La Junta reorganiza la Formación Profesional para el Empleo con un modelo adaptado a las demandas del mercado laboral 

Mayor coordinación con el sistema educativo e introducción de certificados de profesionalidad homologables a la FP reglada, principales novedades

Consejo de Gobierno, 22/09/2009

La Junta de Andalucía reorganizará la Formación Profesional (FP) para el Empleo con el fin de implantar un modelo más flexible, ajustado a las demandas de las empresas y coordinado con el sistema educativo. Así se recoge en el decreto, elaborado por la Consejería de Empleo y aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que integra las actuales FP Ocupacional (para desempleados) y Continua (para trabajadores en activo), además de mejorar su coordinación con la FP Inicial o reglada (la del sistema educativo).

Junto con ello, y a iniciativa de la Consejería de Educación, el Gobierno andaluz también ha aprobado el decreto regulador de los denominados Centros Integrados de Formación Profesional, donde se podrán impartir las dos modalidades y que comenzarán a funcionar este curso.

La primera de estas normas sustituye a la vigente desde 1997 y, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua, incorpora dos novedades relevantes: la adaptación de la planificación de cursos a las necesidades del tejido productivo de cada territorio y la introducción de los Certificados de Profesionalidad, que reforzarán el reconocimiento de estas acciones formativas con la posibilidad de su convalidación por módulos de la FP reglada.

Respecto a la planificación, el nuevo modelo sustituye el actual sistema de convocatoria anual de cursos (en el que las entidades colaboradoras presentaban sus propuestas) por otro de varias convocatorias al año en las que la Consejería de Empleo detallará qué especialidades pueden promoverse en cada territorio para el desarrollo de las acciones formativas. Estas especialidades serán fijadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a través de su Sistema Argos de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo, dependiendo del tipo de oferta laboral existente en cada una de las 45 áreas territoriales que componen la red de servicios de la Consejería de Empleo.

La otra novedad destacada es la regulación de los Certificados de Profesionalidad, figura creada recientemente por la legislación estatal. Estas titulaciones acreditan con carácter oficial las competencias adquiridas en los cursos, se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y pueden ser homologadas con módulos de la FP reglada del sistema educativo.

La norma aprobada por el Consejo de Gobierno mantiene las actuales becas en concepto de transporte, manutención y alojamiento para desempleados beneficiarios de los cursos e introduce nuevas ayudas para conciliar vida laboral y familiar, destinadas a alumnos que tengan a su cargo menores de seis años o familiares dependientes con discapacidad de segundo grado. Las cuantías de estas últimas se establecerán en una posterior orden de desarrollo.

Además de los distintos cursos que se programan, el decreto incluye como acciones de Formación Profesional los cursos con compromiso de contratación; los programas públicos de empleo y formación en los que se combina la práctica profesional con el aprendizaje, y las acciones de investigación e innovación para mejorar la calidad y eficacia de los contenidos.

Prioridades
Como colectivos prioritarios de la FP para el Empleo, la norma señala a las mujeres, los jóvenes, los inmigrantes, los trabajadores de pequeñas y medianas empresas y las personas con mayores dificultades de acceso al empleo (discapacitados, afectados y víctimas del terrorismo o de la violencia de género, desempleados de larga duración, mayores de 45 años y personas en riesgo de exclusión).

Finalmente, el decreto establece la creación del Fichero Andaluz de Especialidades Formativas, que incluirá tanto las Cualificaciones Profesionales como otras materias impartidas en cursos con compromiso de contratación, en acciones dirigidas a trabajadores en activo o en aquellas otras que abordan yacimientos de empleo y profesiones emergentes. De igual modo, se crea el Sistema Integrado de Información y Orientación, que se encuadrará en la red de servicios de orientación profesional del SAE con el fin de ofrecer información sobre oferta formativa, itinerarios y certificados de profesionalidad a empresas, trabajadores y desempleados.

