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Consejo de Gobierno, 27/11/2012
El Consejo de Gobierno ha aprobado el Decreto-ley de medidas urgentes para adecuar la planificación urbanística de los ayuntamientos a la realidad actual y a las exigencias de sostenibilidad fijadas por el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) en el ámbito litoral.
Como principal novedad, la norma dispone la elaboración del Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía, que permitirá proteger los espacios no urbanizados y evitar el deterioro del paisaje y la pérdida de ecosistemas valiosos, así como incrementar la calidad de la franja costera. Este espacio, que ocupa un 15% de la superficie de Andalucía y acoge al 40% de su población, es un activo de primer orden para la competitividad turística y para las principales actividades económicas de la región.
Para garantizar la efectividad del plan durante su elaboración, el Decreto-ley suspende cautelarmente la tramitación de todos los suelos urbanizables no desarrollados de aquellos municipios litorales no adaptados al POTA. Esta suspensión, de carácter inmediato, afectará a 52 municipios costeros y estará en vigor hasta que el plan se someta al trámite de información pública, en el plazo de seis meses. Posteriormente, y hasta su aprobación definitiva en un plazo de dos años, la medida cautelar se mantendrá sólo en los terrenos identificados expresamente en el documento.
El objetivo del Gobierno andaluz es frenar previsiones de crecimiento elaboradas hace años (fundamentalmente en las décadas de los 80 y 90) y no acordes con las exigencias actuales. Durante las últimas cinco décadas, la intensa actividad económica ha dado lugar a que ya se encuentren ocupados casi el 40% de los terrenos situados en los primeros 500 metros de costa, frente al 7% de mediados del siglo pasado.
El Plan de Protección previsto garantizará el cumplimiento de las previsiones del POTA, que limita los crecimientos urbanísticos de los municipios en máximos del 30% de la población y en un 40% del territorio. En esta línea, establecerá los objetivos y criterios a los que habrá de atenerse el planeamiento urbano para la conservación y la revalorización de la franja comprendida en esos primeros 500 metros, así como en todas aquellas zonas necesarias para garantizar el cumplimiento de las finalidades de protección (excluyendo las contiguas a las márgenes de los ríos).
Al intervenir sobre la zona de influencia del litoral, caracterizada por ser la de mayor actividad urbanística, el plan contribuirá también de forma indirecta a la defensa del propio dominio público marítimo-terrestre. En este sentido, el reforzamiento de las condiciones para garantizar la sostenibilidad contrasta con la desregularización que para dicho dominio –de competencia estatal– ha primado en la reciente reforma de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno central.
Por su jerarquía, el futuro documento será vinculante tanto para el planeamiento urbanístico municipal como para los planes de ordenación del territorio de ámbito subregional. Asimismo, permitirá adoptar decisiones tanto en los suelos urbanizables como en los no urbanizables, adecuándolos a las condiciones de sostenibilidad establecidas en la legislación y en la planificación autonómicas.
Una vez elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, el Plan de Protección del Corredor Litoral se expondrá a información pública durante un plazo no inferior a dos meses, con el fin de incorporar las aportaciones de las administraciones y de los agentes económicos y sociales.
Proceso de adaptación
Más allá del ámbito litoral, el Decreto-ley introduce diversas medidas para incentivar y acelerar la adecuación de los planes urbanísticos municipales al POTA. Transcurridos seis años desde su aprobación, actualmente tan sólo el 11% de los ayuntamientos andaluces han culminado este proceso.
Con esta finalidad, el Decreto-ley establece que la adaptación debe realizarse a través de la revisión las normas de planeamiento municipal en los plazos fijados por las mismas, o en ocho años desde su entrada en vigor en los casos en que no se haya establecido. La falta de adaptación conllevará la imposibilidad de aprobar instrumentos de desarrollo que supongan crecimientos urbanísticos por encima de los límites regulados en el POTA.
Por último, El Decreto-ley modifica diversas normas con el objetivo de agilizar la tramitación de los procesos de planeamiento urbano y facilitar la coordinación entre las administraciones.
En el primero de estos aspectos destaca el establecimiento de un plazo único de tres meses, frente a los 1-6 actuales, para la emisión de los informes preceptivos sectoriales por parte de la Administración autonómica.
Respecto a la mejora de la coordinación, el Decreto-ley supone acelerar la puesta en funcionamiento del órgano colegiado que actuará en cada provincia como 'ventanilla única' para facilitar a los ayuntamientos la tramitación de estos informes sectoriales, que hasta ahora han emitido por separado las diferentes consejerías de la Junta. Esta medida permitirá acortar los plazos de respuesta a los municipios y reforzará la colaboración técnica entre las administraciones autonómica y local en relación con las incidencias que pueden plantearse durante el proceso.
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Consejo de Gobierno, 27/11/2012
El Gobierno andaluz ha aprobado el decreto por el que se crea y regula el Consejo Andaluz de Protección de Animales de Compañía, órgano asesor y consultivo que reforzará la coordinación de las competencias autonómicas y locales en esta materia.
