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Consejo de Gobierno, 20/12/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio (POT) del Campo de Gibraltar, que establece las directrices para el crecimiento equilibrado de esta aglomeración urbana, la sexta de Andalucía por población, con 261.378 habitantes. La comarca tiene una extensión de 1.514 kilómetros cuadrados y está integrada por los municipios de Algeciras, Castellar de la Frontera, Jimena de la Frontera, Los Barrios, La Línea de la Concepción, San Roque y Tarifa.
Con este documento, que prevé inicialmente unas inversiones públicas de 2.531 millones de euros, la Junta culmina la ordenación territorial del litoral de la provincia de Cádiz, donde ya están en vigor los POT de las comarcas de la Bahía de Cádiz, La Janda y Costa Noroeste.
El plan recoge como principales objetivos asegurar la cohesión territorial en coordinación con los ámbitos colindantes de la Costa del Sol Occidental y La Janda; preservar las zonas que deben quedar excluidas del proceso de urbanización por sus valores ambientales, paisajísticos y culturales; identificar las áreas adecuadas para el desarrollo de las actividades económicas especializadas; atender las nuevas necesidades de infraestructuras energéticas, hidráulicas y de tratamiento de residuos, y diseñar una red de espacios de uso público integrada con las zonas urbanas, agrícolas y naturales.
Dentro de esta red, y al igual que se recoge en el resto de los POT vinculados a zonas de litoral, el aprobado hoy establece un corredor de uso público exclusivo con una anchura de 200 metros en todas las áreas no urbanizadas o clasificadas como urbanizables no sectorizadas, duplicando así la protección de la zona de servidumbre prevista en la Ley de Costas. A esta medida se añaden limitaciones de usos residenciales o industriales hasta los 500 metros.
Junto con el corredor costero, el plan prevé también la creación de espacios públicos como los parques fluviales de los ríos Palmones, Guadarranque y Guadiaro; itinerarios recreativos localizados en las inmediaciones de los embalses de Guadarranque, Charco Redondo y Almodóvar, y miradores en las sierras litorales de Carbonera y del Arca, en La Peña y en la isla de las Palomas.
El POT también refuerza la protección ambiental de la comarca al incorporar nuevas zonas de gran valor paisajístico que se añaden a las ya recogidas en la normativa sectorial. Entre ellas destacan el alcornocal costero de Guadalquitón, el Valle del Santuario y las sierras litorales de Carbonera, Almenara, Chullera y del Arca.
Otro de los ejes estratégicos es el dirigido a aprovechar las posibilidades de la Bahía de Algeciras para desarrollar y diversificar actividades productivas industriales y logísticas. En este sentido, se establecen determinaciones para nuevos crecimientos al Este de Taraguilla (San Roque).
Actividad turística
En relación con la actividad turística, el plan prevé nuevos suelos de carácter supramunicipal que tendrán un límite máximo para la edificabilidad residencial del 35% del total y con plazas que no deberán superar las correspondientes de los establecimientos turísticos. A ello se añaden criterios complementarios para los sectores previstos en Tarifa, La Línea de la Concepción, San Roque y los municipios del interior.
Junto con estas previsiones, el documento también propone cuatro áreas de activación territorial en suelos no urbanizables para garantizar su uso público y aprovechamiento turístico compatible con la preservación de sus valores ambientales y paisajístico. Estos enclaves son los de Bolonia, la Isla de las Palomas, los Cerros del Estrecho y Castillo de Castellar-Guadarranque.
En materia de comunicaciones y transportes, la nueva planificación tiene como objetivos mejorar la articulación y la accesibilidad en la comarca, con especial atención al arco de la Bahía y del Puerto de la Bahía de Algeciras, así como potenciar el papel de estos ámbitos en el transporte de mercancías.
Entre los proyectos para mejorar las comunicaciones de la red viaria con el exterior, destacan la conexión entre la A-381 (Jerez-Los Barrios) y la A-7; el nuevo itinerario de la A-48 entre Vejer de la Frontera, Tarifa y Algeciras, y el refuerzo de la capacidad de la A-405. Para mejorar la accesibilidad interior, se proponen nuevos viarios de conexión centrados sobre todo en los núcleos turísticos de Tarifa y las instalaciones industriales de Guadarranque y Palmones.