A lo largo de sus 41 artículos y 11 disposiciones, el Decreto de Formación Profesional para el Empleo desarrolla su regulación atendiendo a principios de transparencia, calidad, eficiencia, gratuidad, igualdad de oportunidades, adecuación rápida y flexible a las necesidades del mercado laboral, incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especial atención a colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado laboral y fomento de la conciliación de la vida laboral y familiar, entre otros. Asimismo, introduce nuevos objetivos como la contribución de la FP a la consecución del pleno empleo, el fomento de la formación a lo largo de la vida o la coordinación entre las consejerías de Empleo y Educación para el reconocimiento y acreditación de las distintas competencias profesionales adquiridas en los cursos.

Más de 90.800 desempleados andaluces y 38.900 trabajadores en activo están participando este año en los 9.200 cursos de Formación Profesional para el Empleo programados en Andalucía, con una inversión que supera los 300 millones de euros. Actualmente, los cursos de FP para desempleados mantienen un nivel de inserción laboral de sus alumnos del 52%.

Centros Integrados
El segundo de los decretos aprobados hoy por el Consejo de Gobierno regula los Centros Integrados de Formación Profesional, en los que se realizará una oferta unificada de las enseñanzas de FP Inicial y FP para el Empleo. Estos centros estarán especializados en sectores productivos concretos y el objetivo es que funcione uno por cada una de las 26 familias en que se estructura la FP Inicial, de modo que se conviertan en referencia para el resto en sus respectivas áreas profesionales.

Este curso comenzarán a funcionar en Andalucía los primeros cuatro centros integrados en los institutos de Educación Secundaria Hurtado de Mendoza, que alberga la Escuela de Hostelería y Turismo de Granada y Marítimo Zaporito de San Fernando (Cádiz); el Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía de Encinas Reales (Córdoba), y el Centro Público de Formación para el Empleo de Linares (Jaén).

Los centros integrados impartirán enseñanzas propias de Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior conducentes a las titulaciones de Técnico y Técnico Superior, respectivamente, así como cursos de inserción laboral y de formación permanente de trabajadores para la obtención de certificados de profesionalidad convalidables por módulos de la FP Inicial.
Además de la actividad docente, los centros desarrollarán funciones de acreditación de las competencias profesionales de los trabajadores e incluirán servicios de información y orientación laboral, tanto para aquellos jóvenes que comienzan sus estudios postobligatorios de FP como para trabajadores sin titulación oficial, con el fin de ofrecer una formación "a la carta" ajustada a las necesidades de cada alumno. Asimismo, mantendrán un contacto permanente con el sistema de prospección del mercado de trabajo y con el entorno productivo para la actualización y adecuación de la oferta de enseñanzas a las  demandas formativas de las empresas.

 

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La Junta aprueba un nuevo decreto para impulsar el deporte de rendimiento en Andalucía 

La norma incrementa las medidas de apoyo y facilita la llegada a la alta competición desde la edad escolar

Consejo de Gobierno, 22/09/2009

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto regulador del Deporte de Rendimiento en Andalucía, que actualiza y adapta la normativa autonómica a la estatal del Consejo Superior de Deportes con el objetivo de mejorar las condiciones para que deportistas, entrenadores y árbitros o jueces puedan conseguir los máximos resultados en las principales competiciones oficiales nacionales e internacionales.

El nuevo texto, que sustituye al vigente desde 2000, define los distintos niveles de rendimiento y determina las personas que pueden acceder a cada uno, las vías para ello, los requisitos exigidos y los beneficios y medidas de apoyo para facilitar la especialización y perfeccionamiento dentro del ámbito del deporte federado y de alta competición.

Respecto a la normativa anterior, el decreto introduce novedades que sitúan a Andalucía como referente en el conjunto de España, al incrementar el número de posibles beneficiarios y promocionar la llegada a la alta competición de los deportistas más jóvenes. De este modo, se establecen tres grados: Alto Nivel (hasta ahora sólo existente en el ámbito estatal), Alto Rendimiento y, por primera vez, Rendimiento de Base.

