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Consejo de Gobierno, 20/04/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la calificación y el registro de las ‘empresas de inserción', sociedades que unen a su finalidad económica el objetivo de favorecer la integración laboral de personas en riesgo de exclusión social. La norma, que supone el desarrollo en Andalucía de la legislación marco estatal sobre la materia, se completará posteriormente con la orden que abordará las medidas de respaldo público a este tipo de entidades.
Respecto a la ley estatal, la principal novedad se deriva de que el decreto andaluz incorpora como colectivos considerados en riesgo de exclusión a las mujeres víctimas de violencia procedentes de casas de acogida o programas de protección; a los emigrantes retornados con graves necesidades personales o familiares; a las personas que tienen a su cargo una familia monoparental; a los mayores de 50 años inscritos como demandantes de empleo al menos doce meses ininterrumpidamente, y a las personas con discapacidad en un grado igual o superior al 33%.
Estos grupos se suman a los ya definidos en la ley: perceptores de rentas mínimas de inserción o que no puedan acceder a éstas por falta del período exigido de residencia o empadronamiento o por haber agotado el período máximo; jóvenes de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores; personas en proceso de rehabilitación por problemas de drogodependencia y otros trastornos adictivos; internos de centros penitenciarios que pueden acceder a un empleo en régimen abierto; menores internos, y personas procedentes de servicios de prevención e inserción social y de centros de alojamiento alternativo autorizados.
Las empresas reguladas podrán contratar a personas procedentes de estos colectivos que se hallen inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo y que hayan asumido un compromiso de inserción. Otro requisito exigido es que destinen el 80% de sus resultados a la mejora de las estructuras productivas y a iniciativas de integración sociolaboral.
En cuanto al porcentaje mínimo de contrataciones para que una sociedad mercantil se considere como empresa de inserción, el decreto fija, al igual que la ley, un 30% sobre el total de la plantilla durante los tres primeros años de actividad y un 50% a partir del cuarto año. En el caso de sociedades laborales o cooperativas, el cómputo tiene en cuenta tanto a los trabajadores por cuenta ajena como a los socios trabajadores. De acuerdo con el decreto, las entidades, asociaciones y fundaciones públicas y privadas sin ánimo de lucro también podrán ser entidades promotoras de empresas de inserción si sus objetivos incluyen la inserción sociolaboral de personas en situación de exclusión social.
Incentivos
Las sociedades que cumplan con todos estos requisitos podrán solicitar su calificación a la Consejería de Empleo, que tendrá un plazo máximo de tres meses para resolver y notificar. Una vez calificadas, deberán inscribirse en el Registro de Empresas de Inserción de Andalucía -cuya creación también se recoge en la norma aprobada hoy- como condición necesaria tanto para poder participar en las políticas autonómicas de acción contra la exclusión sociolaboral como para acceder a incentivos y medidas de apoyo.
Según recoge la ley estatal, las empresas de inserción podrán ser beneficiarias de ayudas financieras para su constitución, formación y contratación; bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social; subvenciones para el mantenimiento de los puestos de trabajo, e incentivos a la inversión para la realización de su objeto social. La definición de estas medidas corresponde a cada comunidad autónoma y, en el caso andaluz, se concretará en una orden de ayudas.
Con independencia de esta regulación, la Junta de Andalucía ya viene desarrollando políticas de respaldo a empresas que pueden ser consideradas de inserción de acuerdo con los requisitos que ahora se fijan. En los dos últimos años, este apoyo se ha traducido en ayudas por valor de más de 1,8 millones de euros, que han hecho posible el acceso al empleo de alrededor de un centenar de personas en situación de exclusión.
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Consejo de Gobierno, 20/04/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto de Establecimientos de Apartamentos Turísticos, primera norma autonómica sobre requisitos, grupos, categorías y modalidades de estos alojamientos, que en Andalucía concentran alrededor de 45.000 plazas (el 12% del total de establecimientos turísticos).