En el capítulo de infraestructuras hidráulicas, los principales proyectos incluidos se dirigen a mejorar la depuración de las aguas residuales urbanas en las zonas de la Bahía y el Guadiaro. En la primera de ellas se prevé la concentración del saneamiento en tres grandes estaciones depuradoras: las ya operativas de Isla Verde (Algeciras) y La Línea de la Concepción –que ampliará su capacidad– y una nueva en Guadarranque (San Roque), con colectores desde Los Barrios, Guadacorte y Palmones.
En la zona del Guadiaro se construirán las nuevas depuradoras de Guadalquitón (San Roque), con colectores desde San Martín del Tesorillo; Castellar de la Frontera, Bolonia-Lentiscal, y Tarifa y sus núcleos de El Cuartón y Atlanterra. Además, se remodelará la depuradora de Jimena de la Frontera.
Finalmente, para el sistema portuario, el plan prevé futuros accesos viarios y ferroviarios; el acondicionamiento del puerto de Tarifa para la recepción de cruceros turísticos, y diversas ampliaciones en las actuales instalaciones de Isla Verde. De igual modo se plantean posibles ampliaciones en el puerto pesquero de La Atunara (La Línea de la Concepción) y en el náutico-recreativo de Sotogrande (San Roque).
El documento aprobado hoy forma parte del conjunto de 21 planes de ámbito subregional previstos por la Junta para consolidar un modelo territorial equilibrado en el litoral, las áreas metropolitanas y las del interior con especiales características socioeconómicas. Dieciséis ya han sido aprobados y cubren el 63% de la población andaluza: La Janda, Costa Noroeste de Cádiz, aglomeraciones urbanas de Almería, Granada, Málaga y Sevilla, Ámbito de Doñana, Bahía de Cádiz (ahora en revisión para incorporar el área de Jerez de la Frontera), Costa del Sol Occidental, Litoral Occidental de Huelva, Litoral Oriental-Axarquía de Málaga, Poniente de Almería, Levante de Almería, Sierra de Segura, Campo de Gibraltar y Costa Tropical de Granada. Otros cinco se encuentran en diferentes fases de tramitación: Sur de Córdoba, Aglomeración Urbana de Huelva, Alto Almanzora y aglomeraciones urbanas de Córdoba y Jaén.
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Consejo de Gobierno, 20/12/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Costa Tropical de Granada, que establece las directrices para el crecimiento equilibrado de esta zona, integrada por los municipios de Albondón, Albuñol, Almuñécar, Los Guájares, Gualchos, Itrabo, Jete, Lentegí, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán y Vélez de Benaudalla. La nueva planificación, que prevé inicialmente unas inversiones públicas de 756,77 millones de euros, afecta a una superficie de 786 kilómetros cuadrados y a una población de 127.613 habitantes.
El documento recoge como principales objetivos asegurar la cohesión territorial de la comarca; preservar las zonas que deben quedar excluidas del proceso de urbanización por sus valores ambientales, paisajísticos y culturales; mejorar la ordenación y competitividad de los recursos productivos, con atención especial a la agricultura y el turismo, y establecer una red de espacios de uso público.
Esta red estará integrada por los parques litorales de Barranco de Enmedio (Almuñécar) y del Castell de Ferro (Gualchos), así como por itinerarios recreativos apoyados en las vías pecuarias y en los principales corredores fluviales de la comarca (Guadalfeo, Verde, Seco y Jete). De igual modo, se plantea la ordenación del entorno del embalse de Rules por su potencial para acoger instalaciones de turismo deportivo y de naturaleza.
Junto con estos espacios, y al igual que se recoge en el resto de los POT vinculados a zonas de litoral, el aprobado hoy establece un corredor de uso público exclusivo con una anchura de 200 metros en todas las áreas no urbanizadas o clasificadas como urbanizables no sectorizadas, duplicando así la protección de la zona de servidumbre prevista en la Ley de Costas. A esta medida se añaden limitaciones de usos residenciales o industriales hasta los 500 metros.
El plan determina dos grandes ámbitos de crecimiento para el desarrollo de actividades industriales y logísticas en los términos municipales de Vélez de Benaudalla y Motril, apoyadas en la proximidad de las autovías A-7 (actualmente en construcción) y A-44. Además, prevé la implantación de dos parques empresariales de carácter agroindustrial: uno vinculado a los cultivos subtropicales en la zona occidental de la comarca y otro centrado en cultivos bajo plástico en los entornos de las ramblas de Albuñol, Gualchos y Llanos de Carchuna (Motril).
