DECLARACIÓN INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL XXVII ANIVERSARIO DEL REFERÉNDUM DEL 28-F 

Consejo de Gobierno, 27/02/2007

Cada año, Andalucía conmemora la fecha histórica del referéndum celebrado el 28 de febrero de 1980, que permitió, contra viento y marea, el acceso de nuestra comunidad a la autonomía plena que garantiza el artículo 151 de la Constitución Española. Apenas los que entonces no supieron ver la justeza de la causa ampliamente acogida por los andaluces en su lucha por la autonomía, niegan hoy que la fuerza del aquel 28-F ha llegado hasta nuestros días con vigor, como motor de la autoestima, progreso y dignidad de los hombres y mujeres de Andalucía.

La demostración de esa fortaleza del 28-F ha sido la renovación del impulso autonómico que encarna el nuevo Estatuto de Andalucía, respaldado hace sólo unos días en las urnas y que entrará en vigor en apenas unas semanas. Un Estatuto de máximos, plenamente constitucional, repleto de nuevos derechos, nuevas competencias y nuevos instrumentos para el desarrollo y el progreso de Andalucía. Tarea de todos fue elaborarlo, y de ahí el amplísimo consenso logrado tanto en el Parlamento de Andalucía como en las Cortes Generales, como tarea de todos es aprestarnos a ponerlo en marcha, desplegando sus enormes potencialidades en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía.

Esta ambición por Andalucía recogida en nuestra nueva norma de autogobierno es a la vez reflejo de nuestra capacidad para dirigir el destino de Andalucía dentro de España y de la Unión Europea y de nuestra confianza en sostener un nuevo período de avance y bienestar, aún más profundo y más veloz que el experimentado en estos años de democracia y autonomía en los que los andaluces hemos dado lo mejor de nosotros mismos a nuestra tierra y al conjunto de los españoles.

La reforma del Estatuto forma parte del proceso de modernización y profundización del Estado de las autonomías, sin el cual, sencillamente, no se entendería el progreso intenso, equilibrado y armónico de Andalucía y España en la etapa reciente de nuestra historia. Frente a quienes consideran que el progreso de España es un juego de suma cero, en lo que unos ganan han de perderlo otros, estimamos que el Estado de las Autonomías ha supuesto una palpable demostración de todo lo contrario: que el avance de España puede y debe ser general, nunca en detrimento de unas comunidades. Fue precisamente en otras épocas, cuando cualquier singularidad era perseguida, cuando los andaluces fuimos terriblemente más desiguales que el resto de los españoles. Esa Andalucía marginada y olvidada se ha ido para siempre y no va a volver.

Por eso, sin complejo alguno, conscientes de nuestras dificultades y retos pero al tiempo orgullosos de nuestro esfuerzo y confiados en nuestras capacidades, los andaluces debemos perseverar en nuestra tarea transformadora, imprescindible en un mundo en constante y hasta vertiginoso cambio, plagado de retos pero también de oportunidades. Y frente a quienes ven en cada reforma –da igual su calado, da igual el ámbito social, político o económico en que opere— algo inútil o peligroso, la historia reciente de Andalucía nos muestra que no hay avance posible sin acometer cambios, porque son consustanciales al progreso de los pueblos. Y siempre contando con la Constitución Española no como un límite sino como una garantía de igualdad, seguridad y del marco de convivencia democrática entre todos los españoles.

Más de un cuarto de siglo después del 28-F, Andalucía tiene claro que no puede volver la cara ante los cambios que impone la sociedad del nuevo siglo, y que está transformando a pasos agigantados las costumbres, las comunicaciones, los modos de vida y de relacionarse entre los pueblos y los ciudadanos entre sí, y entre éstos y el medio natural en el que nos desenvolvemos y que debemos preservar, porque es una obligación de solidaridad con las generaciones venideras.

La vocación universal de Andalucía y el sentido común, nos imponen la obligación de aprovechar los nuevos retos y combatir, al tiempo, las desigualdades e injusticias, así como conjurar los riesgos que los nuevos tiempos presenten para Andalucía. Entre esos efectos indeseables de la globalización, que conviven junto a otros más beneficiosos para todos, se encuentran fenómenos como la deslocalización. En este sentido, la Junta de Andalucía, segura de compartir este sentir con el conjunto de los andaluces, quiere mostrar su más profunda solidaridad y compromiso con los trabajadores de la Bahía de Cádiz y con todo su sector industrial, para respaldarles en su justa lucha por el empleo en unos momentos difíciles.

Estamos seguros de que si mantenemos el tesón y el compromiso por Andalucía que supuso el 28-F de 1980, y que tantos tan indiscutibles frutos no ha proporcionado, nuestro futuro y el de las nuevas generaciones de andaluces será mejor.

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EL GOBIERNO ANDALUZ INICIA LOS TRÁMITES DEL ANTEPROYECTO DE LEY DE DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN ANDALUCÍA 

La norma obligará a introducir dotaciones tecnológicas en los procesos de planificación urbanística

Consejo de Gobierno, 27/02/2007

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy iniciar los trámites del anteproyecto de Ley de Desarrollo de la Sociedad de la Información en Andalucía. Esta norma, impulsada por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, regula los derechos y obligaciones de los ciudadanos, administraciones y empresas en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Su principal objetivo se dirigirá a generalizar el acceso a estos adelantos tecnológicos en todo el territorio andaluz.

