El Gobierno andaluz aprueba el Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el sector público 

La norma, que desarrolla los planes estatales contra el déficit, reducirá los sueldos de altos cargos en hasta un 15% y ahorrará 861 millones de euros

Consejo de Gobierno, 28/05/2010

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, en sesión extraordinaria, el Decreto-Ley de medidas urgentes sobre retribuciones en el ámbito del sector público. Esta norma, que recoge reducciones salariales progresivas desde la exención para los niveles más bajos del personal laboral hasta el 15% para los miembros del Gobierno andaluz, concreta en la comunidad autónoma las decisiones excepcionales de disminución del déficit público adoptadas por el Gobierno español y plasmadas con carácter básico en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo.

Las medidas urgentes aprobadas supondrán un ahorro total aproximado de 861 millones de euros durante 2010 y 2011. De esta cantidad, 314 millones corresponden a su aplicación en el presente ejercicio, que será efectiva desde el 1 de junio a través de las modificaciones que realiza el Decreto-Ley en el vigente presupuesto de la Comunidad Autónoma. El ahorro restante, de 547 millones, se materializará a lo largo de 2011.

Este ajuste retributivo, que deben aplicar todas las comunidades autónomas como consecuencia de las medidas adoptadas en el ámbito estatal, se completará con el plan específico de reestructuración que la Junta presentará en las próximas semanas para reforzar los objetivos de ahorro y equilibrio presupuestario en el resto de los capítulos de su sector público.

Las disposiciones del Decreto-Ley aprobado hoy afectan tanto a la Administración autonómica andaluza como a sus 52 organismos y entes instrumentales (16 agencias administrativas, 12 entidades de derecho público, 9 sociedades mercantiles de participa-ción mayoritaria directa, 3 agencias públicas empresariales, 11 consorcios y fundaciones y una agencia de régimen especial). Asimismo, se incluyen las 10 universidades públicas y el Consejo Consultivo de Andalucía.

Los mayores recortes de sueldos, de entre el 6,% y el 15% en términos anuales respecto a lo consignado en el Presupuesto de la Comunidad para 2010, corresponden a los altos cargos de la Administración General y del resto de las entidades.

De este modo, las personas titulares de la Presidencia de la Junta y de las consejerías reducen sus retribuciones en un 15%. Con ello, y excluyendo las pagas extraordinarias de junio (que se mantienen), las remuneraciones anuales de los miembros del Consejo de Gobierno pasan de 81.155,04 euros a 68.981,88 en el caso del presidente, y de 70.031,89 a 59.527,11 euros en el de las personas titulares de las consejerías. La bajada del 15% afecta de igual modo a la presidencia del Consejo Consul-tivo de Andalucía.

Los altos cargos asimilados a viceconsejerías reducen sus sueldos en un 9%, los consejeros con dedicación exclusiva del Consejo Consultivo de Andalucía en un 9%, los directores generales en un 8%, los delegados provinciales en un 6%. Por su parte, el recorte salarial será del 10% en los casos de presidentes, vicepresidentes, directores generales y directores gerentes de entes instrumentales (agencias públicas empresariales, agencias de régimen especial, entidades de derecho público y sociedades mercantiles del sector público andaluz).

Personal funcionario
Para el conjunto del personal funcionario no laboral, el Decreto-Ley establece una reducción media general del 5% en términos anuales, aplicable igualmente a partir del 1 de junio de 2010 y excluyendo la paga extraordinaria del mes de junio. La medida se aplicará con criterios de progresividad a partir del 0,56% fijado para los niveles más bajos.

Respecto al personal laboral, la reducción también se fija en una media del 5% e incluye a los empleados de alta dirección, a los de empresas públicas y a los no acogidos a convenio colectivo que no tengan la consideración de altos cargos. Por el contrario, se excluyen los trabajadores cuyas retribuciones por jornada completa sean inferiores a 949 euros mensuales (equivalentes a 1,5 veces el salario mínimo). Los criterios para distribuir esta rebaja entre los distintos niveles se fijarán mediante negociación colectiva.

Las reducciones para el personal funcionario e interino al servicio de la Administra-ción de Justicia serán las mismas que se establecen en el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno central el 20 de mayo.

 

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Comunicación del Gobierno de Andalucía para la celebración del debate sobre el Estado de la Comunidad 2010 

Consejo de Gobierno, 28/05/2010

El debate del Estado de la Comunidad constituye, sin lugar a dudas, un hito en el desarrollo de la vida parlamentaria de nuestra Comunidad Autónoma.

En él confluye lo mejor de las tradiciones democráticas, ya que se conjuga la obligación de los gobiernos de dar cuenta de lo realizado y proponer nuevos caminos a seguir y la voluntad del Parlamento, como depositario de la soberanía popular, de ejercer no sólo una labor de control sino de impulso de la acción del gobierno.

Por ello, este ejercicio democrático, donde prima el contraste de ideas y de propuestas, debe dar como resultado respuestas a la situación actual y una oferta a la ciudadanía de nuevas vías por donde debería transitar nuestra Autonomía en los próximos años.

En esta legislatura el cambio político y la crisis económica han presidido los dos años de vida parlamentaria. El elevado volumen de iniciativas que se han sustanciado en forma de preguntas, comparecencias y debates generales pone de manifiesto el enorme dinamismo del Parlamento, y el compromiso democrático y respeto institucional del Ejecutivo por la labor desarrollada por la Cámara. El repaso del Diario de Sesiones del Parlamento refleja, claramente, que el Gobierno andaluz ha enmarcado en el debate parlamentario los elementos esenciales de su acción de gobierno.

