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Consejo de Gobierno, 21/09/2010
La Junta de Andalucía indemnizará a las mujeres andaluzas que padecieron formas de represión sobre el honor, la intimidad y la propia imagen durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se reconoce a estas personas el derecho a percibir una cuantía fija de 1.800 euros, como modo de reparación moral y reconocimiento a su papel en la construcción de la actual sociedad democrática.
La indemnización acordada, que se suma a las que desde 2001 viene concediendo el Gobierno andaluz a las víctimas de encarcelamientos y confinamientos en campos de concentración, hace referencia a hechos que no supusieron privación de libertad pero sí acciones vejatorias dirigidas especialmente contra la población femenina, como el rapado, la ingesta de aceite de ricino y la exposición al escarnio público. El periodo considerado abarca los años de mayor incidencia de este tipo de represión, entre 1936 y 1950.
Ante la inexistencia de documentos que acrediten lo ocurrido en la mayoría de estos casos, las mujeres represaliadas podrán presentar cualquier prueba admitida en Derecho, incluidos testimonios de terceros y declaraciones juradas. Las pruebas serán revisadas por una comisión de estudio y valoración de la que formarán parte el comisario para la Recuperación de la Memoria Histórica, Juan Gallo, un miembro de su equipo y tres técnicos de la Administración autonómica.
Las afectadas contarán con un plazo de tres meses a partir de la publicación del decreto en el BOJA para presentar la solicitud y con las pruebas que consideren necesarias. Podrán hacerlo a través de los registros públicos de la Consejería de Gobernación y Justicia y de las delegaciones del Gobierno de la Junta, así como de forma telemática en el portal www.juntadeandalucia.es. Una ver recibida la solicitud, la Administración deberá resolver y notificar en un plazo máximo de tres meses. La cuantía de 1.800 euros, que se percibirá en pago único, es similar a la establecida para las personas que sufrieron penas de prisión de entre tres meses y tres años.
Las indemnizaciones autonómicas a las víctimas de la represión en la dictadura franquista datan de 2001, año en que se aprobó el primer decreto regulador. Este texto fue modificado en 2003 para ampliar las ayudas a todas las personas que estuvieron en centros penitenciarios y campos de concentración por periodos de más de tres meses (inicialmente, sólo incluía los casos de más de tres años que quedaban fuera de las estatales fijadas en 1990).
En 2006, el Gobierno andaluz aprobó una nueva modificación para establecer una indemnización en pago único de 1.800 euros y extender su cobertura a quienes no pudieron acogerse a las convocatorias de 2001 y 2003 por las dificultades para acreditar la documentación exigida en los plazos previstos.
Desde la aprobación del primer decreto en 2001, la Administración autonómica ha indemnizado a 2.480 personas represaliadas con un importe global de 9,5 millones de euros. De ellas, tan sólo 85 son mujeres.
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Consejo de Gobierno, 21/09/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Salud la contratación de las obras de ampliación del Hospital Reina Sofía de Córdoba, por valor de 81,1 millones de euros. Este proyecto, segunda fase del Plan de Modernización Integral del centro, permitirá, entre otras mejoras, convertir en individuales todas sus habitaciones e incrementar la capacidad de hospitalización materno-infantil.
Con un plazo de ejecución de 73 meses y un empleo asociado de 418 puestos de trabajo, las obras supondrán la ampliación del complejo hospitalario en 49.062 metros cuadrados y la reforma integral de otros 18.010. En los nuevos espacios se incluirán los futuros hospitales Médico Quirúrgico, del Niño y de la Mujer.
De acuerdo con el proyecto, el Reina Sofía quedará configurado por tres grandes áreas diferenciadas y conectadas entre sí: la de hospitalización materno-infantil (que se amplía en 11.000 metros cuadrados hasta alcanzar los 28.000); la médico-quirúrgica, y un basamento común entre ambos edificios con las instalaciones de diagnóstico y tratamiento.
Tras el plan de modernización integral, el cien por cien de las habitaciones del Hospital Médico-Quirúrgico (358) serán de uso individual. Esta área contará además con 33 quirófanos (20 más que en la actualidad), 36 puestos en el Hospital de Día Médico (18 más); 36 en el Hospital de Día Oncohematológico (tres más), y cuatro salas de radioterapia (actualmente hay una). A estos recursos se sumarán la sala de braquiterapia existente y las tres para gammacámara, así como el nuevo Hospital de Día Quirúrgico de Adultos, dotado con 50 puestos.
