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Consejo de Gobierno, 22/03/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de la Ley de Documentos, Archivos y Patrimonio Documental de Andalucía. Esta norma, que sustituirá a la vigente desde 1984, ampliará las posibilidades de acceso ciudadano a los documentos, incorporará nuevas formas de tramitación administrativa adaptadas a las nuevas tecnologías e incrementará los niveles de protección y racionalización.
La futura ley se aplicará a los documentos de titularidad pública, al Patrimonio Documental de Andalucía (fondos de interés para la comunidad autónoma) y a los archivos que constituyen el Sistema Archivístico de Andalucía, integrado actualmente por 947 públicos y seis privados.
Entre sus novedades más destacadas, el proyecto establece un nuevo concepto de Patrimonio Documental Andaluz, que queda definido como el conjunto de todos aquellos documentos que, en razón no sólo de su origen y antigüedad sino también de sus valores culturales, poseen un interés para la comunidad autónoma. Con el fin de asegurar el control y difusión de los mismos, se dispone la posibilidad de su inscripción en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz (CGPHA), donde tras la entrada en vigor de la ley, quedarán integrados directamente todos los fondos de conservación permanente que se custodian en el Archivo General de Andalucía y en el del Patronato de la Alhambra y el Generalife.
El texto dispone también la creación del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental de Andalucía, en el que se identificarán aquellos documentos privados de interés para la comunidad autónoma, independientemente de su antigüedad.
Las obligaciones de los titulares de archivos y fondos constitutivos del Patrimonio Documental se regulan de una forma más precisa. Entre otras medidas, el proyecto introduce el deber de proporcionar cualquier información que sea requerida por la Junta y la obligación de comunicar operaciones de transmisión onerosa, que quedarán sometidas al derecho de tanteo y retracto por parte de la Administración. Para los propietarios privados de documentos constitutivos del patrimonio, en función de su nivel de protección se fijan requisitos que van desde facilitar las inspecciones de la Consejería de Cultura a garantizar la conservación y custodia organizada.
Queda igualmente recogido el requerimiento de la autorización de la Junta para el traslado de los documentos de titularidad privada que se encuentran inscritos en el CGPHA, incluidos los de carácter temporal, así como el depósito y la expropiación forzosas de aquellos bienes que no tengan garantizadas sus condiciones de conservación, seguridad o acceso.
Gestión integral
Otra de las novedades recogidas en el proyecto de ley es la reestructuración del Sistema Archivístico de Andalucía, especialmente dirigida al establecimiento de un modelo común e integral de gestión de los documentos que se aplicará a lo largo de toda la vida de los mismos, desde el momento en que se originan hasta que se decide sobre su conservación permanente o eliminación total, de tal forma que se garantiza la conexión entre los archivos y los centros productores.
Con este objetivo, en el ámbito de la Administración autonómica se implantará el Sistema de Información de Archivos de la Junta de Andalucía como herramienta para la gestión integrada de todo el material documental de su competencia.
Asimismo, se crean los denominados archivos intermedios, que reunirán documentos de la Administración periférica de la Junta hasta su ingreso definitivo en el Archivo General de Andalucía o en los provinciales, y se regulan las normas de ejecución y custodia de los documentos electrónicos que genera o recibe la Junta. Para este material digital el proyecto de Ley crea un registro específico.
Respecto a la regulación del acceso, el proyecto amplía y facilita el derecho a la información de los documentos públicos al adoptar como norma la posibilidad general de consulta, siempre y cuando se trate de expedientes de procedimientos terminados y con las excepciones de la protección de los intereses establecidos constitucionalmente (seguridad y defensa del Estado, etc.). Este principio se viene aplicando de hecho en Andalucía, aunque no estaba recogido en la anterior ley de 1984, que consideraba excepcional la consulta de documentos de menos de 30 años.
En el caso de los fondos de titularidad privada, el acceso se limita específicamente a los inscritos en el CGPHA y a aquellos que tienen consideración de patrimonio documental y se custodian en archivos del Sistema Archivístico de Andalucía.
