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Consejo de Gobierno, 22/02/2011
El 28 de febrero cambió el rumbo de Andalucía. Aquel día de 1980, los andaluces y andaluzas reivindicamos elegir nuestro destino, ser los responsables de nuestras propias decisiones, conseguir una autonomía de primera, sin diferencias ni exclusiones. Un impulso que desembocó en el primer Estatuto de Autonomía, del que se cumplen treinta años en 2011.
Hay fechas que significan un antes y un después, que tienen una incuestionable carga simbólica, que están conectadas a los sentimientos y a las esperanzas de todo un pueblo. El 28 de febrero fue el resultado de un esfuerzo colectivo, el éxito de una ilusión compartida, la superación de siglos de marginalidad y la conquista, justa y legítima, de un destino que, por primera vez, recaía en nuestras propias manos.
Demostramos que, unidos, somos un pueblo imparable, que no pide privilegios sino que exige un trato en condiciones de igualdad. Un axioma que, desde entonces, ha servido para consolidar nuestro Estado de las Autonomías, que lo ha hecho más fuerte.
Andalucía cuenta ya con más de tres décadas de trayectoria autonómica. Treinta años que han posibilitado el cambio más profundo experimentado por nuestra tierra en su historia. Ha sido éste un tiempo de prosperidad, modernización y transformación social y económica sin precedentes, que nos ha servido para dejar atrás de una vez por todas el atraso secular de nuestra tierra hasta dar un impulso en la convergencia con nuestro entorno europeo.
Hoy, Andalucía no se entiende sin Europa. No somos sólo tierra de frontera, sino también tierra de vanguardia. Hemos sido parte de un camino conjunto en los últimos veinticinco años y debemos seguir haciéndolo. Si aquel 28 de febrero sirvió para dar voz al pueblo andaluz, Europa ha sido el eco donde han resonado nuestras aspiraciones. Una voz que hoy se escucha con firmeza en España y en Europa, para sentirnos partícipes de un proyecto común sin dejar de ser nosotros mismos.
A pesar de todo, ninguna conquista es irreversible si cruzamos nuestros brazos. Ninguna aspiración es definitiva si no es sostenida por el mismo entusiasmo. Por eso, el 28 de febrero no puede ser un recuerdo nostálgico ni una pasiva mirada retrospectiva sin reflexiones hacia el futuro. Debe ser una exigencia para no perder su ejemplo, ni su legado, ni su capacidad para convertir a Andalucía en el centro de todas las prioridades.
El reto, ahora, es destinar toda la fortaleza acumulada en estos años a superar las dificultades económicas. La autonomía ha servido para ser mejores, para estar más preparados que nunca, para gozar de unas infraestructuras de primera, para garantizar a toda la ciudadanía unos servicios públicos, para disponer de unas cotas de bienestar sin parangón, y ahora debe servir para superar nuestro mayor reto contemporáneo: la creación de empleo y un nuevo modelo económico.
Si creemos que el primer 28 de febrero queda lejos, nos equivocamos. El ejemplo de los millones de andaluces y andaluzas que se rebelaron contra la historia para ser los timoneles de nuestro futuro no debe caer en saco roto. Tenemos que defender nuestra autonomía defendiendo este Estado de las Autonomías, que ha sido el soporte para alcanzar un crecimiento y un progreso que no pueden ser cuestionados. Lo contrario, sería un paso atrás, una negación a nuestras conquistas como pueblo.
Los andaluces y andaluzas queremos volver a ser lo que fuimos, hombres y mujeres de luz, comprometidos con nuestra tierra, que aspiramos, hoy como entonces, a una autonomía de primera que preserve la igualdad de oportunidades, la sostenibilidad hacia el futuro y la estabilidad política del conjunto del país.
Es cierto, para conseguirlo tenemos que emprender e innovar, seguir transformando para sustituir los desafíos de entonces por los retos de ahora, ser más competitivos, más sostenibles, más creativos y disponer de más formación para no perder el tren del conocimiento.
