir una movilización rápida, coordinada y eficaz de todos los recursos humanos y materiales necesarios, así como de las diferentes administraciones implicadas, con el fin de atajar cualquier incidente y mitigar sus consecuencias, minimizando sus efectos sobre el medio ambiente y la población. Para su elaboración se ha partido de un informe previo de seguridad en el que se han analizado todos los posibles riesgos de cada instalación y la respuesta adecuada en cada caso en función del tipo de incidente (vertidos a la atmósfera o al agua, fuego, ondas de presión o explosiones), las sustancias peligrosas involucradas o las condiciones meteorológicas, entre otros factores.
En caso de ser necesario, se pondrán en marcha medidas específicas para proteger a la población, con sistemas de aviso e información a los ciudadanos sobre los pasos que deben seguir. También se prevén las vías de evacuación y las zonas e instalaciones donde poder albergar a los desplazados, así como su asistencia médica. Como complemento, se pondrán en marcha campañas de información sobre los contenidos de los planes de emergencia y las medidas de autoprotección aplicables, además de realizar simulacros.
Nueva revisión en 2010
De 25 millones de euros con los que están dotados estos planes, 24,7 millones se destinarán a inversiones en equipos y materiales y el resto, 300.000 euros, a estudios y trabajos técnicos. En 2010 está previsto que se sometan a una nueva revisión para actualizar los parámetros de riesgo y los mecanismos de respuesta.
El operativo se activa cuando los accidentes afectan al exterior de la instalación y a criterio de la dirección del plan, que por primera vez recaerá sobre el delegado del Gobierno de la Junta en la provincia (hasta el momento era una responsabilidad compartida con el Ejecutivo central). Junto al delegado estarán un comité asesor, donde se integran todas las administraciones, y un comité de operaciones, que se encargará de movilizar a los servicios de emergencia necesarios para intervenir en la zona de riesgo (bomberos, EPES 061, Guardia Civil, Policías Nacional y Local y Unidad de la Policía Nacional Adscrita a la Junta). El nexo de unión entre todos ellos, a los que se ha incorpo-rado el Grupo de Emergencia de Andalucía (GREA), es el sistema 112.
Los documentos aprobados hoy se enmarcan en el conjunto de instrumentos que la Ley de Gestión de Emergencias de Andalucía define para hacer frente a situaciones de riesgo. Actualmente, la comunidad dispone ya de un plan territorial de ámbito autonómico y de un centenar de planes municipales homologados, que protegen al 64,6% de la población de la comunidad. A ellos hay que sumar el dispositivo específico para la lucha contra los incendios forestales (Infoca), el plan ante accidentes de transporte de mercancí-as peligrosas por carretera y ferrocarril, así como otro relativo al riesgo de inundaciones, estos dos últimos aprobados en 2004.
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Consejo de Gobierno, 19/06/2007
La Junta de Andalucía invertirá 32 millones de euros en la construcción de dos nuevos hospitales de alta resolución: el de La Janda, en Vejer de la Frontera (Cádiz), y el Costa Occidental, que se ubicará en Lepe (Huelva). El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy al Servicio Andaluz de Salud para contratar las obras de estos centros, de acuerdo con el compromiso de la Junta de acercar la atención especializada y urgente a menos de 30 minutos de cada uno de los municipios andaluces.
El Hospital de La Janda, presupuestado en 15,2 millones de euros atenderá a una población de más de 63.000 habitantes repartida entre los cuatro municipios gaditanos para los que será centro de referencia (Barbate, Benalup-Casas Viejas, Conil de la Frontera, y Vejer de la Frontera). Su plantilla estará integrada por más de 150 profesionales, sanitarios y no sanitarios. Contará con más de 10.800 metros cuadrados, en los que se distribuirán dos quirófanos, 21 módulos de consultas externas, seis salas de exploraciones y un área de hospitalización formada por 24 habitaciones de uso individual, con posibilidad de acoger hasta 48 camas.
El área de urgencias estará dotada con dos puestos de reanimación cardiopulmonar, una sala de clasificación y cinco módulos de consulta, así como puestos de observación y dependencias para curas. Por su parte, el área de diagnóstico por imagen acogerá una sala de radiología convencional, un telemando para estudios digestivos, un ecógrafo, un mamógrafo y 1 equipo TAC (Tomografía Axial Computerizada).