El texto, que sustituye a antiguas normas estatales derogadas el pasado mes de enero por un Real Decreto, introduce como novedad el reforzamiento del principio de unidad de explotación. De este modo, se exige que la gestión y comercialización de un conjunto o complejo de apartamentos corra a cargo de un único sujeto profesionalizado responsable de la actividad y de la relación con los usuarios y la Administración.
Asimismo, y con el fin de garantizar la máxima calidad, facilitar la regularización y eliminar la competencia desleal en el sector, el decreto fija la definición legal de los apartamentos turísticos y completa su esquema de clasificación para establecer requisitos específicos según se localicen en zonas urbanas, rurales, de playa o de carreteras, distinción ésta que actualmente no se recoge en ninguna normativa estatal ni autonómica.
De acuerdo con ello, se consideran como apartamentos turísticos aquellos establecimientos compuestos por un conjunto de unidades que son objeto de comercialización en común por un mismo titular, responsable de las posibles incidencias. Estas unidades podrán ser apartamentos propiamente dichos, villas, chalés, bungalows o inmuebles análogos y deberán disponer del mobiliario e instalaciones adecuadas para la conservación, elaboración y consumo de alimentos.
Para su inscripción en el Registro de Turismo de Andalucía, los apartamentos turísticos se clasificarán obligatoriamente en grupos, categorías y modalidades y, opcionalmente, en especialidades.
En cuanto a los grupos, se distinguen dos. El primero, edificios o complejos integrados por tres o más unidades de alojamiento que ocupan la totalidad o parte de uno o varios inmuebles, con carácter independiente y accesos exclusivos. Para este grupo, y de forma pionera en España, el decreto andaluz introduce la exigencia específica de que sólo se incluyan aquellos inmuebles ubicados en suelos destinados a alojamiento turístico dentro de los planes urbanísticos municipales. Estas condiciones no rigen para el segundo grupo, el de los denominados conjuntos, que se diferencian por ocupar sólo una parte del edificio y por no tener carácter independiente ni accesos exclusivos.
Según la calidad de las instalaciones y los servicios que se presten, los edificios y complejos se clasifican en las categorías de cuatro, tres, dos y una llaves, y los conjuntos en dos y una.
Modalidades
Además de los grupos y las categorías, la nueva distinción obligatoria que el decreto andaluz introduce de forma pionera en España hace referencia a las modalidades: de playa (apartamentos situados en zonas de influencia del litoral), de ciudad (en suelo urbano), rural (en medio rural, excluyendo el litoral) y de carretera (en áreas de servicio y fuera de territorios de playa). Al igual que se recoge en la normativa autonómica de establecimientos hoteleros, cada una de estas modalidades se vincula a exigencias específicas tanto en instalaciones y servicios como en régimen de funcionamiento.
Finalmente, y de forma opcional, los apartamentos turísticos también podrán inscribirse en el Registro según los servicios ofertados y la tipología de la demanda (de naturaleza, deportivos y familiares). Además, atendiendo a las características arquitectónicas, el decreto también tiene en cuenta las condiciones de aquellos inmuebles que se encuentran protegidos o catalogados como monumentos.
Respecto a los requisitos de infraestructuras, el nuevo texto refuerza en líneas generales las normas destinadas a garantizar el respeto y la mejora de las condiciones medioambientales. Para todos los grupos, categorías y modalidades, se establecen obligaciones mínimas de accesibilidad, gestión de residuos, superficies, habitabilidad, instalaciones y servicios, entre otras.
Por su parte, entre las principales normas de funcionamiento destacan las relativas a la duración máxima de la estancia (45 días) y a la obligatoriedad de contar con un reglamento de régimen interior a disposición de los usuarios.
Junto con todas estas disposiciones, el decreto recoge también las adaptaciones a la Directiva europea de servicios en el mercado interior incorporadas recientemente al resto de la normativa turística para eliminar barreras legales y administrativas en el sector. Entre estas mejoras destaca la posibilidad de iniciar la actividad con la presentación de una declaración responsable, de tal modo que el cumplimiento de la normativa se garantizará no a través de autorizaciones administrativas (que se eliminan) sino de la posterior actuación de inspección de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte. Por su parte, los ayuntamientos deberán vigilar el mantenimiento del uso turístico de los apartamentos conforme a las licencias municipales concedidas.
El decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno establece un plazo de entre seis meses y un año desde su entrada en vigor para que los inmuebles ya inscritos en el Registro de Turismo de Andalucía se adapten a los requisitos exigidos. Este plazo será de dos años en el caso de los procedimientos de adecuación de infraestructuras relacionadas con el suministro de agua y luz.
La elaboración de la nueva norma ha contado con las aportaciones de los agentes económicos y sociales representados en la Mesa del Turismo y del Consejo Andaluz de Turismo, donde también quedan integradas las asociaciones de consumidores y usuarios y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP).
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Consejo de Gobierno, 20/04/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de Monumento, la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación en El Burgo (Málaga). Este templo, construido a principios del siglo XV sobre una antigua mezquita cuyo alminar se reutilizó para la torre, destaca por la perfecta combinación de los estilos gótico y mudéjar, así como por sus añadidos barrocos.
La iglesia se sitúa dentro del antiguo recinto fortificado de época árabe, de forma que resulta visible su empotramiento en uno de los lienzos de la muralla. Presenta planta rectangular con tres naves, la central más ancha que las laterales, separadas por pilares que forman arcos apuntados.
A partir del siglo XVII se realizan reformas y añadidos barrocos, entre los que destacan las piezas de escayola policromada que configuran el altar mayor. La cabecera y capilla mayor son de planta cuadrada y a los pies se sitúa el coro, del siglo XVIII.
El acceso principal corresponde a la portada de estilo gótico-mudéjar originaria, precedida de un atrio e integrada por un arco apuntado y abocinado realizado en piedra, con dos óculos a los lados, y una ventana alargada en la parte superior. En el lado del Evangelio, se construyó una portada lateral en 1773, con arco de medio punto y frontón curvo con decoración de carácter vegetal y resaltes rematados por piñas.
La torre, que sólo conserva del antiguo alminar árabe la parte inferior, tiene planta rectangular, tejado a dos aguas y dos cuerpos en cuyos lados más anchos se abren arcos de medio punto peraltado.
El decreto de declaración aprobado por el Consejo de Gobierno incluye también tres bienes muebles del siglo XX: una custodia, el Crucificado del altar mayor y la escultura de San Agustín de Hipona, patrón de El Burgo. Asimismo, establece una zona de protección en torno al monumento que abarca espacios públicos y privados de la Plaza de la Villa y de las calles Escaloncitos, Pretil y Calzada.
Con la Iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación, son ya dos los monumentos de El Burgo inscritos en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz. El otro es el Castillo de Miraflores. Además, la Consejería de Cultura ha iniciado el procedimiento para la protección del Convento del Santo Desierto de Nuestra Señora de las Nieves.
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Consejo de Gobierno, 20/04/2010
El Consejo de Gobierno ha acordado ampliar en seis meses la elaboración del Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no Peligrosos de Andalucía 2010-2019, que recogerá la nueva estrategia de la Administración autonómica para completar las infraestructuras de tratamiento, reciclaje y valorización. Esta decisión obedece a la necesidad de disponer del tiempo necesario para garantizar el máximo acuerdo con las entidades locales y los gestores y productores que han realizado sus aportaciones al primer borrador ya elaborado.
El nuevo documento sustituirá al Plan Director vigente desde 1999 y recogerá, entre otros objetivos, los de reducir la producción de residuos en origen, asegurar su correcta gestión con costes homogéneos en todo el territorio y favorecer las innovaciones tecnológicas para el aprovechamiento de las fracciones valorizables, así como mejorar las actuales instalaciones y los sistemas de recogida selectiva. Además, incluirá un estudio sobre los tipos, cantidades, fuentes y evolución futura de los residuos generados.
