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Consejo de Gobierno, 30/11/2010
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley del Olivar, que amplía las medidas de apoyo de la Junta para asegurar el liderazgo mundial de Andalucía en este sector, principal actividad económica de 250.000 familias en más de 300 municipios. La futura Ley establecerá asimismo el marco normativo para mantener y mejorar el cultivo, facilitar el desarrollo sostenible de los territorios olivareros y fomentar la calidad y promoción de sus productos.
El texto, que será remitido al Parlamento para su aprobación definitiva, plantea un doble enfoque de fomento sectorial y de cohesión territorial mediante la aplicación de fórmulas de colaboración público-privada. Entre otras novedades, establece la figura de los contratos territoriales que los titulares de fincas podrán suscribir con la Administración autonómica, a título individual o agrupados por zonas. En estos documentos quedarán definidos tanto los compromisos de los agricultores para mejorar la gestión integral de sus explotaciones en las vertientes productiva, ambiental y social, como las contrapartidas económicas que recibirán por llevarlos a cabo.
Para garantizar la cohesión territorial y el mantenimiento de la renta, igualmente novedoso es el reequilibrio que el proyecto normativo introduce en el sistema de ayudas públicas, mediante un reparto asimétrico de los recursos disponibles orientado a facilitar mayor apoyo a los olivareros que más lo necesitan.
En líneas generales, la futura ley plantea dos ejes fundamentales de impulso a la competitividad y sostenibilidad del sector. En el primero de ellos se enmarcan la modernización de las explotaciones de olivar tradicional potencialmente productivas, el fomento del uso del riego para aumentar la producción y la renta, el aprovechamiento energético de los residuos agrícolas e industriales, el fortalecimiento de los programas de investigación, innovación y formación de nuevas tecnologías aplicadas al olivar, la concentración de la oferta a través de medidas de apoyo al asociacionismo empresarial y el fomento de la calidad y promoción de las producciones.
En cuanto al eje de sostenibilidad, el proyecto prevé la ampliación de las políticas que actualmente se desarrollan para mantener la renta de los olivicultores; impulsar la multifuncionalidad y diversificación de explotaciones e industrias; mejorar las condiciones de trabajo, y respaldar el olivar tradicional, el situado en zonas con desventajas naturales, la producción ecológica e integrada y el uso eficiente de los recursos hídricos.
Las medidas de fomento previstas se desarrollarán a través del Plan Director del Olivar, que se aprobará en el plazo máximo de un año tras la entrada en vigor de la ley y determinará la intervención y la colaboración pública-privada en aquellos territorios en los que la producción de la aceituna o de aceite de oliva es fundamental para la economía, el empleo, el mantenimiento de la población en el medio rural y la conservación del patrimonio natural.
Territorios del olivar
El documento de planificación, elaborado por la Consejería de Agricultura y Pesca con la participación de las organizaciones más representativas, delimitará estas zonas del olivar de acuerdo con sus distintas tipologías. Con una vigencia de seis años, el plan incluirá un diagnóstico de la actividad y definirá las diferentes líneas de actuación para reforzar la competitividad de las explotaciones.
La aprobación del plan por el Consejo de Gobierno deberá contar con el previo informe preceptivo del Consejo Andaluz de Olivar, órgano asesor de nueva creación que se constituirá en un plazo de nueve meses tras la aprobación de la ley y que estará integrado por 20 miembros, entre representantes de las administraciones públicas y del sector y especialistas en la materia.
Andalucía, con más de 1,5 millones de hectáreas y 320.000 explotaciones, concentra la tercera parte del olivar europeo, el 40% de la producción mundial de aceite de oliva (en torno al millón de toneladas) y el 20% de la de aceituna de mesa (400.000 toneladas). Ambas producciones tienen un gran peso en la balanza comercial andaluza, con unas exportaciones que representan el 21% y el 7% del total de ventas de productos agroalimentarios al exterior, respectivamente. El aceite de oliva supone el 24% del valor de la producción agraria regional.
El olivar andaluz, que representa el 60% de la superficie olivarera española, se distribuye por las ocho provincias, con especial relevancia en Jaén, el sur de Córdoba, el noroeste de Granada, el norte de Málaga y sudeste de Sevilla. La actividad vinculada a sus explotaciones genera más de 22 millones de jornales al año.
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Consejo de Gobierno, 30/11/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA) la firma de un convenio con 34 entidades crediticias y de ‘leasing' que operan en Andalucía para canalizar financiación externa a las empresas, especialmente las pymes, por valor de 300 millones de euros hasta el año 2013.