Andalucía afronta un nuevo 28 de febrero con la misma vocación de influencia en el conjunto de España. Andalucía debe seguir siendo el fiel de la balanza de las autonomías, para que no se produzca ningún desequilibrio ni hacia un viejo centralismo ni hacia viejos privilegios territoriales.
El mejor futuro, hoy, como siempre, es la igualdad de los andaluces, la igualdad de los españoles y españolas, vivan donde vivan.
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Consejo de Gobierno, 22/02/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto regulador de los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los colegios e institutos sostenidos con fondos públicos. Esta norma refuerza las garantías de transparencia e igualdad y recoge como principal novedad el principio de la escolarización pública única, que permitirá a las familias reservar plaza en una sola vez para todos los centros donde los hijos se matricularán a lo largo de su vida escolar. Su entrada en vigor coincidirá con el proceso de escolarización para el próximo curso 2011-2012, que comienza el próximo 1 de marzo con una oferta total de 110.025 plazas para los alumnos de tres años de edad que se incorporan por primera vez al sistema educativo.
El decreto, que sustituye al vigente desde 2007, introduce también otros avances recogidos en la Ley de Educación de Andalucía, la Iniciativa Esfuerza y el Informe sobre Convergencia Educativa aprobado por el Parlamento autonómico en 2009. Destacan en este sentido las medidas de simplificación de trámites y diversas modificaciones en los criterios de baremación del proceso de admisión.
Respecto a la escolarización pública única, este principio abre el derecho de las familias a conocer todo el recorrido de la educación de sus hijos en las distintas etapas no universitarias, desde el segundo ciclo de Infantil hasta el Bachillerato, pasando por la Primaria y la Secundaria Obligatoria. Dado que el procedimiento de admisión se limita al momento del acceso al sistema educativo y no se exige en las etapas posteriores, la medida supone también una simplificación de trámites, una mayor información sobre el itinerario escolar y una garantía para la permanencia del alumnado que permite hacer valer la matriculación de hermanos mayores a efectos de la baremación.
En lo relativo al alumnado con necesidades específicas, el decreto asegura su escolarización normalizada a través de la obligatoriedad de reservar tres plazas por clase en cada colegio e instituto. Además, en los casos del alumnado con discapacidad cuya atención requiera recursos muy específicos de difícil generalización, la Consejería de Educación deberá ofrecer a las familias una plaza en el centro educativo que mejor garantice la respuesta más adecuada.
Para garantizar una escolarización en condiciones de igualdad, el decreto vuelve a reforzar los criterios de proximidad y conciliación de la vida familiar en la misma línea de la última reforma aprobada en febrero del pasado año. De este modo, la nueva baremación aumenta de 13 a 16 puntos la existencia de algún hermano ya matriculado en el centro para el que se solicita. También se incrementa, de 3 a 4 puntos, la valoración del supuesto de que el padre o la madre trabaje en el centro, mientras que la puntuación por domicilio familiar pasa de 10 a 14. El resto de los criterios se mantiene como hasta ahora.
De igual modo, el nuevo decreto mantiene el criterio de que la puntuación por hermanos en el centro se aplique también cuando se presenten solicitudes de varios de ellos para distintos cursos, aunque no cuenten con alguno matriculado previamente. La consideración de hermanos se extiende, asimismo, a los hijos de los dos cónyuges o parejas de hecho y a los menores sometidos a tutela o acogimiento familiar legalmente constituido dentro de la misma unidad familiar.
Comisiones de Garantía
Respecto a las cuestiones organizativas, la norma aprobada hoy refuerza el papel de las Comisiones de Escolarización, que pasan a denominarse Comisiones de Garantía. Integradas por personal de las delegaciones provinciales de Educación y representantes de centros, padres y madres, profesorado y entidades locales, estos órganos se encargan de velar por el cumplimiento de las normas de escolarización y garantizar el principio de igualdad de oportunidades.