Finalmente, el proyecto de ley sistematiza el régimen sancionador y actualiza la cuantía de las multas de forma acorde con la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía. Como infracciones muy graves, sancionables con cantidades de entre 100.001 y 300.000 euros, se consideran, entre otras, las que conlleven la pérdida, desaparición o daños irreparables en bienes inscritos en el CGPHA, la eliminación de documentos de titularidad pública o el acceso indebido a fondos restringidos por ley.
Entre las infracciones graves, con multas de 50.001 a 100.000 euros, figuran el impedimento al derecho de acceso de la ciudadanía o intervenciones que supongan la pérdida, desaparición o daños en documentos del Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Documental o custodiados en archivos del Sistema Archivístico de Andalucía. Como infracciones leves, con sanciones de hasta 50.000 euros, se establecen, entre otras, el incumplimiento del deber de información y el traslado de documentos de titularidad privada inscritos en CGPHA sin la autorización de la Consejería de Cultura.
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Consejo de Gobierno, 22/03/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se convocan para el próximo día 22 de mayo las elecciones a las presidencias y a las juntas vecinales de las 47 Entidades Locales Autónomas (ELA) constituidas en Andalucía. Este trámite, complementario del que realiza la Administración central para los municipios, corresponde por primera vez a la Junta tras la entrada en vigor el pasado año de la Ley de Autonomía Local de Andalucía.
Junto con la convocatoria, el Consejo ha aprobado también otro decreto que establece las características de los medios materiales que se utilizarán en el proceso electoral. De acuerdo con esta norma, los espacios y cabinas serán los mismos que se fijan para el conjunto de las elecciones locales, mientras que las mesas electorales dispondrán de urnas específicas relativas a las ELA.
Los impresos comunes para el proceso serán los homologados, con carácter general, por el Ministerio del Interior. Los específicos para las ELA se pueden descargar de la página web www.juntadeandalucia.es/gobernacionyjusticia. Los plazos y periodos de la convocatoria serán idénticos a los de las elecciones locales.
La figura de la Entidad Local Autónoma, creada en 1997 de acuerdo con la Ley Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, tiene como principales objetivos descentralizar y mejorar la gestión y los servicios que se prestan en aldeas y pedanías alejadas de las poblaciones que ostentan capitalidad municipal. La ELA supone que el núcleo de población reconocido adquiere cierto nivel de autonomía respecto al consistorio matriz y asume la gestión de una serie de servicios en coordinación con el municipio.
Relación de entidades locales autónomas de Andalucía (pdf)
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Consejo de Gobierno, 22/03/2011
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Gobernación y Justicia a licitar la construcción, conservación y explotación de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, que se realizará mediante colaboración público-privada.
A través de esta fórmula, la Junta de Andalucía otorgará a una empresa privada el derecho de superficie sobre una parcela de 12.112 metros cuadrados situada en la zona de Arroyo del Moro, en la que la compañía se encargará de construir y explotar el edificio. La Administración autonómica abonará un alquiler por el uso de las instalaciones, que albergarán la totalidad de los órganos judiciales unipersonales de la capital cordobesa, así como la Audiencia Provincial, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, además de tener previsto espacio para crecimientos futuros.
La explotación del inmueble se otorga por un máximo de 25 años, tras los cuales la titularidad del edificio revertirá a la Junta de Andalucía. En este periodo la empresa asumirá su mantenimiento y limpieza, así como la gestión del archivo judicial y la explotación de las placas fotovoltaicas del tejado y la cafetería, entre otras instalaciones.
El arrendamiento se abonará mediante la fórmula del pago por disponibilidad, es decir, en función del uso que se haga del espacio y de la calidad del servicio, aplicando fórmulas específicas de cálculo.
La construcción de la Ciudad de la Justicia se realizará de acuerdo con el proyecto redactado por la empresa Aguas y Estructuras SA (Ayesa), que prevé una superficie construida de 50.894 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas en altura (32.894) y dos sótanos (18.146). El edificio reunirá todos los requerimientos del nuevo modelo de Oficina Judicial en el que trabaja la Administración autonómica para conseguir una Justicia más ágil, eficiente y cercana al ciudadano, con innovaciones como la creación de servicios comunes para distintos órganos judiciales.
