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Sesión del 22/05/2012

El Consejo Audiovisual de Andalucía modifica su reglamento para reforzar la transparencia y aumentar la eficacia 

Los cambios mejoran los mecanismos de atención a las reclamaciones ciudadanas e impulsan el apoyo a la autorregulación en el sector

Consejo de Gobierno, 22/05/2012

El Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) reforzará la transparencia y la eficacia de su funcionamiento con mejoras en los mecanismos de participación ciudadana y en las competencias que desarrolla. Así se recoge en la modificación del reglamento de este organismo, que ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno para, entre otros objetivos, avanzar en su adaptación a la Ley estatal de Comunicación Audiovisual de 2010.

En cuanto al reforzamiento de la transparencia, el reglamento recoge las medidas que de hecho ya se vienen implantando para facilitar la tramitación electrónica de las quejas, peticiones y sugerencias de la ciudadanía ante la Oficina de Defensa de la Audiencia (ODA), integrada en la estructura del propio Consejo. Asimismo, establece la obligatoriedad de dar publicidad a todos los acuerdos, estudios e informes del organismo.

La norma modificada incorpora también las funciones que la nueva legislación estatal prevé en relación con el fomento de códigos de autorregulación y corregulación en materia de publicidad, especialmente para salvaguardar los derechos de los menores. De igual modo, se afianzan las garantías jurídicas en los procedimientos sancionadores.

Respecto a la estructura y el funcionamiento de la entidad, los principales cambios son la reordenación de las comisiones del CAA, con la limitación a cinco de su número máximo de miembros, y un nuevo apartado que regula los mecanismos de sustitución de la Presidencia en supuestos de vacante.

El CAA, creado en 2004, es la autoridad independiente de extracción parlamentaria constituida para velar por el respeto a los derechos, libertades y valores constitucionales y estatutarios en los medios audiovisuales que operan en Andalucía. Durante los últimos años su trabajo ha permitido, entre otros logros, la práctica erradicación de la pornografía de las televisiones en Andalucía; la realización de informes pioneros en España sobre el pluralismo político; el desarrollo de iniciativas de alfabetización mediática; la incoación de más de medio centenar de expedientes sancionadores a radios y televisiones por infracciones contra la legislación en materia audiovisual, o la atención de más de un millar de reclamaciones de la ciudadanía a través de la ODA.

Los miembros del Consejo son once especialistas elegidos por mayoría de tres quintos del Parlamento entre personas de reconocido prestigio, por un periodo de cinco años y con un máximo de dos mandatos. Estos consejeros tienen dedicación exclusiva y su condición es incompatible, incluso dos años después de dejar la institución, con el ejercicio de cargos de elección o designación política, actividades en las administraciones y funciones ejecutivas en partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales.

Entre otras funciones, el CAA asesora al Parlamento de Andalucía y a las administraciones autonómica y local en la ordenación y regulación del sistema audiovisual; informa sobre proyectos normativos; elabora informes tanto por iniciativa propia como a petición del Parlamento y del Consejo de Gobierno; atiende las demandas formuladas por los usuarios, y actúa como órgano de conciliación de los intereses de los distintos agentes económicos y socioculturales en el ámbito de la comunicación audiovisual.


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El Gobierno andaluz protege como Zona Arqueológica el yacimiento de Montemolín en Marchena 

El asentamiento, poblado entre la Edad del Bronce y la época romana, es clave para el estudio de la protohistoria en el Suroeste peninsular

Consejo de Gobierno, 22/05/2012

El Consejo de Gobierno ha acordado inscribir en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz, con la tipología de Zona Arqueológica, el yacimiento de Montemolín en Marchena (Sevilla). Este asentamiento, con una amplia secuencia cultural que se remonta a la Edad del Bronce, es clave para la comprensión de la evolución demográfica en época protohistórica y la romanización en las campiñas del Suroeste peninsular.

La zona arqueológica, ubicada en un entorno de gran interés paisajístico, ocupa una superficie de 58,4 hectáreas y comprende dos asentamientos en cerros contiguos, Montemolín y Vico, además de las tierras llanas circundantes. El conjunto, valioso ejemplo de hábitat del periodo tartésico-turdetano, alberga vestigios que reflejan un desarrollo ininterrumpido durante todo el primer milenio a.C. hasta su inserción en la órbita romana. Esta relevancia histórica se explica por las características de su emplazamiento sobre la vega del río Corbones, que permite controlar zonas de gran riqueza agroganadera e importantes vías de comunicación.

El primero de los dos núcleos del yacimiento, Montemolín, fue ocupado durante seis siglos entre el periodo conocido como Bronce Final Precolonial (siglo IX a.C.) y la victoria romana tras las guerras púnicas (siglo III a.C.).

A finales del siglo VII a.C., la integración de grupos de origen oriental en la población autóctona dio lugar a un auge económico y cultural que hizo de Montemolín el centro de una región agrícola densamente poblada. En el propio yacimiento se observa la adopción de formas claramente urbanas, con áreas de carácter público en torno a una acrópolis.

Entre los restos de este enclave destacan los de cuatro edificaciones superpuestas, una de ellas un santuario para la celebración de reuniones comunitarias y rituales. De este edificio de época tartésica (siglos VII y VI a.C.) proceden numerosas piezas cerámicas de gran calidad. Llama también la atención la abundancia de monedas, reflejo del papel que el asentamiento jugó en la Segunda Guerra Púnica (siglo III a.C.) como posible sede de un campamento cartaginés y de una ceca itinerante.

