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Consejo de Gobierno, 30/11/2004
El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula los Consejos Escolares de los centros docentes no universitarios de la comunidad autónoma, tanto públicos como privados concertados, para adaptarlos a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). La nueva regulación, que no afecta a los centros de educación de adultos, entrará en vigor antes de las elecciones a estos órganos de participación de la comunidad educativa, previstas para finales del próximo mes de enero.
Entre otras novedades, el decreto amplía la composición de los Consejos Escolares de los centros de educación especial y de los colegios e institutos que cuentan con aulas de atención al alumnado con necesidades educativas específicas. En ellos se incluirá un representante del personal que trabaja en este ámbito.
El texto adaptado también modifica la edad necesaria para que el alumnado pueda formar parte de los Consejos Escolares, anteriormente fijada en los 12 años. A partir de ahora se exigirá una edad mínima de 14 años o bien estar matriculado en el tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria.
Finalmente, en el caso de los Conservatorios de Danza, la nueva norma establece una composición diferenciada de los Consejos Escolares según se trate de profesionales o superiores. Los primeros seguirán contando con representación de los padres, mientras que este requisito ya no será necesario para aquellos centros que imparten el grado superior, donde los alumnos tienen más de 18 años.
De acuerdo con el decreto aprobado hoy, los Consejos Escolares se definen como órganos de participación de la comunidad educativa en el control y gestión de los centros docentes públicos y concertados, salvo los universitarios y los de educación de adultos. Entre sus funciones figuran las relativas a la admisión de alumnos, normas de convivencia en el centro y aprobación de su reglamento de organización y funcionamiento y de la programación general de las actividades extraescolares y complementarias.
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Consejo de Gobierno, 30/11/2004
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy declarar Bien de Interés Cultural, con la categoría de Conjunto Histórico, el casco antiguo de la localidad gaditana de Chiclana de la Frontera, en el que se combina la arquitectura popular de su caserío con la presencia de destacados edificios edificios civiles y religiosos.
Chiclana de la Frontera liga sus orígenes más remotos al mítico santuario fenicio de la vecina isla de Sancti Petri, aunque no es hasta la baja Edad Media cuando empieza a configurarse su primer núcleo urbano en torno al Castillo del Lirio. Esta fortaleza, hoy desparecida, se construyó en el siglo XIV sobre una colina situada junto al río Iro en el lado oriental de la población.
En el siglo XVI más de doscientas casas se asentaban ya alrededor del Castillo y en el XVIII la villa se extiende hacia la parte baja hasta cruzar el río dando lugar a La Banda, término popular que distingue a esta zona de expansión de la del núcleo originario identificado como El Lugar.
De esta centuria, en la que Chiclana se convierte en zona de descanso de la gente acomodada de Cádiz, datan las mejores muestras de arquitectura civil del municipio: la Torre del Reloj, el Palacete del Conde de Cinco Torres o la Casa del Conde de la Torre. En cuanto a los edificios religiosos, en el último tercio del XVIII se transforma en parroquia la vieja ermita de San Sebastián, ubicada en La Banda, mientras que el antiguo templo de San Juan Bautista es demolido para construir la actual iglesia, considerada uno de los ejemplos más representativos del arquitectura neoclásica andaluza.
El siglo XIX se inicia con grandes proyectos, como la construcción de la carretera que une Chiclana con Cádiz y la Isla del León, la canalización del río Iro y la edificación del Balneario de Fuente Amarga. Pero las expectativas de desarrollo se ven pronto truncadas, en parte por una epidemia de fiebre amarilla y en parte por la ocupación de las tropas francesas entre 1810 y 1812.
En 1876 el rey Alfonso XII concede a Chiclana el título de ciudad por su gran desa-rrollo vitivinícola y bodeguero. Durante el siglo XX, el núcleo urbano se completa con un rápido desarrollo que en ocasiones, como en los año 60, se produce de forma anárquica y alterando la homogeneidad que caracterizaba hasta entonces a la población.
Delimitación
La delimitación del conjunto histórico aprobada hoy deja fuera las expansiones de la segunda mitad del XX para incluir sólo las zonas edificadas anteriormente, caracteriza-das por un caserío de viviendas unifamiliares entre medianeras, generalmente con una o dos plantas, patio en la crujía central, muros encalados y azotea. El conjunto histórico también está salpicado de casas-palacios burguesas con bodega trasera.
La mayor parte de los edificios de mayor valor que se conservan datan del siglo XVIII, con las excepciones destacadas del Convento de Jesús Nazareno (XVII) y del Hospital del Niño Jesús y las ermitas de San Sebastián y del Santo Cristo de la Veracruz (XVI).
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Consejo de Gobierno, 30/11/2004
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy conceder una subvención de 4,61 mi-llones de euros a la Comunidad de Regantes Margen Izquierda del Genil, para la moderni-zación de 4.979 hectáreas de regadíos en los municipios de Palma del Río (Córdoba) y Lora del Río (Sevilla).
