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Número 28 de 10 de febrero de 2012
Consejo de Gobierno, 23/02/2010
El próximo 28 de febrero de 2010 se cumplen treinta años de una fecha clave que marcó el rumbo del devenir histórico de Andalucía. Ese día, millones de andaluces y andaluzas iniciaron la conquista de su propio destino, expresaron su firme voluntad de asumir el autogobierno de su Comunidad y rechazaron la senda que otros le habían trazado. Fue un movimiento social sin precedentes en nuestra historia, que de forma pacífica alcanzó metas hasta entonces inimaginables. Aquel esfuerzo dio paso al primer Estatuto de Autonomía, una valiosa herramienta de progreso en beneficio de los andalu-ces y las andaluzas. En esta nueva etapa, vinculada al Estatuto de 2007, Andalucía amplía su poder de decisión con más derechos sociales, más competencias y más capacidad para gestionar sus recursos.
El Consejo de Gobierno quiere recordar el éxito colectivo de aquel momento, que supuso un gran avance para Andalucía. Igualmente, cuando se cumple este trigésimo aniversario, quiere subrayar como algo singular la rapidez con que ha tenido lugar este proceso de cambio y modernización, que nos ha colocado en poco tiempo tan lejos de la Andalucía subdesarrollada de ayer como cerca de la Europa de hoy. Todas aquellas personas -algunas no estarán hoy entre nosotros- difícilmente podrían imaginar que la Comunidad alcanzase las cotas de bienestar social y económico y recuperación de la autoestima que tiene en la actualidad.
Las generaciones más jóvenes deben reconocer la confianza en Andalucía de aque-llos protagonistas, gracias a cuyo esfuerzo pueden hoy vivir en una tierra mejor. Una Andalucía con más servicios y prestaciones públicas; con mejores equipamientos y comunicaciones; con mayor potencialidad económica tanto en sectores tradicionales como innovadores, en algunos de los cuales somos líderes internacionales; con mayor nivel de formación; con un medio ambiente más protegido y ordenado. Una Andalucía, en suma, social y territorialmente cohesionada.
Nadie discute estos avances, pero nuestra atención tiene que estar preferentemen-te en los problemas derivados de la crisis financiera internacional, que nos está afectando con especial incidencia en el desempleo. Ante ello, el Gobierno andaluz manifiesta que su prioridad absoluta es seguir trabajando para superar cuanto antes y en las mejores condiciones los efectos de esta crisis, y reitera su más firme compromiso con las personas que en estos momentos atraviesan una situación difícil por este motivo.
No obstante, el Gobierno andaluz entiende que la preocupación por la actual co-yuntura económica no debe impedir atender a otros objetivos de plazo más largo, no menos importantes para afrontar el futuro. Objetivos dirigidos a dar continuidad a la modernización y propiciar un crecimiento sostenible que amplíe los logros alcanzados. Sostenibilidad en Andalucía, debe significar, entre otras cosas, hacer mejor lo que ya hacemos bien en un marco donde la inversión destinada a educación, innovación, apertura a nuevos mercados y desarrollo de nuevos productos y servicios competitivos, constituya la clave que incline la balanza hacia el éxito.
Este es el gran desafío. Para afrontarlo hay que mantener el esfuerzo para seguir asentando las bases de estabilidad política, diálogo social, apoyo al tejido empresarial e igualdad de oportunidades. El resto es cambio: hacer mejor, emprender más, diversificar, recualificar, investigar, innovar. Frente a quienes ven en cada reforma algo infructuoso o peligroso, independientemente de su calado o del ámbito en que opere, la historia de Andalucía refleja que no hay avance posible sin acometer cambios y transformaciones, porque son consustanciales al progreso.
En esta nueva etapa hay que tener presente que las oportunidades van indisolu-blemente ligadas a los retos, cada vez más complejos, que exige una sociedad globalizada e interconectada. La posición de Andalucía es ventajosa porque hemos demostrado plena capacidad para afrontarlos, hemos superado ampliamente prejuicios injustos hacia nosotros y, sobre todo, porque Andalucía dispone de un gran activo formado por sus jóvenes repletos de energía, iniciativa y creatividad, llamados a protagonizar un nuevo impulso.
El 28 de febrero es un día para hacer este doble ejercicio de retrospectiva pero al mismo tiempo de mirada hacia el futuro. Un día para reafirmar nuestra confianza en el porvenir sobre la sólida base de lo conseguido hasta ahora y para reafirmar nuestro compromiso con el progreso y la igualdad de oportunidades.
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Consejo de Gobierno, 23/02/2010
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de la Ley del Olivar. El nuevo marco regulador ampliará las políticas de la Junta dirigidas a asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, que genera casi un tercio del empleo agrario regional y constituye la base fundamental de la economía de más de 300 municipios de la comunidad autónoma.
El borrador del anteproyecto, que desde noviembre ha estado abierto a la aportación de los agentes económicos y sociales, desde agricultores a consumidores, plantea un doble enfoque sectorial y territorial de impulso a la competitividad de las producciones, promoción del desarrollo sostenible en los territorios olivareros y revalorización del patrimonio paisajístico y cultural vinculado a la actividad.