El Hospital del Niño tendrá 16 camas de UCI Infantil (actualmente 12); 44 puestos de Neonatología (10 más que ahora); 10 de UCI Neonatal (dos más); 96 camas de pediatría (ahora 68); 10 puestos de Hospital de Día Médico Pediátrico y 10 para el Hospital de Día Quirúrgico Pediátrico (cuatro y 11 actualmente); 57 módulos de consultas externas (41 más), y cuatro quirófanos para cirugía (uno más). Además, se dotará al centro de un espacio específico con 24 puestos para cuidados intermedios neonatales.
Finalmente, el Hospital de la Mujer incrementará su capacidad de hospitalización en 14 camas, en tanto pasará a contar con un total de 108. Asimismo, dispondrá de 11 salas de dilatación-parto (tres más que ahora); cinco quirófanos (tres más); 22 módulos de consultas externas (actualmente 9), y un Hospital de Día Ginecológico con 12 puestos.
Proyectos en marcha
Las obras aprobadas hoy por el Consejo de Gobierno se suman a las ya realizadas en el marco del Plan de Modernización Integral del Hospital Reina Sofía, que en su conjunto supondrá una inversión total cercana a los 110 millones de euros.
La Consejería de Salud desarrolla actualmente planes de modernización similares en otros 17 hospitales de la comunidad: Torrecárdenas en Almería; Poniente en El Ejido; Punta Europa en Algeciras; La Línea de la Concepción; Jerez de la Frontera; Puerto Real, Infanta Margarita en Cabra; Valle de los Pedroches en Pozoblanco; Virgen de las Nieves en Granada; Santa Ana en Motril; Baza; Jaén; Costa del Sol en Marbella, Virgen de la Victoria y Regional en Málaga; La Axarquía en Vélez-Málaga, y Valme de Dos Hermanas.
Asimismo, se encuentran en ejecución las obras de los nuevos hospitales de Ronda, La Línea de la Concepción y San Cecilio, este último en el Parque Tecnológico Ciencias de la Salud de Granada, además de la adecuación del antiguo Hospital Militar de Sevilla. Junto con estos centros, también están proyectados el nuevo Hospital Puerta del Mar de Cádiz, el Macrohospital de Málaga y la Ciudad Sanitaria de Jaén.
Finalmente, en 2011 abrirán sus puertas dos nuevos hospitales de alta resolución de Loja (Granada) y Alcalá la Real (Jaén), que se sumarán a los nueve actualmente en funcionamiento.
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Consejo de Gobierno, 21/09/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado la fusión por absorción de Caja Guadalajara por parte de Cajasol, pasando a denominarse la entidad resultante Monte de Piedad y Caja de Ahorros de San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol). Su sede social se ubicará en Sevilla y se situará entre las doce primeras españolas por volumen de activos, créditos y depósitos.
Esta es la primera integración interregional de cajas de ahorro realizada en España en el actual proceso de reestructuración del sector.
La Ley estatal de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro establece que las fusiones entre entidades de diferentes comunidades requiere de la autorización conjunta por parte de sus respectivos gobiernos.
Para adoptar esta decisión, el Gobierno andaluz ha tenido en cuenta, entre otros informes, el del Banco de España. En el mismo se destaca que la fusión dará lugar a una entidad solvente, rentable y con liquidez y que la operación generará sinergias por las actividades de comercialización, reducción de gastos y economías de escala. Además, el informe considera asumible por parte de la caja resultante los costes asociados al proceso de unión. El proyecto fue aprobado por las asambleas generales de las dos cajas andaluzas el pasado 8 de junio de 2010.
Para facilitar el proceso de autorización de esta fusión, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta de Andalucía y la de Economía y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha firmaron el pasado 14 abril un convenio que regulaba este procedimiento y las condiciones de la unión entre las dos entidades, así como el régimen aplicable durante el periodo transitorio.
Posteriormente, aprobaron el proyecto los consejos de administración de ambas entidades, que fue también ratificado por las asambleas generales de las cajas. Una vez superados estos trámites, la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia aprobó la modificación de los estatutos y del reglamento de procedimiento regulador de sistema de designación de los órganos de gobierno de la entidad resultante y, finalmente, se autoriza la integración por los Consejos de Gobierno de las comunidades de Andalucía y Castilla-La Mancha.