El anterior Plan Director de Gestión de Residuos Urbanos se saldó con una dotación de 124 infraestructuras de gestión, frente a las 115 inicialmente previstas. De ellas, 23 son plantas de recuperación y compostaje con vertederos de apoyo; 29 plantas de clasificación; 61 estaciones de transferencia, y 11 vertederos. A estas instalaciones se suma una red de 126 ‘puntos limpios'.
Actualmente, el 71% de los más de 4,28 millones de toneladas de residuos no peligrosos generados en Andalucía se gestionan en plantas de recuperación y compostaje; el 19% se depositan directamente en vertederos; el 8% se recoge selectivamente y alrededor del 2% se vierte de forma incontrolada. La tasa de reciclado de envases se sitúa en el 50,3%, mientras que la de valorización de plásticos agrícolas alcanza el 93,4%.
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Consejo de Gobierno, 20/04/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado nombramientos en las consejerías de la Presidencia; Gobernación y Justicia; Hacienda y Administración Pública; Economía, Innovación y Ciencia; Obras Públicas y Vivienda; Salud; Agricultura y Pesca; Igualdad y Bienestar Social; Cultura, y Medio Ambiente.
Consejería de la Presidencia
- Director General de Comunicación Social: Julio Ruiz Araque.
Consejería de Gobernación y Justicia
- Directora General de Justicia Juvenil y Servicios Judiciales: María del Carmen Belinchón Sánchez.
- Director General de Espectáculos Públicos y Juego: Manuel Brenes Rivas.
- Delegada del Gobierno de la Junta en Granada: María José Sánchez Rubio.
- Delegado del Gobierno de la Junta en Jaén: Felipe López García.
Consejería de Hacienda y Administración Pública
- Delegada provincial en Málaga: Josefa López Pérez.
** En el resto de las provincias, el Consejo de Gobierno ha nombrado como delegados de Hacienda y Administración Pública a las mismas personas que ocupaban estos cargos en la extinta Consejería de Economía y Hacienda.
Consejería de Economía, Innovación y Ciencia
- Delegada provincial en Sevilla: María Francisca Amador Prieto.
** En el resto de las provincias, el Consejo de Gobierno ha nombrado como delegados de Economía, Innovación y Ciencia a las mismas personas que ocupaban estos cargos en la extinta Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa.
Consejería de Obras Públicas y Vivienda
- Director general de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Barriadas: Jesús Huertas García.
- Delegado provincial en Málaga: Enrique Benítez Palma.
** En las provincias de Cádiz, Jaén y Sevilla, el Consejo de Gobierno ha nombrado como delegados de Obras Públicas y Vivienda a las mismas personas que ocupaban estos cargos en la extinta Consejería de Obras Públicas y Transportes. Respecto a las provincias de Córdoba, Granada, Huelva, las personas nombradas son las que estaban al frente de las delegaciones de la anterior Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio. La Delegación de Almería queda vacante.
Consejería de Salud
- Delegado provincial en Sevilla: Tomás Martínez Jiménez.
Consejería de Agricultura y Pesca
- Delegada provincial en Málaga: Mónica Bermúdez Arrabal.
Consejería para la Igualdad y Bienestar Social
- Directora General de Infancia y Familias: María Teresa Vega Valdivia.
- Delegada provincial en Málaga: Ana Navarro Navarro.
Consejería de Cultura
- Director General de Innovación e Industrias Culturales: Andrés Luque García.
- Directora General de Bienes Culturales: Margarita Sánchez Romero.
- Directora General de Museos y Promoción del Arte: María Inmaculada López Calahorro.
Consejería de Medio Ambiente
- Delegado Provincial en Sevilla: Francisco Javier Fernández Hernández.
Julio Ruiz Araque, director general de Comunicación Social
Julio Ruiz Araque es natural de Linares (Jaén), localidad donde nació en 1958. Periodista de profesión, en la actualidad era director de Localia Televisión y Diez TV en Jaén.
