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Consejo de Gobierno, 29/06/2010
El Gobierno andaluz ha aprobado la nueva organización, régimen jurídico y denominación de la antigua Sociedad Estatal de Gestión de Activos (Agesa), una vez que ha quedado integrada en el patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía tras el acuerdo de liquidación definitiva de la 'Deuda Histórica'. Esta empresa, encargada de reutilizar y rentabilizar los bienes que la Administración central poseía en la Isla de la Cartuja de Sevilla procedentes de la Expo 92, pasa a denominarse Empresa Pública de Gestión de Activos y se adscribe a la Consejería de Hacienda y Administración Pública.
La decisión adoptada hoy tiene como objetivo garantizar el normal funcionamiento de la sociedad, que actualmente gestiona una superficie de 150.000 metros cuadrados, así como facilitar su futura fusión con la Sociedad de Gestión, Financiación e Inversión Patrimonial (Sogefinpa), dentro del proceso general de reestructuración del sector público andaluz emprendido por la Junta.
De acuerdo con la nueva organización, el Consejo de Administración tendrá una composición similar a la de Sogefinpa. Estará presidido por la consejera de Hacienda y Administración Pública e integrado por las personas titulares de la Viceconsejería de este departamento, la Secretaría General de Hacienda y las direcciones generales de Patrimonio, Presupuestos y Tesorería y Deuda Pública. La Dirección-gerencia de la nueva empresa pública corresponderá a la persona que ocupa este mismo cargo en Sogefinpa.
La transmisión a Andalucía de las participaciones estatales en Agesa se incluía en el acuerdo de la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales sobre la liquidación definitiva de la Disposición Adicional Segunda del Estatuto de Autonomía, firmado el 26 de noviembre de 2009 entre la Junta y la Administración central. Conforme a ello, el pasado 10 de junio se inscribió en el Registro Mercantil el cambio de socio único a favor de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
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Consejo de Gobierno, 29/06/2010
La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, ha informado al Consejo de Gobierno de las intervenciones de emergencia que desarrolla su departamento en 30 carreteras de las provincias de Jaén y Málaga afectadas por las fuertes lluvias del pasado invierno. Las obras, que finalizarán durante este verano, suman un presupuesto de 13,1 millones de euros y tienen un empleo asociado de 432 puestos de trabajo (250 directos y 182 indirectos).
En la provincia de Jaén se llevan a cabo a ocho proyectos en diez carreteras, con una inversión de 6,6 millones de euros, un nivel de ejecución que supera el 60% y 212 empleos asociados (120 directos y 92 e indirectos). El de mayor cuantía, 1,7 millones de euros, corresponde a la A-312, donde se están reparando deslizamientos a la altura del término municipal de Sorihuela del Guadalimar y reconstruyendo drenajes en la variante de Linares.
Destacan asimismo los trabajos motivados por deslizamientos en varios puntos de las carreteras A-315, A-319 y A-322 a su paso por los municipios de Pozo Alcón, Cazorla, La Iruela y Quesada (1,4 millones de euros) y las obras de contención de una ladera en la A-6050, en Los Villares (944.076 euros).
El resto de los proyectos en la red jiennense corresponde a las carreteras A-320 en Bedmar; A-317 y A-6202 en Hornos de Segura, Santiago-Pontones y Villanueva del Arzobispo; A-319 y A-317 en Santiago-Pontones, y A-305, A-311 y A-6176 en La Higuera, Escañuela y Arjonilla.
Las doce obras de emergencia en curso en la provincia de Málaga, ejecutadas al 50%, suponen una inversión de 6,5 millones de euros parta un total de 20 vías, con un 220 empleos asociados (130 directos y 90 indirectos).
La intervención de mayor presupuesto (un millón de euros) se lleva a cabo en las carreteras A-387 (Mijas) y A-366 (Alozaina). Los trabajos incluyen estabilización de taludes, refuerzo del firme y reposición de las barreras de seguridad.
Otro proyecto destacado es el que se desarrolla en la carretera A-354 a su paso por Casarabonela, con la consolidación de un puente mediante columnas de hormigón armado, la reparación de los drenajes y la reposición del firme dañado. Estas obras están presupuestadas en 854.000 euros.