En relación con la actividad comercial y de ocio, el POT propone una zona para su desarrollo al sur del núcleo urbano de Motril, que podrá beneficiarse de la mejora de la accesibilidad que proporcionará la A-7.
El plan prevé nuevos desarrollos turísticos de carácter supramunicipal, con prioridad para una oferta empresarial y de servicios, que tendrán un límite máximo del 35% para edificabilidad residencial compatible y con plazas que no deberán superar las correspondientes de los establecimientos turísticos. Asimismo, se señalan diversos tramos litorales para la localización preferente de nuevas actividades náutico-recreativas y de las denominadas 'marinas interiores' (puertos artificiales construidos tierra adentro para embarcaciones deportivas).
Infraestructuras
En materia de comunicaciones y transportes, el POT recoge proyectos para mejorar la accesibilidad tanto de las zonas de interior desde el litoral como del entorno de Motril y su puerto. En la red viaria, la articulación con el exterior se plantea con propuestas como la finalización de la A-7, la mejora del trazado de las carreteras A-346, entre Vélez de Benaudalla y Órgiva, y la A-345, entre Albuñol y Cádiar, para potenciar la conexión con Las Alpujarras.
El plan recoge también la doble función de la N-340 y la N-323 como viarios de conexión exterior y distribuidores internos del ámbito. En cuanto a la primera de estas vías, el documento proyecta su adaptación como eje costero de carácter urbano, con una plataforma reservada para transporte público, y la mejora de los accesos a Motril y a los núcleos urbanos de Lagos (Vélez de Benaudalla), Lentegí, Los Guájares, Lújar, Polopos, Rubite y Sorvilán.
En cuanto al sistema portuario, se incluye el desarrollo logístico del puerto de Motril y su integración con la autovía A-7 para consolidarlo como uno de los pilares de la economía comarcal y evitar el paso del tráfico pesado por los núcleos urbanos. Para ello se recogen, entre otros proyectos, la construcción de la Zona de Actividades Logísticas y del Centro de Transportes de Mercancías de Motril.
El plan identifica también una reserva estratégica de suelo al sur de la N-340, entre el nuevo acceso al puerto y la rambla del Puntalón, que deberá quedar al margen de actuales crecimientos y clasificaciones con el fin de garantizar su disponibilidad para futuras ampliaciones de la zona portuaria motrileña.
En materia de infraestructuras hidráulicas, destacan la construcción de la nueva depuradora de aguas residuales de Albuñol y la ampliación de las de La Herradura (Almuñécar) y Castell de Ferro. Para el abastecimiento de agua, entre otras actuaciones, está prevista la conducción desde el embalse de Rules a la estación de tratamiento de agua potable de Molvízar, así como nuevos depósitos y conexiones a redes en Almuñécar, Motril y la zona de La Contraviesa.
El documento aprobado hoy forma parte del conjunto de 21 planes de ámbito subregional previstos por la Junta para consolidar un modelo territorial equilibrado en el litoral, las áreas metropolitanas y las del interior con especiales características socioeconómicas. Dieciséis ya han sido aprobados y cubren el 63% de la población andaluza: La Janda, Costa Noroeste de Cádiz, aglomeraciones urbanas de Almería, Granada, Málaga y Sevilla, Ámbito de Doñana, Bahía de Cádiz (ahora en revisión para incorporar el área de Jerez de la Frontera), Costa del Sol Occidental, Litoral Occidental de Huelva, Litoral Oriental-Axarquía de Málaga, Poniente de Almería, Levante de Almería, Sierra de Segura, Campo de Gibraltar y Costa Tropical de Granada. Otros cinco se encuentran en diferentes fases de tramitación: Sur de Córdoba, Aglomeración Urbana de Huelva, Alto Almanzora y aglomeraciones urbanas de Córdoba y Jaén.
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Consejo de Gobierno, 20/12/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado la nueva regulación de los servicios públicos y tasas de los 37 puertos andaluces de gestión autonómica. Esta norma, que sustituye a la vigente desde 1986, incluye novedades en el régimen jurídico de la prestación de servicios portuarios, actividades comerciales e industriales, tributos por el uso de las instalaciones, porcentajes máximos de bonificación de las mismas y obligaciones de información y registro, entre otros aspectos.
