La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo está a la espera de que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social responda a la propuesta de activación de un plan integral de empleo que respete los criterios objetivos marcados para el reparto de fondos de las políticas activas de empleo entre las comunidades autónomas, que permita el mantenimiento en el territorio de las estructuras de promotores y agentes de asesoramiento entre la oferta y la demanda y que integre las partidas destinadas a Andalucía en el Fondo Social Europeo para 2012.

Para analizar estas medidas, ambas administraciones acordaron el pasado 18 de julio la apertura de un proceso de diálogo sin que el Ministerio, hasta la fecha, haya trasladado ninguna respuesta sobre el planteamiento de la Junta.

En una reunión en Madrid el pasado 18 de julio, el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, y el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, expresaron a la ministra Fátima Báñez su malestar por el hecho de que su Ministerio recorte las partidas destinadas a Andalucía en políticas activas de empleo cuando a esta comunidad le corresponden recursos procedentes del Fondo Social Europeo. La fuente de la financiación del Fondo Social Europeo para las políticas activas de empleo proviene de un Programa Operativo que asigna a Andalucía en el marco 2007-2013 un total de 1.599 millones de euros, el 37,2% del total de España.

Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 prevén ingresos del Servicio Público de Empleo Estatal de 650 millones de euros por este concepto, de forma que a Andalucía le corresponde el 37,2% de esa anualidad, que son 241,6 millones de euros a los que hay que añadir el 20% de cofinanciación del Estado obligatoria en el Fondo Social Europeo. La Junta, por tanto, reclama 302 millones de euros por este concepto en el ejercicio en curso y no los 67 millones asignados en Conferencia Sectorial.

El Gobierno andaluz sigue a la espera de una respuesta de la ministra después de haber denunciado el importante recorte de las políticas activas empleo tras la aprobación en el Consejo de Ministros del pasado 6 de julio a instancias del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la distribución entre las comunidades autónomas de las cantidades destinadas a políticas activas de empleo durante 2012.

Esos fondos se han recortado en un 57%, pasando de 3.061,34 millones de euros para toda España en 2011 a 1.318,77 millones de euros en 2012. Andalucía ha perdido casi 400 millones, ya que el año pasado recibió 692,78 millones de euros frente a los 298,44 millones de euros. La Junta de Andalucía entiende que el Gobierno central ha hecho un reparto de los fondos que no respeta los criterios objetivos acordados en Conferencia Sectorial para el periodo 2007-2013.

Promotores y Alpes

El drástico recorte a las partidas destinadas a las políticas activas de empleo tiene una incidencia directa en la financiación de los servicios técnicos para la ayuda en la búsqueda de trabajo, ya que supone la finalización de contratos de 413 promotores con el Servicio Andaluz de Empleo y la extinción de convenios en los que se apoya el contrato de 714 Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPE).

Los Presupuestos Generales del Estado de 2012 adelantan al 30 de junio de 2012 la extinción de los contratos a los promotores de empleo, prevista para el 31 de diciembre, con lo cual eliminan servicios técnicos destinados a la atención a las personas desempleadas, información a las empresas y seguimiento de las actuaciones.

A la espera de que la ministra reconsidere su decisión, la Junta se comprometió a tramitar de acuerdo con las disponibilidades presupuestarias nuevos contratos temporales a tiempo parcial con los 413 promotores de empleo hasta septiembre y garantizar también el empleo de los Alpes para el mismo periodo.

El Gobierno andaluz confía en que el Ministerio dé cuanto antes una respuesta a las alternativas planteadas en la citada reunión para poder aplicar los recursos que corresponden a Andalucía a evitar la pérdida de esos servicios técnicos y destinar los máximos esfuerzos a la lucha contra el desempleo.