Junto con el convenio, el Gobierno andaluz también ha autorizado a IDEA un gasto de 20 millones de euros para la bonificación de los intereses de los préstamos que soliciten las empresas beneficiadas. Esta cantidad inicial es susceptible de incrementarse con partidas adicionales de las distintas consejerías de la Administración autonómica.
Desde 1984 el Gobierno andaluz suscribe convenios anuales o plurianuales con las entidades financieras operantes en la comunidad autónoma para facilitar la concesión de préstamos en condiciones más favorables que las habituales del mercado. Estos acuerdos incluyen la subsidiación por parte de la Junta de hasta cinco puntos de los tipos de interés de las operaciones, con la consiguiente reducción de costes para las empresas.
El apoyo a las pymes durante los próximos tres años se centrará en la financiación externa de proyectos viables que se realicen en Andalucía y promuevan, entre otros objetivos, la creación y modernización de empresas y el impulso a proyectos de I+D+i. Estas prioridades son las mismas que recoge el Programa de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial en Andalucía, vigente desde 2008 y que constituye la principal referencia de la política autonómica de apoyo al tejido productivo.
Al igual que el último convenio suscrito en enero de 2008, el que ahora se autoriza incluirá entre las firmas beneficiarias a las agrupaciones de empresas y a las fundaciones vinculadas con el ámbito empresarial. Los tipos que se aplicarán en el marco del convenio serán del 5,90%-6,00% en las operaciones de préstamo a interés fijo y del 6,50% en las de ‘leasing' inmobiliario. Si el tipo es variable, se situará en el Euribor+2,85% para ‘leasing' y entre Euribor+2,25% y Euribor+2,65% para los préstamos.
La cuota de participación de las distintas entidades financieras se distribuye entre la banca privada operante en la comunidad autónoma (42,6% del total de financiación), las Cajas de Ahorros andaluzas (38%), las Cajas Rurales andaluzas (10,3%), las Cajas de Ahorros no domiciliadas en Andalucía (8%) y las sociedades de leasing (1,1%).
El Programa de Incentivos a la Innovación y al Desarrollo Empresarial, en el que se inscriben los proyectos que se beneficiarán del convenio, ha supuesto desde su entrada en vigor en diciembre de 2008 unas ayudas de 273,6 millones de euros para 4.545 iniciativas empresariales. La inversión total generada ha superado los 1.400 millones de euros, con más de 6.000 nuevos puestos de trabajo creados.
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Consejo de Gobierno, 30/11/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado incentivos por valor de 11,2 millones de euros a la empresa almeriense Inversiones Plásticas TPM Agrícola, SA, para apoyar el proyecto de modernización de su fábrica de La Mojonera. Esta iniciativa supondrá un gasto privado de 21,38 millones, la creación de 17 puestos de trabajo y el mantenimiento de los 154 actuales, así como la adquisición de equipos de avanzada tecnología que permitirán a la firma colocarse en la vanguardia del sector del plástico de uso agrícola.
La fábrica, que funciona desde 1978, contará con cuatro nuevas líneas para cubrir nuevas demandas del mercado actualmente no atendidas. De este modo, podrá producir cubiertas de invernadero de hasta 18 metros de perímetro (frente a los 14 de ahora); acolchados barrera contra elementos contaminantes utilizados en la desinfección agrícola, y acolchados con filmes de 6 a 8 micras de espesor (frente a las 17 actuales).
El proyecto respaldado permitirá también realizar un reciclado interno para evitar la salida de residuos fuera del circuito de producción, además de automatizar los sistemas de ensilado y transporte neumático. Finalmente, las mejoras tecnológicas introducidas aumentarán la eficiencia energética de la fábrica, con un ahorro del 15% en el consumo.
Inversiones Plásticas TPM Agrícola comercializa sus productos en más de 50 países y se ha convertido en uno de los fabricantes mundiales de plástico agrícola con mayor presencia e inversión en el exterior. Las ayudas que recibirá del Gobierno andaluz para modernizar sus instalaciones de La Mojonera consisten en un incentivo directo de 1,04 millones de euros y en otro reembolsable de 10,15 millones.
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Consejo de Gobierno, 30/11/2010
Más de 38.000 vecinos de los barrios del Arenal, Torreblanca y Bellavista se beneficiarán de tres nuevos centros de salud gracias al convenio de colaboración que firmará la Junta de Andalucía con el Ayuntamiento de Sevilla. El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy este acuerdo, que prevé una inversión autonómica de 8,3 millones de euros (el 79% del presupuesto de construcción) y permitirá iniciar el procedimiento administrativo de adjudicación y obras.