La trayectoria profesional del nuevo director general de Comunicación Social ha estado vinculada a esta provincia, en la que ha ejercido, entre otras ocupaciones, las de jefe de informativos de la Cadena Ser en Linares, corresponsal de los diarios Jaén e Ideal y jefe de prensa del Ayuntamiento linarense. En la Administración autonómica trabajó como jefe de prensa de la Consejería de la Presidencia.
María del Carmen Belinchón Sánchez, directora general de Justicia Juvenil y Servicios Judiciales
María del Carmen Belinchón Sánchez, nacida en Casablanca (Marruecos) en 1963, es licenciada en Derecho por la Universidad de Sevilla y doctora en Derecho Procesal y Penal. Desde mayo de 2004 ocupaba el cargo de directora general de Infancia y Familias de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. Anteriormente, desde 2001, fue directora general de Reforma Juvenil.
Antes de formar parte del Gobierno andaluz, la nueva directora general de Justicia Juvenil y Servicios Judiciales desarrolló una carrera profesional estrechamente ligada al ámbito de la judicatura, en la que ejerció como juez sustituta de los juzgados de Ronda (Málaga) y Sevilla. En 1996 comenzó a trabajar en el Juzgado de Menores de Sevilla, labor que desarrolló hasta su nombramiento como directora general de Reforma Juvenil.
Manuel Brenes Rivas, director general de Espectáculos Públicos y Juego
Manuel Brenes Rivas (Cádiz, 1950) es diplomado en Magisterio y funcionario docente con plaza en el Instituto de Enseñanza Secundaria Alminares de Arcos de la Frontera. Hasta ahora y desde junio de 2009 ocupaba el puesto de director general de Empleabilidad y Formación Profesional del Servicio Andaluz de Empleo.
Previamente, entre 2003 y 2009, Brenes fue delegado en Cádiz de la Consejería de Educación, donde desempeñó asimismo el puesto de jefe del Servicio de Ordenación Educativa (2000-2003). Entre 1997 y 2000 ocupó el puesto de director del Centro de Profesorado Sierra de Cádiz y también fue concejal del Ayuntamiento de Arcos de la Frontera (1983-1991).
María José Sánchez Rubio, delegada del Gobierno de la Junta en Granada
María José Sánchez Rubio, nacida en 1954 en Casarabonela (Málaga), es licenciada en Psicología y diplomada en Trabajo Social y Gerontología. Funcionaria de carrera desde 1978, pertenece al Cuerpo de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Actualmente es diputada en el Congreso por la provincia de Granada.
Con anterioridad, María Jesús Sánchez fue delegada de Asuntos Sociales en Granada entre 1997 y 2003, jefa del Servicio de Gestión de Servicios Sociales de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social en esta misma provincia y concejala en el Ayuntamiento granadino.
Felipe López García, delegado del Gobierno de la Junta en Jaén
Felipe López García, natural de Alcalá la Real (Jaén), donde nació en 1954, es licenciado en Psicología por la Universidad de Granada, y hasta ahora era presidente de la Diputación Provincial de Jaén, cargo que ostentaba desde 1995.
El nuevo delegado del Gobierno de la Junta en Jaén ha sido diputado en las Cortes Generales (1993-1995), concejal (desde 1979) y alcalde de su localidad natal (1987-1993). Es funcionario y profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Pedagogía-Psicología y ha sido miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), organización en la que presidía la Red de Gobiernos Locales+Biodiversidad.
Josefa López Pérez, delegada de la Consejería de Hacienda y Administración Pública en Málaga
Josefa López Pérez (Jaén, 1954) es licenciada en Geografía e Historia, diplomada en Turismo y funcionaria del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Desde septiembre de 2008 estaba al frente de la Delegación de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio en Málaga.
Entre otros cargos, Josefa López ha desempeñado los de miembro de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella y secretaria general de la Delegación Provincial de Economía y Hacienda en Málaga.
María Francisca Amador Prieto, delegada de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en Sevilla
María Francisca Amador Prieto (Stuttgart, Alemania, 1970) es diplomada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Sevilla y técnica superior en Prevención de Riesgos Laborales y Salud. Actualmente ocupaba el cargo de delegada provincial de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Sevilla, para el que fue nombrada en julio de 2007.