En el aspecto disciplinario se introduce un endurecimiento de la penalización en caso de comprobar que las solicitudes de admisión incluyen datos y documentos que no se corresponden con la realidad familiar. Para este supuesto, la norma establece la pérdida de todos los derechos de prioridad al centro pedido y no sólo, como hasta ahora, de los puntos referentes a la parte de la baremación donde se detecta el fraude.
Las novedades del decreto de escolarización se completan con diversas disposiciones dirigidas a simplificar trámites y aumentar la transparencia en el proceso a través del uso de medios telemáticos. De este modo, en las solicitudes ya no será necesario aportar documentos cuya información pueda recibir directamente la Consejería de Educación de otras administraciones; por ejemplo, la declaración de la renta (Agencia Tributaria), los certificados de residencia (Instituto Nacional de Estadística) o los certificados de discapacidad o familia numerosa (Consejería para la Igualdad y Bienestar Social).
A través de un portal específico en la página web de la Consejería de Educación se podrán consultar aspectos relativos a la tramitación, el estado de las solicitudes, los resultados de las asignaciones de plazas o la distribución de los centros docentes por zonas de escolarización. Esta herramienta también ofrecerá la posibilidad de descargar los impresos de solicitud, realizar autobaremaciones o llevar a cabo la tramitación telemática si se dispone de la firma digital.
Durante todo el procedimiento de escolarización permanecerá activo un teléfono gratuito de información (900-848000) en horario ininterrumpido de 9.00 a 20.00 y las familias podrán recibir información sobre la plaza solicitada a través del correo electrónicos y mensajes SMS de móvil.
Escolarización 2011
El decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno comenzará a aplicarse en el proceso de escolarización que comienza el próximo 1 de marzo y en el que la Consejería de Educación ofertará 110.025 plazas para el alumnado de tres años de edad que se incorpora por primera vez al sistema educativo en el curso 2010/11.
Durante todo el mes de marzo permanecerá abierto el plazo de presentación de solicitudes de admisión en los centros públicos y privados concertados. En este proceso participan tanto los niños que acceden por primera vez a un puesto escolar sostenido con fondos públicos como los que cambian de centro educativo.
Los colegios e institutos deben publicar la relación de vacantes y la información sobre las calles comprendidas en sus áreas de influencia y zonas limítrofes. En los casos en que la oferta de puestos escolares sea superior a la demanda, los solicitantes serán admitidos sin más trámites. Sólo en aquellos centros donde no haya plazas suficientes para atender todas las solicitudes, se procederá a la baremación y a la publicación en el tablón de anuncios de la relación de solicitantes con la puntuación obtenida, antes del día 14 de abril. A partir de esa fecha, se abrirá un plazo de 10 días hábiles para la presentación de alegaciones, mientras que la relación definitiva de admitidos y no admitidos con la puntuación total se publicará el 11 de mayo. A los no admitidos se les indicará las causas de su exclusión.
La Consejería de Educación ha preparado una campaña informativa dirigida a las familias, que permanecerá activa durante todo el mes de marzo. Además, a través de la página web http://www.juntadeandalucia.es/educacion, se podrá acceder a toda la información sobre los centros y sus enseñanzas y servicios complementarios.
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Consejo de Gobierno, 22/02/2011
El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de Sitio Histórico, el Cortijo del Fraile en Níjar (Almería). Este conjunto, que data del siglo XVIII, está estrechamente vinculado a la obra 'Bodas de sangre' del poeta y dramaturgo Federico García Lorca, quien se inspiró en el crimen pasional acaecido en el lugar para escribir una de sus obras más conocidas.
Además de su interés literario-artístico, que aún evoca la memoria de una cultura tradicional rural basada en los valores de la clase y el honor, el Cortijo del Fraile constituye también un ejemplo excepcional de la arquitectura rural agroganadera del sudeste de Almería, de tipología levantina. Aunque 'Bodas de Sangre', estrenada en 1933, incorporó nuevos personajes y escenarios, el lugar forma parte del itinerario simbólico de lugares dedicados a la memoria de Lorca.
