El Consejo de Gobierno ha acordado manifestar su criterio contrario a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular Andaluz relativa a las medidas tributarias en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). A juicio del Ejecutivo, su memoria económica es una sucesión de afirmaciones generales carentes de rigor, que no recogen ni el impacto financiero de cada medida ni el número de obligados tributarios que estarían afectados.
La propuesta incluye desde ampliaciones genéricas de los límites de bases imponibles hasta gastos deducibles por adquisiciones de acciones para ampliación de capital de sociedades anónimas que podrían cotizar en Bolsa y responder a inversiones puramente especulativas. Asimismo, relaciona la reducción de impuestos directos con un incremento de la recaudación, una premisa que el Consejo considera que no soporta el más mínimo análisis empírico.
En la misma línea, la memoria económica de la proposición recoge que el ahorro fiscal que produce la rebaja de impuestos directos se traduce en un impulso del consumo y la creación de empleo, lo que obvia la evidencia de que solo una parte de esa mayor renta disponible se destina al consumo, yendo el resto al ahorro.
El Gobierno andaluz recuerda también que la proposición es prácticamente idéntica a la presentada por la formación popular el 27 de octubre de 2015 y que, como entonces, incurre en errores formales, como omitir la palabra renta al referirse al IRPF.
Del mismo modo, el Ejecutivo andaluz considera que este texto debería plantearse en el marco del debate parlamentario del proyecto de Ley del Presupuesto para 2018, dado que, de acuerdo con el Estatuto de Autonomía, es esta norma la que incluye la totalidad de los ingresos y gastos de la Junta de Andalucía y de sus organismos públicos y demás entes, así como el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos propios.
En relación con la pretensión de elevar todas las deducciones existentes y crear otras nuevas, el Consejo señala que no se pueden dar por buenas las ampliaciones genéricas propuestas a los límites de bases imponibles de 35.000 y 60.000 euros según sea tributación individual o conjunta, cuando en la comunidad la media es de 16.463,55 euros en la primera y de 18.973,13 en la segunda. En sentido contrario, el Gobierno andaluz no comparte la idea de establecer límites a las bases que se benefician de la deducción por ayuda doméstica, ya que el objetivo de ésta es precisamente fomentar el alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de las personas empleadas del hogar.
Finalmente, el Gobierno recuerda que durante esta legislatura ha puesto en marcha medidas fiscales que favorecen a las rentas medias y trabajadoras sin poner en riesgo la prestación de servicios públicos fundamentales ni el cumplimiento de los objetivos de déficit. Entre ellas destaca la reforma del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se completa este año y rebaja la carga tributaria de las herencias, reforzando su progresividad y equidad. Así, el mínimo exento de tributación para las herencias de parientes directos ha pasado de los 175.000 euros anteriores a 250.000. También se aplica una reducción automática del 99% en herencias o donaciones de explotaciones agrarias, con el fin de facilitar el relevo generacional en este sector clave de la economía regional.