Entre otras novedades, el texto recoge la figura de los contratos de explotación que los titulares de fincas podrán suscribir con la Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones desde el punto de vista productivo, ambiental y social como las contrapartidas de la Junta en lo relativo a ayudas e intervenciones de apoyo.
Las medidas de fomento previstas en el anteproyecto se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.
Con una vigencia de seis años, este documento será elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca con la participación de las organizaciones más representativas del sector y, además de las líneas de actuación para reforzar la competitividad de las explotaciones, incluirá un diagnóstico de la actividad y un código de buenas prácticas de gestión. Su aprobación por el Consejo de Gobierno deberá contar con el previo informe preceptivo del Consejo Andaluz de Olivar, órgano asesor de nueva creación que estará integrado por representantes de las administraciones públicas y del sector, así como de especialistas en la materia.
Con carácter general, la futura ley incluye disposiciones orientadas a ampliar las medidas que actualmente se desarrollan para el mantenimiento de la renta de los olivicultores, el respaldo al olivar tradicional y al situado en zonas con desventajas naturales, la creación y mejora de regadíos con sistemas de ahorro de agua, el aprovechamiento energético de los residuos, el fomento de la comercialización, el apoyo a los sistemas de certificación de calidad y la promoción de nuevas tecnologías tanto en el cultivo como en la producción del aceite de oliva y la aceituna de mesa.
Respecto a las ayudas económicas al sector, el anteproyecto refuerza la prioridad para el olivar de montaña o de zonas con desventajas naturales, las explotaciones situadas en territorios socioeconómicamente desfavorecidos y aquellas que cuentan con calificaciones oficiales de agricultura ecológica y producción integrada.
Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo y el 40% de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente.
La superficie de olivar en se distribuye por las ocho provincias andaluzas, con especial relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y sudeste de Sevilla.
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Consejo de Gobierno, 23/02/2010
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar la tramitación del anteproyecto de Ley de prórroga del Plan Estadístico de Andalucía 2007-2010, con el fin de armonizar su vigencia a la de las nuevas planificaciones europea y nacional, fijada en ambos casos hasta 2012. Esta adecuación propiciará una mayor eficacia en la producción estadística de la comunidad y evitará que surjan contradicciones como consecuencia del desajuste temporal entre los distintos planes.
El actual Plan Estadístico de Andalucía fue aprobado por la Ley 4/2007 con una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2010. En su Disposición Final Tercera, esta norma establecía la posibilidad de llevar a cabo la ampliación del plazo, ahora fijado en el 31 de diciembre de 2012 con el objetivo de hacerlo coincidir con los planes europeo y estatal.
Entre sus principales novedades, el plan de 2007 incorporó referencias transversales de género, territorio y sostenibilidad a toda su producción de datos, así como la creación de la Comisión Interdepartamental de Estadística. Los trabajos realizados durante estos tres años han prestado especial atención a áreas como la innovación y empresa, la calidad de la educación y la coyuntura económica.
Las previsiones de los planes estadísticos se desarrollan a través de programas anuales. El correspondiente a este año, aprobado el pasado día 2 de febrero, recoge 288 actividades (16 más que en 2009) e incluye como principales aportaciones trabajos sobre incorporación de las personas con discapacidad al mercado de trabajo, índices de desigualdad de género y nuevas estadísticas tributarias.
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Consejo de Gobierno, 23/02/2010
La Consejería de Educación otorgará la máxima puntuación a los hermanos en el proceso de escolarización, con el fin de facilitar el agrupamiento familiar en los centros docentes y avanzar en la conciliación de la vida escolar y laboral. Para introducir esta novedad, el Consejo de Gobierno ha acordado modificar el decreto de 2007 que regula los criterios y el procedimiento de admisión del alumnado en los colegios e institutos públicos y privados concertados.
La nueva regulación también aumentará los puntos concedidos cuando el padre o la madre del alumno sea profesor o tenga su puesto de trabajo habitual en el centro para el que solicita plaza. Ambos cambios serán de aplicación en el proceso de escolarización para el curso 2010/11, que se desarrollará a lo largo del próximo mes de marzo.
La existencia de algún hermano ya matriculado en el centro será el criterio con más peso en el baremo de admisión por primera vez, ya que pasará a ser valorada con 13 puntos frente a los 6 actuales. El domicilio familiar o laboral mantiene sus 10 puntos, aunque pasa a segundo lugar. Por su parte, el supuesto de los progenitores que trabajan en el centro solicitado pasa de 1 a 3 puntos, mientras que para el resto de los criterios sigue la misma valoración: hasta 2 puntos la renta anual familiar, 2 puntos la condición de familia numerosa o monoparental y hasta 2 puntos por la existencia de discapacidad del alumno o de un miembro de la unidad familiar.
De acuerdo con el nuevo decreto, el criterio de los hermanos se aplicará también cuando se presenten solicitudes de admisión de varios de ellos para distintos cursos y no cuenten previamente con algún otro matriculado. La consideración de hermanos se extiende, finalmente, a los menores sometidos a tutela o acogimiento familiar permanente o preadoptivo legalmente constituido dentro de la misma unidad familiar.