Respecto a la regulación de los contratos de atraques, se introduce la distinción entre ordinarios (mínimo de un año y prórroga adicional) y de larga duración (superior a un año y como máximo de 30). Junto con ello, y con la finalidad de revitalizar la actividad portuaria, se permite la reserva de una proporción mínima del 10% de los atraques de cada puerto para embarcaciones en tránsito (con estancias de entre un día y seis meses).
El decreto establece también una definición de la temporada baja (de octubre a junio ambos incluidos) que se traduce en tasas y bonificaciones diferenciadas, así como la regulación de los servicios especiales y de fuera de jornada. Además, faculta a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía (APPA) a exigir garantías de pago como requisito para el desarrollo de actividades o para la debida prestación de los servicios.
En cuanto a los tributos, la norma distingue entre las derivadas de la prestación de servicios portuarios y las que proceden de la ocupación y aprovechamiento del dominio público portuario.
El primer bloque incluye los cánones al pasaje y los tributos por entrada y salida de buques, cargas, descargas, transbordo, transporte de mercancías, ocupación de superficie, consumo de agua y electricidad, así como la tasa a la pesca. Es en esta última donde se introducen las principales novedades, ya que el decreto elimina el pago del 1% del valor de la pesca para aquellas embarcaciones cuyo puerto base no disponga de lonja y exime, en periodo de inactividad pesquera, del pago de canon por entrada y estancia de embarcaciones. Asimismo, se establecen nuevas bonificaciones en los tributos por el uso de equipos o instalaciones como grúas, rampas, varadas y botaduras por 'travelifts', de entre el 20% y el 25% en función de los meses en los que se presta el servicio.
Del grupo de tasas por prestación de servicios portuarios forman parte también las relativas a embarcaciones deportivas y de recreo. En este ámbito, el decreto desarrolla las bonificaciones ya previstas por la legislación del régimen jurídico y económico de los puertos de Andalucía y e introduce como principal novedad la rebaja de hasta el 50% por temporada baja.
Por último, en las tasas por ocupación y aprovechamiento del dominio público portuario, la norma desarrolla igualmente las distintas ponderaciones de facturación y bonificaciones establecidas en la legislación autonómica sobre puertos.
La regulación aprobada hoy por el Consejo de Gobierno afecta a los 25 puertos donde la Junta tiene competencias directas, así como a otros 12 de gestión indirecta o concesionados. En los primeros, la Administración autonómica cobra las tasas directamente a los usuarios, fundamentalmente titulares de barcos pesqueros, deportivos, de transporte de mercancías, pasajeros e investigaciones científicas. En los de gestión indirecta, el pago a la Administración autonómica lo realiza el puerto concesionado.
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Consejo de Gobierno, 20/12/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado la modificación del reglamento de organización y funciones del Gabinete Jurídico y Cuerpo de Letrados de la Junta de Andalucía, con el fin de adaptarlo a las numerosas reformas legales que han tenido lugar desde su entrada en vigor en el año 2000.
Entre otros cambios, destaca la posibilidad de crear grupos de trabajo para el tratamiento de asuntos cuando su trascendencia o la especialidad del tema así lo aconseje. Estos grupos estarán integrados por letrados de distintos servicios provinciales y su creación será potestad de la persona titular de la Jefatura del Gabinete Jurídico.
El nuevo reglamento establece la exclusividad de este puesto para los miembros del Cuerpo de Letrados de la Junta. Asimismo, establece que las asesorías jurídicas de las consejerías, agencias y servicios provinciales tendrán que sufragar la aportación de medios materiales necesarios para el desempeño de las funciones de los letrados de la Junta que estén destinados en ellas.
Para el sistema de oposiciones, se prevé expresamente que el programa de materias sea propuesto por la Jefatura del Gabinete Jurídico. Además, el reglamento modifica la composición del Tribunal de acuerdo con los últimos cambios en el Estatuto Básico del Empleado Público. Para garantizar la máxima operatividad, se reserva su presidencia a un miembro del Cuerpo de Letrados de la Junta y se incrementa en dos el número de magistrados integrantes.
Asimismo, se amplía la facultad de los letrados del Gabinete para asistir y defender a las autoridades y empleados públicos, no sólo cuando son parte denunciada sino también cuando actúan como denunciantes.
La modificación aprobada por el Consejo se completa con diversas medidas en el área de lo contencioso para aumentar los niveles de agilización procesal, mientras que en el ámbito consultivo se incorpora la previsión de emitir informes respecto de los proyectos de decretos legislativos.