Desde 1990, Amador Prieto es funcionaria del Cuerpo de Auditoría de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Entre 1999 y 2006 fue presidenta de la Asociación de Relaciones Humanas y de Integración Social de Andalucía, entidad sin ánimo de lucro dedicada a la defensa de los derechos del menor.
Jesús Huertas García, director general de Rehabilitación Sostenible de Viviendas y Barriadas
Jesús Huertas García (Peligros, Granada, 1972) es licenciado en Derecho por la Universidad de Granada, experto en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto San Telmo y funcionario de carrera. Actualmente era delegado del Gobierno de la Junta en Granada.
Desde junio de 1999 hasta enero de 2008 fue alcalde de Peligros, responsabilidad que compatibilizó con presidencias en el Consorcio Vega-Sierra Elvira, la sociedad Aguasvira, SA, el Consorcio Red Local de Andalucía y la Mancomunidad de Municipios de Juncaril-Asegra.
Enrique Benítez Palma, delegado de Obras Públicas y Vivienda en Málaga
Enrique Benítez Palma (Málaga, 1968) es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Málaga y cuenta con formación de posgrado en metodología estadística y comercio electrónico. Hasta la actualidad y desde junio de 2004, ejercía el cargo de delegado provincial en Málaga de la Consejería de Economía y Hacienda, puesto que ocupó tras estar al frente de la Dirección del Centro Andaluz de Emprendedores (2002-2004).
La carrera profesional del nuevo delegado de Obras Públicas y Vivienda discurre entre la UGT, donde se ocupó en Málaga del Departamento de Estudios, y la Administración local, donde trabajó en el Departamento de Planificación, Control de Gestión y Estudios de Gestrisam, empresa municipal de recaudación del Ayuntamiento de Málaga. Es colaborador del suplemento económico del diario Sur.
Tomás Martínez Jiménez, delegado de Salud en Sevilla
Tomás Martínez Jiménez (Sevilla, 1964) es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y pertenece al Cuerpo Superior de Sanidad del Ministerio del Interior. Además, es diplomado en Alta Dirección de Empresas y experto en Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo.
El nuevo delegado provincial de Salud en Sevilla ha desarrollado gran parte de su actividad profesional en cargos de responsabilidad de la Administración autonómica, donde ha sido gerente de la Fundación Andaluza de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social; director general de Regadíos y Estructuras, y como presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (IARA). En el ámbito de la administración estatal ha sido miembro del Consejo de Administración de la sociedad SEIASA del Sur y Este.
Mónica Bermúdez Arrabal, delegada de Agricultura y Pesca en Málaga
Mónica Bermúdez Arrabal (Málaga, 1974) es licenciada en Pedagogía por la Universidad malagueña y tiene una amplia formación específica sobre el medio rural, desarrollo local, nuevas tecnologías y políticas de cohesión y gestión de fondos europeos. Su experiencia profesional ha estado especialmente vinculada al desarrollo y promoción económica de los municipios malagueños, a través de su labor en diferentes instituciones como la Diputación.
Ha coordinado diversos programas de generación de empleo y dedicado gran parte de su actividad profesional a colectivos como jóvenes y mujeres a través de escuelas talleres, casas de oficio y talleres de empleo. Igualmente ha participado de manera activa en la incorporación de nuevas tecnologías en las áreas rurales. En la actualidad desempeñaba su actividad profesional en la empresa privada.
Teresa Vega Valdivia, directora general de Infancia y Familias
Teresa Vega Valdivia nació en Bedmar y Garcíez (Jaén) en 1963. Es licenciada en Trabajo Social por la Universidad de Granada y hasta ahora y desde 2008 ocupaba el cargo de delegada del Gobierno de la Junta en la provincia de Jaén.