Al primero de ellos, Alto Nivel, podrán acceder no sólo los deportistas (como fija la normativa estatal) sino también entrenadores y técnicos. Además, el decreto andaluz amplía la posibilidad de acceder a esta categoría para aquellos deportistas que no figuran en los listados de alto nivel que publica el Consejo Superior de Deportes y que sin embargo superan los méritos exigidos en el nivel inmediatamente inferior, denominado de Alto Rendimiento.

En este grupo de Alto Rendimiento se considerarán méritos para obtener tal condición la participación en Juegos Olímpicos (de verano o invierno), Juegos Paralímpicos, Campeonatos del Mundo, Juegos Olímpicos de la Juventud, Campeonatos de Europa y Campeonatos de España, tanto en las categorías senior como en junior. Además de deportistas, entrenadores y técnicos, podrán figurar también en esta categoría árbitros y jueces.

Finalmente, al nuevo nivel de Rendimiento de Base podrán acceder todos aquellos deportistas en edad escolar (entre 6 y 18 años), así como sus entrenadores o técnicos, que estén interesados en desarrollar un mayor nivel, participen en programas de tecnificación a través de clubes federados o sean componentes de una selección andaluza.

Los dos primeros niveles, que serán compatibles con los correspondientes regulados en la normativa estatal, aumentan su duración respecto al periodo de un año que establecía el anterior decreto. Así, el de Alto Nivel pasa a tener una vigencia de entre 5 y 7 años y el de Alto Rendimiento de entre 3 y 5. Los entrenadores disfrutarán de la mitad del periodo otorgado a los deportistas que estén a su cargo. En el caso de jueces o árbitros la condición seguirá siendo válida durante un ejercicio.

Medidas de apoyo
La pertenencia a la relación de Deporte de Rendimiento de Andalucía en cualquiera de sus tres categorías conllevará beneficios como becas, patrocinios y otras ayudas económicas, así como medidas para favorecer la compatibilidad entre estudios y entrenamientos, accesibilidad a centros deportivos y servicios médicos especializados y acciones formativas y de apoyo a la inserción laboral. De igual modo, se reconoce la calificación de deportista de rendimiento como mérito evaluable en el acceso a puestos de trabajo en la Administración autonómica.

El decreto prevé la creación del Registro de Deporte de Rendimiento de Andalucía, en el que se inscribirán todas aquellas personas que acrediten esta consideración, y de la Red Andaluza de Centros Deportivos de Rendimiento, que incluirá el conjunto de instalaciones del máximo nivel destinadas a la preparación técnica.

Por último, se establece la elaboración con carácter bienal del Plan de Deporte de Rendimiento, que englobará los distintos programas de fomento e impulso de la competición. Estas iniciativas podrán ser promovidas tanto por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte como por clubes, federaciones, asociaciones y otras entidades públicas o privadas directamente relacionadas con este ámbito.

 

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La Junta delimita las cuatro grandes áreas en las que se aplicará el Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2010-2014 

Un total de 311 municipios y más de 700.000 habitantes de las ocho provincias andaluzas se beneficiarán de la nueva estrategia

Consejo de Gobierno, 22/09/2009

El Consejo de Gobierno ha acordado la delimitación de las cuatro grandes zonas del territorio andaluz en las que se aplicará el Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) 2010-2014 de la Unión Europea. Se trata del primer paso para la elaboración de este plan, cuyo inicio de trámites ha aprobado hoy también el Consejo.

La nueva estrategia, que da continuidad a las políticas que desde principios de los años 90 viene desarrollando la Junta en la materia, se elaborará a partir de la Ley estatal 45/2007 de Desarrollo Sostenible del Medio Rural y de acuerdo con las nuevas directrices comunitarias.