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Consejo de Gobierno, 23/02/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa la concesión de 158 becas, por un valor total de 17 millones de euros, dirigidas a incrementar el número de doctores en las diez universidades públicas andaluzas.
Las ayudas, convocadas en 2009 a petición de los departamentos universitarios de acuerdo con sus necesidades, abarcan 80 áreas de conocimiento y se centran especialmente en aquellas que presentan mayor déficit de personal docente e investigador cualificado en relación con las nuevas exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). Estos son los casos, entre otros, de las enseñanzas de enfermería, organización de empresas, psicología de la educación, anatomía y embriología, ingeniería eléctrica y mecánica, economía financiera y contabilidad, investigación de mercados, fisioterapia y sistemas informáticos.
Los incentivos aprobados cubrirán durante cuatro años los gastos de formación de posgrado, realización de tesis doctorales y práctica docente de licenciados, arquitectos e ingenieros que obtuvieron sus titulaciones a partir del curso 2002-2003. Tras un periodo formativo de un año, los beneficiarios son contratados como profesores y simultanean esta actividad con la preparación de la tesis.
Para la concesión de las becas se han valorado como méritos el expediente académico del solicitante, el currículum del equipo o grupo de investigación en el que se integra, el ‘curriculum vitae', la memoria del plan de formación y -con el mayor peso en la puntuación final- el proyecto de tesis doctoral propuesto. A excepción del expediente académico, todos estos méritos han sido analizados por la Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
La adaptación al EEES conlleva una nueva estructura de las enseñanzas y planes de estudios universitarios que hace necesario un mayor número de profesores y reducir la ‘ratio' respecto al alumnado. Las becas aprobadas hoy, que suponen la segunda edición consecutiva de la convocatoria abierta por la Junta con esta finalidad, pretenden facilitar a las universidades públicas andaluzas una dotación de docentes e investigadores altamente cualificados para poder cubrir a medio plazo estas necesidades.
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Consejo de Gobierno, 23/02/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de los monumentos naturales de la Cueva de Ambrosio en Vélez-Blanco (Almería); la Montera de Gossan en Nerva (Huelva), y el Bosque de la Bañizuela en Torredelcampo (Jaén). Con ellos, son ya 38 los enclaves y elementos singulares de la naturaleza dotados de este régimen especial de protección en la comunidad autónoma.
El primero de estos monumentos naturales, la Cueva de Ambrosio, se ha declarado por su carácter ecocultural. Con una superficie delimitada de 114.967 metros cuadrados, este conjunto de oquedades kársticas, abiertas sobre un cantil de cien metros de altura en la cabecera del arroyo del Moral, alberga uno de los principales yacimientos paleolíticos de la Península Ibérica, con manifestaciones de arte rupestre declaradas Patrimonio de la Humanidad e igualmente protegidas por la legislación cultural autonómica con la categoría de zona arqueológica.
La Montera de Gossan, situada en el interior del Paisaje Protegido de Río Tinto, es un enclave que destaca por su singularidad geológica y por su valor didáctico para entender los yacimientos de sulfuros típicos de esta comarca onubense. Parcialmente protegida como Bien de Interés Cultural dentro del Sitio Histórico de la Zona Minera de Riotinto-Huelva, se trata de una formación geológica de gossan (roca formada por óxidos e hidróxidos de hierro) y lavas gossanizadas procedentes de la meteorización de yacimientos próximos. Para su declaración como monumento natural se ha delimitado una superficie de 9.329 metros cuadrados.
Finalmente, el Bosque de la Bañizuela en Torre del Campo, protegido por su especial singularidad biológica y valoración social, acoge en sus poco más de dos hectáreas una completa representación del ecosistema forestal mediterráneo esclerófilo de encinas y alcornoques.
La declaración de estos tres nuevos monumentos naturales se ha realizado teniendo en cuenta tanto los dictámenes de la Consejería de Medio Ambiente como los estudios elaborados por las universidades andaluzas y las consultas a corporaciones locales, asociaciones y sectores sociales interesados.
El monumento natural es una figura de protección prevista en la legislación andaluza de espacios naturales para aquellos elementos o enclaves ecológicos o paisajísticos como cuevas, peñas, dunas, árboles centenarios, islotes, bosquetes o formaciones geológicas, que presentan valores singulares y cuya extensión no sobrepasa las 10 hectáreas. Otros criterios exigidos para su declaración son el buen estado de conservación, la homogeneidad, la prioridad para el uso público, el reconocimiento por parte de los ciudadanos y la corresponsabilidad de los interesados en la protección.
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Consejo de Gobierno, 23/02/2010
El Consejo de Gobierno ha acordado rechazar la solicitud presentada por la entidad local almeriense de Balanegra para que la Junta de Andalucía revoque o revise de oficio el decreto de 2007 por el que no aceptaba su transformación en municipio segregado de Berja, al que pertenece.
El acuerdo de no admitir a trámite esta petición se fundamenta en el hecho de que actualmente se está a la espera del pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre dicho decreto, que fue recurrido por la propia entidad local.
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