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Consejo de Gobierno, 23/03/2004
El Gobierno andaluz ha aprobado hoy establecer un área de protección de 455 hectáreas en el entorno de la Alhambra y el Generalife, en Granada, con el objetivo de salvaguardar el paisaje natural que se extiende al norte del conjunto monumental. Esta zona, integrada básicamente por terrenos rústicos de bosques y huertos, se armoniza con el paisaje urbano circundante del conjunto histórico de Granada, cuya delimitación fue asimismo ampliada por la Junta en junio del pasado año.
El territorio catalogado como entorno de protección incluye, entre otros parajes, el Parque Periurbano del Generalife, el Valle de Valparaíso y la zona de Jesús del Valle, así como una pequeña banda de suelo urbano en la Carrera del Darro, entre el puente del Cadí y la Iglesia de San Pedro y San Pablo. Se trata de espacios sin valores patrimoniales pero que, por su ubicación, son determinantes para la adecuada contemplación del monumento nazarí y la conservación de su marco paisajístico.
El complejo monumental de la Alhambra y el Generalife reúne los principales vestigios de la arquitectura defensiva y palaciega del reino nazarí de Granada, enriquecidos en época cristiana con construcciones como el Palacio de Carlos V. A ello se suman los numerosos bienes muebles que albergan el museo de la Alhambra y el de Bellas Artes. El régimen de protección de este conjunto se remonta a 1870, año en que la Alhambra fue declarada monumento nacional, histórico y artístico. Posteriormente, en 1943 se otorgó al Generalife la catalogación de Jardín Artístico.
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Consejo de Gobierno, 23/03/2004
El Consejo de Gobierno ha culminado hoy el procedimiento administrativo iniciado el pasado mes de noviembre para reclamar al Grupo Boliden el resarcimiento de los costes de la recuperación de la cuenca del Guadiamar.
Una vez rechazadas las alegaciones presentadas, el Consejo ha resuelto que este grupo empresarial está obligado a pagar los 89,9 millones de euros asumidos con carácter subsidiario por la Administración autonómica tras el vertido producido en 1998 en la mina de Aznalcóllar (Sevilla). El Grupo Boliden, propietario de la explotación, está integrado por Boliden Apirsa, S.L., la matriz sueca Boliden AB y la firma holandesa Boliden AV.
Los proyectos de descontaminación y restauración ecológica se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana. El resarcimiento del coste de estos trabajos ya fue reclamado por la Junta de Andalucía en una demanda civil interpuesta en noviembre de 2002, que no fue admitida a trámite por la Audiencia Provincial de Sevilla. La misma instancia también desestimó con anterioridad el recurso contra el archivo de las actuaciones penales por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
Frente a estas decisiones de la Audiencia Provincial, el Gobierno andaluz presentó el pasado 22 de octubre un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, por entender que vulneraban el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24 de la Constitución Española.
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Consejo de Gobierno, 23/03/2004
El Consejo de Gobierno ha aprobado un nuevo acuerdo por el que se autoriza interponer recurso de inconstitucionalidad contra tres artículos de la Ley 62/2003 de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, también denominada Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 2004, por vulneración de las competencias autonómicas en gestión del agua, espacios naturales protegidos y evaluación de impacto ambiental.
Este acuerdo recoge los mismos argumentos que el adoptado en el mismo sentido el pasado 17 de febrero, si bien introduciendo una precisión realizada por el Consejo Consultivo de Andalucía sobre la constitucionalidad de uno de los aspectos que entonces se cuestionaron en materia de aguas.
El Gobierno andaluz mantiene así su propósito de recurrir el artículo 129 de la Ley de Acompañamiento, que modifica la ley estatal de Aguas en un sentido contrario a las competencias autonómicas al realizar una transposición inadecuada de la directiva comunitaria de creación de la ‘demarcación hidrográfica’ (nueva figura de gestión que engloba tanto las cuencas hidrográficas como la zona marítima de desembocadura de los ríos). A juicio del Gobierno andaluz, este precepto impide a la comunidad autónoma delimitar dichas demarcaciones incluso en el caso de que se incluyan íntegramente en su territorio. Además, faculta a la Administración central para integrar unilateralmente cuencas intracomunitarias en demarcaciones intercomunitarias, lo cual haría imposible la transferencia de las cuencas del Sur, Tinto, Odiel, Piedras, Guadalete y Barbate (todas ellas de carácter intracomunitario), que la Junta reclama desde hace años.
El único aspecto que, por indicación del Consejo Consultivo, se decide ahora no recurrir es el relativo a la previsión de crear Consejos del Agua en las distintas demarcaciones hidrográficas de carácter intercomunitario. En relación con ello, el Consejo Consultivo ha advertido que la norma estatal no extiende a las demarcaciones intracomunitarias el ámbito de actuación de estos órganos consultivos, por lo que su creación se ajusta al marco constitucional de competencias.
Al margen de esta salvedad, el recurso de la Junta contra la Ley de Acompañamiento se mantiene en los mismos términos acordados el pasado 17 de febrero. En consecuencia, el Gobierno andaluz sigue considerando que el citado artículo 129 invade las competencias exclusivas de la comunidad autónoma en gestión, ordenación y cesión de recursos e infraestructuras hidráulicas relacionadas con aguas que transcurren únicamente por Andalucía y cuyo aprovechamiento no afecta a otras comunidades.