El Consejo, previsto en la Ley de Protección de los Animales, estará presidido por la persona titular de la Consejería de Justicia e Interior e integrada por doce vocalías. De ellas, cuatro corresponderán a la representación de la Junta de Andalucía y serán desempeñadas por personas titulares de centros directivos con competencias en régimen local, policía andaluza, sanidad animal y medio ambiente. Otras siete serán designadas por la asociación de municipios y provincias de mayor implantación en el ámbito autonómico, y la última por el Consejo Andaluz de Colegios de Veterinarios. La vicepresidencia será ejercida por la persona titular de la dirección general competente en materia de protección y bienestar de animales de compañía.
La creación del nuevo órgano pretende dar respuesta a las nuevas necesidades de control, protección y coordinación administrativa que se plantean en la comunidad autónoma en relación con los animales de compañía, especialmente por incremento de estas mascotas en los hogares.
Entre las funciones del Consejo destacan la emisión de informes sobre proyectos normativos de desarrollo de la Ley de Protección de los Animales; la realización de estudios encargados por las administraciones públicas con atribuciones en la materia, y la proposición de iniciativas para mejorar las medidas de control y registro.
Estas actividades prestarán especial atención al objetivo de coordinar las competencias en protección y bienestar, que corresponden a la Junta, y las de gestión y disciplina relativas a animales de compañía y de los potencialmente peligrosos, a cargo de los municipios.
De acuerdo con el decreto, la creación y puesta en funcionamiento del nuevo órgano será atendida con los medios personales y materiales de la Consejería de Justicia e Interior, sin que ello suponga incremento del gasto público.
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Consejo de Gobierno, 27/11/2012
El Consejo de Gobierno ha acordado otorgar, por un plazo de diez años, licencias de emisoras de radio en frecuencia modulada a los ayuntamientos de Fines (Almería), Mairena del Aljarafe (Sevilla) y Paterna de Rivera (Cádiz).
De acuerdo con las características técnicas aprobadas por el Ejecutivo andaluz, la primera de estas emisoras utilizará la frecuencia 107.7 del dial, mientras que la de Mairena del Aljarafe funcionará en la 87.6 y la de Paterna de Rivera en la 107.8
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Consejo de Gobierno, 27/11/2012
El Plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Andalucía reforzará el próximo año el control del empleo irregular, ámbito que concentrará casi la mitad de las 102.570 actuaciones planificadas. El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha informado al Consejo de Gobierno sobre este documento, que aprobó ayer la comisión territorial integrada por las administraciones autonómica y central.
El Plan recoge cuatro grandes bloques: economía irregular y trabajo de extranjeros; prevención de riesgos; relaciones laborales, y seguridad social. En su desarrollo intervendrán 85 inspectores, 158 subinspectores y 43 jefes de equipo coordinados por la Junta de Andalucía y adscritos al Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Junto con ellos, también participarán 22 técnicos de la Administración autonómica, que realizarán otras 5.280 visitas a empresas para comprobar el cumplimiento de las normas de prevención.
En el primero de los bloques, relativo a la economía irregular, están programadas 45.550 acciones (el 44,4% del total) que afectarán a todos los sectores y se centrarán especialmente en el comercio, la hostelería, los servicios y la construcción.
La vigilancia y control de las condiciones de trabajo y de seguridad laboral será otro pilar fundamental de la acción inspectora, con 22.056 actuaciones en el bloque de prevención de riesgos. Más del 80% de las mismas tendrá como fin comprobar las condiciones en las que prestan servicio los trabajadores por cuenta ajena. Junto con ello, también se realizarán 925 visitas en las empresas de mayor siniestralidad, 1.955 actuaciones en investigación y comunicación de accidentes laborales, graves, mortales y leves, y 178 relativas a las enfermedades profesionales. El sector de la construcción aglutinará 5.613 acciones inspectoras de seguridad laboral, un 12% menos que el pasado ejercicio debido al descenso de la actividad.
El bloque referente a empleo y relaciones laborales mantiene aproximadamente el mismo número de actuaciones que el pasado ejercicio, con el objetivo de evitar un retroceso en el cumplimiento de la normativa en el contexto económico actual. En este apartado están planificadas 13.110 acciones, de las que 3.459 estarán centradas en el fraude en la contratación, con el objetivo de potenciar la transformación de contratos temporales en indefinidos. Además, se contemplan 2.180 actuaciones para vigilar las condiciones de trabajo (discriminación por razones distintas de género o tiempo de trabajo) y 723 para comprobar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el acceso al empleo, la no discriminación en las relaciones laborales y las medidas para evitar el acoso sexual en los centros de trabajo.
Como cuarto eje, en materia de seguridad social, el Plan contempla 18.909 actuaciones, encaminadas a luchar contra el fraude en la cotización, las prestaciones indebidamente percibidas o el control de empresas ficticias.
La Junta de Andalucía también prestará una atención especial, de acuerdo con el compromiso adquirido con representantes del sector de la discapacidad, a la integración de este colectivo y a que las empresas cumplan con sus obligaciones legales al respecto (reserva del 2% de los empleos en empresas con 50 o más trabajadores o medidas sustitutorias).
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