El Gabinete Jurídico es el órgano directivo encargado de la representación y defensa en juicio de la Junta de Andalucía y sus agencias administrativas, del Consejo Consultivo de Andalucía, del Consejo Audiovisual de Andalucía y de los menores tutelados por la Administración autonómica.
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Consejo de Gobierno, 20/12/2011
El consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, ha informado al Consejo de Gobierno de la adjudicación, a la empresa Endesa Energía, SAU, del suministro centralizado de electricidad a los centros adheridos a la Red de Energía de la Junta de Andalucía (REDEJA). El contrato, por dos años prorrogables otros dos, asciende a 226,8 millones de euros (un 10% inferior a los precios actuales del mercado) y permitirá rebajar entre 31,7 y 43,4 millones la factura eléctrica global de la Administración autonómica hasta 2015.
La adjudicación cubrirá 4.846 suministros eléctricos (4.417 de baja y 429 de alta tensión) en los edificios de la Junta y de sus organismos y entidades públicas adscritas, lo que representa un consumo anual de 739 gigawatios/hora. La principal novedad es la inclusión de los abastecimientos de alta tensión, que suponen el 73% del consumo.
El contrato, que entrará en vigor el próximo 1 de enero, incluye también mejoras técnicas, valoradas en 3 millones de euros, como el desarrollo de un sistema de monitorización en diez edificios emblemáticos; la implantación de equipos correctores en inmuebles ya construidos; la sustitución de calderas de gasóleo por gas natural o biomasa, y planes de reducción de la factura energética, movilidad sostenible, renovación de la iluminación y mejora del suministro en zonas rurales.
REDEJA se creó en 2007 como un instrumento organizativo pionero en España para impulsar la eficiencia, diversificación y uso de fuentes renovables en la Administración autonómica. Su actuación como única interlocutora con las compañías permite optimizar el coste de los suministros, mejorar la calidad, reducir el impacto ambiental y lograr condiciones más ventajosas respecto a los anteriores contratos individualizados para cada edificio. Asimismo, la fórmula de contratación centralizada reduce trámites administrativos, simplifica la resolución de incidencias, facilita la supervisión conjunta de los consumos, optimiza las tarifas e incrementa el control de la facturación. Como referencia, la anterior contratación única suscrita con la compañía Iberdrola para más de 4.500 suministros en baja tensión supuso un ahorro estimado de más de 20 millones de euros.
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Consejo de Gobierno, 20/12/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado otorgar la concesión, por un plazo de diez años, de una emisora de radiodifusión en frecuencia modulada al Ayuntamiento de Archidona (Málaga).
De acuerdo con las características técnicas aprobadas, esta emisora municipal utilizará la frecuencia 107.4 del dial.
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Consejo de Gobierno, 20/12/2011
La Junta de Andalucía convocará el próximo año 2.389 plazas de empleo público docente correspondientes a los cuerpos de profesores de Secundaria para dar respuesta a las necesidades del sistema educativo andaluz, el de mayor envergadura entre las comunidades autónomas españolas. Con esta decisión, anunciada hoy ante el Consejo de Gobierno por el titular de Educación, Francisco Álvarez de la Chica, Andalucía habrá aumentado en 16.313 sus puestos de profesores y maestros desde que en 2009 se realizó la primera convocatoria de esta legislatura. De ellos, 6.508 corresponden a Secundaria y 9.805 a Infantil y Primaria.
Los cuerpos docentes para los que se cubrirán plazas en 2012 son los de Enseñanza Secundaria (1.922), Técnicos de Formación Profesional (219), Escuelas Oficiales de Idiomas (92), Música y Artes Escénicas (138) y Artes Plásticas y Diseño (18). La convocatoria oficial se realizará en el primer trimestre del año y el concurso oposición, como es habitual, a finales de junio. Los nuevos funcionarios se incorporarán a sus puestos en el sistema educativo a partir del 1 de septiembre.
La oferta de empleo público docente garantizará la estabilidad de las plantillas de la escuela pública andaluza, que alcanza ya los 98.168 docentes. De ellos, un tercio ha accedido a la condición de funcionario durante los últimos cinco años, periodo en el que el nivel de interinidad se ha reducido del 20% al 8% actual, dentro de los límites recomendados por la Unión Europea. El 80% de la plantilla cuenta con destino definitivo.