Asimismo, el Consejo de Gobierno subraya que el marco de distribución competencial definido por la Constitución y el Estatuto otorga a la comunidad atribuciones suficientes de regulación y gestión en los dos ámbitos que conforman la nueva figura de la demarcación hidrográfica: el litoral y las cuencas.
Respecto al primero, la comunidad autónoma ejerce competencias en temas como el control de la calidad y de los usos del agua. En lo relativo a las cuencas, la Junta reclama la titularidad de todas las intracomunitarias y exige una mayor participación en la confederación que gestiona la del Guadalquivir, dado lo exiguo del territorio de la misma que queda fuera de Andalucía.
Parques nacionales
Respecto a la vulneración de competencias en materias de espacios naturales protegidos y evaluación de impacto ambiental, el Gobierno andaluz recurrirá, en primer lugar, el artículo 126 de la Ley de Acompañamiento, un precepto que modifica la Ley 4/1989 de Conservación de Espacios Naturales Protegidos y de la Flora y Fauna Silvestres para otorgar al Organismo Autónomo Parques Nacionales capacidad de decisión en la gestión y distribución de las inversiones que se llevan a cabo en estos territorios. Según la Junta, ello supone eludir la obligación de gestión coordinada de los parques nacionales.
En similar vulneración incurre la Ley de Acompañamiento al introducir una pormenorizada regulación de la comisión mixta integrada de forma paritaria por las administraciones central y autonómicas para coordinar la gestión de los parques nacionales. De este modo, excediendo la competencia estatal, se modifica el mecanismo de aprobación de los acuerdos, para cuya validez ahora tan sólo se exige la asistencia de la mitad de los miembros de la comisión y se reconoce el voto de calidad del presidente. Anteriormente, era necesaria la reunión de totalidad de los miembros.
Además, el mismo artículo 126 sustrae al Consejo de Gobierno de la Junta la facultad de nombrar a los directores-conservadores de los parques nacionales y establece la adscripción de estos cargos al organismo autónomo estatal, incluso aunque sean funcionarios de la Administración autonómica. Esta modificación de la legislación de espacios naturales va en la misma línea de la ya introducida por el Gobierno central en 2002 con motivo de la declaración del Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, que motivó un recurso de la Junta de Andalucía admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en mayo de 2003.
Impacto ambiental
En lo referido a la evaluación de impacto ambiental, el Consejo mantiene su propósito de recurrir el artículo 127 de la Ley de Acompañamiento, por atribuir al Ministerio de Medio Ambiente la consideración de órgano competente en la evaluación de aquellos proyectos que deben ser autorizados por la Administración central pero que requieren la consulta preceptiva del órgano ambiental de la comunidad donde se llevan a cabo. En septiembre de 2001 el Tribunal Constitucional ya admitió un recurso de la Junta contra la modificación que, en esta misma línea, introdujo entonces el Gobierno central en la legislación de impacto ambiental.
Finalmente, el artículo 127 de la Ley de Acompañamiento también vulnera el marco competencial de la declaración de impacto de proyectos estatales que afectan a las zonas protegidas de la Red Natura 2000, al sustituir la obligación de conformidad expresa de la Administración autonómica por un simple trámite de consulta.
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Consejo de Gobierno, 23/03/2004
El Consejo de Gobierno ha autorizado el pago de 5,48 millones de euros al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados por la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita durante el cuarto trimestre de 2003. Esta subvención cubre los gastos de la defensa por abogado en turno de oficio ante los órganos judiciales con sede en Andalucía, así como los costes de funcionamiento e infraestructura de dichas actividades.
El acuerdo se adopta una vez examinada la certificación remitida por el Consejo Andaluz de Abogados sobre las 8.244 guardias de asistencia letrada al detenido, las 5.242 asistencias individualizadas para el mismo fin y los 34.150 procedimientos por turno de oficio realizados entre octubre y diciembre de 2003 en Andalucía.
Desde 1997, año de la asunción de las competencias de Justicia, la Junta ha destinado más de 102 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo es garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que no disponen de recursos económicos suficientes para costearse este servicio. De esta iniciativa se han beneficiado hasta el momento más de 300.000 andaluces.
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Consejo de Gobierno, 23/03/2004
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy modificar el Plan General de Ordenación Urbana de Lucena (Córdoba) con el fin de crear nuevos espacios verdes y residenciales en la ribera del río Lucena y los antiguos polígonos industriales, zonas situadas al noroeste de la población cuya superficie supera los 92.000 metros cuadrados.
La reordenación urbanística de la ribera supondrá incrementar en más de 6.000 metros cuadrados la actual dotación de zonas verdes, así como desarrollar diversos equipamientos públicos de uso ciudadano.
Por su parte, la zona de los polígonos industriales experimentará una profunda remodelación con la creación de espacios residenciales y grandes vías urbanas, como consecuencia del traslado de las actuales instalaciones a las nuevas áreas de crecimiento de Lucena. La modificación aprobada también afecta al recinto ferial, situado en las proximidades, cuyo espacio se reordena manteniendo una reserva para posibles ampliaciones.
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