Tomando como base los datos económico-financieros de las dos entidades a mayo de 2010, Monte de Piedad y Caja de Ahorros San Fernando de Guadalajara, Huelva, Jerez y Sevilla (Cajasol) se situaría en el duodécimo lugar del ranking nacional de Cajas de Ahorros en los apartados de volumen total de activos, créditos y depósitos de la clientela. Además, con los datos a marzo de 2010, la entidad resultante se situaría en el décimo lugar a nivel nacional del ranking en el apartado de resultado del ejercicio.
Cajasol, con esta fusión por absorción de Caja de Guadalajara, aspira a convertirse en la caja de ahorros de referencia en Castilla-La Mancha, aumentando significativamente su potencial de crecimiento tanto en el volumen de negocio financiero como en la prestación de servicios en su ámbito de actuación, aumentando la cuota regional y nacional, y ofreciendo una mayor capacidad para abordar o participar en grandes proyectos de interés regional o nacional.
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Consejo de Gobierno, 21/09/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y la Agencia Estatal Antidopaje para el desarrollo de medidas conjuntas de fomento de la salud y el juego limpio en el deporte.
El acuerdo, que tendrá una vigencia de cuatro años, recoge compromisos concretos en materias formación, investigación e información. De este modo, se prevé la organización de cursos para formar a profesionales de la medicina como Agentes de Control del Dopaje y la elaboración de planes de información dirigidos a deportistas sobre los perjuicios médicos y psicológicos del uso de prácticas prohibidas y sobre la legislación sancionadora. Asimismo, las dos administraciones promoverán la firma de compromisos éticos por parte de los atletas, técnicos y entrenadores andaluces a favor de la limpieza en el deporte y de sus valores.
Otras medidas previstas se dirigen a apoyar proyectos de prevención y lucha contra el dopaje promovidos por las federaciones deportivas andaluzas y por los colegios profesionales vinculados con el tema; la celebración de jornadas, seminarios y simposios, y la edición e intercambio de material divulgativo.
Además, la Junta y la Agencia Estatal Antidopaje impulsarán actuaciones de investigación tanto en las universidades andaluzas como en otros organismos públicos y departamentos de la Administración autonómica con competencias en I+D.
Finalmente, el acuerdo prevé la cooperación e intercambio de información entre ambas instituciones en relación con las operaciones policiales que se realicen contra la venta de productos, sustancias y métodos prohibidos en instalaciones y centros deportivos de la comunidad autónoma.
La difusión de los valores del juego limpio, así como la prevención y lucha contra el dopaje, constituye uno de los pilares de la política deportiva que desarrolla el Gobierno autonómico. La Ley del Deporte de Andalucía recoge un régimen sancionador para las prácticas prohibidas y tipifica como infracción muy grave la utilización o administración de sustancias destinadas a aumentar artificialmente la capacidad física del deportista, la incitación a su uso y la negativa a someterse a los controles reglamentarios.
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Consejo de Gobierno, 21/09/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado la firma de un convenio entre la Junta de Andalucía y las comunidades autónomas de Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y La Rioja, con el fin de coordinar políticas y actividades relativas a las instalaciones juveniles, salvo los albergues.
La colaboración incluirá el establecimiento de criterios mínimos de acceso, mecanismos de intercambio de información sobre disponibilidad de plazas y un cupo común de reserva de vacantes para las personas usuarias derivadas de cualquiera de las comunidades firmantes.
Más de dos millones de jóvenes andaluces tendrán acceso a las prestaciones que ofrecen estas regiones en cuanto a servicios de información y formación, orientación laboral, facilidades para vivienda y programas educativos y de ocio y tiempo libre. En su conjunto, las iniciativas previstas beneficiarán a unos ocho millones de jóvenes, lo que supone el 60% de la población española de entre 14 y 34 años de edad.
Junto con este acuerdo, el Gobierno andaluz ha autorizado también otro con Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, dirigido a promover el intercambio de información sobre las licencias a fabricantes de productos sanitarios a medida que se otorgan en cada territorio, así como sobre el cumplimiento de sus requisitos. Se pretende con ello eliminar barreras administrativas entre estas comunidades y facilitar a las empresas los trámites para la libre circulación de sus productos.