El Cortijo del Fraile fue construido por los frailes dominicos de Almería en el siglo XVIII como centro de una importante explotación agrícola con olivos y vides. Durante la Desamortización de Mendizábal en 1836, la finca se dividió y pasó a manos de varios propietarios que, finalmente, la vendieron a una familia de la burguesía almeriense que construyó la ermita y la utilizó como panteón familiar hasta la pasada década de los 80.
El conjunto edificado presenta una planta trapezoidal de grandes dimensiones, con espacios que se organizan en torno a un amplio patio-corral central y en los que la vivienda de los propietarios y la ermita se distinguen claramente de las casas de los aparceros y del pastor, cercanas a las estancias agroganaderas.
El cortijo está construido con muros de mampostería recubiertos de estucos de yeso y con techos de tablazón y argamasa de barro o alfarjes con teja curva. La capilla oratorio, que sobresale especialmente por su volumen, presenta planta rectangular, bóveda de cañón y cubierta a dos aguas, además de una pequeña torre campanario.
Situado dentro del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, el enclave hoy protegido como Bien de Interés Cultural es además un hito paisajístico singular que ofrece el contraste de sus arboledas, aljibes y pozos en un entorno árido y de escasa vegetación. El decreto de declaración como Sitio Histórico lo delimita con una superficie de 15.576 metros cuadrados en la que se incluyen los edificios del cortijo y sus infraestructuras de abastecimiento de agua (aljibes y pozos), así como tres eras empedradas y con forma circular o elíptica. La norma establece también un entorno adicional de protección de 212.416 metros cuadrados en torno al cortijo.
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Consejo de Gobierno, 22/02/2011
El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de Lugar de Interés Industrial, el muelle-cargadero y núcleo urbano del Puerto de la Laja, el antiguo trazado del ferrocarril minero y el poblado de la Cañada del Sardón, en el municipio onubense de El Granado.
Este conjunto, representativo del patrimonio industrial de los siglos XIX y XX en la provincia de Huelva, ocupa una superficie protegida de 24,8 hectáreas y abarca tanto los barrios mineros de la Laja y del Sardón, con su singular organización en 'cuarteladas'; el muelle-cargadero de mineral a orillas del río Guadiana, y la línea de ferrocarril que comunica ambos asentamientos, hoy convertida en vía verde.
Todo el complejo minero asociado a estas instalaciones fue promovido fundamentalmente por dos compañías extranjeras; la inglesa 'The Bede Metal & Chemical Company Limited', en el siglo XIX, y la francesa Société Anonyme Saint Gobain, Chauney et Cirey, a principios del XX.
El muelle-cargadero del Puerto de la Laja se construyó en 1858 para dar salida al mineral extraído de las minas de Herrerías, La Isabel, Cabeza del Pasto y Santa Catalina, localizadas en los términos de El Almendro, Puebla de Guzmán y El Granado. Sus instalaciones, que fueron ampliadas y modernizadas en la segunda década del siglo XX, aprovechan la pendiente natural de la ribera y constan de tres partes escalonadas bien diferenciadas: la plataforma donde se asentaba la maquinaria, de 150 metros de longitud y adaptada al perfil curvo del cauce fluvial; un segundo espacio de nivel intermedio que servía para acopio y recepción del material, y el edificio de almacenaje.
La construcción de este muelle-cargadero originó la fundación, en el último cuarto del siglo XIX, de un asentamiento que aún conserva parte de la trama urbana y del caserío originales. El núcleo se caracteriza por las 'cuarteladas', una tipología de viviendas mineras de reducidas dimensiones y organizadas en hileras paralelas. Junto a estas edificaciones sencillas, de una o dos plantas, sobresalen otras de mejor factura, como la antigua casa del ingeniero, la capilla o la casa de los curas. Parte del conjunto ha sido rehabilitado para su actual explotación turística.