La infraestructura del hospital se completará con un área de rehabilitación (dotada de consulta, gimnasio y salas de terapia e hidroterapia), una sala de educación sanitaria y una helisuperficie. Junto a ello, se habilitarán las correspondientes zonas de apoyo clínico, farmacia, archivo de historias clínicas, administración y mantenimiento.
En cuanto al Hospital de Alta Resolución Costa Occidental de Huelva, este centro será el de referencia para los 82.000 habitantes que suman los municipios onubenses de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Sanlúcar de Guadiana, San Silvestre de Guzmán y Villablanca. El proyecto supondrá una inversión total de 16,8 millones de euros.
En sus 11.209 metros cuadrados se distribuirán un área de urgencias con seis módulos de consultas; un área de consultas externas con 24 módulos, seis salas de exploraciones, tres quirófanos y zona de diagnóstico (con telemando para estudios digestivos, ecógrafo, un mamógrafo y un TAC), y un área de hospitalización compuesta por dos alas diferenciadas: una de ellas con 20 habitaciones de uso individual y otra con 20 individuales y capacidad de uso doble.
Las dependencias sanitarias se completarán con un área de rehabilitación (consulta, gimnasio y salas de hidroterapia), una sala de educación sanitaria y las correspondientes zonas de apoyo clínico, farmacia, archivo de historias clínicas, administración, mantenimiento y helisuperficie. La plantilla del hospital de Lepe estará integrada por más de 150 profesionales, entre sanitarios y no sanitarios.
Red hospitalaria
Los Hospitales de Alta Resolución se configuran como centros de proximidad, ubicados en zonas geográficas alejadas de grandes núcleos urbanos o en zonas con gran crecimiento estacional, por lo que ofrecen una atención adaptada a las características de cada entorno. Una de sus principales características es la realización de la consulta de acto único, lo que supone, que en una misma visita, al paciente se le practican todas las pruebas necesarias, se le ofrece un diagnóstico y se le prescribe un tratamiento. En estos centros prima también la realización de la cirugía mayor ambulatoria, con aplicación de técnicas poco invasivas.
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Consejo de Gobierno, 19/06/2007
El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a contratar el servicio de limpieza del Hospital San Cecilio de Granada, por un importe total de 15,7 millones de euros para el periodo 2007-2009. Este contrato beneficiará también a los centros adscritos de especialidades de Loja y Zaidín, la Unidad de Rehabilitación de Agudos y la Comunidad Terapéutica de Alfacar.
Además del servicio de limpieza, se incluyen también otras actividades como la recogida y transporte de lencería, el suministro y reposición de material de higiene consumible y accesorios, las mejoras hosteleras y la gestión de residuos.
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Consejo de Gobierno, 19/06/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Huelva, por segregación del de Sevilla. El nuevo órgano dispondrá de un plazo de seis meses para elaborar y aprobar sus estatutos y para la formación de sus órganos de gobierno.
El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Huelva, que actuará en representación de este colectivo profesional en la provincia, se relacionará con la Consejería de Justicia y Administración Pública en los aspectos institucionales y corporativos y con Obras Públicas y Transportes en lo referente al contenido de sus actividades.
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Consejo de Gobierno, 19/06/2007
El Consejo de Gobierno ha nombrado al nuevo delegado de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Jaén, Rafael Valdivielso Sánchez, y a la delegada de este departamento en Málaga, Josefa López Pérez.
Rafael Valdivielso (Jaén, 1969) es licenciado en Ciencias Empresariales y actualmente desempeñaba el cargo de director gerente de la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) en Jaén, además de ser profesor asociado del departamento de Organización de Empresas en la Universidad de esta ciudad.
Por su parte, la nueva delegada de Obras Públicas y Transportes en Málaga, Josefa López Pérez, es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Turismo y funcionaria en activo del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Nacida en Jaén en 1954, ha sido miembro de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella.
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Consejo de Gobierno, 19/06/2007
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy, a propuesta del Parlamento de Andalucía, a las dos nuevas consejeras del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). Se trata de Nerea Hernández Llona y de Josefa Lucas de Prados.
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