Junto con su aportación al proyecto, la Junta, a través del Servicio Andaluz de Salud (SAS), también se compromete a equipar los centros y a dotarlos de personal, así como a su mantenimiento. Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla pondrá a disposición del SAS los locales y suelos, y la Empresa Municipal de la Vivienda se encargará de llevar a cabo las obras.
El nuevo Centro de Salud del Arenal, en el que el Gobierno Andaluz invertirá 3,5 millones de euros, prestará asistencia sanitaria a cerca de 12.300 habitantes y contará con una superficie total de 2.215 metros cuadrados distribuida en 23 consultas de Medicina General, cuatro de Pediatría, una de cirugía menor y una polivalente. Sus instalaciones también dispondrán de un gabinete odontológico, con una consulta y una sala, y otro dedicado a la infecciones de transmisión sexual, con cuatro consultas y un laboratorio. Asimismo, contarán con salas de emergencias, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, educación sanitaria y cirugía menor. El centro estará atendido por una plantilla de 34 profesionales y su actividad asistencial prevista se cifra en alrededor de 150.000 consultas de Medicina General, 26.000 de Pediatría y 67.700 de Enfermería.
Igualmente proyectadas con una superficie de 2.215 metros cuadrados y con una inversión autonómica de 3,5 millones de euros, las nuevas instalaciones de atención primaria de Torreblanca darán servicio a 13.000 sevillanos. Contarán con 24 consultas de Medicina General, seis de Pediatría, dos de emergencias, una de cirugía menor y una polivalente. El centro dispondrá también de espacios para atender emergencias, curas, tratamientos, procedimientos diagnósticos y cirugía menor, además de salas de observación, la lactancia y educación sanitaria. Sus 38 profesionales realizarán al año 150.000 consultas de Medicina General, 39.000 de Pediatría y 67.700 de Enfermería.
Finalmente, la Junta destinará 1,3 millones de euros a la construcción del nuevo Centro de Salud de Bellavista, diseñado para cerca de 13.500 habitantes y con una plantilla de 40 profesionales. Sus 2.200 metros cuadrados albergarán 26 consultas de Medicina General, seis de Pediatría, una de cirugía menor, una de Fisioterapia y una polivalente. Las instalaciones se completarán con salas de emergencias, procedimientos diagnósticos y terapéuticos, lactancia, educación sanitaria, fisioterapia, electroterapia, rehabilitación y cirugía menor. La actividad asistencial anual prevista alcanzará las 150.000 consultas de Medicina General, 39.000 de Pediatría y 67.700 de Enfermería.
El convenio autorizado hoy por el Consejo de Gobierno es continuación del marco de colaboración establecido en 2005 entre la Junta y el Ayuntamiento de Sevilla, cuyo desarrollo ha permitido ya la apertura de diez centros de salud en la capital: Cisneo Alto, Juncal, Alamillo, San Luis, Letanías, Porvenir, Palmeritas, Bermejales, Cachorro y Compostela. A ellos se sumará próximamente el de Palmete.
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Consejo de Gobierno, 30/11/2010
La Junta de Andalucía reabrirá al tráfico a finales de diciembre el tramo de la carretera A-347, entre Adra y Berja (Almería), donde se llevan a cabo trabajos para reparar los daños ocasionados por el desprendimiento de laderas como consecuencia de las lluvias torrenciales. La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Josefina Cruz Villalón, ha informado al Consejo de Gobierno de esta intervención, que supone una inversión de 1,92 millones de euros y 60 empleos asociados (35 directos y 25 indirectos).
El proyecto, que se desarrolla entre los kilómetros 2 y 7 de la carretera, incluye trabajos de estabilización de las laderas; retirada del material desprendido; reconstrucción de cunetas y muros de escollera, y reposición de firme, señalización y vallado.
La reapertura de la vía en diciembre se realizará una vez despejado y reparado el firme. Posteriormente, Obras Públicas continuará trabajando en el afianzamiento de terraplenes y laderas hasta la finalización total del proyecto, prevista para finales del próximo mes de febrero.
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Consejo de Gobierno, 30/11/2010
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Consejería de Hacienda y Administración Pública la concesión de un anticipo de tesorería por valor de 375.000 euros al Ayuntamiento de Rute (Córdoba) de otro de 135.585 al de Espera (Cádiz).
Este tipo de apoyo financiero está previsto en la Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma, que de forma excepcional autoriza pagos anticipados a cuenta de los recursos que las corporaciones locales perciben por su participación en tributos del Estado, con un límite global anual de 50 millones de euros y un máximo de 2,5 millones para cada ayuntamiento. La decisión del Consejo de Gobierno se adopta previo informe de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias.
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