Este proyecto, que beneficiará a 650 agricultores y supondrá una inversión total de 6,95 millones de euros, incluye la instalación de 74 kilómetros de tuberías con sistemas de telecontrol y limitación de caudales. Las mejoras previstas permitirán un ahorro anual de 4,73 millones de metros cúbicos de agua en las tierras de la Mancomunidad de Regantes, ocupadas en su mayor parte por cultivos de naranjos, algodón y maíz.
La ayuda de la Junta, cofinanciada en un 60% por la Unión Europea, se incluye en el marco de apoyo a la modernización, transformación y consolidación de los regadíos andaluces, que prevé un gasto público cercano a los 321 millones de euros y unas inversiones de 642 millones en el periodo 2000-2006.
La agricultura de regadío representa en Andalucía el 22% de su superficie cultivada. Aporta el 57% de la producción final agraria regional y cerca del 60% del empleo en este sector. Las comunidades de regantes aglutinan en torno al 70% de la superficie total de las zonas regables andaluzas.
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Consejo de Gobierno, 30/11/2004
El Consejo de Gobierno ha acordado modificar la composición del Consejo de Ad-ministración de la empresa pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (DAP), con el fin de adecuarlo a la nueva estructura de la Junta de Andalucía.
En concreto, pasará a formar parte del órgano de gobierno de DAP la presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica, órgano recientemente adscrito a la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa. Anteriormente, esta plaza correspondía al titular de la antigua Direc-ción General de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de la Consejería de Agricul-tura y Pesca.
De acuerdo con la modificación aprobada, también se integrará en el Consejo de Administración de DAP la persona titular de la Secretaría General de Agricultura y Ganade-ría. El resto del Consejo mantendrá su actual distribución, con representantes de las consejerías de Agricultura y Pesca, Economía y Hacienda y Medio Ambiente.
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Consejo de Gobierno, 30/11/2004
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Begoña Álvarez Civan-tos como delegada provincial de Justicia y Administración Pública en Granada. Natural de Granada, donde nació en 1968, Begoña Álvarez es licenciada en Derecho e inició su carrera profesional en los servicios jurídicos de la Diputación de Granada.
La nueva delegada provincial ha sido profesora de Derecho Internacional Económi-co en la Universidad Carlos III de Madrid y ha formado parte del gabinete técnico del Tribunal Supremo, donde estuvo adscrita a la Sala de lo Contencioso-Administrativo. En los últimos años ha desempeñado su labor profesional como letrada del Consejo General del Poder Judicial, asumiendo las relaciones internaciones de este órgano y desarrollando proyectos de reforma y modernización de la Justicia en países de Sudamérica, África y Europa del Este.
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Consejo de Gobierno, 30/11/2004
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy el nombramiento de María Luisa Cercas Domínguez como directora general de Reforma Juvenil de la Consejería de Justicia y Administración Pública.
María Luisa Cercas, nacida en 1959 en Santa Ana (Cáceres) ha cursado estudios de Medicina y Psicología y ha ejercido como técnico de formación en diversos centros directivos de la Junta. Entre 1995 y 2000 fue concejal de Bienestar Social y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla). Durante los últimos cuatro años ha desarrollado su carrera profesional en la Delegación Provincial de Justicia y Administra-ción Pública en Sevilla y en los servicios centrales de esta consejería.
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Consejo de Gobierno, 30/11/2004
Con fecha 25 de Noviembre el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación hizo pública la propuesta de aplicación de la reforma de la Organización Común de Mercado del aceite de oliva, en la cual cabe destacar la decisión de fijar la ayuda desacoplada en un 95% de los derechos históricos percibidos por los olivicultores, y el 5% restante como ayuda acoplada que recibirán los productores en función de determinados criterios de distribución.
La importancia del sector del olivar en la comunidad autónoma andaluza, como motor insustituible de la economía rural y un elemento de cohesión social y territorial, además de tener un alto valor medioambiental, ha hecho que anteriormente este Consejo de Gobierno manifieste la necesidad de aplicar una reforma del régimen de ayudas del aceite que garantice la renta de los olivicultores andaluces sobre la base de un criterio de estabilidad presupuestaria.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía desea manifestar su pleno apoyo en favor de la propuesta presentada el pasado 25 de noviembre por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sobre la reforma de la Organización Común de Mercado del aceite de oliva, que reconoce el derecho histórico del olivar andaluz y le garantiza su estabilidad presupuestaria.
Del mismo modo, el Consejo de Gobierno considera que con esta propuesta el Gobierno de la Nación ha cumplido los compromisos adquiridos con Andalucía y ha garantizado al sector olivarero andaluz que no perderá recursos económicos con la aplicación de la reforma.
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