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Consejo de Gobierno, 20/02/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto regulador de los nuevos criterios de admisión del alumnado en los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma, tanto públicos como privados concertados. La norma, que se adapta a la Ley Orgánica de Educación, comenzará a aplicarse el próximo mes de marzo en el proceso de escolarización para el curso 2007-08.
En la línea de reforzar las medidas de apoyo a las familias andaluzas, el nuevo decreto modifica tanto la puntuación de los distintos criterios como la prioridad otorgada a cada uno de ellos.
Así, en la baremación para adjudicar plazas en los centros donde la demanda sea superior a los puestos ofertados, se aplicará en primer lugar el criterio de existencia de hermanos en el centro, pasando de 3 a 6 los puntos otorgados a cada uno de los aspirantes, siempre que el hermano escolarizado continúe matriculado. Esta misma puntuación se dará a cada uno de los hermanos nacidos de un parto múltiple cuando todos ellos hayan solicitado el mismo centro y hayan obtenido la máxima valoración por la proximidad del domicilio.
Por primera vez recibirán 2 puntos las familias monoparentales (que se asimilan así a las numerosas) y uno los alumnos cuyos padres trabajen en el centro solicitado. También se aplicará la misma consideración al domicilio familiar y al laboral, que pasarán a puntuar de 8 a 10 cuando se encuentren en el área de influencia del centro docente y de 5 a 6 en caso de zonas limítrofes.
Respecto al nivel de renta, se mantienen los tramos de entre 0,5 y 2 puntos en función de los ingresos familiares. La valoración de discapacidades pasa de 1 a 2 puntos cuando el afectado sea el propio alumno y de 0,5 a 1 punto cuando se trate de los padres, mientras se mantiene en 0,5 cuando los afectados sean los hermanos.
Finalmente, el decreto aprobado hoy recoge la garantía de gratuidad para todo el alumnado del segundo ciclo de Educación Infantil (3-5 años), que comenzará a aplicarse en el próximo proceso de escolarización con los mismos criterios de admisión regulados.
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Consejo de Gobierno, 20/02/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado la creación del Registro Andaluz de Grupos de Investigación Educativa en los centros docentes públicos no universitarios. La inscripción en este censo de soporte informático será requisito indispensable para acceder a la nueva línea de ayudas públicas creada por la Consejería de Educación con el fin de respaldar la producción científica del profesorado.
Los grupos de investigación educativa comenzarán a funcionar por primera vez en este curso escolar. La Consejería de Educación ha seleccionado ya un total de 48 grupos, integrados por 476 docentes, que desarrollarán proyectos de mejora de la práctica docente y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos trabajos se prolongarán a lo largo de dos cursos lectivos tanto en colegios de Infantil y Primaria como en institutos de Secundaria y centros que imparten Enseñanzas de Régimen Especial.
Los proyectos presentados tratan fundamentalmente de la enseñanza de las materias instrumentales (Lengua y Matemáticas), las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las lenguas extranjeras y la atención a la diversidad cultural.
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Consejo de Gobierno, 20/02/2007
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan General de Inspección de la Administración de la Junta para 2007, que en esta ocasión incluye como principal novedad un análisis más profundo de los mecanismos de participación ciudadana que facilitan la toma de decisiones en la Administración autonómica.
Entre otros aspectos, la actividad inspectora prestará especial atención este año a cómo se tramitan las sugerencias y reclamaciones, con el fin de mejorar la respuesta ofrecida por la Administración en la resolución de las situaciones planteadas, las medidas adoptadas como consecuencia de la demanda ciudadana y su repercusión en las unidades administrativas afectadas.
Otra de las novedades recogidas es la evaluación de las denominadas Cartas de Servicios, a través de las cuales la Administración informa sobre los servicios que tiene encomendados y los compromisos de calidad en su prestación. En este sentido, el plan analizará el cumplimiento de estos compromisos y los criterios para su revisión.