Al realizar balance de los dos años transcurridos, es necesario destacar el enorme trabajo legislativo realizado para cumplir el compromiso de impulsar el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Así mismo, esta legislatura se ha caracterizado por los importantes acuerdos alcanzados con la Administración General del Estado y el intenso despliegue realizado por el Gobierno en la adopción de medidas para afrontar la crisis económica y paliar sus efectos en los sectores más débiles de la sociedad. De esto también ha sido protagonista el Parlamento andaluz, pues ha tenido oportunidad de debatirlo en profundidad.

Leyes como la del Derecho a la Vivienda, la de Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, o las dos leyes locales, Autonomía y Participación en los ingresos de la Comunidad, suponen profundas reformas que van a marcar, sin duda, una nueva etapa de nuestra Autonomía. Junto a ello, no menos importantes han sido los acuerdos alcanzados con la Administración General del Estado, como la transferencia del Guadalquivir, que permite por primera vez una gestión autonómica de uno de los recursos estratégicos para Andalucía; el nuevo modelo de financiación, que dota a Andalucía de más recursos; la cuantificación y liquidación de las cantidades previstas en la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía, por citar las de mayor trascendencia.

En este balance hay que destacar, por último, que la acción del Gobierno ha estado marcada por el desarrollo y aplicación de instrumentos específicos para luchar contra la crisis económica y el desempleo. Esta continuada política ha tenido su reflejo parlamentario, en la multitud de preguntas, interpelaciones y comparecencias, así como en la celebración de 4 Debates Generales con propuestas de resolución. Las medidas anticrisis han tenido, por tanto, un claro protagonismo en la vida parlamentaria en estos dos años.

El Gobierno andaluz ha actuado con mayor anticipación, con más instrumentos y mayor intensidad que el conjunto de las comunidades autónomas. Puede considerarse a la Junta de Andalucía como una de las administraciones españolas más beligerantes contra la crisis. Para ello ha puesto en marcha un amplio abanico de instrumentos como los planes de empleo específicos, El Plan de Transición al Empleo de la Junta de Andalucía (PROTEJA) o el Plan de Medidas Extraordinarias para la mejora de la Empleabilidad (MEMTA), instrumentos financieros para las empresas, como los fondos reintegrables, o medidas para el mantenimiento de la renta de las familias.

Asimismo y de manera simultánea, se ha venido trabajando para avanzar hacia un modelo económico más sólido y sostenible. Se ha apostado por la Educación y el Conocimiento para avanzar hacia la Economía de la Igualdad, con programas como Andalucía Sostenible.

Y todo ello de la mano de agentes económicos y sociales, junto a los que se ha definido el VII Acuerdo de Concertación Social, que constituye el instrumento para el cambio en el modelo económico andaluz.

El debate del Estado de la Comunidad, del que Andalucía fue pionera y que se encuentra claramente dentro de una tradición asentada de nuestra historia democrática, se plantea en un momento extraordinariamente oportuno. En estos momentos convergen trayectorias y hechos recientes que han provocado una situación extraordinaria, que aunque no exenta de dificultades, lo está sobre todo de oportunidades. Una situación en la que las decisiones, por difíciles, no dejan de ser necesarias, y aunque impopulares son imprescindibles. No puede ser más oportuno que el Parlamento asuma el protagonismo y se convierta en el centro de la política de respuesta a estos retos con la celebración de este debate.

La constatación de indicios de un cambio de tendencia en la dinámica económica, con la publicación de indicadores positivos, apunta directamente a que podamos estar a las puertas de la recuperación.

Por otro lado, lo ocurrido en las últimas semanas, en las que se ha combinado la presión financiera sobre el Euro, la inestabilidad en los mercados, y las dificultades para dar una respuesta coordinada por parte de los países europeos, de forma rápida y contundente, han situado a toda la arquitectura política de la Unión Monetaria en una situación de grave riesgo.

Sin embargo, los acuerdos adoptados para la puesta en marcha de un fondo de estabilización financiera, los planes de aceleración de la consolidación fiscal y los avances en la regulación de los mercados financieros han permitido frenar esta deriva peligrosa para las economías europeas.

Cumplir el compromiso para acelerar la reducción del déficit ha supuesto la adopción, por el Gobierno de España, de un plan extraordinario de ajuste del gasto, que debe comprometer a todas las Administraciones, y que, por tanto, debe trasladarse a Andalucía. Su trascendencia para el futuro inmediato de nuestra Comunidad Autónoma convierte el debate del Estado de la Comunidad en un marco idóneo para comprometer la responsabilidad de todos.

Desde esta perspectiva, el ajuste presupuestario para reducir el déficit no debe contemplarse, exclusivamente, desde la óptica de sus efectos a corto plazo sobre el gasto. Ha de abordarse, sobre todo, como un gran esfuerzo del sector público para liberar todas las energías del sector privado. La consolidación fiscal debe abrir espacio a la financiación de la actividad económica, de forma que sea la iniciativa privada la que, definitivamente, asuma el protagonismo de la recuperación, una vez que el sector público ha conseguido estabilizar la economía. Esta perspectiva global es la que debe orientar el debate y, consiguientemente, orientar las propuestas. Sólo enfocando los esfuerzos en la posibilidad de un crecimiento económico más sólido y, por tanto, sostenible a medio plazo, pueden darse los requisitos que necesita la ciudadanía.

El debate del Estado de la Comunidad 2010 debe tener, por ello, como protagonista el diálogo. Un diálogo que, más allá de las lógicas discrepancias, debe conducir a la búsqueda de consensos y acuerdos con los que afrontar los retos actuales. Es el momento de que el Gobierno y los grupos parlamentarios, aún más, sitúen la responsabilidad como eje de su acción política, y, más allá de los intereses particulares y visiones singulares de la situación, sometan al interés general sus legítimas aspiraciones.

 

 

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