Anteriormente, la nueva directora general de Infancia y Familias fue alcaldesa de Villacarrillo (1999-2008), concejala de este municipio (1995-1999) y vicepresidenta de la junta rectora del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Asimismo, Teresa Vega Valdivia ha trabajado en la Diputación Provincial de Jaén y dirigió el Centro de Servicios Sociales Comunitarios de Villacarrillo.
Ana Navarro Navarro, delegada de Igualdad y Bienestar Social en Málaga
Ana Navarro Navarro (Berja, Almería, 1956) es diplomada en Psicología y Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. Desde mayo de 2008 era directora general de Industrias Culturales y Artes Escénicas de la Consejería de Cultura.
La nueva delegada de Igualdad y Bienestar Social ha sido funcionaria y concejala del Ayuntamiento de Antequera (Málaga) , así como responsable del área de Igualdad y Derechos Sociales de la Diputación Provincial de Málaga y miembro del Consejo Social de la Universidad malagueña.
Andrés Luque García, director general de Innovación e Industrias Culturales
Andrés Luque García (Adamuz, Córdoba, 1964) es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Granada. Dentro de la Administración autonómica ha ocupado entre otros cargos los de delegado provincial en Córdoba de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (2004-2008) y de la anterior Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico (2000-2004).
El nuevo director general de Innovación e Industrias Culturales también ha sido presidente del Parque Científico Tecnológico Rabanales 21, formador ocupacional de la Consejería de Trabajo e Industria y director de la Escuela Taller El Buril.
Margarita Sánchez Romero, directora general de Bienes Culturales
Margarita Sánchez Romero (Madrid, 1971) es doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, donde hasta ahora ejercía como profesora titular del Departamento de Prehistoria y Arqueología y directora del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer.
Entre sus líneas de investigación como historiadora destaca, por un lado, la arqueología de las mujeres y las relaciones de género y, por otro, la metodología del estudio arqueológico. En relación a estos temas ha publicado varios libros y numerosos artículos en revistas de carácter nacional e internacional, motivo por el que en 2006 recibió el premio a la trayectoria de jóvenes investigadores del Consejo Social de la Universidad de Granada. También ha trabajado en diferentes proyectos de investigación y excavación en poblados prehistóricos, como Los Millares (Santa Fe de Mondújar, Almería), Peñalosa (Baños de la Encina, Jaén), Motilla del Azuer (Daimiel, Ciudad Real) o Cerro de la Encina (Monachil, Granada).
Inmaculada López Calahorro, directora general de Museos y Promoción del Arte
Inmaculada López Calahorro (Granada, 1968) es doctora en Filología Clásica por la Universidad de Granada y profesora de Enseñanza Secundaria por la especialidad de Griego. Actualmente desarrollaba su labor profesional en el Centro Cultural CajaGranada y era miembro del Consejo Social de la Universidad granadina.
La nueva directora general fue con anterioridad concejala del Ayuntamiento de Peligros, delegada de Cultura de la Diputación de Granada y jefa del Servicio de Ordenación Educativa de la Delegación de la Consejería de Educación de esta misma provincia. Ha publicado, entre otros libros, ‘Alejo Carpentier y el mundo clásico', ‘De expugnatione Granatae' y ‘Francisco Ayala y el mundo clásico', obra esta última por la que recibió el Premio Francisco Izquierdo de la Academia de Buenas Letras de Granada.
Francisco Javier Fernández Hernández, delegado provincial de Medio Ambiente en Sevilla
Francisco Javier Fernández Hernández (Utrera, Sevilla, 1969) es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Hispalense y experto en Alta Dirección de Instituciones Sociales por el Instituto Internacional San Telmo. Desempeñaba en la actualidad el cargo de director de la Delegación de Educación y Gobierno Interior del Ayuntamiento de Sevilla.
El nuevo delegado provincial ha sido desde 2005 miembro de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, como representante de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Francisco Javier Fernández ha ocupado asimismo los puestos de representante técnico del Ayuntamiento de Sevilla para la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras (AICE), así como los de director de las áreas de Juventud y Empleo (1999-2003) y Educación y Universidades (2003-2007) del Consistorio sevillano.
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