Por su parte, el poblado del Sardón surgió a finales del siglo XIX como un pequeño asentamiento para el almacenaje y carga de mineral, cuando funcionaba el cable aéreo que transportaba el material hasta el Puerto de la Laja. La construcción en 1912 del último tramo del trazado ferroviario provocó su transformación en estación de ferrocarril. En la actualidad, el núcleo conserva el alzado de los muros de las viviendas cuarteladas.
El decreto de protección aprobado por el Consejo de Gobierno incluye finalmente la antigua línea del tren minero entre la Laja y el Sardón, de 11,5 kilómetros de longitud y obra del ingeniero alemán Guillermo Roëdiguer Zemmermann, que también participó en los trazados de Buitrón, Riotinto y Huelva-Zafra. Entre las estructuras que aún persisten en esta vía destacan los puentes del Paraje de la Fragua y de Charco Lobo.
Las instalaciones de esta línea férrea, el muelle-cargadero del Guadiana y los poblados del Puerto de la Laja y El Sardón, testimonios de la intensa actividad minera de la provincia de Huelva en los dos últimos siglos, forman parte de un abundante patrimonio industrial legado por compañías extranjeras, generalmente inglesas, que también dejaron su huella en otros enclaves onubenses como Minas de Riotinto, Nerva, la Zarza, Tharsis, el Perrunal y el Lagunazo.
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Consejo de Gobierno, 22/02/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto que agrupa, actualiza y sistematiza la normativa autonómica en materia de contratación, además de establecer las bases para la implantación del sistema de tramitación electrónica de expedientes.
El texto regula, entre otras cuestiones recogidas en la Ley estatal de Contratos del Sector Público, las relacionadas con órganos competentes; registros de licitadores y de contratos; homologación de obras, bienes y servicios; modelos de pliegos de cláusulas administrativas generales y particulares. Asimismo, incorpora a la normativa de contratación administrativa las medidas previstas en la Ley de Promoción de la Igualdad de Género en Andalucía y en los planes autonómicos de prevención de riesgos laborales.
La entrada en vigor del decreto supondrá la derogación, entre otras normas, de los decretos reguladores del Registro de Licitadores y del régimen de adquisición centralizada de bienes homologados, así como de la Orden del Registro de Contratos.
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Consejo de Gobierno, 22/02/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado una ayuda de 18 millones de euros para la construcción del nuevo Centro de Congresos de Córdoba, en la zona de Miraflores. La aportación de la Junta, que supone el 31,16% del presupuesto total de ejecución (57,75 millones), se concretará a través de la próxima firma de un convenio entre la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte y el Ayuntamiento de la capital.
El proyecto, cuyas obras se iniciarán este año con un plazo de 36 meses, pretende impulsar la oferta congresual de la ciudad y reforzar su competitividad en el segmento de turismo de negocios y reuniones, aprovechando su ubicación estratégica en el centro de la comunidad autónoma.
El nuevo edificio para la capital cordobesa, diseñado por el estudio de arquitectura OMA, del holandés Rem Koolhaas, constará de siete plantas y dos sótanos. El recinto dispondrá de tres salones plenarios, con un aforo aproximado para 2.000, 750 y 560 asistentes. También están previstas zonas polivalentes, salas de reuniones, cabinas de traducción, locales técnicos, área de restauración y almacenes, entre otras dotaciones.
El apoyo de la Junta a la construcción de palacios de congresos se articula a través de convenios con las entidades locales. Además del apoyo financiero a la modernización y ampliación de las infraestructuras, el Gobierno autonómico promueve medidas de promoción, ordenación de la oferta, búsqueda de negocio y consolidación de aquellos aspectos que marcan la calidad y el atractivo de los eventos.
