Miguel Ángel Vázquez, portavoz del Gobierno de la Junta, durante su comparecencia ante los medios.
En Andalucía, la transparencia es el eje transversal de todas las políticas públicas. El Gobierno andaluz entiende como un deber y un compromiso la rendición de cuentas ante la ciudadanía a través del Parlamento, institución en la que reside la soberanía popular. Esta comunicación da respuesta al control que debe realizar el poder legislativo. Y es, a la vez, una demostración de responsabilidad con la transparencia y la cercanía a la ciudadanía.
Desde el primer día de esta Legislatura, el Gobierno andaluz se ha dedicado a trabajar duramente para cumplir con los compromisos contraídos con la ciudadanía y para defender los intereses generales de la Comunidad Autónoma.
Se ha trabajado para impulsar una recuperación económica justa, para generar más y mejor empleo, para avanzar en igualdad de oportunidades y para blindar derechos fundamentales como la sanidad pública, la educación pública, la atención a las personas con dependencia y los servicios sociales.
Una vez constatados los primeros indicios de recuperación económica, el Gobierno andaluz ha entendido que ha llegado el momento de recuperar los derechos perdidos por culpa de la austeridad a ultranza impuesta por el Gobierno central a partir de 2012. En base a ello, se está devolviendo a los empleados públicos el esfuerzo realizado en los años de crisis, y hemos llevado a cabo la mayor oferta de empleo público del país para que nuestra sanidad y educación sigan avanzando en calidad.
Un gobierno que gestiona adecuadamente es también un gobierno que sabe legislar. Que conoce cuales son las prioridades y que las pone en marcha. Esto es, que mantiene un impulso legislativo orientado a cuestiones importantes para la calidad de vida de la ciudadanía.
En estos 15 meses se han aprobado normas para blindar la sanidad pública y los servicios sociales, y evitar así recortes y privatizaciones; para que nuestros jóvenes con talento regresen a la comunidad; para proteger a la ciudadanía del abuso en préstamos e hipotecas; para que la Administración ejerza el derecho al retracto en desahucios con riesgo de exclusión; para que ningún joven se quede fuera de la universidad por falta de recursos; para fomentar el trabajo autónomo, y para seguir avanzando en la igualdad real entre hombres y mujeres, entre otras.
A día de hoy, Andalucía es una región que cumple, por tercer año consecutivo, con sus obligaciones de estabilidad financiera -a pesar de considerarlas injustas-, sin haber tenido que renunciar ni a uno solo de los derechos sociales que tanto nos costaron conquistar.
Fuimos la primera comunidad autónoma del país en aprobar un Presupuesto que se está ejecutando sin recurrir a ajustes y teniendo en cuenta, sobre todo, los intereses de los andaluces y andaluzas. Un Presupuesto que se incrementó un 5,6% respecto al del año anterior, orientado a generar oportunidades para el empleo, a mejorar la competitividad de Andalucía y a proteger a la clase media y trabajadora, que mantiene la calidad de los servicios públicos y que paga menos impuestos. Un Presupuesto, en definitiva, que es un instrumento de lucha contra la desigualdad.
El Gobierno andaluz ha demostrado que se puede ser eficaz en lo económico y garante de lo social. Se han orientado todos los esfuerzos a la creación de empleo digno y a la consecución de una salida justa de la crisis económica, para que la recuperación llegue a todas las familias andaluzas.
El paro sigue siendo el principal problema de nuestra comunidad y combatirlo nuestra prioridad. La reforma laboral puesta en marcha por el Gobierno central ha supuesto el empeoramiento generalizado de las condiciones laborales de los españoles y españolas y, en consecuencia, el empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras. A esto hay que unir el decremento en 1.600 millones de euros de las partidas destinadas a Andalucía para políticas activas de empleo, y la reiterada negativa a la aprobación de un Plan de Empleo especial para la comunidad.
El Gobierno andaluz ha tenido que trabajar en solitario para corregir los efectos negativos de estas decisiones. Se han intensificado las políticas activas de empleo -con programas específicos para jóvenes y desempleados de larga duración-, se ha impulsado la estabilidad en el empleo, fomentado el retorno de nuestros jóvenes con talento y se ha apoyado de manera decidida el trabajo autónomo.
Este año se han consignado en el Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 2016 más de 2.000 millones para combatir el paro y se han aprobado las bases reguladoras de la nueva convocatoria de cursos de Formación Profesional para el Empleo, que se adaptan al mercado laboral.
Todo este esfuerzo ha conseguido que en Andalucía se hayan creado 154.800 empleos en la primera mitad del presente año y que el paro se haya reducido en 269.400 personas, según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa.
Además, se ha apostado por consolidar un modelo productivo sostenible y generador de empleo digno y estable. Para ello se ha apoyado a los sectores productivos más castigados por la crisis y se están potenciado los de mayor capacidad innovadora.
Andalucía goza de estabilidad institucional y política. Estabilidad que genera confianza en el ámbito económico, como constata el notable aumento de inversiones empresariales en nuestro territorio.
Nuestro reto es lograr un crecimiento económico socialmente más justo, más sostenible y sostenido. Un crecimiento generador de empleo digno y que proteja los derechos sociales. Con una administración pública eficiente, transparente, que consolide la igualdad de oportunidades de todos los andaluces y andaluzas.
En ese camino, este debate sobre el Estado de la Comunidad se presenta como el momento idóneo para devolver la confianza a los ciudadanos y para demostrar, tal y como lo hemos venido haciendo en Andalucía, que la política responsable siempre forma parte de la solución y no del problema.
El Gobierno andaluz entiende que estamos en un momento de altura de miras, un momento donde el diálogo y la capacidad de llegar a acuerdos es fundamental para conseguir un mayor bienestar para la ciudadanía y una mejor convivencia.
Y por todo ello, y en virtud a la presente Comunicación al Parlamento de Andalucía, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía solicita la celebración del Debate sobre el Estado de la Comunidad el día 19 de octubre de 2016.