Las cuatro zonas delimitadas, que en su conjunto suman 311 municipios y 716.000 habitantes, son las siguientes: Sierra Morena y sus estribaciones en las provincias de Huelva, Sevilla y Córdoba; los sistemas penibéticos entre la Alpujarra granadina y las sierras almerienses de Filabres y Alhamilla; las estribaciones occidentales penibéticas de Málaga y Cádiz, y el ámbito rural que va desde Segura y Cazorla a las altiplanicies nororientales de Granada.

Estos territorios presentan características socieconómicas propias que serán tenidas en cuenta en la aplicación del Programa. De este modo, en el área de Sierra Morena los proyectos prestarán especial atención a la dehesa y a su tradición minera.

Para facilitar el desarrollo de las iniciativas previstas de acuerdo con criterios de homogeneidad geográfica, estos cuatro grandes ámbitos se han dividido a su vez en 11 áreas: Sierra de Filabres-Alhamilla (Almería); Alpujarra (Almería y Granada); Noroeste de Cádiz y Los Alcornocales (Cádiz); Los Pedroches y Valle del Alto Guadiato (Córdoba); Hoyas de Guadix y Baza (Granada); Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huelva); Andévalo y Cuenca Minera (Huelva); Sierras de Segura y Cazorla (Jaén); El Condado (Jaén); Sierras Occidentales de Málaga, y Sierra Morena y Vega Alta de Sevilla.

Las prioridades en el desarrollo de los proyectos se establecerán en función del grado de ruralidad de cada zona, obtenido a partir de indicadores como la densidad de población, el sector económico principal, el nivel de renta o la distancia a grandes núcleos urbanos. Las acciones se concretarán en los denominados planes de zona, que elaborará una comisión de redacción presidida por el viceconsejero de Agricultura y Pesca e integrada por representantes de cada una de las consejerías de la Junta de Andalucía. Este trabajo cuenta con un plazo de ocho meses a partir de la aprobación del PDRS, prevista para principios del próximo año.

En cuanto al tipo de proyectos, se dará continuidad a los del anterior Programa de Desarrollo Rural 2000-2006, centrados en los objetivos de diversificación económica, conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales, creación y mantenimiento del empleo, de infraestructuras y servicios básicos, energías renovables, agua y cultura. A ellos se sumarán, como principales novedades para los próximos cinco años, otros relativos a urbanismo y vivienda, seguridad ciudadana, educación, sanidad, empleo público, protección social y tecnologías de la información y la comunicación.

 

 

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María Victoria Román González, nueva directora general de Universidades 

Consejo de Gobierno, 22/09/2009

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de María Victoria Román González como nueva directora general de Universidades. Nacida en Granada en 1965, es licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, máster en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa y doctora en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid.

La nueva directora general es desde 2005 profesora titular de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Almería, donde además desempeña el cargo de vicerrectora de Infraestructuras, Campus y Sostenibilidad. Anteriormente, desarrolló su labor docente en centros adscritos a la Universidad Complutense de Madrid.

 

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El Consejo nombra a Eduardo Manuel Muñoz García nuevo delegado de Empleo en Huelva 

Consejo de Gobierno, 22/09/2009

El Consejo de Gobierno ha nombrado a Eduardo Manuel Muñoz García delegado de la Consejería de Empleo en Huelva. Nacido en 1967 en la población onubense de Minas de Río Tinto, Eduardo Manuel Muñoz García ha cursado estudios de Ingeniería Agrónoma en la Universidad de Córdoba. Entre 2002 y 2007 fue alcalde de Nerva y anteriormente, desde 1994, primer teniente de alcalde con responsabilidad en las áreas de Urbanismo, Personal y Obras y Servicios.

El nuevo delegado de Empleo ha desempeñado también los cargos de presidente de la empresa pública CEDER, SA, y presidente de la Asociación de Desarrollo Rural Cuenca Minera de Riotinto (2000-2007). Con un amplia experiencia en el sector privado, Eduardo Manuel Muñoz desarrollaba actualmente su actividad profesional como director de recursos humanos y presidente del área de expansión del grupo de empresas REIFS.

 

 

 

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