El Plan de Inspección de la Junta, elaborado por la Consejería de Justicia y Administración Pública, es el principal instrumento que permite garantizar los principios de legalidad, eficacia y eficiencia en la actividad de la Junta de Andalucía. Además de las nuevas líneas de trabajo incorporadas este año, las inspecciones seguirán profundizando en los objetivos de mejorar la atención al ciudadano, fomentar la modernización de la gestión pública, garantizar la legalidad de los procedimientos administrativos, promover la responsabilidad social y facilitar el uso de las nuevas tecnologías en la prestación de servicios. En este último capítulo se vigila espacialmente el cumplimiento de la normativa de protección de datos personales y la correcta tramitación telemática de las contrataciones de la Administración.
La programación para 2007 se completará con las medidas habituales de cada año en materias como la inspección de procedimientos administrativos, la concesión de ayudas y subvenciones, la fiscalización de contrataciones o la vigilancia del cumplimiento de la normativa sobre incompatibilidades de empleados públicos.
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Consejo de Gobierno, 20/02/2007
El Consejo de Gobierno ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía para retirar el recurso de inconstitucionalidad presentado en febrero de 2004 contra tres artículos de la Ley 43/2003, de Montes. La decisión obedece a las recientes modificaciones introducidas en esta norma, que han supuesto el cese de la vulneración competencial que motivó el recurso.
El primero de los artículos recurridos, que invadía las competencias autonómicas en restauración hidrológico-forestal, ha sido derogado. Por su parte, la modificación de los otros dos ha permitido restablecer las facultades ejecutivas de la comunidad autónoma en dos materias concretas: la defensa jurídica del personal técnico de extinción de incendios y la homologación, preparación y normalización de los medios materiales y de equipamiento del personal de extinción de incendios forestales.
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Consejo de Gobierno, 20/02/2007
La consejera de Medio Ambiente, Fuensanta Coves, ha informado al Consejo de Gobierno de las obras de emergencia que iniciará próximamente su departamento para ampliar la capacidad de la desaladora de Marbella. Esta planta, que entró en servicio en septiembre de 2005 y ha sido clave para mantener el abastecimiento de agua potable a la Costa del Sol Occidental durante la sequía, presenta problemas de producción cuando se dan condiciones de mala mar y la turbidez obliga a reducir el volumen de tratamiento.
Para garantizar el pleno funcionamiento de la desaladora en cualquier circunstancia, el proyecto incluye la mejora del sistema de cloración del agua desalada, un nuevo postratamiento de remineralización y a la instalación de ocho filtros de arena adicionales. Dado que cada uno de estos filtros pesa casi cien toneladas, también está prevista la realización de trabajos de cimentación y apoyo. Todas esta obras, que cuentan con un presupuesto de 2,56 millones de euros, se desarrollarán en un plazo de seis meses.
La desaladora de Marbella dispone actualmente de ocho líneas de producción que permiten servir un caudal máximo de 560 litros por segundo, lo que supone una capacidad de tratamiento de 20 hectómetros cúbicos anuales. Una vez finalicen las obras, estas ocho líneas podrán funcionar de forma simultánea y alcanzar por tanto la producción máxima si así lo requiere la demanda de agua.
El proyecto forma parte de las iniciativas contra la sequía que desde el año 2005 viene desarrollando la Agencia Andaluza del Agua en un total de 18 municipios de la provincia de Málaga y el Campo de Gibraltar, con más de 20 obras de emergencia y una inversión total de 40 millones de euros. Entre estos proyectos destacan la construcción de un depósito de 1.500 metros cúbicos para recuperar el agua del lavado de los filtros de la potabilizadora de Río Verde, en Marbella; la realización de un sondeo en el río Guadalmina; la conexión de pozos privados a la red de abastecimiento de la Costa del Sol Occidental; la remodelación de la Estación de Bombeo de El Toril (San Roque) y la reparación urgente de la red de riego del Guadalhorce. Asimismo, está a punto de finalizar la primera fase de la adaptación de las plantas de tratamiento de agua potable de Pilones (Málaga), y Arenillas, en San Roque.