El anteproyecto incluye como novedad destacada un capítulo de infraestructuras en el que se establece la obligación de introducir en la planificación urbanística las preinstalaciones y dotaciones tecnológicas y de telecomunicaciones que permitan garantizar el objetivo de máxima accesibilidad. Así, a partir de la entrada en vigor de la ley, cualquier proyecto de urbanización que se apruebe deberá acompañarse de un informe vinculante sobre este aspecto.

En la misma línea, el texto legal obligará a los operadores de telecomunicaciones a remitir a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa planes territoriales de infraestructuras en los que se incluyan tanto sus redes existentes como las previsiones de desarrollo y ampliación. Con ello se pretende evitar solapamientos de infraestructuras y participar de las decisiones de las operadoras para que haya un crecimiento planificado y territorialmente equilibrado.

Además de este título de carácter horizontal referido a los medios, recursos e infraestructuras, el borrador presentado hoy ante el Consejo de Gobierno recoge otros tres grandes apartados que se centran en la ciudadanía, la administración y la empresa.

Respecto a la ciudadanía, el anteproyecto otorgará rango legal a una serie de derechos. Entre ellos destacan los referidos al acceso equitativo y asequible a los servicios digitales a través de internet; la formación y aprendizaje digital, con especial atención a los colectivos con más dificultades en el acceso y uso de las TIC; la seguridad y privacidad en la utilización de las nuevas tecnologías en unas adecuadas condiciones de seguridad y privacidad, y el derecho a la participación digital de los ciudadanos en la toma de decisiones de las administraciones públicas.

Junto con estos derechos, también se establece el compromiso de la Administración de adaptar sus procedimientos y mecanismos de respuesta a las nuevas tecnologías con los máximos niveles de calidad y eficiencia, así como la garantía de acceso de toda la población, con especial incidencia en la infancia, las personas mayores, las personas discapacitadas o dependientes, las minorías y la población de entornos desfavorecidos.

Administración digital
El título dedicado a las Administraciones públicas incluye capítulos monográficos para sectores estratégicos como la Salud, la Educación, la Universidad, la Justicia, el patrimonio o la cooperación digital. La Junta de Andalucía garantizará el acceso de todos los ciudadanos a los servicios electrónicos por medio de un sistema multicanal y pondrá a su disposición, de forma libre y gratuita, los medios e instrumentos precisos para ejercer los derechos digitales reconocidos. Asimismo, la Administración autonómica deberá disponer de puntos de acceso electrónico vía Internet, creados y gestionados por las Consejerías y organismos públicos, y disponibles para la ciudadanía a través de redes de comunicación abiertas.

Otro elemento innovador recogido en el anterproyecto es la obligación de las administraciones de fomentar nuevas vías de participación a través de plataformas digitales que permitan la implicación directa de los ciudadanos en los procesos de definición y aplicación de las políticas públicas.

Finalmente, en relación con el apoyo al tejido productivo, destacan las disposiciones dedicadas a las pequeñas y medianas empresas, el fomento del teletrabajo y la generación de redes de cooperación empresarial.

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LA JUNTA ENTRARÁ EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD METRO DE SEVILLA E INCREMENTARÁ HASTA UN 45% SU SUBVENCIÓN AL PROYECTO 

El Gobierno andaluz aprueba medidas para aumentar su implicación en la fase final de la obra civil y hacer frente a la financiación de las últimas mejoras

Consejo de Gobierno, 27/02/2007

El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Obras Públicas y Transportes a adquirir una participación del 20% del capital de la sociedad Metro de Sevilla, titular de la concesión para la construcción y explotación de la Línea 1 de esta infraestructura, por un valor total de 20,04 millones de euros.

El Gobierno andaluz también ha acordado incrementar su subvención a las inversiones en infraestructuras e instalaciones fijas, que a partir de este año pasará del 33% al 45% del total.

Con estas dos medidas, la Junta pretende lograr una mayor implicación para atender las demandas ciudadanas en la fase final de la obra civil, así como hacer frente a la financiación adicional de las últimas mejoras introducidas en el proyecto y contribuir al mantenimiento del equilibrio financiero de la sociedad concesionaria.

La entrada de la Administración autonómica en el accionariado de Metro de Sevilla se realizará a través de la empresa pública Gestión de Infraestructuras de Andalucía, SA (Giasa), adscrita a la Consejería de Obras Públicas y Transportes. Actualmente participan en el capital Dragados y Construcciones, Sacyr, GEA-21, CAF, TUZSA y la empresa municipal de transportes urbanos de Sevilla (Tussam).

El 20% de participación aprobado hoy se elevará hasta un 25% cuando se materialice la opción de compra otorgada por Tussam sobre un 5% del capital social de la sociedad concesionaria.
En cuanto al incremento de la subvención autonómica, con esta medida la Junta pasará a costear a partir de 2007 el 45% de las inversiones totales incentivables que quedan por ejecutar en la Línea 1, es decir las relativas a infraestructura e instalaciones fijas (excluyendo el material móvil). Con ello se hará frente a los costes adicionales de las mejoras incorporadas para atender las demandas de colectivos e instituciones y para reforzar la seguridad y la prestación del servicio.

Entre estas mejoras técnicas destaca el cambio del trazado entre la primera y la tercera estación a su paso por el municipio Montequinto (Dos Hermanas), que pasará de superficie a subterráneo. En la misma línea, también se incluye la construcción de un nuevo puente sobre el Guadalquivir para uso exclusivo del metro entre San Juan de Aznalfarache y Sevilla; la modificación del procedimiento constructivo del túnel del Aljarafe para la preservación de los restos arqueológicos hallados; la colocación de una losa de hormigón sobre el lecho de del Canal de Alfonso XIII, y el cambio de emplazamiento de la Estación Puerta de Jerez en la capital.

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