Con una inversión de más de 674.000 euros, Obras Públicas realiza también intervenciones de emergencia en las carreteras A-377, A-369 y A-374, a su paso por varios municipios de la Serranía de Ronda. Los trabajos consisten fundamentalmente en construcción de muros de escollera, estabilización de taludes, retirada de desprendimientos y limpieza de cunetas.
Las obras en la provincia de Málaga se completan con las relativas a la reparación de las carreteras A-373 y A-367 (en Cortes de la Frontera y Cañete la Real); A-7075 (Almogía); A-354 (Alozaina y Casarabonela); A-343 (Valle de Abdalajís); A-366 (Tolox); A-355, A-357, A-7100 y A-7277 (Coín, Carratraca, Casarabonela, Álora, Pizarra y Monda); A-7176 y A-366 (Istán y Yunquera); A-7001, A-7204 y A-7205 (Málaga, Antequera, Colmenar, Vélez-Málaga y Viñuela); y A-7300 y A-384, en la zona norte de la provincia.
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Consejo de Gobierno, 29/06/2010
El consejero de Medio Ambiente, José Juan Díaz Trillo, ha informado al Consejo de Gobierno de los trabajos de emergencia que desarrolla su departamento para reparar los caminos forestales afectados por las lluvias torrenciales del pasado invierno en los montes públicos de la provincia de Málaga.
Las obras, que tienen un presupuesto de 350.000 euros y estarán finalizadas a principios de agosto, se llevan a cabo en las 120.000 hectáreas de montes gestionados por Medio Ambiente, que en su mayor parte están integrados en la red de espacios naturales protegidos de la provincia.
La reapertura de las vías implica, entre otras intervenciones, la reparación de desprendimientos y socavones, la limpieza del material arrastrado y la construcción de muretes, escolleras y drenajes para evitar nuevos deslizamientos.
Las zonas donde se realizan las principales obras son las sierras de Tejeda y Almijara, en La Axarquía, donde fueron cortados 15 caminos; las sierras de la Costa del Sol Occidental (12 vías afectadas y dificultades de accesos en 155 kilómetros); el Valle del Genal (13 caminos y 80 kilómetros); el Parque Natural de Sierra de las Nieves (80 kilómetros); el Parque Natural de los Alcornocales (60 kilómetros); la Serranía de Ronda (20 kilómetros); el Parque Natural de los Montes de Málaga, y la comarca de Antequera.
Entre los distintos trabajos programados, destaca el relativo al camino asfaltado que une Cortes de la Frontera y la pedanía de El Colmenar. Esta vía, la única que existe entre ambos núcleos urbanos, es además muy utilizada por camiones en las épocas de descorche.
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Consejo de Gobierno, 29/06/2010
El Consejo de Gobierno ha declarado la prevalencia del interés minero sobre el forestal para la explotación de la cantera que suministrará materia prima a la fábrica que la empresa Cementos del Marquesado, SA, construye en Valle de Zalabí (Granada). La decisión, que afecta a 93,94 hectáreas del monte público El Rescinto, propiedad del municipio, se adopta teniendo en cuenta la importancia socioeconómica de este proyecto, que supondrá una inversión de 142 millones de euros y la creación de un centenar de puestos de trabajo directos y otros 300 inducidos.
La prevalencia del interés minero se condiciona a la declaración de impacto ambiental emitida por la Consejería de Medio Ambiente, que, entre otros requisitos, obliga a restaurar el carácter forestal de toda la zona afectada mediante la plantación de encinas, pinos carrascos y esparto, una vez finalizadas las labores extractivas.
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Consejo de Gobierno, 29/06/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la nueva composición del Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente (OMG). Este órgano colegiado, adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, es el máximo responsable en la comunidad autónoma para la autorización y control de actividades relacionadas con los denominados 'transgénicos'. La norma, que sustituye a la vigente desde 1999, introduce también adaptaciones a las nuevas legislaciones estatal y comunitaria aprobadas durante la última década en materia de biotecnología.
De acuerdo con el decreto, el Comité adecua su composición a la nueva estructura de la Administración autonómica aprobada en marzo de este año. De este modo, estará presidido por la persona titular de la Secretaría General del Medio Rural y la Producción Ecológica de la Consejería de Agricultura y Pesca, mientras que la vicepresidencia corresponderá a la titular de la dirección general competente en producción agrícola y ganadera.