El modelo andaluz de cobertura de bajas ha permitido agilizar el proceso y reducir a 1,5 días el plazo medio de sustitución, muy por debajo del máximo de 5 días establecido por la normativa. Antes de su entrada en vigor en 2010, las bajas se cubrían a partir de los 15 días.
Andalucía es la tercera comunidad autónoma española que realiza un mayor esfuerzo presupuestario en educación, a la que destina el 5,5% de su Producto Interior Bruto. Durante esta legislatura, las inversiones han superado los 24.542 millones de euros. En materia de infraestructuras, esta cantidad ha permitido, entre otras mejoras, renovar la mitad de los puestos escolares, construir 103 nuevos centros, ampliar otros 102 y reformar 1.989.
La lucha contra el fracaso escolar y el abandono educativo temprano han centrado las prioridades de la Consejería durante esta legislatura, en la que se han desarrollado las líneas básicas de la Ley de Educación de Andalucía (LEA), que entró en vigor en 2008. Andalucía es la tercera comunidad autónoma que más ha logrado reducir la tasa de fracaso escolar según los últimos datos oficiales publicados por el Ministerio de Educación. Este índice, referido al alumnado que no consigue la titulación básica de Graduado en Educación Secundaria, se ha reducido en más de siete puntos hasta situarse en el 27,3%. Asimismo, ha disminuido cuatro puntos la tasa de abandono educativo temprano (jóvenes de 18 a 24 años que no prosiguen su formación tras la enseñanza obligatoria).
Beca 6.000
Para mantener esta tendencia a la baja se han impulsado iniciativas como la Beca 6000, la ayuda al estudio en enseñanzas no universitarias más alta de España. Desde su creación en 2009, se han entregado 9.299 de estas prestaciones, dirigidas a facilitar la permanencia en el sistema educativo a estudiantes de Bachillerato y ciclos formativos de Grado Medio cuyas familias presentan bajos niveles de renta.
Andalucía dedica actualmente el 3,9% del presupuesto en educación a atender al alumnado con necesidades educativas especiales, frente al 2,4% de la media española. Más de 6.660 especialistas apoyan la tarea del profesorado con estos alumnos. Por otro lado, este año se ha aprobado el Plan de Atención al Alumnado con Altas Capacidades Intelectuales, el primero que aborda en España un proceso para la detección temprana de estos perfiles.
Por su parte, el programa Escuela TIC 2.0, programa cofinanciado con el Ministerio de Educación para promover el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la población escolar, ha supuesto la dotación de 600.000 ordenadores y casi 13.000 aulas digitales en los niveles de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de ESO.
El fomento del aprendizaje de idiomas constituye otro de los elementos de modernización del sistema educativo andaluz. En el presente curso escolar funcionan 804 centros públicos bilingües (419 colegios y 385 institutos), de los que 733 son de inglés, 59 de francés y 12 de alemán. Además, se ofertan 20 títulos bilingües de Formación Profesional en 40 centros. En torno a 172.000 escolares andaluces reciben este tipo de enseñanza, una cifra cuatro veces mayor que la del comienzo de la legislatura.
Los Reglamentos de Organización de los Centros (ROC) han supuesto una nueva organización escolar que dota de más autonomía a los colegios e institutos, simplifica sus tareas administrativas y da más participación a las familias y mayor respaldo social al profesorado. En este último punto, la norma garantiza la asistencia jurídica y psicológica gratuitas, a lo que se sumó en 2010 un acuerdo con la Fiscalía Superior de Andalucía para incrementar la protección.
Apoyo a las familias
El apoyo a las familias ha marcado esta legislatura, consolidando derechos como la gratuidad de los libros de texto, extendida a la totalidad del alumnado de la enseñanza obligatoria. Con 282 millones de euros invertidos esta legislatura, el programa supone un ahorro medio para cada familia de 1.850 euros y beneficia a más de 900.000 alumnos de entre 6 y 16 años. En este periodo también se ha extendido la gratuidad del transporte escolar (garantizado legalmente en la etapa obligatoria) a otros niveles educativos como el segundo ciclo de Infantil y el Bachillerato y Ciclos Formativos. Un total de 94.735 alumnos transcurren al día por las 1.628 rutas de transporte en servicio.
Finalmente, en el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 2 años, Andalucía ha superado la media estatal de alumnado escolarizado tras alcanzar las 100.512 plazas (91.784 sostenidas con fondos públicos), lo que supone un crecimiento del 46% en esta legislatura.
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