La Junta de Andalucía destinará a lo largo de este año más de 1,9 millones de euros en ayudas para promover la inclusión sociolaboral de personas en situación de exclusión, a través de las ‘empresas de inserción’. El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, Javier Carnero, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de esta convocatoria de incentivos en régimen de concurrencia competitiva, que será publicada los próximos días en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
Las empresas de inserción, perceptoras directas de las ayudas, son entidades y sociedades mercantiles que orientan su actividad económica a la integración y formación de colectivos desfavorecidos. En Andalucía existen 35 entidades de este tipo, que dan empleo a unas 500 personas.
La nueva orden de incentivos permitirá crear y mantener 146 puestos de trabajo a través de tres líneas de apoyo. La primera de ellas financia hasta el 75% del gasto total en instalaciones, maquinaria, mobiliario y equipos TIC, con un límite máximo de 8.000 euros en el caso de que permita un contrato a tiempo completo y de 4.000 euros si se trata de media jornada. La inversión pública prevista es de 424.000 euros, con una previsión de 53 empleos.
La segunda línea respalda el mantenimiento de los contratos de aquellas personas que desarrollan un itinerario personalizado para su inserción en una empresa ordinaria. Cubre el 50% de los costes salariales durante un período de doce meses, con un límite de 5.000 euros por trabajador a jornada completa y 2.500 si es de media. En total, se mantendrán otros 53 contratos, con una inversión de 265.000 euros por parte de la Junta.
El último tipo de ayudas se dirige a la contratación o el mantenimiento del personal técnico encargado de los itinerarios personalizados de inserción. Se subvenciona la totalidad de los costes salariales con una cuantía máxima de 32.135 euros por año, jornada completa y tutor. Estos incentivos, que suponen una inversión pública total de 1,2 millones de euros, permitirán realizar 40 contrataciones.
Entre las personas que se consideran en riesgo de exclusión y pueden trabajar en este tipo de empresas, se encuentran las perceptoras de rentas mínimas de inserción y los miembros de las unidades de convivencia beneficiarios de ellas; los jóvenes mayores de entre 18 y 30 años procedentes de instituciones de protección de menores; las personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social, y los internos de centros penitenciarios y menores infractores sujetos a medidas judiciales cuya situación les permite acceder a un empleo en régimen abierto, así como los ex reclusos y los liberados condicionales.
También se incluyen, entre otras, personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33%; mujeres víctimas de violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de protección; emigrantes retornados a Andalucía con graves necesidades personales o familiares, y desempleados mayores de 50 años que hayan permanecido inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo durante al menos doce meses.