Los siete vocales, con rango de al menos director general, serán representantes de las consejerías competentes en política interior, investigación, salud pública, consumo, comercio y biodiversidad, así como del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica.
La Junta de Andalucía, al igual que el resto de comunidades autónomas, tiene diversas competencias sobre autorización, vigilancia y control de actividades relacionadas con la manipulación genética de productos agroalimentarios. En el caso de la llamada "utilización confinada" (modificaciones del material genético con barreras para limitar el contacto con el medio ambiente) estas atribuciones se refieren fundamentalmente a la autorización y seguimiento de trabajos de I+D en laboratorios. En las actividades de "liberación voluntaria" (introducción de OMG en el medio ambiente sin utilización de barreras), las competencias autonómicas son de autorización cuando no hay fines de comercialización, por ejemplo, las relativas a ensayos de campo con cultivos en fase experimental.
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Consejo de Gobierno, 29/06/2010
El Consejo de Gobierno ha concedido el rango de comunidades andaluzas asentadas en el exterior a las siguientes entidades que así lo habían solicitado: Centro de Estudios Rocieros y Cultura Andaluza en Cataluña, de Sant Adriá del Besós (Barcelona); Centro Cultural Andaluz de Chile, de Viña del Mar y Valparaíso (Chile), y Peña Cultural Flamenca Andaluza "Rubito Hijo", de La Vall d'Uxó (Castellón).
Con esta decisión, son ya 354 las asociaciones y federaciones reconocidas como comunidades andaluzas en el exterior. De ellas, 290 se localizan en España, sobre todo en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. El resto se distribuye entre América (36 comunidades), Europa (27) e incluso Oceanía, donde funciona una en la ciudad australiana de Fitzroy (Melbourne).
La Ley del Estatuto de los Andaluces en el Mundo establece como principal requisito para el reconocimiento oficial de una comunidad andaluza la condición de que haya estado funcionando durante al menos dos años antes de realizar la solicitud.
Actualmente, más de 1,7 millones de andaluces residen fuera de la región. Esta población oriunda se distribuye entre 1,53 millones en España y 182.928 en el extranjero. Las comunidades autónomas con mayor presencia andaluza son Cataluña (678.502) y Madrid (267.504). Entre los países, destacan Argentina (38.036), Francia (32.711) y Alemania (26.133).
Con el fin de garantizar los derechos de los oriundos en igualdad de condiciones con los residentes en la región, la Junta de Andalucía desarrolla desde el pasado año el primer Plan Integral para los Andaluces y Andaluzas en el Mundo, dotado con 64,5 millones de euros hasta 2012. Esta iniciativa recoge 193 medidas dirigidas a asegurar la atención, asistencia y protección del colectivo; promover su retorno a la comunidad autónoma; impulsar el movimiento asociativo; apoyar la labor de promoción de la identidad que desarrollan las asociaciones en el exterior, y atender el nuevo grupo emergente de andaluces que buscan mejorar su formación universitaria o realizar actividades emprendedoras en los países de destino.
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Consejo de Gobierno, 29/06/2010
El Consejo de Gobierno ha acordado renovar, por un plazo de diez años, las licencias de emisoras de radio en frecuencia modulada otorgadas en 2000 a los ayuntamientos de Estepona (Málaga) y Villanueva del Duque (Córdoba).
De acuerdo con las características técnicas aprobadas, la emisora de Estepona utilizará la frecuencia 107.2 del dial, mientras que la de Villanueva del Duque funcionará en la 107.7.
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Consejo de Gobierno, 29/06/2010
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Juan Manuel Pozuelo Moreno secretario general técnico de la Consejería de Educación. Nacido en 1966 en Villanueva de Córdoba, es funcionario del Cuerpo Superior de Administradores, doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba, graduado social por la de Granada y técnico superior en Relaciones Industriales por la de Alcalá de Henares.
Juan Manuel Pozuelo ocupaba actualmente el puesto de coordinador general de Planificación y Control Presupuestario de la Secretaría General Técnica de Educación, para el que fue nombrado en 2009. Con anterioridad, de 2001 a 2008, fue secretario general de la delegación provincial de esta consejería en Córdoba. Asimismo, ha desarrollado su labor profesional como inspector de tributos y como profesor asociado de Derecho Público y Económico en la Universidad de Córdoba.
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