El turismo de congresos tiene un carácter estratégico para el destino andaluz, ya que contribuye a la diversificación de la oferta, aporta un elevado grado de sinergia con otras actividades, tiene un papel importante en la fidelización y es el que genera mayor rentabilidad y más gasto diario por turista (186,96 euros frente a la media general de 59,81 euros). Además, tiene un efecto desestacionalizador porque mueve su principal volumen de negocio en periodos de baja intensidad turística.
Actualmente, Andalucía es la tercera comunidad en esta tipología turística, por detrás de Madrid y Cataluña. La oferta andaluza está compuesta por 365 establecimientos entre palacios, salas de hotel y otros recintos, que suman 377.000 plazas. En 2009, el destino recibió 1,46 millones de viajeros de reuniones y congresos (6,6% del total), con unos ingresos generados de 733 millones de euros.
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Consejo de Gobierno, 22/02/2011
El Consejo de Gobierno ha autorizado anticipos de tesorería a los ayuntamientos onubenses de Beas y Cartaya por valor de 85.977 y 719.642 euros, respectivamente. El primero de ellos se incluye en la nueva línea de apoyo financiero excepcional abierta este año a cuenta de la participación de los municipios en los tributos autonómicos. El de Cartaya corresponde a la modalidad habitual por participación en los ingresos del Estado.
De acuerdo con su normativa reguladora, los pagos del primer tipo no pueden sobrepasar los 100 millones de euros durante un año. Para cada corporación se establecen los topes de 2,5 millones y del 25% del total de las entregas a cuenta de la participación en los tributos autonómicos de un ejercicio.
El segundo tipo de apoyo financiero, a cuenta de los recursos que los ayuntamientos perciben de los ingresos del Estado, no puede sobrepasar los 2,5 millones de euros por municipio y los 50 millones de límite global durante un año.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública debe dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local, mientras que la decisión del Consejo de Gobierno se adopta previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
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Consejo de Gobierno, 22/02/2011
El Consejo de Gobierno ha acordado renovar, por un plazo de diez años, las licencias de emisoras de radio en frecuencia modulada otorgadas en 2000 a once corporaciones locales andaluzas. Se trata de los ayuntamientos de Benalup-Casas Viejas (Cádiz); Doña Mencía, Montoro y Rute (Córdoba); Lepe (Huelva); Huelma, Martos y Valdepeñas de Jaén (Jaén); Pizarra y Yunquera (Málaga), y Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
De acuerdo con las características técnicas aprobadas, estas emisoras utilizarán las siguientes frecuencias del dial: Benalup-Casas Viejas, 107.7; Doña Mencía, 107.6; Montoro, 107.3; Rute 107.8; Lepe, 107.8; Huelma, 107.9; Martos, 107.7; Valdepeñas de Jaén, 107.5; Pizarra, 107.8; Yunquera, 107.1, y Los Palacios y Villafranca, 107.2.
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Consejo de Gobierno, 22/02/2011
Aprobado el nombramiento de los nuevos miembros del Consejo Audiovisual de Andalucía
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de los consejeros del Consejo Audiovisual de Andalucía, elegidos el pasado 17 de febrero por el Parlamento autonómico tras la conclusión del mandato de los anteriores miembros de este órgano.
Los nuevos consejeros son José María Arenzana Seisdedos, Eduardo Castro Maldonado, Francisco Cervantes Bolaños, Eugenio Cosgaya Herrero, Cristina Cruces Roldán, Isidro Javier Cuberos González, Carmen Elías Iglesias, Carmen Fernández Morillo, Emelina Fernández Soriano, Inmaculada Navarrete Contreras y María Luisa Pérez Pérez.
El Consejo Audiovisual de Andalucía es la autoridad encargada de velar por el respeto de los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en el ámbito de los medios audiovisuales en la comunidad autónoma. Lo integran once miembros, elegidos por el Parlamento de Andalucía por mayoría de tres quintos y nombrados por el Consejo de Gobierno.
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