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Consejo de Gobierno, 20/02/2007
El Consejo de Gobierno ha autorizado al consejero de la Presidencia la suscripción de un convenio entre la Junta de Andalucía y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, para la prestación de servicios postales en la Administración autonómica. El nuevo marco de colaboración, que sustituye al acordado en 1994, permitirá la cobertura total de comunicación postal con productos y servicios no incluidos entonces.
En el acuerdo general hasta ahora vigente sólo se incluían las cartas ordinarias y certificadas, las notificaciones y los impresos publicitarios, circunstancia que motivó que diferentes organismos de la Junta acordaran directamente con Correos el acceso a otros servicios en función de sus necesidades.
El nuevo convenio autorizado por el Consejo de Gobierno sustituirá tanto al general de 1994 como a los acuerdos específicos suscritos hasta la fecha. Ello permitirá unificar las condiciones de prestación de servicios postales en la Junta garantizando un acceso total en las mejores condiciones económicas. Además de cartas, notificaciones e impresos publicitarios, ahora se incorporan también el franqueo en destino, la recogida de correspondencia, la entrega a domicilio de apartado postal, la paquetería, las valijas, el servicio postal exprés, las publicaciones periódicas y los telegramas en sus distintos tipos (normal, telefónico, on line , ETD y burofax).
Al tratarse de un convenio único para todos los servicios postales y para toda la Administración autonómica, Correos podrá mejorar tanto su oferta de descuentos como las ventajas derivadas de la consideración preferencial de la Junta de Andalucía como “gran cliente”, independientemente de la ubicación geográfica y del volumen de contratación de sus distintos organismos.
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Consejo de Gobierno, 20/02/2007
El Consejo de Gobierno ha declarado Bien de Interés Cultural, con la categoría de zona arqueológica, el yacimiento denominado Conjunto del Faro de Torrox (Málaga). Se trata de una mansio romana –asentamiento junto a una vía de comunicación– integrada por una villa y una factoría de salazones reutilizada posteriormente como necrópolis.
El yacimiento, cuyos orígenes se remontan a la época tardorrepublicana (siglos II y I a.C.), se localiza en la zona costera del municipio de Torrox. Los primeros restos aparecieron a principios del siglo XX, cuando comenzó la contrucción del faro. Las últimas investigaciones han confirmado su identificación con la denominada Mansio Caviclum del Itinerario de Antonino que aparece en diversas fuentes documentales.
El espacio declarado como zona arqueológica abarca una extensión aproximada de 60.300 metros cuadrados y resulta de gran interés para el estudio de las lujosas villas romanas junto al mar, tanto en su parte residencial como en la industrial. El lugar cuenta además con un pequeño fondeadero natural que sirvió como canal de comercialización marítima de las salazones y salsas elaboradas en la factoría.
El análisis de los materiales y mosaicos indican una amplia cronología de ocupación del asentamiento entre finales de la época republicana y el siglo IV d.C. No obstante, también se han recuperado monedas y cerámicas de dos siglos más adelante.
En la construcción de la villa residencial se emplearon pizarra y sillarejos locales, con utilización puntal de ladrillos. Tanto la zona del atrio como las distintas estancias estuvieron pavimentadas con mosaicos de decoración geométrica, la mayoría de ellos en blanco y negro y fechados entre los siglos II y III. Posteriormente, a finales del siglo I d.C. se edificaron unas termas separadas del conjunto a unos doscientos metros.
En cuanto a la zona industrial, la factoría de salazones data del siglo I a.C. y sus restos incluyen una serie de piletas de medianas proporciones, que con el tiempo se reutilizarían como necrópolis, y un alfar destinado a la elaboración de ánforas para el envasado de las salazones y del pescado (garum).
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