Ambos convenios se sumarán a los otros cuatro que la Administración andaluza ha suscrito en los dos últimos años con las comunidades que han reformado sus estatutos de autonomía para la mejora de la protección de las víctimas de violencia de género, el reconocimiento-recíproco de las licencias de caza y pesca recreativa, la homologación de la formación de los profesionales de tatuajes y ‘piercings' y el desarrollo de estrategias comunes en materia turística.
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Consejo de Gobierno, 21/09/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Sociedad de Inversión y Gestión de Capital Riesgo de Andalucía (Invercaria), adscrita a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia, para realizar una oferta pública de venta del complejo industrial Fedeoliva, situado en el municipio jiennense de Guarromán.
Estas instalaciones fueron adquiridas en marzo de 2009 y han estado paralizadas a la espera de manifestaciones de interés en su adquisición, que ya se han producido, por parte de empresas del sector olivarero.
Dada la naturaleza de Invercaria como ente instrumental de la Junta de Andalucía, la venta debe realizarse por procedimiento de oferta pública bajo principios de publicidad y concurrencia. El importe mínimo, fijado de acuerdo con la tasación realizada por una entidad independiente, es de 3,47 millones de euros.
De acuerdo con las condiciones incluidas en la autorización del Consejo de Gobierno, el adjudicatario estará obligado a destinar las instalaciones al uso industrial previsto en el planeamiento urbanístico del municipio, así como a iniciar la actividad en un plazo máximo de seis meses. Además, la propiedad no podrá transmitirse a un tercero durante tres años sin la previa y expresa autorización de Invercaria.
El complejo Fedeoliva se localiza en una parcela de 14.200 metros cuadrados en el kilómetro 280 de la autovía Madrid-Cádiz, en el paraje denominado Aldea de los Ríos. Cuenta con un conjunto de naves industriales, almacenes, depósitos y laboratorios, que ocupan una superficie construida de 5.703 metros cuadrados.
Invercaria es uno de los instrumentos de la Junta de Andalucía para respaldar la creación y expansión de empresas, con especial atención a las iniciativas de alto contenido tecnológico y a las primeras fases de los proyectos (capital semilla y arranque). Su actividad se centra en los sectores considerados estratégicos para el desarrollo de la comunidad autónoma, como el agroalimentario, el energético, el biotecnológico y el de las tecnologías de la información.
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Consejo de Gobierno, 21/09/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado un incentivo reembolsable de 1,74 millones de euros a la firma gaditana Brassica Group, con el fin de respaldar el proyecto de su nueva planta industrial de producción de platos preparados en Escúzar (Granada). Esta iniciativa, que supondrá una inversión total de 4,1 millones de euros, permitirá la creación de 75 nuevos empleos indefinidos que se sumarán a los 333 con que cuenta la empresa, todos ellos en Andalucía.
La ayuda aprobada por el Consejo se destinará a la adquisición de los equipos necesarios para el funcionamiento de la planta. Esta maquinaria, que supone un coste total de 2,76 millones de euros, incorpora las últimas innovaciones tecnológicas para la elaboración de los denominados productos de V gama (aquellos que se someten a tratamientos de calor y procesos higienizantes) con características nutricionales, sanitarias y de calidad y seguridad alimentaria superiores a las del mercado actual.
La factoría se ubicará en unas instalaciones del Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Granada, de 2.670 metros cuadrados de superficie y construidas en el marco del Programa de Fomento de Naves Industriales, que desarrolla la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. Junto con la planta industrial, el proyecto incluye también la creación de un laboratorio para la investigación en nuevos productos.
Brassica Group es una empresa de origen familiar con sede en San Fernando (Cádiz) y más de 40 años de experiencia en servicios especializados de alimentación y distribución alimentaria. En sus instalaciones de Escúzar, producirá y comercializará una gran variedad platos preparados con destino a cubrir la demanda de colegios, comedores de empresa, hospitales y grandes colectividades, así como de la llamada "cocina de ensamblaje" en hostelería (que evita la excesiva dependencia de ‘chefs' especializados).
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Consejo de Gobierno, 21/09/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Rafael Carmona Ruiz como miembro del Consejo de Administración de la Empresa Pública de la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA). La designación se produce a propuesta del Parlamento de Andalucía.
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