La Ciudad de la Justicia de Córdoba será el tercer complejo de este tipo que se pondrá en marcha en Andalucía (la de Málaga ya está en funcionamiento y próximamente dará comienzo el traslado de los órganos judiciales a la de Almería). Asimismo, es el primer proyecto de infraestructuras judiciales en el que se emplea la fórmula de colaboración público-privada, que permite obtener los beneficios de la cooperación del sector privado y dar respuesta a la actual coyuntura económica. Este mecanismo ya se viene aplicando en obras viarias y portuarias, así como en la construcción de edificios administrativos.
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Consejo de Gobierno, 22/03/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la organización y el funcionamiento del Registro General de Comerciantes Ambulantes de Andalucía. El nuevo instrumento, adaptado a la directiva europea de servicios en el mercado interior, tiene como objetivo el reconocimiento administrativo de los profesionales de este sector para que puedan beneficiarse de las medidas de apoyo que desarrolle el Ejecutivo autonómico.
La incorporación al Registro será voluntaria y conllevará la expedición de una certificación acreditativa, con una vigencia de cuatro años y posibilidad de renovación. Podrán inscribirse tanto las personas que ejercen el comercio ambulante como las organizaciones cuyo objeto social es la representación y promoción de esta actividad.
La inscripción dará derecho a beneficiarse de los incentivos y medidas de apoyo que lleve a cabo el Gobierno andaluz en la materia, así como al acceso preferencial a distintivos de calidad y a la participación en cursos relacionados con el sector.
La venta ambulante está presente en toda Andalucía y ha experimentado un importante crecimiento en los últimos años. El censo de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte recoge un total de 841 mercadillos con 38.688 puestos de venta. Granada es la provincia con mayor número de instalaciones de este tipo (185) y Málaga la que suma más puestos (7.310).
Del total de municipios andaluces, el 90% posee al menos un mercadillo. Algunos destacan por su elevado número de puntos de venta, como Fuengirola (550), Sevilla (500), Granada (436), Jaén (387), Marbella (322), Cádiz (332) o Almería (319). En cuanto al número de profesionales, se contabilizan casi 30.000.
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Consejo de Gobierno, 22/03/2011
El Consejo de Gobierno ha autorizado anticipos de tesorería, por un valor total de 1,04 millones de euros, a tres ayuntamientos andaluces. Estas ayudas, a cuenta de la participación de las corporaciones locales en los tributos autonómicos, se destinan al municipio jiennense de Bailén (230.000 euros), al malagueño de Estepona (740.000 euros) y al sevillano de El Coronil (72.538).
De acuerdo con su norma reguladora, los anticipos no pueden sobrepasar la cantidad global de 100 millones de euros durante un año. Para cada corporación se establecen los límites de 2,5 millones y del 25% del total de las entregas a cuenta de la participación en los tributos autonómicos de un ejercicio.
La Consejería de Hacienda y Administración Pública debe dar cuenta de estas operaciones, trimestralmente, al Consejo Andaluz de Concertación Local, mientras que la decisión del Consejo de Gobierno se adopta previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
Junto con la nueva línea de apoyo financiero por participación en tributos autonómicos, los presupuestos de la comunidad vienen recogiendo ya otra similar a cuenta de los recursos que las corporaciones locales perciben de los ingresos del Estado. En este caso el límite global anual es de 50 millones de euros, con un máximo de 2,5 millones para cada ayuntamiento.
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Consejo de Gobierno, 22/03/2011
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Rafael Navas Ferrer y Olga Ruiz Legido como nuevos miembros titulares del Consejo Económico y Social de Andalucía, designados por la Confederación Confederación de Empresarios de Andalucía y las asociaciones de consumidores y usuarios representadas en el Consejo Andaluz de Consumo, respectivamente.
Asimismo, el Gobierno andaluz ha nombrado a Pilar Lora León como miembro suplente en representación de las asociaciones de consumidores y usuarios
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