El fin de la actividad bélica y la victoria de Roma conllevaron la desaparición del asentamiento en Montemolín, mientras que el de Vico continuó hasta comienzos del siglo I d.C. y llegó a ser uno de los principales asentamientos indígenas de la campiña sevillana durante la época romana republicana. A partir del siglo III a.C., este enclave también destacó como nudo de comunicaciones entre los territorios de Carmo (Carmona), Astigi (Écija) y Urso (Osuna). Tras la colonización de las campiñas del Guadalquivir por César Augusto, la vida del antiguo poblado tartésico-turdetano continuó bajo la forma de aglomeración rural.


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La Junta sanciona con 800.000 euros a Cobre Las Cruces por un accidente mortal en su complejo minero 

El trabajador fallecido y otros dos heridos reparaban instalaciones hidrometalúrgicas sin equipos de protección individual

Consejo de Gobierno, 22/05/2012

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, ha acordado sancionar con 800.000 euros a la empresa Cobre Las Cruces, SA, por una infracción de carácter muy grave contra la legislación en materia de seguridad laboral. Los hechos objeto de la sanción, que dieron como resultado la muerte de un trabajador y quemaduras de gravedad en otros dos, ocurrieron el 25 de mayo de 2010 en la planta hidrometalúrgica del complejo minero que la firma sancionada explota en los términos municipales de Gerena, Guillena y Salteras (Sevilla).

Para adoptar esta decisión, el Gobierno andaluz ha tenido en cuenta los informes de inspección llevados a cabo a raíz del accidente por técnicos de la Delegación Provincial de la entonces Consejería de Economía, Innovación y Ciencia en Sevilla. En ellos se constata que los trabajadores afectados no disponían de los equipos de protección individual adecuados para las tareas de reparación que desarrollaban en el tanque del reactor número 8 de la planta. De este modo, quedaron indefensos ante la rotura imprevista de una tubería y la salida incontrolada de pulpa de mineral y ácido sulfúrico mezclados a alta temperatura.

Aunque las inspecciones realizadas en el reactor concluyeron que el accidente se debió a un defecto de muy difícil detección en el diseño y fabricación de la tubería, el expediente sancionador señala que esta circunstancia no exime a la empresa de la obligación de suministrar a los trabajadores trajes especiales antisalpicaduras de productos corrosivos para las labores que realizaban.

De igual modo, tampoco exime de responsabilidad a la firma minera el hecho de que dos de los accidentados –entre ellos el fallecido– prestasen sus servicios en una empresa distinta de Cobre las Cruces, contratada para el mantenimiento de la planta hidrometalúrgica. En este sentido, la normativa de prevención de riesgos laborales establece el deber de vigilancia de las sociedades subcontratadas por parte de la empresas principales en sus centros de trabajo, así como la consiguiente respuesta solidaria.

La sanción acordada por el Gobierno andaluz ha sido graduada de acuerdo con el principio de proporcionalidad previsto en la legislación, que obliga a tener en cuenta las circunstancias de la infracción. De este modo, ante la ausencia de intencionalidad y reincidencia, no se aplica la cuantía máxima fijada por la ley (un millón de euros).


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Nombramientos 

Consejo de Gobierno, 22/05/2012

El Consejo nombra a Emilio García Fernández secretario general técnico de la Consejería de Fomento y Vivienda

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Emilio García Fernández como secretario general técnico de la Consejería de Fomento y Vivienda. Nacido en Melilla en 1954, García Fernández es licenciado en Arquitectura por la  Universidad de Sevilla y funcionario de carrera de la Junta de Andalucía. Desde 2010 desempeñaba la jefatura de la Oficina Técnica del Servicio de Rehabilitación y Arquitectura de la Delegación Provincial de Obras Públicas y Vivienda en Córdoba.

El nuevo secretario general ha desempeñado los cargos de coordinador técnico de los programas de cooperación internacional de la antigua Consejería de Obras Públicas en Latinoamérica y Marruecos (2008-2010) y jefe del Servicio de Urbanismo de la Dirección General de Urbanismo (1990-2007). Previamente, entre 1982 y 1989, trabajó como arquitecto y fue miembro de la unidad técnica de asesoramiento a municipios de la Delegación Provincial de Obras Públicas en Córdoba.

En su actividad profesional privada, García Fernández participó también en la confección del Inventario de Edificios de Interés Histórico de la provincia de Córdoba para el Ministerio de Cultura y asesoró al Ayuntamiento de esta ciudad en varios procesos de planeamiento urbanístico.

Antonio José Hidalgo López, nuevo secretario general técnico de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Antonio José Hidalgo López como secretario general técnico de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. Nacido en Sevilla en 1959, Hidalgo López es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla, diplomado en Altos Estudios de la Defensa y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores de la Junta de Andalucía. Actualmente ejercía como consejero técnico en la Dirección General de Financiación y Tributos de la Consejería de Hacienda y Administración Pública.

Antonio José Hidalgo ha desempeñado, entre otros cargos, los de director general de Coordinación de la Administración Periférica del Estado en el Ministerio de Política Territorial y Administraciones Públicas (2010-enero de 2012); subsecretario del Ministerio de Igualdad (2008-2010); inspector general de servicios de la Consejería de Justicia y Administración Pública (2007-2008); subsecretario del Ministerio de Cultura (2004-2007), y secretario general técnico de la Consejería de Cultura (1994-2004).

Anteriormente, y dentro de la Administración autonómica andaluza, el nuevo secretario general técnico estuvo al frente del Servicio de Actuaciones Legales del Instituto Andaluz de Reforma Agraria y del Servicio de Patrimonio y Concesiones Administrativas de la Consejería de Agricultura y Pesca.


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